La jueza federal de Nueva York Loretta Preska rechazó el pedido del Gobierno argentino para suspender la sentencia que lo obliga a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos buitre por la nacionalización de la petrolera en 2012.

La magistrada rechazó el pedido de Argentina de suspender la transferencia de acciones de la empresa a Burford, lo hizo sin poner condición alguna y con palabras duras contra el país. Así lo dio a conocer Sebastián Maril de Latam Advisors, quien confirmó la información a través de sus redes sociales.

El Gobierno nacional había presentado una solicitud de suspensión temporaria de la sentencia, conocida como «stay» en el sistema judicial estadounidense, argumentando que continuaría con sus acciones judiciales en los tribunales de ese país.

Los argumentos de la defensa argentina

Según trascendió, la defensa argentina sostiene que la orden de la jueza Preska de entregar las acciones de YPF viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.

Entre los puntos centrales de la presentación, Argentina también alertó sobre un «ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial» y puso sobre la mesa la Declaración de Interés hecha por el Departamento de Justicia estadounidense, considerada un «apoyo» del gobierno de Donald Trump.

El contexto del litigio

La jueza Loretta Preska, del segundo distrito de Nueva York, ordenó a la República Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de pago a los beneficiarios del juicio por la expropiación de la petrolera en 2012. La sentencia dispuso un plazo de 15 días para el cumplimiento.

El caso se remonta a la nacionalización de YPF realizada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2012, cuando se expropió el 51% de las acciones que estaban en manos de la española Repsol. Los fondos litigantes, encabezados por Burford Capital, demandaron por esta medida y obtuvieron una sentencia favorable por 16.000 millones de dólares.

La respuesta del Gobierno argentino

El presidente Javier Milei adelantó que «vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales». El Gobierno argentino presentó una apelación contra la orden de la jueza Preska, la decisión se formalizó el 9 de julio.

Argentina anticipó que continuará realizando presentaciones e incluso podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en caso de obtener un nuevo fallo desfavorable.

Otros fondos se suman al reclamo

Más fondos que obtuvieron sentencias contra la Argentina pidieron a la jueza Preska tomar posesión de las acciones de YPF. Sebastián Maril de Latam Advisors detalló que más fondos se sumaron al reclamo por las acciones estatales de la petrolera.

Entre estos fondos se encuentran Attestor, Trinity, Bybrook y White, según información que fue difundida por el especialista en litigios internacionales.

Implicancias para la Argentina

El director de LATAM Advisors expresó que patear el pago por el juicio de YPF, «no solamente nos cuesta plata en representación, sino reputación ante los mercados internacionales y los inversores».

El rechazo de la suspensión mantiene la presión sobre el Gobierno argentino para cumplir con la sentencia en los términos establecidos, mientras continúa la batalla legal en las instancias superiores del sistema judicial estadounidense.

La decisión de Preska representa un duro revés para la estrategia judicial argentina, que buscaba ganar tiempo para desarrollar recursos de apelación sin tener que ejecutar inmediatamente la transferencia de las acciones estatales.

Puntos clave:

• La jueza Loretta Preska rechazó el pedido argentino de suspensión de la sentencia sobre YPF
• Se mantiene vigente la orden de entregar el 51% de las acciones estatales en 14 días
• La sentencia corresponde a una indemnización de 16.000 millones de dólares por la nacionalización de 2012
• Argentina continúa con su estrategia de apelación y podría recurrir a la Corte Suprema estadounidense
• Otros fondos litigantes se sumaron al reclamo por las acciones de YPF