Mientras el fotógrafo Pablo Grillo, herido de gravedad durante la protesta de jubilados, enfrenta una cirugía crítica, su padre, Fabián Grillo, responsabilizó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al presidente, Javier Milei, de «mandar a matar» a periodistas y militantes. Por otro lado, organizaciones de derechos humanos locales e internacionales exigen investigar el uso desproporcionado de la fuerza.

La prensa y la militancia en la mira de Bullrich

Pablo Grillo, fotógrafo independiente y militante, documentaba una marcha de jubilados frente al Congreso cuando un proyectil de gas lacrimógeno lo alcanzó y lo hirió de gravedad, causándole un severo traumatismo de cráneo con pérdida de masa encefálica. En ese marco, su padre, Fabián Grillo, irrumpió en el Hospital Ramos Mejía con una denuncia visceral: «Por una borracha hija de puta y un decerebrado que habla con un perro muerto, mi hijo está corriendo peligro».

Sin nombrarlos, señaló a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al presidente Javier Milei como responsables. «Estaba trabajando, no provocando», afirmó Fabián, defendiendo la profesión y militancia de su hijo como «un orgullo» frente a la estigmatización oficial.

Pablo no fue un caso aislado. Durante la represión, tres periodistas de Página 12 y C5N también sufrieron heridas. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) condenó los hechos y alertó sobre «un patrón de violencia contra la prensa crítica» en Argentina.

Jubilados, ajuste y balas de goma

El 60% de los presentes en la marcha reprimida superaban los 70 años. Una protesta, como muchas otras, nacida del descontento por el ajuste económico del gobierno de Milei, que incluyó al inicio de su gestión una devaluación del 118%, momento en que los jubilados, sindicatos y movimientos sociales salieron a las calles para exigir la actualización de haberes.

Según el Observatorio de Conflictos Sociales (OCS), Argentina registró 112 protestas en los primeros tres meses de 2024, un 25% más que en 2023. Ante ese escenario, la respuesta policial fue contundente: gases lacrimógenos y balas de goma contra una multitud vulnerable.

El CELS documentó 47 casos de violencia policial en protestas en ese período, con 14 periodistas lesionados. Al respecto, María José Hooft, abogada del CELS, advirtió que «desde diciembre (de 2023), las intervenciones represivas aumentaron un 60%» respecto a años anteriores.

La violencia institucional en números

Los datos son elocuentes. El CPJ reportó 22 ataques a la prensa en Argentina en 2024, el doble que en 2023. Amnistía Internacional señaló que el 80% de las protestas reprimidas involucraron a sectores populares. Para Hooft, esto evidencia «una política de criminalización de la pobreza». En el caso de la protesta de este miércoles, la policía actuó con una fuerza desmedida que no distinguió entre manifestantes y periodistas, pese a que estos últimos llevaban credenciales, chalecos, gorras y hasta cascos identificatorios.

Silencio oficial y doble vara

El Ministerio de Seguridad anunció una investigación «sin plazos», una respuesta que Fabián Grillo tildó de «impunidad disfrazada». La ironía no pasa desapercibida: en 2021, Bullrich condenó una supuesta represión durante la pandemia, bajo el gobierno de Fernández. Hoy, su propia gestión enfrenta críticas similares, aunque con una violencia real, recurrente, desmedida e inédita en 40 años de democracia.

Mariela Belski, de Amnistía Internacional, fue tajante: «No puede hablarse de orden público cuando se dispara a periodistas con escudos de prensa visibles».

Militancia vs estigmatización

«Ser independiente no te salva de las balas cuando documentás verdades incómodas», afirmó Eduardo Kimel, de FOPEA, y la trayectoria de Pablo Grillo amplifica esto. En 2022, sus imágenes de la represión de la Policía de la Ciudad a docentes en Plaza de Mayo sirvieron como prueba contra Horacio Rodríguez Larreta, exjefe de Gobierno porteño.

Para Fabián Grillo, en tanto, la militancia de su hijo Pablo fue usada como «excusa para justificar lo injustificable», dejando en evidencia la manera en que el Estado criminaliza la protesta y silencia a la prensa crítica.

El costo para la libertad de prensa

La violencia contra periodistas no es un incidente aislado, sino una amenaza estructural. «Cuando el Estado ataca a la prensa, debilita la democracia», sentenció Kimel. La autocensura crece entre los periodistas independientes, quienes, sin respaldo de grandes medios, enfrentan riesgos extremos.

En un país diezmado por la ultraderecha, donde la crisis económica, política y social crece, y la información veraz es cada vez más vital, la represión pone en jaque el derecho del pueblo a conocer la verdad.