El Salón de las Américas de la Universidad Nacional de La Matanza será el escenario de las audiencias en las que un Jurado Popular determinará la culpabilidad de los policías Ramón Benítez y Daiana Duarte en el asesinato de Lucas Verón, en una práctica de gatillo fácil que se registró en momentos en que la víctima iba en su moto rumbo a un kiosco en un barrio en González Catán a comprar bebidas para seguir festejando su cumpleaños junto a sus amigos.

Ambos efectivos de la Policía bonaerense, que eran pareja, llegan a este debate bajo el sistema de Juicio por Jurados procesados con prisión preventiva y acusados del delito de “homicidio agravado”. Mientras se avanza en dos causas anexas, vinculadas también a este episodio de violencia institucional, con comisarios que “apretaron” a testigos y un fiscal que avaló una serie de irregularidades, apuntando a encubrir el asesinato.

Con la asistencia de los abogados de la Comisión Provincial de la Memoria, Carlos y Lucas Ocampo, los padres de Lucas Verón se disponen a afrontar este primero de los tres juicios, donde la acusación contra los oficiales Benítez y Duarte estará a cargo del fiscal Sergio Antín.

De acuerdo a lo reconstruido en la investigación, en horas de la noche del 10 de julio de 2020, en pleno aislamiento por la pandemia, Lucas Nahuel Verón festejaba el cumple de sus 18 años en su casa, junto a un grupo de amigos. Con uno de ellos salió en moto rumbo al kiosco del barrio El Talita, en González Catán, a comprar unas bebidas y en el camino se toparon con quien serían sus homicidas, dos uniformados que patrullaban la zona con el objetivo de brindar prevención y seguridad, quienes cometieron un crimen con las armas que les provee el Estado.

En la esquina de Llerena y Achega, comenzaron a ser perseguidos, sin ningún motivo, por un móvil del Comando de Patrullas Sur de La Matanza en el que se desplazaban los oficiales Ezequiel Benítez y Cintia Duarte. Los balearon, generando que caigan de la moto y el chico recibió un tiro en el pecho, que le provocó la muerte, a pesar de ser trasladado de urgencia al Hospital Simplemente Evita.

En medio de maniobras de encubrimiento, pretendiendo colocar a los adolescentes en alguna cuestión ilícita, en la que participaron, al menos, tres jefes policiales, superiores de los autores de este caso de gatillo fácil, también hubo una cuestionada intervención del fiscal Juan Pablo Tathagian. Tuvieron que pasar varios días, con el enérgico reclamo de los familiares y vecinos, para que ambos uniformados quedaran acusados y luego procesados con prisión preventiva por el delito de “homicidio agravado”.

Las posteriores pericias demostraron que el autor del disparo mortal fue el oficial Benítez, pero la situación de la mujer policía Cintia Duarte también refiere a una participación necesaria en el hecho, en el que también causaron lesiones al amigo de la víctima, al que amenazaron para que se autoincriminara en un supuesto robo.

Además, hay una segunda causa vinculada a la violencia institucional, que está elevada a juicio, pero con una apelación de los tres acusados. Se trata del comisario Diego Ocampos, el subcomisario Daniel Quinteros y la oficial María Giselle Ginez, quienes amenazaron al principal testigo, intimidaron a familiares y pretendieron montar una trama de encubrimiento.

Y una tercera que vincula al fiscal Juan Pablo Tathagian, el primero que intervino en la investigación, quien avaló lo actuado por la Policía, en relación a que las víctimas habrían robado un celular, sin hacerse presente en el lugar del hecho, ni tomar conocimiento de lo sucedido. Frente a las denuncias, la  fiscal general de La Matanza, Patricia Ochoa, accedió a reemplazarlo por los fiscales Claudio Fornaro y Marcos Borghi.