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Energía

Más de un millón de hogares perderán subsidios de energía

El gobierno analiza lanzar una nueva campaña, pero el subsidio se perderá en diciembre.

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Un total de 1,4 millones de hogares en Argentina perderán los subsidios a la electricidad y el gas. Estos hogares no completan el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), a pesar de que actualmente reciben el beneficio de la tarifa social. El plazo para completar este trámite venció en septiembre y, a partir de diciembre, los beneficiarios perderán el subsidio.

El incumplimiento en el registro

Según el informe de Energy Report, solo el 18% de las 1,7 millones de familias que debían realizar el trámite del RASE lo hicieron. La Secretaría de Energía analizó los pedidos y encontró que apenas 300.000 hogares presentaron la documentación requerida. El resto, alrededor de 1,4 millones, no ingresaron sus datos y, por lo tanto, perderán el subsidio.

El proceso para inscribirse en el RASE comenzó en junio y se extendió por un total de 90 días. Finalizó el 4 de septiembre. Durante este tiempo, los usuarios tuvieron la oportunidad de completar el registro, pero la baja participación deja en riesgo a millones de hogares.

Posible nueva campaña del gobierno

El gobierno actual, liderado por Javier Milei, analiza lanzar una nueva campaña de información para que más familias completen el registro. Sin embargo, los subsidios se perderán si no se realiza el trámite antes de diciembre. Esta medida forma parte de la política de ajuste fiscal que busca una «depuración» de beneficiarios, entendiendo que algunos hogares no requieren asistencia del Estado para afrontar el pago de sus facturas.

La segmentación tarifaria, implementada en 2022 bajo el gobierno de Alberto Fernández, inició tres niveles de ingresos. Los hogares de altos ingresos (Nivel 1) no reciben subsidios, los de ingresos bajos (Nivel 2) mantienen el beneficio completo, mientras que los de ingresos medios (Nivel 3) reciben subsidios parciales. Los hogares que no completen el RASE serán clasificados como Nivel 1, perdiendo automáticamente los subsidios.

Requisitos y procedimientos

Para solicitar o actualizar el subsidio, los usuarios deben completar una declaración jurada en el RASE. Es necesario contar con:

  • Número de medidor y de cliente/servicio
  • DNI vigente
  • Número de CUIL de todos los integrantes del hogar mayores de 18 años
  • Ingresos de bolsillo de los integrantes del hogar mayores de 18 años
  • Una dirección de correo electrónico

La normativa actual establece que los hogares con ingresos menores a 3,5 veces el valor de la Canasta Básica Total (CBT) pueden solicitar el subsidio. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que, para julio, la TCC alcanzó los $964.620 para un hogar tipo. Por lo tanto, el límite de ingresos para solicitar el subsidio es de $3.376.170. En regiones del sur como La Pampa, Chubut y Tierra del Fuego, el umbral de ingresos es más alto, alcanzando los $4.118.927 mensuales.

Consecuencias y futuro del programa

El gobierno de Javier Milei continúa con su plan de ajuste fiscal y es probable que los controles sobre los subsidios se intensifiquen. El ente regulador del gas (Enargas) cuenta con más información a nivel nacional y podrá “depurar” más fácilmente los subsidios en este servicio. La medida tiene como objetivo reducir el gasto público, pero afectará principalmente a los hogares que no completen el RASE.

Energía

El gremio del gas declaró alerta nacional por despidos y tercerización en plena bonanza del sector

La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y denunció que las empresas distribuidoras y transportadoras del sector están desvinculando a trabajadores con experiencia y reemplazándolos por empresas tercerizadas, en plena etapa de bonanza económica. La crisis institucional en el organismo regulador, con la renuncia sorpresiva del titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, agrava el cuadro.

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Ganancias récord, despidos y tercerización: la doble cara del negocio gasífero.

Ganancias para las empresas, precarización para los trabajadores: la ecuación del gas bajo Milei.

★ En un contexto de rentabilidad extraordinaria para las empresas del sector gasífero, la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y repudió los despidos y la profundización de la tercerización que, según denunció la organización, se registran en distribuidoras y transportadoras de gas de todo el país.

El comunicado, emitido este martes, fue suscripto bajo la conducción del secretario general Guillermo Mangone y marca un escalón en la tensión entre los gremios del sector energético y las empresas concesionarias en el marco de la política de desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Rentabilidad empresaria y ajuste sobre los trabajadores

Lo que torna especialmente grave la situación, según la federación, es la contradicción flagrante entre los indicadores financieros del sector y las decisiones de gestión de personal: las empresas atraviesan uno de sus mejores momentos económicos de los últimos años, con balances positivos, aumentos tarifarios autorizados y mejoras sostenidas en sus indicadores financieros, mientras reducen sistemáticamente su planta propia.

La FETIGNRA señaló que esas ganancias no se traducen en inversión en recursos humanos ni en capacitación, sino en la profundización de esquemas de tercerización que sustituyen trabajadores en relación de dependencia por contratistas externos. Según la federación, esta estrategia responde exclusivamente a una lógica de reducción de costos laborales que no tiene correlato en ninguna necesidad operativa ni económica real del sector.

Precarización en un servicio esencial

El gremio advirtió que numerosas tareas históricamente ejecutadas por personal especializado y con años de experiencia están siendo transferidas a empresas que, según la denuncia, emplean trabajadores en condiciones más inestables y, en muchos casos, sin la capacitación técnica adecuada para desempeñar funciones vinculadas a un servicio público esencial como es la distribución y el transporte de gas natural.

La preocupación no se limita al deterioro de las condiciones laborales. La FETIGNRA planteó que la reducción sistemática de personal propio pone en riesgo la calidad del servicio prestado a millones de usuarios y, especialmente, la seguridad de las instalaciones, aspecto crítico en una red cuya falla puede derivar en consecuencias graves para la población.

Control regulatorio en crisis

El alerta gremial coincide con un momento de inestabilidad en el organismo encargado de regular el sector. Néstor Marcelo Lamboglia renunció este lunes al frente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), menos de un mes después de haber sido designado. En su lugar asumió el vicepresidente Vicente Serra.

Según informó el medio especializado Econojournal, la salida de Lamboglia se produjo en el marco de una fuerte interna con Marcelo Nachón, vocal del organismo que hasta mayo se había desempeñado como interventor del Enargas. Los conflictos abarcaron la renovación de contratos, el lugar de trabajo, las condiciones edilicias y las marcadas diferencias salariales entre el personal proveniente del ex Enargas y del ex Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE): en el primero, los sueldos más altos llegan a 32 millones de pesos brutos, mientras en el segundo no superan los 8,5 millones. La situación se tornó insostenible cuando Nachón no se presentó a una reunión de directorio convocada para aprobar las subas tarifarias de junio.

En ese contexto, la FETIGNRA cuestionó explícitamente la «pasividad de los organismos de control» ante el avance de la precarización laboral. La disfunción interna del ENRGE, en plena transición institucional, refuerza esa lectura: el regulador que debería supervisar tanto las condiciones del servicio como las obligaciones laborales de los concesionarios está paralizado por disputas internas mientras las empresas avanzan con sus planes de reducción de personal.

Las exigencias del gremio

La FETIGNRA reclamó el cese inmediato de los despidos, la preservación de los puestos de trabajo, el respeto de los derechos laborales adquiridos y la implementación de políticas de capacitación, estabilidad y desarrollo profesional para los trabajadores del sector. En el cierre de su comunicado, la federación planteó que «defender el empleo registrado, la capacitación permanente y las condiciones dignas de trabajo es también defender la seguridad, la calidad y la sustentabilidad de un servicio público esencial para todos los argentinos».

El escenario que describen los trabajadores del gas no es aislado. En los últimos meses, el sindicato petrolero alertó por posibles cesantías en yacimientos convencionales ante la reversión de áreas de YPF, y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) declaró alerta y movilización por el estado del sector. La lógica de tercerización como herramienta de ajuste laboral en servicios estratégicos se consolida como uno de los rasgos salientes del modelo energético libertario.

Puntos clave:

  • La FETIGNRA declaró el estado de alerta nacional ante despidos y tercerización en distribuidoras y transportadoras de gas.
  • El gremio denunció que los despidos se producen en un contexto de rentabilidad récord para las empresas del sector.
  • Las tareas tercerizadas son realizadas, según el sindicato, por trabajadores sin la capacitación adecuada para un servicio esencial.
  • El titular del ENRGE renunció a menos de un mes de asumir, en medio de una interna que paraliza al organismo regulador.
  • La federación exigió el cese de los despidos y el respeto de los derechos laborales adquiridos.
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