Judiciales ⚖️
Reabren la causa por la muerte del padre de Nicolás Pachelo para investigar si fue un homicidio
La medida fue ordenada por el juez de Garantías 5 de Tigre, Diego Martínez, quien hizo lugar a un pedido de la Fiscalía General de San Isidro para que se reabra la causa por la muerte de Roberto Pachelo (51), que había sido cerrada como suicidio, y que se aporten «nuevas pruebas que puedan ser de utilidad para el esclarecimiento del hecho», según indica la resolución.
Un juez de Garantías de Tigre dispuso la reapertura de la causa por la muerte en enero de 1996 del padre de Nicolás Pachelo, principal acusado en el juicio por el crimen de María Marta García Belsunce, para que se investigue si pudo tratarse de un homicidio, tal como solicitaron los fiscales del debate, luego de que cuatro testigos señalaran al ex vecino del country Carmel como autor del hecho.
La medida fue ordenada por el juez de Garantías 5 de Tigre, Diego Martínez, quien hizo lugar a un pedido de la Fiscalía General de San Isidro para que se reabra la causa por la muerte de Roberto Pachelo (51), que había sido cerrada como suicidio, y que se aporten «nuevas pruebas que puedan ser de utilidad para el esclarecimiento del hecho», según indica la resolución.
Los fiscales Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González solicitaron que la nueva investigación esté caratulada como “homicidio agravado por el vínculo”, delito que prevé una pena de prisión perpetua», con Nicolás Pachelo (46) como imputado.
La primera medida adoptada por el juez Martínez fue “requerir con carácter de urgente” al presidente del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro, Federico Ecke -a cargo del juicio por el crimen de García Belsunce-, las videofilmaciones y actas de las declaraciones de los testigos que en ese debate se refirieron a la muerte de Pachelo padre.
Estos testigos son Jacqueline Barbará, viuda de Pachelo; Hernán Coudeau, hijo de Barbará, que se crió con los Pachelo; Dionisio Simón, amigo y socio de Roberto Pachelo en la tosquera de Pilar, y Francisco Pachelo, hermano menor de Nicolás.
El juez dispuso que luego de recibir las actas y filmaciones correspondientes, se les tome declaración testimonial a las personas nombradas y a Rodolfo y Agustín Pachelo, hermano e hijo de Roberto; a Daniel Alberto Casanova, empleado de la tosquera; a Sebastián Coudeau, hermanastro de Nicolás Pachelo; y a Mariano Maggi, dueño de una concesionaria de autos que dijo haber sido amenazado por el exvecino de El Carmel.
La resolución judicial fue tomada a instancias del Ministerio Público, que consideró que durante el desarrollo del juicio por el crimen de García Belsunce «se advirtió la existencia de diversos testimonios que guardarían relación directa e inmediata» con la muerte de Roberto Pachelo, quien según consta en la causa se suicidó el 10 de enero de 1996 en su vivienda del partido de Pilar.
Si bien el expediente, que se tramitó en el ex Juzgado en lo Criminal y Correccional 11 de San Isidro, estaba cerrado como suicidio y el hecho que se investiga ocurrió hace más de 26 años, el Ministerio Público indicó que la acción penal aún no prescribió, ya que Nicolás Pachelo estuvo imputado por otra serie de delitos en 2003, 2015 y 2017 y sigue acusado por el crimen de María Marta García Belsunce.
“En los lineamientos de la acusación, la Fiscalía dijo que iba a quedar expuesta la íntima ligazón entre Nicolás Pachelo y la muerte de su padre Roberto Pachelo”, expresó el fiscal Ferrari en la audiencia en cual adelantó la presentación por parte del Ministerio Público, y aclaró que “la acción penal se encuentra plenamente vigente, inclusive hasta el 2030”.
En su solicitud ante el Juzgado de Garantías 5 de Tigre, los fiscales Ferrari, Quintana y González mencionaron la declaración que brindó en el juicio por el crimen de María Marta el testigo Maggi, dueño de una concesionaria con el que Pachelo tuvo un altercado, quien aseguró que éste una vez lo amenazó y le dijo: «Si tuve los huevos de matar a mi padre, imaginate que matarte a vos o a tu vieja no significa nada».
Otro testimonio destacado por el Ministerio Público para requerir la apertura de a causa por la muerte de Pachelo padre fue el de su viuda, Barbará, quien mencionó la mala relación de Roberto con Nicolás y recordó que su suegro, al enterarse de la muerte de su hijo, dijo «me lo mató este hijo de puta», en referencia a su nieto.
“Nunca me comí el tema del suicidio. Pienso que lo mató Nicolás”, afirmó la mujer cuando fue su turno de exponer su declaración ante el TOC 4 de San Isidro, en la que agregó: «Yo no le tengo miedo a Nicolás. Le tengo miedo a lo que puede hacer con mis nietos o mis hijos. Mi vida ya me la destruyó. Mi vida sin Roberto fue otra».
También los dichos de dos hermanos de Pachelo, quienes dijeron estar convencidos de que Nicolás mató a su padre, fueron parte de los fundamentos que llevaron a los fiscales a pedir que se investigue esa posibilidad.
«Sé que es un asesino porque mató a mi padre. No me cabe ninguna duda de que mató a Roberto Pachelo. Lo mató a mi padre por plata y por resentimiento”, dijo Francisco Pachelo al declarar en la causa por el crimen de la socióloga días atrás.
Entre las pruebas más importantes presentadas por la fiscalía para pedir la reapertura de la causa también se halla el resultado de autopsia al cuerpo de Pachelo padre, que indica que no se hallaron rastros de deflagración de pólvora sus manos al momento de ser encontrado muerto con un disparo en la cabeza en la cama de su habitación de su casa de Pilar.
También los fiscales destacaron que un hermano de Roberto Pachelo recordó que un mes antes de ese hecho Nicolás había tenido un episodio violento en las oficinas de su padre, a quien intentó agredir mientras gritaba «lo voy a matar».
Otra prueba que los fiscales aportaron contra Pachelo es el testimonio aportado por Casanova, empleado de la tosquera, quien aseguró que Nicolás «no tenía ningún sentimiento» hacia su padre y que lo vio dispararle a unas fotos que tenía con su imagen.
Educación
Milei lleva la Ley de Financiamiento Universitario a la Corte para intentar frenarla
Luego de acumular dos derrotas judiciales consecutivas, el Ejecutivo presentó un recurso extraordinario ante la Cámara Federal para intentar que el máximo tribunal suspenda la norma. Si el tribunal rechaza el pedido, el Gobierno tiene previsto recurrir en queja directamente ante la Corte Suprema.
El Gobierno busca llegar a la Corte para suspender la Ley de Financiamiento Universitario
El gobierno de Javier Milei presentó un recurso extraordinario federal ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal para que el expediente sea elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (Nº 27.795), según confirmaron fuentes oficiales.
La maniobra llega luego de dos fallos adversos consecutivos: en primera instancia, el juez federal Enrique Cormick declaró que el Decreto 759/2025, con el cual el Ejecutivo había suspendido la ejecución de la norma, tenía rasgos de «arbitrariedad e ilegalidad manifiesta»; y el 31 de marzo de 2026, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, integrada por los magistrados Sergio Fernández y Jorge Morán, confirmó la medida cautelar y rechazó la apelación del Gobierno al calificar sus argumentos de «poco serios».
Si la Cámara Federal acepta el recurso extraordinario, el expediente pasará a la Corte Suprema, que tendrá la última palabra. En caso contrario, el oficialismo no descarta presentar un recurso en queja directamente ante el máximo tribunal para forzar su intervención.
La historia de una ley vetada, insistida y aun incumplida
La Ley 27.795 fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto de 2025 y vetada de manera total por el presidente Milei el 11 de septiembre. Sin embargo, el Senado y la Cámara de Diputados insistieron en su sanción, dejando sin efecto el veto con los dos tercios requeridos constitucionalmente. En el último día del plazo legal, en octubre de 2025, el Ejecutivo se vio obligado a promulgarla; pero en lugar de aplicarla, dictó el Decreto 759/2025, que subordinó su implementación a la previa definición de fuentes presupuestarias específicas, apoyándose en la Ley de Administración Financiera 24.629.
La norma obliga al Gobierno a actualizar retroactivamente los sueldos de docentes y no docentes universitarios desde diciembre de 2023, según la variación del IPC (Índice de Precios al Consumidor), y a recomponer los programas de becas estudiantiles. Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las transferencias a universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios docentes crecieron un 158% mientras la inflación acumulada alcanzó el 280%, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo del 32%, equivalente a la pérdida de más de siete salarios mensuales.
El argumento fiscal versus el mandato constitucional
La estrategia del oficialismo se asienta en un único argumento: la aplicación de la ley pondría en riesgo el equilibrio fiscal, que el Gobierno presenta como su principal logro de gestión. Estiman que el costo de cumplir la norma asciende a 2,5 billones de pesos, en línea con lo que el sindicato docente de la UBA calculó en 2,734 billones.
Sin embargo, la Justicia ya rechazó ese razonamiento en dos instancias. La Cámara subrayó que el impacto fiscal de la medida ronda apenas el 0,23% del PBI, que la ley fue ratificada por dos tercios de ambas cámaras del Congreso y que la insistencia legislativa prevista en el artículo 83 de la Constitución Nacional obliga al Ejecutivo a ejecutar la norma sin margen para suspenderla mediante un decreto. El tribunal también estableció un principio clave: una ley posterior aprobada por el Congreso puede desplazar válidamente a una anterior, lo que derrumba el escudo jurídico del Decreto 759/2025.
En este contexto, la estrategia de recurrir a la Corte por vía del recurso extraordinario es la última carta disponible. Según fuentes del ámbito constitucional citadas por La Nación, es poco probable que el tribunal acceda a conceder el recurso, ya que uno de los requisitos es que exista una sentencia definitiva o equiparable, condición que una medida cautelar no cumple. Los propios especialistas advirtieron que la Corte tiene antecedentes de no expedirse sobre cautelares por no constituir sentencias definitivas.
Una táctica judicial que se vuelve patrón
El recurso por el financiamiento universitario no es un hecho aislado en la estrategia judicial del Ejecutivo libertario. Como informó este medio el 17 de abril de 2026, el mismo día en que se conoció esta presentación, el Gobierno acudió a la Corte Suprema a través de un per saltum para intentar destrabar la Ley de Reforma Laboral (Nº 27.802), cuya aplicación también fue frenada judicialmente luego de una demanda de la Confederación General del Trabajo (CGT). En ambos casos, el patrón es idéntico: el Ejecutivo aprueba o aplica normas que generan rechazo judicial o social, y cuando la Justicia ordena su suspensión o su cumplimiento, escala el conflicto hacia la Corte en lugar de acatar los fallos de las instancias inferiores.
La diferencia es que en el caso universitario el Gobierno no quiere que se aplique una ley que le ordenan cumplir; en el laboral, quiere que se aplique una ley que le ordenaron suspender. En los dos escenarios, el Ejecutivo convierte a la Corte Suprema en la arena donde dilata el cumplimiento del ordenamiento jurídico.
Puntos clave
- El Gobierno presentó un recurso extraordinario ante la Cámara Federal para intentar que la Corte Suprema suspenda la Ley de Financiamiento Universitario (Nº 27.795).
- Dos fallos judiciales consecutivos ya ordenaron al Ejecutivo cumplir la norma; la Cámara calificó los argumentos del Estado de «poco serios».
- La ley fue aprobada por el Congreso, vetada por Milei, insistida con dos tercios y promulgada en octubre de 2025; pero nunca fue aplicada.
- El Gobierno estima el costo de cumplimiento en 2,5 billones de pesos; la Justicia lo redujo a un impacto del 0,23% del PBI.
- Si la Cámara rechaza el recurso extraordinario, el oficialismo prevé ir en queja ante la Corte Suprema para forzar su intervención.
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