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Judiciales ⚖️

El Poder Judicial jujeño impulsa un nuevo juicio contra Milagro Sala

El nuevo debate oral comenzará este jueves a las 8.30 en las instalaciones del Poder Judicial en la capital jujeña, en el marco de una cadena de acusaciones que se le siguen a la dirigente social, quien comparece a los estrados judiciales hace más de seis años, mismo tiempo que lleva detenida.

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El Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Jujuy iniciará mañana un nuevo juicio contra la fundadora de la Organización Social Tupac Amaru, Milagro Sala; un abogado del fuero local, Antonio Bellido; y un empleado judicial, Marcos Romero, por la supuesta “sustracción y destrucción” de un expediente en el año 2009, informaron hoy fuentes judiciales.

El nuevo debate oral comenzará este jueves a las 8.30 en las instalaciones del Poder Judicial en la capital jujeña, en el marco de una cadena de acusaciones que se le siguen a la dirigente social, quien comparece a los estrados judiciales hace más de seis años, mismo tiempo que lleva detenida.

Para este juicio, el ministerio Público de la Acusación avanzó en la imputación de Marcos Romero, exempleado del sistema judicial provincial, como supuesto “autor de los delitos de cohecho pasivo y sustracción de documento público, sumado a la sustracción o destrucción de documento, dos hechos en concurso real, en carácter de coautor y todo ello en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario publico”.

En tanto, el abogado, Antonio Bellido, se encuentra acusado como supuesto autor de los delitos de “cohecho activo y sustracción de documento publico, en concurso ideal con el de sustracción o destrucción de documento, dos hechos en concurso real”.

Mientras que Milagro Sala, será juzgada como supuesta determinadora directa del delito de “cohecho activo y de sustracción de documento publico, en concurso ideal; con el de sustracción o destrucción de documento, dos hechos en concurso real”.

El Tribunal estará integrado por los jueces María Margarita Nallar, como presidente de trámite; Carolina Pérez Rojas y Mario Ramón Puig.

De acuerdo a la investigación del Ministerio Público de la Acusación, órgano impulsado por el gobernador Gerardo Morales en su primera gestión para reformar la Justicia local, el hecho ocurrió el 22 de diciembre de 2009, en horas de la mañana.

En esas circunstancias, Nelson Echenique, auxiliar administrativo del Juzgado de Instrucción en lo Penal Nº 3, Secretaría Nº 6, se encontraba en dependencias del Poder Judicial, ubicada en Independencia esquina Argañaraz de San Salvador de Jujuy, tras retirarse de la oficina donde prestaba sus servicios, en el edificio sito en Urquiza Nº 462 2º piso.

A los fines de hacer firmar el despacho en aquel edificio fue que el imputado Marcos Daniel Romero, auxiliar administrativo y compañero de oficina de Echenique, habría aprovechado que estaba solo en la oficina, para apoderarse ilegítimamente de dos expedientes que se tramitaban en dicha dependencia.

Según un comunicado oficial de la Justicia jujeña, el imputado Romero los habría sacado del entorno del Juzgado, tal como lo habría planeado previamente con otro de los acusados, Alberto Bellido, por requerimiento e instrucción de Milagro Sala, con el fin de hacer desaparecer dichos expedientes.

A los tres días de sustraído ilegalmente el expediente judicial, el 25 de diciembre de 2009, en horas de la noche, Alberto Bellido habría pasado a buscar en una camioneta a Romero por su domicilio, este habría subido a la misma con los expedientes en una bolsa negra tipo consorcio.

Seguidamente, ambos se habrían dirigido a la casa de Milagro Sala, en donde Bellido le habría manifestado a ésta que ya tenía el expediente y que lo iban a quemar.

Luego, Bellido y Romero se habrían dirigido al barrio Norte, a un basural ubicado en la Ruta provincial 2, en donde ambos, luego de descender del vehículo con el expediente, procedieron a desprender las hojas o fojas del mismo y quemarlas, logrando su destrucción total.

El fiscal ante el Tribunal será el Darío Osinaga Gallacher, mientras que los abogados defensores de los acusados serán, Marcelo Elías y Alberto Mendivil, por Marcos Romero; Julián Martín Palmieri, Juan Ángel Cabezas Hametti y Alberto Bellido (por derecho propio) por Alberto Bellido; y Luís Hernán Paz y Paula Álvarez Carreras por Milagro Sala.

Morón

Narcofuncionaria en Morón: Ghi no fue a la interpelación y su enviado lo contradijo cuatro veces

El intendente de Morón evitó presentarse ante el Concejo Deliberante y delegó en su secretario de Seguridad la defensa por el escándalo de Luna Ortigoza, la exdirectora de Género prófuga con medio kilo de cocaína. El enviado contradijo al jefe comunal al menos cuatro veces y aprovechó la sesión para promocionar su propia figura.

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El Argentino Diario-Damián Cardoso-Lucas Ghi.
El narcoescándalo de Morón y la crisis de la gestión de Ghi: cuando el que defiende termina hundiendo.

Ghi mandó a Cardoso y él mismo lo hundió: cuatro contradicciones en la interpelación por la narcofuncionaria

★ El intendente de Morón, Lucas Ghi, no fue. En la sesión extraordinaria convocada para este jueves en el Concejo Deliberante por el escándalo de la exdirectora de Género Luna Suyai Ortigoza, prófuga desde el 21 de mayo tras el hallazgo de más de medio kilo de cocaína en su domicilio de Castelar Sur, el jefe comunal decidió no comparecer personalmente y delegar la tarea en su secretario de Seguridad, Damián Cardoso. La decisión no pasó inadvertida: todos los ediles que tomaron la palabra en el recinto lo señalaron con la misma frase: «Esperábamos a Lucas Ghi».

Lo que siguió fue una sesión de cuatro horas y media que, lejos de acotar el daño político, lo amplificó. Cardoso zigzagueó sobre la participación de su área en los operativos judiciales y policiales, se jactó de eficiencia en algunos momentos y tomó distancia en otros, y terminó contradiciendo a su propio jefe al menos en cuatro puntos centrales del relato oficial.

El comunicado de Ghi versus la versión de Cardoso

La primera contradicción emergió en el punto más sensible del caso: si el Municipio sabía o no de los allanamientos antes de que derivaran en el hallazgo de la droga en la casa de la funcionaria. Cuando el escándalo estalló, Ghi emitió un comunicado oficial en el que sostuvo que los procedimientos habían sido «impulsados desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana para combatir el delito en el distrito». La afirmación resultaba políticamente conveniente: sugería que el propio gobierno municipal había activado la operación.

Cardoso desmintió esa versión ante los concejales. El secretario de Seguridad aseguró que su área no tenía conocimiento previo de los operativos y que fue informada con posterioridad por la Unidad Fiscal de Investigación. El contrapunto no es menor: sobre Ortigoza pesa la sospecha, planteada por varios concejales durante la sesión, de que pudo haber sido alertada con anticipación sobre la realización de los allanamientos, lo que explicaría su fuga antes de que los efectivos llegaran a su domicilio.

«La nombró Ghi el 1° de febrero de 2020»

La segunda contradicción llegó cuando Cardoso refutó una frase que el propio intendente había utilizado públicamente para tomar distancia del caso. Ghi había dicho que Ortigoza «venía de otras gestiones», intentando así construir una distancia entre su administración y la funcionaria imputada. Cardoso lo desmintió con precisión: «La nombró el intendente Lucas Ghi el 1° de febrero de 2020″.

El dato se corrobora en el decreto de designación. Según fuentes consultadas por distintos medios, Ortigoza fue nombrada como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad en junio de 2025, aunque previamente había tenido pasos por el área de Salud del Municipio como empleada temporaria. Su madre, Silvina Ortigoza, se desempeña actualmente como directora de la UGC N° 5 de El Palomar.

Sin formación para el cargo y sin objeciones del oficialismo

La tercera contradicción alcanzó el terreno de las capacidades. Cardoso descartó que Ortigoza tuviera la formación adecuada para desempeñarse en políticas de Género, una afirmación que contradice directamente la decisión del oficialismo de designarla en ese puesto. La pregunta que quedó flotando en el recinto es cómo alguien sin la idoneidad para el cargo llegó a conducir un área de alta sensibilidad territorial durante años sin que nadie en la administración lo advirtiera, o sin que, si lo advirtió, actuara en consecuencia.

El debate «perfecto» que nadie del luquismo esperaba

La cuarta contradicción fue de orden político. En los días previos a la sesión, el entorno del intendente había denunciado públicamente que la interpelación era un intento de desestabilización, una maniobra opositora para debilitar a Ghi de cara a 2027. Cardoso, ante los concejales, bajó esa tensión con una frase que dejó descolocados a varios ediles del propio oficialismo: «Me parece perfecto el debate y el intercambio respetuoso con los concejales que tienen derecho a recibir las explicaciones pertinentes».

El contexto político: ruptura con Sabbatella y crisis acumulada

La interpelación se realizó en un contexto de creciente erosión institucional para la gestión de Ghi. El caso Ortigoza no es el primero que sacude al municipio: en febrero de este año fue detenida Karen Yael Cufré, empleada del centro de monitoreo de la Secretaría de Seguridad, acusada de integrar una banda dedicada a extorsiones digitales vinculada al suicidio del soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, ocurrido en la Quinta Presidencial de Olivos en diciembre de 2025. Los propios concejales que impulsaron la interpelación lo consignaron en el texto del decreto: Morón atravesó «en menos de un año, de tener extorsionadoras infiltradas en el área encargada de cuidarnos a tener funcionarias de alta jerarquía, con firma, poder político y manejo de recursos, prófugas y sospechadas de integrar bandas dedicadas al narcotráfico».

La votación que habilitó la interpelación (16 a 8) reflejó además la fractura del peronismo local. Los concejales del bloque de Nuevo Encuentro, que responden a Martín Sabbatella, votaron junto con la oposición contra el oficialismo ghista, consolidando una ruptura que el propio Ghi cuando eligió distanciarse de su antecesor y ex socio político.

Cardoso, entre la derecha y la autopromoción

Lejos de limitarse a defender al intendente, Cardoso dedicó una porción considerable de su presentación a publicitarse a sí mismo y a su área. Aprovechó la sesión para proponer la creación de una policía local y, para sorpresa de varios ediles del bloque oficialista, destacó como modelos de gestión de seguridad a los municipios de San Miguel (Juntos por el Cambio) y Tres de Febrero (La Libertad Avanza).

El perfil político de Cardoso tiene antecedentes propios: fue diputado provincial por Unión PRO entre 2007 y 2011 y exhibe una línea punitivista en materia de seguridad. Está asociado, en la ONG Control Ciudadano, al empresario Ariel Diwan, principal dirigente de La Libertad Avanza en Morón.

La conclusión que circuló en los pasillos del HCD al cierre de la sesión fue unánime: Cardoso no fue a defender a Ghi, fue a defender a Cardoso.

Puntos clave

  • El intendente Lucas Ghi no se presentó a la interpelación del Concejo Deliberante de Morón y delegó en el secretario de Seguridad, Damián Cardoso.
  • Cardoso contradijo al propio Ghi al menos cuatro veces: sobre el conocimiento previo de los allanamientos, el origen de la designación de Ortigoza, su idoneidad para el cargo y la legitimidad del debate legislativo.
  • Luna Suyai Ortigoza permanece prófuga desde el 21 de mayo con una orden de captura vigente; en su domicilio se secuestraron 509 gramos de cocaína.
  • El caso se suma al de Karen Cufré, exempleada municipal detenida por integrar una banda de extorsionadores vinculada al suicidio del soldado Rodrigo Gómez.
  • La interpelación se aprobó 16 a 8 con el voto del sabbatellismo junto a la oposición, evidenciando la fractura del peronismo en Morón.
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