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Fentanilo mortal: el Gobierno recusa al juez Kreplak por ser hermano de ministro bonaerense

Mientras la letal tragedia suma 97 muertos y HLB Pharma de mantiene en el centro de las sospechas, el Ejecutivo nacional anunció que apartará al magistrado federal por ser hermano del ministro Nicolás Kreplak.

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El Argentino Diario-Juez Kreplak-Juzgado Federal de La Plata.

El Gobierno nacional confirmó que recusará al juez federal Ernesto Kreplak de la causa que investiga las muertes por fentanilo contaminado, debido a su parentesco directo con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. La medida se produce cuando la cifra de fallecidos alcanzó las 97 víctimas y surgen sospechas sobre casos no registrados en otras provincias.

Según confirmó la agencia Noticias Argentinas, el argumento central del Ejecutivo radica en el presunto conflicto de intereses generado por el hecho de que el laboratorio HLB Pharma, en el centro de la investigación, es el principal proveedor del ministerio que conduce el hermano del magistrado.

La presión del Congreso y la postura oficial

La decisión gubernamental se produce después de intensas críticas desde sectores de la oposición en el Congreso, que habían cuestionado la idoneidad del juez para llevar adelante la investigación.

«Nosotros pedíamos investigar esto, porque Kreplak no podía investigar a su hermano», declaró el diputado del PRO Alejandro Finocchiaro al canal TN. En la misma línea, la legisladora Silvana Giudici (PRO) había planteado: «Ya nos parece un poco lenta la investigación y más si la causa la lleva el juez que es hermano del ministro de Kicillof».

Sin embargo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich había mostrado una posición más moderada respecto al magistrado. «Hablo permanentemente con él, tengo confianza que está haciendo las cosas bien. Si él siente algo se apartará», había manifestado la funcionaria este martes.

El avance de las pericias y nuevas hipótesis

Paralelamente al debate sobre la competencia judicial, la investigación continúa desarrollándose en varios frentes. La cifra oficial de 97 muertes confirmadas incluye nuevos casos bajo análisis en las provincias de Formosa, Córdoba, Santa Fe y Bahía Blanca, lo que expande el alcance geográfico de la tragedia.

El propio juez Kreplak había ordenado una pericia especializada en la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata para analizar una ampolla de fentanilo no contaminado, con el objetivo de encontrar pistas sobre el origen de la contaminación que provocó las muertes masivas.

La ANMAT bajo la lupa y la teoría del sabotaje

Una fiscalía especializada iniciará una investigación sobre la actuación de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) en el control de laboratorios durante los últimos cinco años, lo que amplía el espectro de responsabilidades institucionales en el caso.

Los propietarios de los laboratorios señalados en la causa, quienes tienen prohibida la salida del país, sostienen la hipótesis de un sabotaje deliberado. Incluso han apuntado a un exdiputado provincial que supuestamente habría intentado sustraer ampollas para comercializarlas en el mercado negro, aunque esta versión aún no ha sido corroborada judicialmente.

Puntos clave:

  • El Gobierno nacional recusará al juez federal Ernesto Kreplak por ser hermano del ministro de Salud bonaerense
  • La cifra de muertos por fentanilo contaminado asciende a 97 víctimas confirmadas
  • HLB Pharma es proveedor principal del ministerio conducido por Nicolás Kreplak
  • Se investigan nuevos casos en Formosa, Córdoba, Santa Fe y Bahía Blanca
  • Una fiscalía investigará la actuación de la ANMAT en los últimos cinco años

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Tres de cada cuatro abogados usan IA y los jueces ya detectan fallos inventados

La cifra surge de una encuesta de Thomson Reuters y el Colegio Público de la Abogacía porteño. Casi todo lo que se sabe del fenómeno lo cuentan grandes estudios y empresas de tecnología, mientras tribunales de cuatro jurisdicciones encontraron citas falsas en escritos.

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Ilustración de una estatua de la Justicia que se levanta la venda de un ojo y guiña, con la balanza en alto

Veintiséis fallos que nunca existieron. Eso encontró la Cámara Civil de Roca en los escritos de dos abogados que litigaban por un auto 0 km con fallas. Ninguno de los dos admitió haber usado inteligencia artificial, pero el tribunal concluyó que probablemente lo hicieron, los dejó sin honorarios en esa instancia y remitió copia de la resolución al Colegio de Abogados de Roca.

El episodio, que difundió el Poder Judicial de Río Negro en septiembre de 2025, es una de las pocas ventanas públicas a un fenómeno que avanza en silencio. Según el Reporte sobre la Inteligencia Artificial en los estudios jurídicos de Argentina 2025, que Thomson Reuters elaboró junto con el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) a partir de una encuesta a «cientos de profesionales del sector legal», tres de cada cuatro abogados ya usan IA en sus tareas.

Lo que dice la encuesta y lo que no muestra

El resumen público del reporte agrega que cerca de un cuarto de los encuestados emplea la IA para mejorar y automatizar procesos legales, y que entre las motivaciones se destacan brindar un mejor asesoramiento y desarrollar nuevas competencias. El documento completo solo se descarga después de completar un formulario con datos personales, y la página no informa el porcentaje exacto, la cantidad de encuestados, las fechas del relevamiento ni la metodología.

El dato tiene otro detalle que no es menor: lo publica una empresa que vende herramientas de IA para abogados. Thomson Reuters comercializa CoCounsel, una de las plataformas especializadas que aparece en los relevamientos del sector.

«IA Blue»: el uso que no se declara

El fenómeno ya tiene nombre: «IA Blue», el uso «solapado» de aplicaciones de inteligencia artificial por fuera de los canales oficiales. Lo acuñó el abogado Ignacio Adrián Lerer, CEO de IntegridAI, en una columna publicada en Abogados.com.ar el 2 de octubre de 2025. El 5 de enero de este año, en el mismo sitio, Lerer aplicó el concepto a otro relevamiento: el Reporte sobre Departamentos Legales elaborado por el estudio Marval O’Farrell Mairal, centrado en los abogados que trabajan dentro de empresas.

Ese reporte es distinto de la encuesta de Thomson Reuters y el CPACF: mide departamentos legales de empresas, no estudios jurídicos, y de él sale el dato de que dos de cada tres usuarios desconfían de la IA. Según las cifras del reporte de Marval que cita Lerer, el 75% de los departamentos legales usa IA de forma regular, contra el 11% de 2023, pero el 67% de quienes la usan desconfía de la precisión de los resultados. Las herramientas más usadas son generalistas: ChatGPT (62%), Microsoft Copilot (60%) y Gemini (30%). Las plataformas pensadas para el trabajo jurídico apenas aparecen, con Harvey en el 7% y CoCounsel en el 4%. Además, el 68% de los departamentos no tiene presupuesto específico para tecnología legal.

Para Lerer, esa combinación tiene una sola explicación: «la única respuesta lógica es que los profesionales utilizan cuentas personales de ChatGPT Plus a veinte dólares mensuales, no infraestructura corporativa auditada». Es su interpretación; el reporte no mide de qué cuentas sale ese uso.

Los que sí lo cuentan

Del otro lado están los que lo anuncian. En mayo de 2024, el estudio Bruchou & Funes de Rioja comunicó que incorporó Harvey AI, una plataforma diseñada para el sector legal, y se presentó como la primera firma de la Argentina en hacerlo. «Nuestros abogados continúan siendo los conductores de cada caso y proyecto», dijo Rodrigo Funes de Rioja, miembro del Consejo de Administración del estudio. El anuncio incluyó una capacitación específica para sus profesionales y una referencia a la «garantía de confidencialidad» de la herramienta.

La foto que queda es despareja: casi todo lo que se sabe sobre el uso de IA en la abogacía argentina proviene de grandes estudios y de empresas que venden tecnología. El abogado que trabaja solo o en un estudio chico no aparece en esos anuncios.

Cuando el silencio llega a los tribunales

Los casos que salieron a la luz lo hicieron por las citas falsas. El 20 de noviembre de 2025, en una ejecución de multa contra la prepaga Medicus, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal le aplicó un apercibimiento a un abogado que citó jurisprudencia inexistente atribuida a esa misma Cámara. El tribunal consideró que las citas «pudieron encontrarse originadas en un inadecuado uso» de la inteligencia artificial y dio intervención al Tribunal de Ética del Colegio de la Abogacía.

El 22 de diciembre, el Tribunal de Impugnaciones de San Luis rechazó una apelación en una causa penal que se apoyaba en un supuesto fallo de la Corte Suprema que no figuraba en ninguna base oficial. Los jueces enviaron los antecedentes al Colegio de Abogados y Procuradores provincial y advirtieron que no verificar la jurisprudencia «no solo constituye una falta ética, sino que pone en riesgo la seguridad jurídica y el correcto funcionamiento del sistema de justicia».

En abril de este año, la Cámara de Apelaciones del Interior de Neuquén, según informó el Poder Judicial provincial el 29 de ese mes, detectó al menos cinco fallos falsos en un recurso, entre ellos supuestos precedentes del Tribunal Superior provincial y de la Corte Suprema. «Lo que interesa es el resultado: existen al menos cinco citas falsas que se utilizan como argumento central para fundar un recurso de apelación», escribieron los jueces, que no se detuvieron en si el origen fue la IA y remitieron el caso al Colegio de Abogados de Cutral Có.

Reglas que no obligan

El CPACF publicó en julio de 2025 una «Guía para el uso de Inteligencia Artificial para Abogados» y, el 8 de agosto de 2025, unos «Criterios orientadores para un uso ético y responsable de la Inteligencia Artificial en la Abogacía». Piden verificar todo lo que produce la herramienta, porque puede inventar citas y fallos, no cargar datos sensibles de clientes sin su autorización e informarles cuando se usa IA. Son, como dice su título, criterios orientadores.

En Río Negro, el propio Poder Judicial reconoció la brecha: su protocolo sobre IA rige solo dentro de los tribunales, y los abogados que ejercen de forma privada «no tienen lineamientos específicos» para controlar el uso de estas herramientas en sus escritos. Mientras tanto, cada cita inventada pone en juego la causa de alguien que confió en ese escrito.

Lo que tenés que saber:

  • Según Thomson Reuters y el CPACF, tres de cada cuatro abogados ya usan IA; la página del reporte no informa muestra, fechas ni metodología.
  • Ignacio Lerer llamó «IA Blue», en Abogados.com.ar, al uso solapado de estas herramientas.
  • En otro relevamiento, el de Marval sobre departamentos legales de empresas, el 75% usa IA y el 67% desconfía de sus resultados.
  • Bruchou & Funes de Rioja anunció en 2024 que incorporó Harvey AI.
  • Tribunales federales y de Río Negro, San Luis y Neuquén detectaron fallos inexistentes en escritos de abogados.
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