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Caso Blas Correas: “Por milagro no fueron cinco los muertos”

Uno de los abogados de los sobrevivientes en el caso de gatillo fácil, en el que policías mataron a Blas Correas en Córdoba, sostuvo que todos los chicos que iban en un auto pudieron haber sido asesinados

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Por Néstor Llidó

Uno de los abogados querellantes manifestó que «por milagro no fueron cinco los muertos» cuando los policías balearon el auto en que iba Blas Correas junto a cuatro compañeros de la escuela, en referencia al episodio de violencia institucional registrado el 6 de agosto de 2020.

«En la forma alevosa que dispararon los policías Lucas Gómez y Javier Alarcón contra el vehículo, no queda ninguna duda que había intención de matar a todos los ocupantes. Por milagro o por la gracia de un ser superior no fueron cinco los muertos», manifestó el letrado Manuel Gutiérrez, representante de Mateo Natali (19), uno de los chicos que acompañaba a Blas Correas.

Para el abogado, “la decisión de matar se manifiesta claramente porque todos los disparos impactaron en el automóvil y muy cerca de los ocupantes» y en tal sentido, dijo que la conducta desplegada por los suboficiales Gómez y Alarcón, al «disparar a matar» pone en evidencia que «en la Policía está naturalizado que si un vehículo no se detiene en un control el primer recurso es disparar el arma, cuando por protocolo debería ser el último recurso».

«No tengo dudas que el juicio está transitando hacia la condena efectiva de todos los imputados», sostuvo el letrado, quien, no obstante, se manifestó «pesimista» en cuanta a la posibilidad de que eventuales penas ejemplificadoras modifique la mentalidad de los policías.

En la 19na. audiencia, que tiene a 13 policías, se dio a conocer un audio de un diálogo que pone en evidencia que el entonces ministro de Seguridad de Córdoba, Alfonso Mosquera, y el subdirector de Seguridad de la Capital, Gonzalo Cumplido, estaban al tanto de que los uniformados habían «plantado» un arma para justificar los disparos al auto en que transitaban las víctimas.

En tanto, la Cámara 8va. del Crimen también recibieron los testimonios del comisario Claudio Bustamante, jefe del Departamento Homicidios y del subcomisario Luis Quevedo, antes de pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves.

En este juicio, que comenzó el pasado 7 de setiembre, se debate el hecho ocurrido la madrugada del 6 de agosto del 2020, cuando cinco adolescentes circulaban por el barrio Colinas, en el sur de la capital cordobesa, y evadieron un control policial, porque el conductor se asustó al ver que uno de los efectivos había desenfundado un arma.

Dos efectivos dispararon contra el Fiat Argo y uno de los proyectiles impactó en la espalda de Blas Correas, quien murió, mientras sus amigos lograron sobrevivir.

Por el homicidio se encuentran acusados el cabo 1ero. Lucas Damián Gómez que, según la Fiscalía, efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria, y el cabo 1ero. Javier Catriel Alarcón, quien disparó en dos oportunidades. Ambos afrontan cargos como “coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos””.

En tanto, los restantes acusados, todos policías, son Sergio González, Wanda Esquivel, Yamila Martínez, Walter Soria, Enzo Quiroga, Jorge Galleguillo, Leonardo Martínez, Rodrigo Toloza, Ezequiel Vélez, Leandro Quevedo y Juan Antonio Gatica por “falso testimonio, encubrimiento agravado y omisión de deberes de funcionario público”.


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ARCA sumo nueva denuncia contra la AFA, mientras el titular del organismo es investigado por lavado y evasión

La agencia fiscal presentó una segunda causa penal que recae sobre Tapia, Toviggino y otros dirigentes de la institución. El fiscal Claudio Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal. En simultáneo, el propio titular de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades millonarias no declaradas en Miami.

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La ARCA sumó una nueva denuncia contra la AFA mientras el titular del organismo también es investigado por evasión

★ La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia penal contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): el presidente Claudio «Chiqui» Tapia y el tesorero Pablo Toviggino volvieron a quedar en el centro de una causa por delitos tributarios. Esta vez, el organismo recaudador denunció el uso de facturas apócrifas por un monto superior a los $916 millones correspondientes a servicios que, según el fisco, nunca se prestaron.

La nueva causa y el fiscal que la lleva

El fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial resolvió abrir una investigación a partir de la ampliación de denuncia que ARCA presentó ante la Justicia. Según fuentes judiciales, el fiscal ya solicitó al juez Diego Amarante las primeras medidas de prueba. La pesquisa apunta a los delitos de evasión agravada mediante la utilización de facturas ideológica o materialmente falsas, y asociación ilícita fiscal.

En el dictamen que fundamentó la apertura de la causa, Navas Rial señaló que «las actuaciones administrativas darían cuenta de un accionar presuntamente ilícito, en el marco de la actividad habitual de la contribuyente Asociación del Fútbol Argentino, en atención a haberse detectado erogaciones, salidas de dinero cuyo respaldo documental es inconsistente, presumiéndose, de los elementos aportados en el marco de las tareas de fiscalización propias del organismo de control, su apocrificidad». El fiscal también resaltó que se trataría de conductas «considerables en su volumen, y reiteradas y sostenidas por un lapso ininterrumpido de tiempo».

Las cifras bajo la lupa fiscal

Según la denuncia de ARCA, la AFA habría registrado entre enero de 2023 y marzo de 2025 facturación por $916.527.614,05 sin abonar el impuesto a las Ganancias en concepto de salidas no documentadas. La evasión estimada asciende a $320.784.664,61, que con intereses escala a los $341 millones, a lo que se suma una multa de $125.792.579,86. El organismo también advirtió que la AFA emitió facturas a empresas con diversas irregularidades que hacen sospechar que se trata de gastos simulados.

Una segunda causa que se monta sobre la primera

Esta nueva presentación no surge del vacío. Se suma a una causa anterior impulsada también por ARCA, en la que el juez Diego Amarante citó a indagatoria en marzo pasado a Tapia y Toviggino por presunta retención indebida de aportes y tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según fuentes judiciales, en ese expediente los mismos dirigentes ya están procesados por haber apropiado de manera ilícita unos $19.300 millones.

Además de Tapia y Toviggino, el fiscal Navas Rial extendió la investigación al gerente general Gustavo Lorenzo y a los secretarios generales, actual y ex, Cristian Malaspina y Víctor Blanco, respectivamente. Todos ellos estaban a cargo de la administración de la institución durante el período en que se habrían producido los hechos investigados.

La paradoja: el jefe del fisco también bajo investigación

El escenario adquiere un carácter paradójico que no puede soslayarse. En simultáneo con la ofensiva judicial que ARCA ejerce sobre la AFA, su propio director ejecutivo, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) detectó que Vázquez habría adquirido tres propiedades en Miami por un total de 2,1 millones de dólares a través de sociedades offshore panameñas, sin declarar esos bienes ante el fisco ni ante la Oficina Anticorrupción. Las propiedades identificadas son una unidad en el Icon Brickell (USD 710.000), un departamento en la avenida Brickell 1060 (USD 400.000) y una suite en el Chateau Beach Residences de Sunny Isles (USD 980.000). La inconsistencia resulta llamativa: al momento de realizar esas compras, Vázquez declaraba ante la entonces AFIP activos líquidos de apenas 44.000 dólares.

El fiscal titular de la PIA, Sergio Rodríguez, solicitó su indagatoria ante el juez Martínez de Giorgi, quien habilitó una batería de medidas de prueba. También intervienen en la causa el fiscal federal Guillermo Marijuán y la PROCELAC, a cargo del fiscal Diego Velasco. El Gobierno, en la voz del asesor presidencial Santiago Caputo, intentó cerrar el debate argumentando sobreseimientos previos, pero los nuevos hallazgos de la PIA reabrieron la línea de investigación. El propio presidente Javier Milei defendió a Vázquez señalando que «es la persona que más sabe de la estructura impositiva en la Argentina», justificando así su permanencia en el cargo pese a las causas abiertas.

Doble estándar en la cima del fisco

La combinación de estos elementos configura un cuadro institucional de difícil sostenimiento: el organismo que persigue la evasión de la AFA está conducido por un funcionario al que la Justicia investiga por los mismos tipos de delitos que le imputa a los dirigentes del fútbol. En ese contexto, la credibilidad y la consistencia de la acción fiscal quedan expuestas a una contradicción que el Gobierno no parece dispuesto a resolver.

Puntos clave:

– ARCA presentó una nueva denuncia contra la AFA por facturas apócrifas por más de $916 millones correspondientes a servicios que no habrían existido.
– El fiscal Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal contra Tapia, Toviggino, Lorenzo, Malaspina y Blanco.
– La causa anterior, por retención indebida de $19.300 millones, ya tiene a Tapia y Toviggino con citación a indagatoria.
– El director ejecutivo de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades no declaradas en Miami valuadas en USD 2,1 millones.
– El Gobierno mantiene a Vázquez al frente de ARCA pese a las investigaciones por enriquecimiento ilícito, lavado y evasión.

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