Judiciales ⚖️
Preska rechazó el pedido argentino y mantiene orden de entregar acciones de YPF
El fallo mantiene vigente la orden de transferir las acciones estatales como parte del pago de una indemnización de 16.000 millones de dólares. Argentina había solicitado un «stay» para continuar con sus acciones judiciales, pero la magistrada rechazó la petición sin condiciones y con «palabras duras» contra el país.
La jueza federal de Nueva York Loretta Preska rechazó el pedido del Gobierno argentino para suspender la sentencia que lo obliga a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos buitre por la nacionalización de la petrolera en 2012.
La magistrada rechazó el pedido de Argentina de suspender la transferencia de acciones de la empresa a Burford, lo hizo sin poner condición alguna y con palabras duras contra el país. Así lo dio a conocer Sebastián Maril de Latam Advisors, quien confirmó la información a través de sus redes sociales.
El Gobierno nacional había presentado una solicitud de suspensión temporaria de la sentencia, conocida como «stay» en el sistema judicial estadounidense, argumentando que continuaría con sus acciones judiciales en los tribunales de ese país.
Los argumentos de la defensa argentina
Según trascendió, la defensa argentina sostiene que la orden de la jueza Preska de entregar las acciones de YPF viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.
Entre los puntos centrales de la presentación, Argentina también alertó sobre un «ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial» y puso sobre la mesa la Declaración de Interés hecha por el Departamento de Justicia estadounidense, considerada un «apoyo» del gobierno de Donald Trump.
El contexto del litigio
La jueza Loretta Preska, del segundo distrito de Nueva York, ordenó a la República Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de pago a los beneficiarios del juicio por la expropiación de la petrolera en 2012. La sentencia dispuso un plazo de 15 días para el cumplimiento.
El caso se remonta a la nacionalización de YPF realizada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2012, cuando se expropió el 51% de las acciones que estaban en manos de la española Repsol. Los fondos litigantes, encabezados por Burford Capital, demandaron por esta medida y obtuvieron una sentencia favorable por 16.000 millones de dólares.
La respuesta del Gobierno argentino
El presidente Javier Milei adelantó que «vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales». El Gobierno argentino presentó una apelación contra la orden de la jueza Preska, la decisión se formalizó el 9 de julio.
Argentina anticipó que continuará realizando presentaciones e incluso podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en caso de obtener un nuevo fallo desfavorable.
Otros fondos se suman al reclamo
Más fondos que obtuvieron sentencias contra la Argentina pidieron a la jueza Preska tomar posesión de las acciones de YPF. Sebastián Maril de Latam Advisors detalló que más fondos se sumaron al reclamo por las acciones estatales de la petrolera.
Entre estos fondos se encuentran Attestor, Trinity, Bybrook y White, según información que fue difundida por el especialista en litigios internacionales.
Implicancias para la Argentina
El director de LATAM Advisors expresó que patear el pago por el juicio de YPF, «no solamente nos cuesta plata en representación, sino reputación ante los mercados internacionales y los inversores».
El rechazo de la suspensión mantiene la presión sobre el Gobierno argentino para cumplir con la sentencia en los términos establecidos, mientras continúa la batalla legal en las instancias superiores del sistema judicial estadounidense.
La decisión de Preska representa un duro revés para la estrategia judicial argentina, que buscaba ganar tiempo para desarrollar recursos de apelación sin tener que ejecutar inmediatamente la transferencia de las acciones estatales.
Puntos clave:
- La jueza Loretta Preska rechazó el pedido argentino de suspensión de la sentencia sobre YPF
- Se mantiene vigente la orden de entregar el 51% de las acciones estatales en 14 días
- La sentencia corresponde a una indemnización de 16.000 millones de dólares por la nacionalización de 2012
- Argentina continúa con su estrategia de apelación y podría recurrir a la Corte Suprema estadounidense
- Otros fondos litigantes se sumaron al reclamo por las acciones de YPF
Investigación 🔎
Curro con alas: sobreprecios y falta de controles en la compra de aviones de la Fuerza Aérea
Una investigación expuso un patrón de contrataciones cuestionadas en la adquisición de aviones Embraer, Boeing y Saab que se habría repetido desde 2021, con plazos inusualmente cortos, precios inflados y mecanismos de pago que dificultan la trazabilidad de los fondos públicos.
Irregularidades en la Fuerza Aérea: sobreprecios y licitaciones sospechosas en la compra de aeronaves
★ Una investigación periodística reveló presuntas irregularidades en la compra de aeronaves realizada por la Fuerza Aérea Argentina (FAA) durante los últimos años, con epicentro en la adquisición de un avión Embraer ERJ-140LR concretada en 2025. Según DataClave, la operación habría sido direccionada desde el inicio, concretada con sobreprecios, plazos inusualmente cortos y condiciones que especialistas del sector aeronáutico calificaron de irregulares.
La licitación exprés
El proceso licitatorio se inició el 30 de mayo de 2025, identificado bajo el expediente EX-2025-47131427-APN-DAM#FAA, y quedó adjudicado en menos de dos meses, un plazo que los propios reglamentos de contrataciones públicas consideran insuficiente para operaciones de esta envergadura. La convocatoria, publicada a través del portal COMPREX de la FAA, establecía como fecha límite de presentación de ofertas el 13 de junio de 2025, lo que implica apenas dos semanas de ventana para que los potenciales oferentes presentaran propuestas en una licitación internacional.
Entre las principales irregularidades detectadas figura que el requerimiento técnico fue impulsado por un ingeniero sin funciones operativas vinculadas al transporte aéreo, mientras que las especificaciones del pliego habrían sido redactadas de manera tal que solo determinados modelos pudieran calificar para presentarse. El resultado fue previsible: la adjudicación recayó sobre la firma estadounidense Regional One Inc., que resultó la única oferente calificada según los criterios establecidos.
El precio y el avión pintado de antemano
La aeronave fue adquirida por USD 4.085.000, según surge de la resolución de adjudicación de la licitación pública Nº 40/03-002-LPU25, a pesar de que al menos otra empresa, identificada como Alpha, cuyos representantes impugnaron el proceso, había ofertado un avión de características similares a menor valor. El pedido de impugnación firmado por Guillermo Galván, responsable de Alpha, fue presentado ante el Comité de Evaluación de la FAA el 9 de julio de 2025 y, según fuentes consultadas por este medio, fue descartado sin respuesta sustancial.
Uno de los elementos más llamativos del caso es que el avión adjudicado ya se encontraba pintado con los colores y el esquema institucional de la Fuerza Aérea Argentina antes de concretarse formalmente la compra. Según la denuncia, la aeronave habría sido acondicionada desde 2023, lo que alimentó las sospechas de que la operación estaba definida mucho antes de que se publicara cualquier convocatoria. De hecho, la propia licitación exigía la entrega «llave en mano» con pintura institucional ya aplicada, una cláusula inusual que encajaba a la perfección con el estado en que se encontraba el avión de Regional One Inc.
Un informe técnico posterior a la adquisición detectó, además, múltiples deficiencias en la unidad comprada: signos de desgaste excesivo, posibles fugas y faltantes de equipamiento esencial. Las observaciones técnicas contradijeron el dictamen de conformidad operativa que habilitó la operación.
Los nombres de la cadena de mando
La investigación de DataClave, publicada en diciembre de 2025, identificó a los responsables institucionales de la operación: el brigadier general Xavier Isaac, entonces jefe de la Fuerza Aérea, y el brigadier mayor Fernando Mengo, quien se desempeñaba como comandante de Adiestramiento y Alistamiento al momento de concretarse la compra. El medio señaló también que el ex ministro de Defensa Luis Petri podría verse alcanzado por las irregularidades, dado que las adquisiciones se realizaron durante su gestión al frente de la cartera.
Otro dato que encendió las alarmas: los registros de la licitación en el portal oficial comprex.faa.mil.ar, donde debería figurar toda la documentación del proceso, ya no están disponibles públicamente. La Fuerza Aérea parece haber dado de baja los antecedentes de la compra, lo que profundiza las sospechas sobre la transparencia del procedimiento.
Cuentas escrow y trazabilidad opaca
La investigación también apuntó al mecanismo de pago utilizado: la operación se habría canalizado a través de cuentas «escrow», un instrumento legal en el comercio internacional pero que dificulta la trazabilidad de los fondos y reduce la transparencia de las operaciones con dinero público. La utilización de este esquema en compras estatales plantea interrogantes sobre el circuito de autorización presupuestaria, ya que, no se conoce ninguna Decisión Administrativa del jefe de Gabinete que aprobara la partida correspondiente, pese a que el monto total para las dos aeronaves adquiridas en el período ascendió a USD 6.856.200, una cifra que excede la competencia de autorización del jefe de la institución.
Un patrón que se repite desde 2021
El caso del Embraer ERJ-140LR no sería un episodio aislado. Según las denuncias, irregularidades similares se habrían verificado en otras adquisiciones de material aéreo realizadas desde 2021, incluyendo aeronaves de las marcas Boeing, Saab y Embraer, todas con presuntas inconsistencias en precios y procedimientos. El patrón descripto, que combina pliegos a medida, plazos acotados, adjudicatarios predeterminados y mecanismos de pago opacos, configura lo que la denuncia interna de la propia Fuerza Aérea caracterizó como «defraudación contra la Administración Pública mediante el direccionamiento de licitaciones».
Esa investigación interna fue archivada. Según fuentes militares consultadas por este medio que pidieron reserva de identidad, el expediente «corrió por los pasillos del Edificio Cóndor» hasta llegar a las puertas del Ministerio de Defensa, donde fue igualmente descartado.
Puntos clave
- La Fuerza Aérea Argentina adquirió un avión Embraer ERJ-140LR por USD 4.085.000 a través de una licitación que se adjudicó en menos de dos meses, con un pliego que habría favorecido a la firma Regional One Inc. desde el inicio.
- El avión ya estaba pintado con colores institucionales de la FAA antes de concretarse formalmente la compra, lo que sugiere una definición previa al proceso licitatorio.
- Una empresa competidora (Alpha) impugnó el proceso en julio de 2025; la impugnación fue desestimada sin respuesta sustancial.
- Los registros del proceso licitatorio fueron eliminados del portal oficial comprex.faa.mil.ar.
- El patrón de irregularidades se habría repetido en compras de aeronaves Boeing, Saab y Embraer desde 2021; una investigación interna de la propia institución fue archivada.
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