La multa de $100.000 por día que pesaba sobre el jefe de Gabinete quedó en suspenso y el Gobierno consiguió un respiro judicial en una causa donde ya había sido intimado a cumplir una ley sancionada por el Congreso. La Cámara no dijo que el Ejecutivo cumplió; solo habilitó la revisión de la orden que lo obliga a hacerlo.

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, integrada por los jueces Sergio Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán, hizo lugar a la queja del Ministerio de Capital Humano contra la decisión del juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, que había rechazado la apelación del Estado. Ese fallo intimaba al Ejecutivo a cumplir en cinco días la medida cautelar que lo obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, bajo apercibimiento de multas. La causa se originó en un amparo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), tras el Decreto 759/25 con el que Javier Milei suspendió la aplicación de la norma.

Qué argumentó el Gobierno

Capital Humano cuestionó que el juez no precisó qué obligaciones de la ley seguían incumplidas ni los montos que debían abonarse para considerarlas cumplidas. También sostuvo que los aumentos otorgados a docentes y no docentes ya cubrieron la actualización prevista y que la medida de Cormick generaba un “agravio mayúsculo de imposible reparación ulterior”. Los camaristas coincidieron en que la decisión de primera instancia era “susceptible de generarle un gravamen irreparable” al Estado.

Ante la Justicia, el Ejecutivo alegó además que los aumentos salariales entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 superaron la inflación. Es una afirmación que choca con la pérdida del poder adquisitivo que vienen denunciando los gremios docentes universitarios.

Santilli apeló y las universidades piden más

En paralelo, Diego Santilli presentó un recurso contra la multa que le impuso Cormick por no actualizar los salarios del personal universitario. En su escrito pidió suspender las astreintes hasta que se resuelva la apelación y señaló la “ausencia de fundamento normativo concreto para la atribución personal de responsabilidad”. Advirtió que mantener las sanciones podría ocasionar consecuencias patrimoniales de reparación difícil o imposible.

El CIN fue en sentido contrario y le pidió a la Justicia que aumente la multa a Santilli, cuyo monto consideró “más que exiguo en comparación con los importes en juego”. Para las universidades, la cifra impuesta es absolutamente insuficiente para obligar al Gobierno a cumplir.

Un alivio técnico, no una sentencia de fondo

Los magistrados aclararon que todavía no definieron si el Ejecutivo cumplió o no con las partidas que exige la ley, y desactivaron de manera temporal la intimación de cinco días. Sin embargo, según trascendió, en despachos oficiales ya interpretan el fallo como una luz verde para frenar las transferencias salariales pendientes, una lectura que la Cámara no confirmó.

El Gobierno llega a esta instancia con antecedentes en contra: la Corte Suprema rechazó en julio una queja del Ejecutivo y la Cámara ya había confirmado la cautelar en marzo. La disputa vuelve ahora al juzgado de primera instancia, mientras las universidades llegan al cierre del año en pleno conflicto gremial y con la recomposición salarial sin resolver.

Lo que tenés que saber

• La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal admitió la queja de Capital Humano contra el rechazo de su apelación.
• Las astreintes de $100.000 diarios contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quedaron en suspenso.
• La Cámara aclaró que no definió si el Gobierno cumplió la cautelar sobre la ley de financiamiento universitario.
• Santilli apeló la multa y el CIN pidió aumentarla por considerarla exigua.
• La causa vuelve al juzgado de Martín Cormick, con la paritaria universitaria sin resolver.