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Judiciales ⚖️

Crimen de Lucio: tensa expectativa por la duración de las penas

Los jueces anunciarán finalmente el alcance de la condena para ambas mujeres, consideradas responsables penales del crimen ocurrido el 26 de noviembre de 2021 en la capital de La Pampa.

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La fiscalía pidió este lunes formalmente en el juicio de cesura por el crimen de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado en noviembre de 2021 en La Pampa, que su madre Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigaíl Páez, ambas ya declaradas culpables, sean condenadas a prisión perpetua, mientras que la querella de la familia de la víctima añadió el pedido de la accesoria “por tiempo indeterminado”, informaron fuentes judiciales.

De esta manera, y tras la audiencia de hoy, el Tribunal de Audiencia de Santa Rosa anunció que el próximo viernes a las 12 los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora anunciarán finalmente la pena para las dos mujeres, consideradas responsables penales del crimen ocurrido el 26 de noviembre de 2021 en la capital de La Pampa.

A la audiencia concurrieron en forma presencial el fiscal general Máximo Paulucci; la fiscala Verónica Ferrero; el querellante particular José Mario Aguerrido -en representación del padre de Lucio, Christian Dupuy, quien también asistió-; las asesoras de niñas, niños y adolescentes, Graciela Massara y María Gabriela Manera; y personal de la Oficina Judicial.

En cambio, la defensora oficial María Silvina Blanco Gómez, el defensor oficial Pablo De Biasi y las imputadas participaron a distancia desde San Luis, donde Espósito Valenti y Páez permanecen detenidas.

La fiscal Ferrero pidió que las dos acusadas sean condenadas a prisión perpetua porque, frente a los delitos cometidos, el Código Penal prevé solamente esa pena.

El abogado Aguerrido, que representa a la familia Dupuy adhirió al planteo del Ministerio Público Fiscal, pero le añadió el requerimiento de que la pena sea de reclusión por tiempo indeterminado, una alternativa que prevé el artículo 52 del Código Penal, en relación con el 80 que contempla el homicidio agravado.

Lo fundó, entre otras razones, en la extensión del daño provocado a “un chico absolutamente vulnerable”, agregando que la muerte de Lucio fue el final de un proceso de maltrato infantil.

Por su parte, la defensora oficial Blanco Gómez le pidió al Tribunal que cuantifique la pena que le correspondería a Páez, por entender que si se aplicase la prisión perpetua –con las normas vigentes hoy en el país– “solo saldrá de la cárcel con su muerte, ya que actualmente la pena perpetua es material y literalmente perpetua”.

Además solicitó que esa cuantificación sea la mínima por la carencia de antecedentes penales y la edad de la imputada (28 años); y afirmó que la Corte Suprema ya fijó la inconstitucionalidad de la reclusión por tiempo indeterminado.

Por último, el defensor oficial De Biasi, al hablar por Espósito Valenti, brindó argumentos similares y requirió que se le fije “una pena en años”, con lo que coincidió en que “la prisión perpetua que establece el Código Penal es inconstitucional” ya que “los tratados internacionales impiden la aplicación de penas crueles, inhumanas y degradantes”.

Antes de que la presidenta del tribunal anunciara que el viernes se conocerán las penas que recibirán Espósito Valenti y Páez, la jueza Ongaro les preguntó a las imputadas si alguna quería hablar y ambas, a través de sus defensores, respondieron que no.

Esta mañana, antes del inicio de la audiencia, el abuelo de Lucio pidió que espera que ambas condenadas sean separadas en su lugar de detención.

“Pediremos no haya beneficios y que sean separadas urgente. Me molesta mucho porque no deberían estar juntas. Estuvimos todo el año pidiendo nosotros que sean separadas”, dijo Ramón Dupuy esta mañana al canal Crónica TV.

“Yo siempre digo que a Lucio no me lo mataron hace un año y dos meses y días, me lo mataron ayer. Nosotros vivimos con el mismo dolor, la herida está latente y no se va a cerrar nunca. Estamos tratando de sobrellevarlo”, agregó.

El 2 de febrero pasado, el Tribunal de Audiencia de la capital pampeana determinó que la madre de Lucio fue responsable del «homicidio triplemente agravado por vínculo, alevosía y ensañamiento» de su hijo.

Mientras que a Páez le atribuyeron el mismo delito y también el de «abuso sexual con acceso carnal por vía anal, ejecutado con un objeto fálico, agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente, como delito continuado».

Lucio (5) fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en la casa de la calle Allan Kardec al 2300 de Santa Rosa, donde vivía con la madre y su pareja.

La Justicia pudo establecer que a las 17.32 se lo vio a Lucio vivo por última vez y que entre esa hora y las 19.40, cuando ambas imputadas salieron solas del departamento, Lucio fue golpeado brutalmente.

A su vez, Páez llevó en moto a su novia al trabajo de moza en el restaurante de un hotel de la capital pampeana y volvió sola a las 20.49, cuando intentó reanimar al niño y lo metió bajó la ducha.

A las 21.30, Páez salió con Lucio en brazos para el centro asistencial del barrio Río Atuel, anexo al departamento, pero estaba cerrado.

En ese momento el niño fue asistido por vecinos y finalmente lo trasladaron al Hospital Evita, donde a las 21.45 se constató que ya estaba muerto.

Para el tribunal, las dos mujeres participaron de la golpiza mortal y el nene recibió puñetazos, patadas y palazos, además de un pisotón en la espalda por parte de Páez (que se pudo determinar por la marca que dejó su zapatilla), el cual le provocó lesiones internas.

De acuerdo a los peritos, la causa de la muerte fue un edema cerebral como consecuencia de politraumatismos.

Investigación 🔎

Adorni: Pollicita descarta el enriquecimiento ilícito pero pide investigarlo por evasión

El fiscal no pudo refutar que el dinero de las compras fuera anterior a la función pública, pero detectó USD 374.081 pagados en efectivo y tenencias ocultas al fisco desde 2014. Pidió que la causa pase al fuero Penal Económico. No es un sobreseimiento: decide Lijo.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni.

El fiscal que investigó a Manuel Adorni no encontró pruebas de que se haya enriquecido en la función pública, pero sí de que durante más de una década ocultó al fisco dólares en efectivo y criptoactivos. Por eso Gerardo Pollicita pidió que la causa deje de tramitar como enriquecimiento ilícito y pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, para investigar una posible evasión tributaria.

El dictamen se presentó en el juzgado federal de Ariel Lijo, en el expediente que se abrió por una denuncia de la diputada Marcela Pagano. La investigación revisó la evolución patrimonial del exjefe de Gabinete entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026. El pedido no implica un sobreseimiento: si Lijo lo acepta, Adorni seguirá investigado, pero por otro delito y en otro fuero.

Lo que encontró la Fiscalía

Según el dictamen, la Fiscalía detectó erogaciones por USD 402.578,12, de las cuales USD 374.081,66 se pagaron en efectivo, y una diferencia de $43.068.549 entre los ingresos lícitos comprobados y los gastos, compras y cancelaciones de deudas del período. Entre esos pagos figuran la compra de un lote en el country Indio Cuá, reformas, muebles, la escritura de un inmueble en la calle Miró, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares. Parte de esas operaciones se hizo fuera del sistema bancario o a través de terceros.

La defensa sostuvo que ese dinero provenía de ahorros en criptomonedas anteriores a su llegada al Gobierno. Pollicita concluyó que no pudo refutar esa versión y que la investigación no logró vincular los fondos con “un acto funcional, una contraprestación o una fuente ilícita asociada a la función”. Por eso escribió que “no se advierte que la conducta desplegada por Manuel Adorni tenga adecuación típica” en el enriquecimiento ilícito, “lo que no significa que no deba responder por una conducta antijurídica de otra naturaleza”.

De la corrupción a la evasión

El giro tiene una explicación jurídica: el enriquecimiento ilícito exige que el patrimonio crezca después de asumir el cargo. Si el dinero ya existía, el delito no encaja, aunque se haya usado durante la gestión. Pero esa misma explicación de la defensa abrió otra puerta. Según el fiscal, la fuente que Adorni invoca “se compone, según su propio relato, de recursos que no fueron informados al organismo recaudador”, y la omisión se extendió “desde 2014 y hasta su exteriorización en 2026”, es decir, cuando la causa ya estaba en trámite.

Pollicita enumeró indicadores que, a su juicio, exceden una infracción administrativa: la omisión de declarar bienes durante años, el predominio de pagos en efectivo, la intervención de terceros y la exteriorización de los fondos una vez iniciada la investigación. El fuero Penal Económico deberá reconstruir, ejercicio por ejercicio, lo que correspondía pagar de Ganancias y Bienes Personales.

La lectura política: el vocero de la “casta” y el efectivo

El dictamen deja al Gobierno una victoria a medias. Evita la figura de corrupción para uno de los funcionarios más cercanos a Javier Milei, pero lo describe como alguien que durante años manejó dólares en efectivo fuera del radar de la AFIP, hoy ARCA. Es el mismo Gobierno que llegó al poder con el discurso contra la “casta” y que impulsó un blanqueo y la llamada “inocencia fiscal” para quienes tengan dólares sin declarar. La causa ahora queda en manos de Lijo, que debe decidir si se declara incompetente.

Lo que tenés que saber:

  • Pollicita dictaminó que no hay pruebas de enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni durante la función pública.
  • Pidió que la causa pase al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión tributaria.
  • La Fiscalía detectó gastos por USD 402.578, de los cuales USD 374.081 se pagaron en efectivo.
  • Según el fiscal, Adorni mantuvo tenencias sin declarar desde 2014 hasta 2026, cuando ya estaba en marcha la causa.
  • No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe resolver si acepta el pedido.
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