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Judiciales ⚖️

Pericia psicológica a Sabag Montiel: insólito, se comparó con Mandela

El perfil criminalístico del autor material del atentado contra la vicepresidenta fue incorporado esta semana al expediente judicial y en el se consigna que es «narcisista» y que minimiza el ataque a Cristina.

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Por Ariel Zak

Fernando André Sabag Montiel (35), el hombre que intentó asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, afirmó que «el acto fue más simple de lo que todos creen», que nadie se lo dijo y que «no tiene tanta mística», según surge del perfilado criminalístico que fue incorporado esta semana al expediente judicial, en el que se consignó que el atacante es «narcisista» y se compara con el expresidente sudafricano Nelson Mandela.

La afirmación forma parte de un informe en el que intervinieron médicos legistas, psicólogos, psiquiatras; no implica una confesión, y, si bien robustece la idea de que los atacantes pudieron haber actuado solos, no conduce a los investigadores a abandonar las pistas que tienden a determinar si alguien lo manipuló, afirmaron fuentes judiciales.

Su referencia al intento de magnicidio llama la atención dado que hasta el momento Sabag Montiel nunca quiso declarar en indagatoria -el principal acto de defensa- y solo se había limitado a decir: «Brenda (Uliarte) no tuvo nada que ver y yo tampoco», en referencia a su pareja, procesada como coautora del homicidio en grado de tentativa.

Para los investigadores sigue despertando más interés el perfil de Uliarte, que aparece como quien pudo haber manipulado a Sabag Montiel y como aquella que podría tener otro tipo de conexiones: de hecho creen que fue ella la que le hizo escribir una carta pidiendo que el dirigente de la Nueva Centro Derecha Hernán Carrol le designara un nuevo abogado.

El estudio, que tiene por objetivo poder meterse dentro de la mente del criminal para analizar sus actos, determinó que Sabag Montiel tiene una personalidad «narcisista», que en su actitud se destaca la «pedantería» y la «vanidad», y que su discurso es «engorroso, extravagante y tedioso», según pudo reconstruir Télam de fuentes con acceso al expediente.

«El acto fue simple. Es más simple de lo que todos creen. No me dijo nadie. No tiene tanta mística, yo estoy tranquilo ahora», afirmó Sabag Montiel según surge del informe que fue requerido por el fiscal Carlos Rívolo en el marco del expediente que tramita ante el juzgado de la jueza María Eugenia Capuchetti.

El perfilado criminalístico realizado sobre Sabag Montiel a través de varias entrevistas, lleva la firma de un grupo de expertos en distintas disciplinas que forman parte de la Policía Federal Argentina (PFA) y fue elaborado en presencia de peritos de la querella, indicaron fuentes judiciales.

Las expresiones allí vertidas no tienen el valor de las que se sueltan en una declaración indagatoria y, menos aún, aquellas pronunciadas en un una declaración bajo promesa de decir verdad, pero podrían servirle al Ministerio Público Fiscal -que fue quien lo solicitó- cuando el caso llegue a juicio oral para referirse a los rasgos de personalidad del acusado.

El informe dice que «el sujeto conoce la prohibición de la norma», es decir que tiene claro cuáles son las acciones que implican la comisión de delitos, pero que «no la cumple por estar convencido de su acto» que tiene que ver con «hacer justicia»: conoce la criminalidad del acto que se le endilga y «no sufrió merma alguna» en sus capacidades mentales.

Los peritos que elaboraron el perfilado destacaron que, en el intento de autojustificar el hecho por el que se encuentra detenido, Sabag Monitel utilizó las frases «ajusticiar a una chorra» y «provocar una reacción en el pueblo».

Del informe incorporado al expediente surge que «las consecuencias de la acción» llevada a cabo el pasado 1° de septiembre «no fueron pensadas pero tampoco le interesaron» a Sabag Montiel quien, además, definió su actual estado de detención como «un aprendizaje».

«Para mi estar acá es un aprendizaje para poder tener introspección y analizar. Esto es un aprendizaje», afirmó el imputado que, según el informe, «cree que si bien la justicia es divina el paga por los errores de los demás y por los propios» y «se equipara con (Nelson) Mandela en su condición de recluso político».

En el análisis integrativo de la evaluación psicodiagnóstico de los peritos, se sostiene que su personalidad es la de quien busca impresionar a los observadores; mientras que en el pasaje referido a sus ideas políticas se señaló que no mantuvo ideas políticas en particular y que odia a toda la política.

El informe lo coloca como una persona con «normal» capacidad de atención cuyo curso de pensamiento es también «normal» con «tendencia marcada a la disgregación» y sostiene que tiene ideas fijas en temas de salud, con carácter hipocondríaco y mágico (hace referencia a que un cura le tocó el pecho y eso tendría algún efecto).

Télam pudo saber además que el perfilado realizado sobre Brenda Uliarte, detenida y procesada como coautora del intento de magnicidio, arrojó menos información porque ella adoptó una actitud poco colaborativa con los peritos, aunque se concluyó que atraviesa un cuadro depresivo.

Los perfilados fueron realizados con la aceptación de las respectivas defensas oficiales de los imputados, mientras que en el caso Nicolás Gabriel Carrizo, supuesto jefe de ambos en el emprendimiento de venta de copos de nieve y procesados en la causa como partícipe secundario, rechazó que se lo hicieran.

La información ingresó al expediente en la misma semana en la que la vicepresidenta Fernández de Kirchner, que reviste la calidad de víctima y querellante, adelantó a través de su cuenta personal en la red social Twitter que va a recusar a la jueza Capcuhetti.

La dos veces exmandataria lo adelantó a través de un video en el que se sostiene que la magistrada «paralizó y boicoteó la investigación» cuando «aparecieron las primeras pruebas que involucran a la política con el ataque».

La recusación estará basada en el manejo de la pista «Casablanca», abierta a partir del testimonio de un asesor del Frente de Todos en la cámara de diputados que dijo haber escuchado al diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, hacer un comentario sobre el ataque antes de que ocurriera.

El testigo, un colaborador del diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Marcos Cleri en el Congreso, declaró el 23 de septiembre: «Escucho con mis propios oídos que Milman dice ‘textual: cuando la maten yo estoy camino a la costa’ «.

A partir de esa declaración se inició un legajo de investigación reservado que permitió a la jueza Capuchetti y al fiscal Rívolo constatar a través de distintas medidas de prueba que el 30 de agosto (fecha señalada por el testigo) Milman había estado con dos colaboradoras (Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco) en la confitería Casablanca a la hora señalada en el testimonio.

Las diferencias entre la jueza y la querella surgieron el miércoles 26 de octubre cuando la magistrada se opuso a disponer la orden de secuestro de los teléfonos celulares de las dos colaboradoras que ese día concurrieron a los tribunales federales de Comodoro Py a declarar como testigos, algo que reclamó la querella.

Esta semana, los abogados que representan a la vicepresidenta en el expediente, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, volvieron a reclamar la realización de esa medida, pero esta vez ante la Cámara Federal porteña a aunque a sabiendas de que «si había una prueba, esa prueba se perdió», según afirmaron en la audiencia que presenció esta agencia.

«Intentar matar a Cristina Kirchner es un crimen político», sostuvo Ubeira en esa audiencia en la que remarcó que la investigación no puede detenerse cuando aparece una pista política, para luego aseverar que «todo lo que apunta (en las investigaciones judiciales) al ala derecha del PRO es borrado».

«Queremos explorar esta línea hasta las últimas consecuencias. Tenemos una sospecha fuerte, no podemos salir de esa sospecha si no se hacen las medidas», sostuvo allí el abogado Aldazabal que además explicó que no se busca conocer las comunicaciones privadas de las testigos sino saber si saber si existe en ellas alguna referencia al hecho que se investiga.

Educación

Milei lleva la Ley de Financiamiento Universitario a la Corte para intentar frenarla

Luego de acumular dos derrotas judiciales consecutivas, el Ejecutivo presentó un recurso extraordinario ante la Cámara Federal para intentar que el máximo tribunal suspenda la norma. Si el tribunal rechaza el pedido, el Gobierno tiene previsto recurrir en queja directamente ante la Corte Suprema.

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El Argentino Diario-UBA-Aumento Salarial-Docentes universitarios.

El Gobierno busca llegar a la Corte para suspender la Ley de Financiamiento Universitario

El gobierno de Javier Milei presentó un recurso extraordinario federal ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal para que el expediente sea elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (Nº 27.795), según confirmaron fuentes oficiales.

La maniobra llega luego de dos fallos adversos consecutivos: en primera instancia, el juez federal Enrique Cormick declaró que el Decreto 759/2025, con el cual el Ejecutivo había suspendido la ejecución de la norma, tenía rasgos de «arbitrariedad e ilegalidad manifiesta»; y el 31 de marzo de 2026, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, integrada por los magistrados Sergio Fernández y Jorge Morán, confirmó la medida cautelar y rechazó la apelación del Gobierno al calificar sus argumentos de «poco serios».

Si la Cámara Federal acepta el recurso extraordinario, el expediente pasará a la Corte Suprema, que tendrá la última palabra. En caso contrario, el oficialismo no descarta presentar un recurso en queja directamente ante el máximo tribunal para forzar su intervención.

https://elargentinodiario.com.ar/zona-destacada/17/04/2026/reforma-laboral-el-gobierno-acudio-a-la-corte-con-un-per-saltum-para-destrabar-la-ley/

La historia de una ley vetada, insistida y aun incumplida

La Ley 27.795 fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto de 2025 y vetada de manera total por el presidente Milei el 11 de septiembre. Sin embargo, el Senado y la Cámara de Diputados insistieron en su sanción, dejando sin efecto el veto con los dos tercios requeridos constitucionalmente. En el último día del plazo legal, en octubre de 2025, el Ejecutivo se vio obligado a promulgarla; pero en lugar de aplicarla, dictó el Decreto 759/2025, que subordinó su implementación a la previa definición de fuentes presupuestarias específicas, apoyándose en la Ley de Administración Financiera 24.629.

La norma obliga al Gobierno a actualizar retroactivamente los sueldos de docentes y no docentes universitarios desde diciembre de 2023, según la variación del IPC (Índice de Precios al Consumidor), y a recomponer los programas de becas estudiantiles. Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las transferencias a universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios docentes crecieron un 158% mientras la inflación acumulada alcanzó el 280%, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo del 32%, equivalente a la pérdida de más de siete salarios mensuales.

El argumento fiscal versus el mandato constitucional

La estrategia del oficialismo se asienta en un único argumento: la aplicación de la ley pondría en riesgo el equilibrio fiscal, que el Gobierno presenta como su principal logro de gestión. Estiman que el costo de cumplir la norma asciende a 2,5 billones de pesos, en línea con lo que el sindicato docente de la UBA calculó en 2,734 billones.

Sin embargo, la Justicia ya rechazó ese razonamiento en dos instancias. La Cámara subrayó que el impacto fiscal de la medida ronda apenas el 0,23% del PBI, que la ley fue ratificada por dos tercios de ambas cámaras del Congreso y que la insistencia legislativa prevista en el artículo 83 de la Constitución Nacional obliga al Ejecutivo a ejecutar la norma sin margen para suspenderla mediante un decreto. El tribunal también estableció un principio clave: una ley posterior aprobada por el Congreso puede desplazar válidamente a una anterior, lo que derrumba el escudo jurídico del Decreto 759/2025.

En este contexto, la estrategia de recurrir a la Corte por vía del recurso extraordinario es la última carta disponible. Según fuentes del ámbito constitucional citadas por La Nación, es poco probable que el tribunal acceda a conceder el recurso, ya que uno de los requisitos es que exista una sentencia definitiva o equiparable, condición que una medida cautelar no cumple. Los propios especialistas advirtieron que la Corte tiene antecedentes de no expedirse sobre cautelares por no constituir sentencias definitivas.

Una táctica judicial que se vuelve patrón

El recurso por el financiamiento universitario no es un hecho aislado en la estrategia judicial del Ejecutivo libertario. Como informó este medio el 17 de abril de 2026, el mismo día en que se conoció esta presentación, el Gobierno acudió a la Corte Suprema a través de un per saltum para intentar destrabar la Ley de Reforma Laboral (Nº 27.802), cuya aplicación también fue frenada judicialmente luego de una demanda de la Confederación General del Trabajo (CGT). En ambos casos, el patrón es idéntico: el Ejecutivo aprueba o aplica normas que generan rechazo judicial o social, y cuando la Justicia ordena su suspensión o su cumplimiento, escala el conflicto hacia la Corte en lugar de acatar los fallos de las instancias inferiores.

La diferencia es que en el caso universitario el Gobierno no quiere que se aplique una ley que le ordenan cumplir; en el laboral, quiere que se aplique una ley que le ordenaron suspender. En los dos escenarios, el Ejecutivo convierte a la Corte Suprema en la arena donde dilata el cumplimiento del ordenamiento jurídico.

Puntos clave

  • El Gobierno presentó un recurso extraordinario ante la Cámara Federal para intentar que la Corte Suprema suspenda la Ley de Financiamiento Universitario (Nº 27.795).
  • Dos fallos judiciales consecutivos ya ordenaron al Ejecutivo cumplir la norma; la Cámara calificó los argumentos del Estado de «poco serios».
  • La ley fue aprobada por el Congreso, vetada por Milei, insistida con dos tercios y promulgada en octubre de 2025; pero nunca fue aplicada.
  • El Gobierno estima el costo de cumplimiento en 2,5 billones de pesos; la Justicia lo redujo a un impacto del 0,23% del PBI.
  • Si la Cámara rechaza el recurso extraordinario, el oficialismo prevé ir en queja ante la Corte Suprema para forzar su intervención.

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