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Judiciales ⚖️

Pericia psicológica a Sabag Montiel: insólito, se comparó con Mandela

El perfil criminalístico del autor material del atentado contra la vicepresidenta fue incorporado esta semana al expediente judicial y en el se consigna que es «narcisista» y que minimiza el ataque a Cristina.

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Por Ariel Zak

Fernando André Sabag Montiel (35), el hombre que intentó asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, afirmó que «el acto fue más simple de lo que todos creen», que nadie se lo dijo y que «no tiene tanta mística», según surge del perfilado criminalístico que fue incorporado esta semana al expediente judicial, en el que se consignó que el atacante es «narcisista» y se compara con el expresidente sudafricano Nelson Mandela.

La afirmación forma parte de un informe en el que intervinieron médicos legistas, psicólogos, psiquiatras; no implica una confesión, y, si bien robustece la idea de que los atacantes pudieron haber actuado solos, no conduce a los investigadores a abandonar las pistas que tienden a determinar si alguien lo manipuló, afirmaron fuentes judiciales.

Su referencia al intento de magnicidio llama la atención dado que hasta el momento Sabag Montiel nunca quiso declarar en indagatoria -el principal acto de defensa- y solo se había limitado a decir: «Brenda (Uliarte) no tuvo nada que ver y yo tampoco», en referencia a su pareja, procesada como coautora del homicidio en grado de tentativa.

Para los investigadores sigue despertando más interés el perfil de Uliarte, que aparece como quien pudo haber manipulado a Sabag Montiel y como aquella que podría tener otro tipo de conexiones: de hecho creen que fue ella la que le hizo escribir una carta pidiendo que el dirigente de la Nueva Centro Derecha Hernán Carrol le designara un nuevo abogado.

El estudio, que tiene por objetivo poder meterse dentro de la mente del criminal para analizar sus actos, determinó que Sabag Montiel tiene una personalidad «narcisista», que en su actitud se destaca la «pedantería» y la «vanidad», y que su discurso es «engorroso, extravagante y tedioso», según pudo reconstruir Télam de fuentes con acceso al expediente.

«El acto fue simple. Es más simple de lo que todos creen. No me dijo nadie. No tiene tanta mística, yo estoy tranquilo ahora», afirmó Sabag Montiel según surge del informe que fue requerido por el fiscal Carlos Rívolo en el marco del expediente que tramita ante el juzgado de la jueza María Eugenia Capuchetti.

El perfilado criminalístico realizado sobre Sabag Montiel a través de varias entrevistas, lleva la firma de un grupo de expertos en distintas disciplinas que forman parte de la Policía Federal Argentina (PFA) y fue elaborado en presencia de peritos de la querella, indicaron fuentes judiciales.

Las expresiones allí vertidas no tienen el valor de las que se sueltan en una declaración indagatoria y, menos aún, aquellas pronunciadas en un una declaración bajo promesa de decir verdad, pero podrían servirle al Ministerio Público Fiscal -que fue quien lo solicitó- cuando el caso llegue a juicio oral para referirse a los rasgos de personalidad del acusado.

El informe dice que «el sujeto conoce la prohibición de la norma», es decir que tiene claro cuáles son las acciones que implican la comisión de delitos, pero que «no la cumple por estar convencido de su acto» que tiene que ver con «hacer justicia»: conoce la criminalidad del acto que se le endilga y «no sufrió merma alguna» en sus capacidades mentales.

Los peritos que elaboraron el perfilado destacaron que, en el intento de autojustificar el hecho por el que se encuentra detenido, Sabag Monitel utilizó las frases «ajusticiar a una chorra» y «provocar una reacción en el pueblo».

Del informe incorporado al expediente surge que «las consecuencias de la acción» llevada a cabo el pasado 1° de septiembre «no fueron pensadas pero tampoco le interesaron» a Sabag Montiel quien, además, definió su actual estado de detención como «un aprendizaje».

«Para mi estar acá es un aprendizaje para poder tener introspección y analizar. Esto es un aprendizaje», afirmó el imputado que, según el informe, «cree que si bien la justicia es divina el paga por los errores de los demás y por los propios» y «se equipara con (Nelson) Mandela en su condición de recluso político».

En el análisis integrativo de la evaluación psicodiagnóstico de los peritos, se sostiene que su personalidad es la de quien busca impresionar a los observadores; mientras que en el pasaje referido a sus ideas políticas se señaló que no mantuvo ideas políticas en particular y que odia a toda la política.

El informe lo coloca como una persona con «normal» capacidad de atención cuyo curso de pensamiento es también «normal» con «tendencia marcada a la disgregación» y sostiene que tiene ideas fijas en temas de salud, con carácter hipocondríaco y mágico (hace referencia a que un cura le tocó el pecho y eso tendría algún efecto).

Télam pudo saber además que el perfilado realizado sobre Brenda Uliarte, detenida y procesada como coautora del intento de magnicidio, arrojó menos información porque ella adoptó una actitud poco colaborativa con los peritos, aunque se concluyó que atraviesa un cuadro depresivo.

Los perfilados fueron realizados con la aceptación de las respectivas defensas oficiales de los imputados, mientras que en el caso Nicolás Gabriel Carrizo, supuesto jefe de ambos en el emprendimiento de venta de copos de nieve y procesados en la causa como partícipe secundario, rechazó que se lo hicieran.

La información ingresó al expediente en la misma semana en la que la vicepresidenta Fernández de Kirchner, que reviste la calidad de víctima y querellante, adelantó a través de su cuenta personal en la red social Twitter que va a recusar a la jueza Capcuhetti.

La dos veces exmandataria lo adelantó a través de un video en el que se sostiene que la magistrada «paralizó y boicoteó la investigación» cuando «aparecieron las primeras pruebas que involucran a la política con el ataque».

La recusación estará basada en el manejo de la pista «Casablanca», abierta a partir del testimonio de un asesor del Frente de Todos en la cámara de diputados que dijo haber escuchado al diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, hacer un comentario sobre el ataque antes de que ocurriera.

El testigo, un colaborador del diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Marcos Cleri en el Congreso, declaró el 23 de septiembre: «Escucho con mis propios oídos que Milman dice ‘textual: cuando la maten yo estoy camino a la costa’ «.

A partir de esa declaración se inició un legajo de investigación reservado que permitió a la jueza Capuchetti y al fiscal Rívolo constatar a través de distintas medidas de prueba que el 30 de agosto (fecha señalada por el testigo) Milman había estado con dos colaboradoras (Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco) en la confitería Casablanca a la hora señalada en el testimonio.

Las diferencias entre la jueza y la querella surgieron el miércoles 26 de octubre cuando la magistrada se opuso a disponer la orden de secuestro de los teléfonos celulares de las dos colaboradoras que ese día concurrieron a los tribunales federales de Comodoro Py a declarar como testigos, algo que reclamó la querella.

Esta semana, los abogados que representan a la vicepresidenta en el expediente, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, volvieron a reclamar la realización de esa medida, pero esta vez ante la Cámara Federal porteña a aunque a sabiendas de que «si había una prueba, esa prueba se perdió», según afirmaron en la audiencia que presenció esta agencia.

«Intentar matar a Cristina Kirchner es un crimen político», sostuvo Ubeira en esa audiencia en la que remarcó que la investigación no puede detenerse cuando aparece una pista política, para luego aseverar que «todo lo que apunta (en las investigaciones judiciales) al ala derecha del PRO es borrado».

«Queremos explorar esta línea hasta las últimas consecuencias. Tenemos una sospecha fuerte, no podemos salir de esa sospecha si no se hacen las medidas», sostuvo allí el abogado Aldazabal que además explicó que no se busca conocer las comunicaciones privadas de las testigos sino saber si saber si existe en ellas alguna referencia al hecho que se investiga.

CABA

El exabrupto de Jorge Macri, pidió juicio político a la jueza De Marinis: “Esta sentencia está manchada de sangre”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, salió con dureza contra el fallo de la jueza Laura De Marinis que declaró inconstitucional el Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un adolescente de 14 años, e instruyó al ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, para que inicie de inmediato el proceso de juicio político contra la magistrada.

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El Argentino Diario-La jueza Laura De Marinis del Juzgado Penal Juvenil N.° 3 de la Ciudad de Buenos Aires-Jorge Macri.
Macri amenaza con juicio político a la jueza que frenó la baja de imputabilidad: la presión política sobre el Poder Judicial.

Pocas horas después de que se conociera el fallo que declaró la inconstitucionalidad del Régimen Penal Juvenil en un caso concreto, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires salió a la ofensiva con una retórica encendida que convirtió la decisión de una jueza de primera instancia en munición política. «Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político», afirmó Jorge Macri, quien instruyó al ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, para que avance en ese sentido.

La resolución cuestionada fue dictada el 21 de septiembre de 2026 por Laura De Marinis, titular del Juzgado de Primera Instancia Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, quien sobreseyó a un menor de 14 años acusado por robo en grado de tentativa y declaró inconstitucional el artículo de la Ley 27.801 que habilita el juzgamiento de adolescentes de esa edad. La magistrada aclaró que el fallo aplica exclusivamente para ese caso y no tiene alcance general.

«La gente de bien no puede seguir siendo rehén»

Macri usó sus redes sociales para citar la cobertura periodística del fallo y acompañó la publicación con una declaración directa: «Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia». Más tarde, en declaraciones televisivas, el mandatario amplió su posición con una retórica que opone, de manera sistemática, a víctimas y magistrados garantistas.

«La gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito. No voy a pedir perdón por defender a los porteños de bien», sostuvo. Y agregó que «si eso requiere la discusión política con la Justicia, lo voy a hacer, porque la inmensa mayoría de la sociedad quiere vivir en paz».

Macri calificó el fallo de «una barbaridad, una aberración» y acusó a De Marinis de extralimitarse en sus funciones. «Desgraciadamente, estamos acostumbrados a estos jueces que en lugar de respetar y hacer cumplir la ley, la quieren reinterpretar. Si quieren escribir leyes, tienen que ir al Congreso, tienen que ser diputados, senadores. Una vez que el marco legal está establecido, tienen que aplicar la ley», sentenció.

El argumento jurídico que Macri desestimó

El jefe de Gobierno también cuestionó la lógica interna del fallo, que en su argumentación señala que el sistema adulto no puede castigar a adolescentes por el desamparo al que el propio Estado los sometió desde la infancia. Para Macri, ese razonamiento es, en sí mismo, una contradicción: «La jueza dice que este chico está en una situación de indefensión, de riesgo, y lo vuelve a dejar en esa situación. Cuando la ley que se aprobó justamente permite que haya medidas de cuidado para el chico, podría ser desde tareas comunitarias hasta medidas de cuidado y de tratamiento».

«Esta ley tiene herramientas que le dan a esta jueza, si realmente le importa el chico, la posibilidad de protegerlo. La jueza deja a la sociedad en indefensión, porque acaba de dejar a un delincuente en libertad y deja a ese chico en la indefensión en la que ella misma describe: no hay racionalidad alguna», afirmó. Y cerró con una acusación que apunta a los motivos de la magistrada: «Parece que buscan notoriedad en la defensa de un garantismo, quedar bien, tratar de jugar para su propia tribuna. Acá hay una clara intencionalidad y un sesgo político que pone siempre al delincuente como víctima».

Juicio político como herramienta de presión política

La amenaza de juicio político a un juez por el contenido de una sentencia es, en sí misma, una señal de alarma para la independencia del Poder Judicial. El instituto del juicio político está previsto para casos de mal desempeño, delitos en el ejercicio de las funciones o crímenes comunes, no para sancionar interpretaciones jurídicas con las que el Poder Ejecutivo discrepa. Macri lo sabe, y aun así lo anuncia con énfasis: «Veremos quién levanta la mano y quién no para el juicio político. Lo bueno de esto es poner en blanco sobre negro y saber quién se para del lado de los delincuentes y quién se para del lado de los porteños de bien».

La frase revela la operación política detrás del anuncio: no se trata de una acusación jurídicamente fundada contra la jueza, sino de un mecanismo para instalar una grieta en términos morales y disciplinar al Poder Judicial ante fallos que contraríen la agenda de seguridad del oficialismo. El propio Macri anticipó que también apelará la resolución, lo que es la vía procesal correcta. Pero eligió comunicar primero la amenaza de juicio político, no el recurso de apelación.

No es un caso aislado. En la provincia de Buenos Aires, cuando la jueza Marta Pascual suspendió la aplicación del Régimen Penal Juvenil en septiembre, legisladores de La Libertad Avanza bonaerense también anunciaron pedidos de juicio político. El patrón se repite: un fallo que contraria la ley impulsada por el oficialismo, una reacción política inmediata que convierte a la magistrada en blanco, y la amenaza de destitución como señal intimidatoria al resto del Poder Judicial.

Lo que tenés que saber

  • Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, calificó el fallo de la jueza De Marinis como «una barbaridad, una aberración» y anunció el pedido de juicio político, instruyendo al ministro de Justicia Gabino Tapia.
  • La jueza Laura De Marinis declaró inconstitucional el artículo de la Ley 27.801 y sobreseyó a un menor de 14 años; el fallo tiene alcance exclusivamente para ese caso concreto.
  • Macri sostuvo que apelará la decisión, que es la vía procesal correcta, pero eligió anunciar primero el juicio político como mensaje político al Poder Judicial.
  • El juicio político está previsto para mal desempeño o delitos, no para sancionar interpretaciones jurídicas con las que el Ejecutivo discrepa.
  • El patrón se repitió en la provincia de Buenos Aires con la jueza Marta Pascual, también amenazada de juicio político tras suspender la misma ley en septiembre.
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