Judiciales ⚖️
Pericia psicológica a Sabag Montiel: insólito, se comparó con Mandela
El perfil criminalístico del autor material del atentado contra la vicepresidenta fue incorporado esta semana al expediente judicial y en el se consigna que es «narcisista» y que minimiza el ataque a Cristina.
Por Ariel Zak
Fernando André Sabag Montiel (35), el hombre que intentó asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, afirmó que «el acto fue más simple de lo que todos creen», que nadie se lo dijo y que «no tiene tanta mística», según surge del perfilado criminalístico que fue incorporado esta semana al expediente judicial, en el que se consignó que el atacante es «narcisista» y se compara con el expresidente sudafricano Nelson Mandela.
La afirmación forma parte de un informe en el que intervinieron médicos legistas, psicólogos, psiquiatras; no implica una confesión, y, si bien robustece la idea de que los atacantes pudieron haber actuado solos, no conduce a los investigadores a abandonar las pistas que tienden a determinar si alguien lo manipuló, afirmaron fuentes judiciales.
Su referencia al intento de magnicidio llama la atención dado que hasta el momento Sabag Montiel nunca quiso declarar en indagatoria -el principal acto de defensa- y solo se había limitado a decir: «Brenda (Uliarte) no tuvo nada que ver y yo tampoco», en referencia a su pareja, procesada como coautora del homicidio en grado de tentativa.
Para los investigadores sigue despertando más interés el perfil de Uliarte, que aparece como quien pudo haber manipulado a Sabag Montiel y como aquella que podría tener otro tipo de conexiones: de hecho creen que fue ella la que le hizo escribir una carta pidiendo que el dirigente de la Nueva Centro Derecha Hernán Carrol le designara un nuevo abogado.
El estudio, que tiene por objetivo poder meterse dentro de la mente del criminal para analizar sus actos, determinó que Sabag Montiel tiene una personalidad «narcisista», que en su actitud se destaca la «pedantería» y la «vanidad», y que su discurso es «engorroso, extravagante y tedioso», según pudo reconstruir Télam de fuentes con acceso al expediente.
«El acto fue simple. Es más simple de lo que todos creen. No me dijo nadie. No tiene tanta mística, yo estoy tranquilo ahora», afirmó Sabag Montiel según surge del informe que fue requerido por el fiscal Carlos Rívolo en el marco del expediente que tramita ante el juzgado de la jueza María Eugenia Capuchetti.
El perfilado criminalístico realizado sobre Sabag Montiel a través de varias entrevistas, lleva la firma de un grupo de expertos en distintas disciplinas que forman parte de la Policía Federal Argentina (PFA) y fue elaborado en presencia de peritos de la querella, indicaron fuentes judiciales.
Las expresiones allí vertidas no tienen el valor de las que se sueltan en una declaración indagatoria y, menos aún, aquellas pronunciadas en un una declaración bajo promesa de decir verdad, pero podrían servirle al Ministerio Público Fiscal -que fue quien lo solicitó- cuando el caso llegue a juicio oral para referirse a los rasgos de personalidad del acusado.
El informe dice que «el sujeto conoce la prohibición de la norma», es decir que tiene claro cuáles son las acciones que implican la comisión de delitos, pero que «no la cumple por estar convencido de su acto» que tiene que ver con «hacer justicia»: conoce la criminalidad del acto que se le endilga y «no sufrió merma alguna» en sus capacidades mentales.
Los peritos que elaboraron el perfilado destacaron que, en el intento de autojustificar el hecho por el que se encuentra detenido, Sabag Monitel utilizó las frases «ajusticiar a una chorra» y «provocar una reacción en el pueblo».
Del informe incorporado al expediente surge que «las consecuencias de la acción» llevada a cabo el pasado 1° de septiembre «no fueron pensadas pero tampoco le interesaron» a Sabag Montiel quien, además, definió su actual estado de detención como «un aprendizaje».
«Para mi estar acá es un aprendizaje para poder tener introspección y analizar. Esto es un aprendizaje», afirmó el imputado que, según el informe, «cree que si bien la justicia es divina el paga por los errores de los demás y por los propios» y «se equipara con (Nelson) Mandela en su condición de recluso político».
En el análisis integrativo de la evaluación psicodiagnóstico de los peritos, se sostiene que su personalidad es la de quien busca impresionar a los observadores; mientras que en el pasaje referido a sus ideas políticas se señaló que no mantuvo ideas políticas en particular y que odia a toda la política.
El informe lo coloca como una persona con «normal» capacidad de atención cuyo curso de pensamiento es también «normal» con «tendencia marcada a la disgregación» y sostiene que tiene ideas fijas en temas de salud, con carácter hipocondríaco y mágico (hace referencia a que un cura le tocó el pecho y eso tendría algún efecto).
Télam pudo saber además que el perfilado realizado sobre Brenda Uliarte, detenida y procesada como coautora del intento de magnicidio, arrojó menos información porque ella adoptó una actitud poco colaborativa con los peritos, aunque se concluyó que atraviesa un cuadro depresivo.
Los perfilados fueron realizados con la aceptación de las respectivas defensas oficiales de los imputados, mientras que en el caso Nicolás Gabriel Carrizo, supuesto jefe de ambos en el emprendimiento de venta de copos de nieve y procesados en la causa como partícipe secundario, rechazó que se lo hicieran.
La información ingresó al expediente en la misma semana en la que la vicepresidenta Fernández de Kirchner, que reviste la calidad de víctima y querellante, adelantó a través de su cuenta personal en la red social Twitter que va a recusar a la jueza Capcuhetti.
La dos veces exmandataria lo adelantó a través de un video en el que se sostiene que la magistrada «paralizó y boicoteó la investigación» cuando «aparecieron las primeras pruebas que involucran a la política con el ataque».
La recusación estará basada en el manejo de la pista «Casablanca», abierta a partir del testimonio de un asesor del Frente de Todos en la cámara de diputados que dijo haber escuchado al diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, hacer un comentario sobre el ataque antes de que ocurriera.
El testigo, un colaborador del diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Marcos Cleri en el Congreso, declaró el 23 de septiembre: «Escucho con mis propios oídos que Milman dice ‘textual: cuando la maten yo estoy camino a la costa’ «.
A partir de esa declaración se inició un legajo de investigación reservado que permitió a la jueza Capuchetti y al fiscal Rívolo constatar a través de distintas medidas de prueba que el 30 de agosto (fecha señalada por el testigo) Milman había estado con dos colaboradoras (Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco) en la confitería Casablanca a la hora señalada en el testimonio.
Las diferencias entre la jueza y la querella surgieron el miércoles 26 de octubre cuando la magistrada se opuso a disponer la orden de secuestro de los teléfonos celulares de las dos colaboradoras que ese día concurrieron a los tribunales federales de Comodoro Py a declarar como testigos, algo que reclamó la querella.
Esta semana, los abogados que representan a la vicepresidenta en el expediente, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, volvieron a reclamar la realización de esa medida, pero esta vez ante la Cámara Federal porteña a aunque a sabiendas de que «si había una prueba, esa prueba se perdió», según afirmaron en la audiencia que presenció esta agencia.
«Intentar matar a Cristina Kirchner es un crimen político», sostuvo Ubeira en esa audiencia en la que remarcó que la investigación no puede detenerse cuando aparece una pista política, para luego aseverar que «todo lo que apunta (en las investigaciones judiciales) al ala derecha del PRO es borrado».
«Queremos explorar esta línea hasta las últimas consecuencias. Tenemos una sospecha fuerte, no podemos salir de esa sospecha si no se hacen las medidas», sostuvo allí el abogado Aldazabal que además explicó que no se busca conocer las comunicaciones privadas de las testigos sino saber si saber si existe en ellas alguna referencia al hecho que se investiga.
Comunidad 👥
Pueblos Originarios rechazan el “Día de la Raza” de Milei y van a la casa de Cristina
Organizaciones indígenas convocan a una concentración este lunes frente al edificio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en rechazo a la restitución del «Día de la Raza» dispuesta por el gobierno de Javier Milei. La movida choca con la Ley 27.399, que desde 2017 establece legalmente la fecha como Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
El gobierno de Javier Milei restableció el nombre «Día de la Raza» para el feriado del 12 de octubre, dejando sin efecto en sus comunicaciones institucionales la denominación «Día del Respeto a la Diversidad Cultural» que había instaurado un decreto de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2010. La medida reactiva un debate político y legal de fondo: el cambio por decreto colisiona con la Ley Nacional 27.399, votada por el Congreso en 2017, que consagra la denominación inclusiva con rango de ley y no puede ser modificada por el Ejecutivo de manera unilateral.
La respuesta de los pueblos originarios no tardó en llegar. Este lunes, distintas organizaciones indígenas convocaron a una concentración a partir de las 15 horas frente al edificio ubicado en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde reside la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La elección del lugar no es casual: las organizaciones convocantes reivindican el decreto que Fernández de Kirchner firmó en 2010 durante su primera presidencia como el acto fundacional del cambio de paradigma que el gobierno libertario ahora intenta desandar.
Un decreto que choca con una ley
El Ejecutivo Nacional oficializó por decreto la restitución del «Día de la Raza», retomando la narrativa que enmarca la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 como el inicio de un «proceso de intercambio profundo entre Europa y América». Esa visión, que durante décadas fue cuestionada por historiadores, activistas y organizaciones de derechos humanos como un relato funcional al colonialismo, vuelve así al calendario oficial del Estado argentino.
El problema central es que el decreto presidencial no puede, por sí solo, derogar una ley del Congreso. La Ley 27.399, sancionada en 2017 con respaldo parlamentario, establece en su texto que el 12 de octubre es el «Día del Respeto a la Diversidad Cultural». Modificar esa denominación requiere que el Congreso sancione una nueva norma. Mientras eso no ocurra, el cambio impulsado por el gobierno convive con una contradicción jurídica: el Estado nacional celebrará institucionalmente una fecha con un nombre distinto al que le asigna la ley vigente.
La jornada en San José 1111
La concentración de este lunes en la puerta de la vivienda de Cristina Fernández de Kirchner reunirá una serie de actividades culturales y políticas. El programa incluye la realización de un mural en vivo, una ceremonia ancestral, coplas dedicadas a la ex presidenta, una muestra de danza folclórica paraguaya y música en vivo. El acto tiene una doble dimensión: la reivindicación identitaria de los pueblos indígenas y el posicionamiento explícito contra la política cultural del gobierno de Milei.
«Los Pueblos Originarios y de la Patria Grande nos unimos para reafirmar nuestro compromiso con la justicia, la libertad y la integración de nuestros pueblos. Reivindicamos el Decreto del 2010 de Cristina Fernández de Kirchner que, como Presidenta, establecía esta fecha como el Día del respeto a la Diversidad cultural, cambiando el paradigma colonizador histórico de nuestro Estado», expresaron las organizaciones convocantes. Y agregaron: «Defendemos nuestra madre Tierra y decimos ‘NO’ a la extranjerización de nuestro territorio. Basta de perseguir a los pueblos Originarios».
La «batalla cultural» libertaria en perspectiva
La restitución del «Día de la Raza» no es un hecho aislado. Se inscribe en una serie de decisiones del gobierno de Milei que apuntan a desmantelar denominaciones y políticas asociadas a los gobiernos kirchneristas y a una perspectiva de derechos que el oficialismo rechaza de manera sistemática. El mismo patrón se observó en la restitución del «Día del Niño» en reemplazo del «Día de las Infancias», también por decreto, también revirtiendo un cambio de denominación que buscaba visibilizar diversidades.
En ambos casos, la operación política tiene una doble función: enviar una señal ideológica a la base electoral libertaria y erosionar el legado simbólico del kirchnerismo. Pero también en ambos casos, el instrumento elegido por el Ejecutivo, el decreto presidencial, tiene un límite concreto cuando enfrenta normas con jerarquía legal superior. El gobierno puede cambiar el rótulo institucional de la fecha, pero no puede borrar lo que dice la ley mientras el Congreso no la modifique.
Lo que tenés que saber:
- Organizaciones de Pueblos Originarios convocaron para este lunes, desde las 15 hs., a una concentración en San José 1111 (CABA), en rechazo a la restitución del «Día de la Raza» por parte del gobierno de Milei.
- El Ejecutivo Nacional oficializó por decreto el cambio de denominación del feriado del 12 de octubre, retomando la figura del «Día de la Raza» que la gestión Kirchner había dejado sin efecto en 2010.
- La Ley Nacional 27.399, sancionada en 2017, establece al 12 de octubre como «Día del Respeto a la Diversidad Cultural» y tiene rango superior al decreto presidencial.
- El programa del acto incluye mural en vivo, ceremonia ancestral, danza folclórica paraguaya y música en vivo frente a la residencia de Cristina Fernández de Kirchner.
- La medida se suma al patrón de reversiones simbólicas del gobierno de Milei, que también restableció el «Día del Niño» en lugar del «Día de las Infancias».
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