Judiciales ⚖️
Fiscalía pide 12 años para funcionarios que convirtieron una cárcel en «kiosco» de drogas
La justicia solicitó condenas de entre 6 y 12 años para funcionarios y familiares acusados de convertir la Unidad Carcelaria 1 en un «kiosco» de drogas. El caso expone una sistemática violación de derechos humanos dentro del sistema penitenciario provincial.
⬛ La justicia solicitó condenas de entre 6 y 12 años para funcionarios y familiares acusados de convertir la Unidad Carcelaria 1 en un «kiosco» de drogas. El caso expone una sistemática violación de derechos humanos dentro del sistema penitenciario provincial.
La Fiscalía de Salta concluyó sus alegatos pidiendo penas de prisión de entre 6 y 12 años para los imputados en el juicio por la red narcocriminal que operaba dentro de la Unidad Carcelaria 1. En el banquillo de los acusados se encuentran funcionarios del servicio penitenciario, presos y familiares de internos, todos señalados por integrar una asociación ilícita destinada a comercializar estupefacientes dentro del penal.
La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio fue contundente durante la segunda jornada de alegatos del Ministerio Público Fiscal: «Cada testimonio y cada prueba presentada durante el juicio conducen a una conclusión inequívoca: en la Unidad Carcelaria 1 existió una asociación ilícita destinada a comercializar estupefacientes dentro del penal y a cometer exacciones ilegales».
Un sistema criminal con jerarquías definidas
Según la acusación fiscal, los imputados no actuaron de manera aislada sino que conformaron una estructura organizativa con distribución de tareas y jerarquías claramente establecidas. La investigación reveló que el grupo tenía dos objetivos centrales: la venta de drogas dentro del penal y la obtención de beneficios económicos a través de exacciones ilegales.
«La conducta de los acusados no responde a hechos aislados ni eventuales, sino que forma parte de un entramado organizado y sostenido en el tiempo», sostuvo la fiscalía durante sus alegatos, basándose en testimonios y prueba documental recolectada durante la investigación.
Los fiscales remarcaron que los funcionarios penitenciarios «se apartaron deliberadamente de toda la normativa que rige la función y misión del Servicio Penitenciario», transformando la cárcel en lo que calificaron como un «kiosco» donde se comercializaban sustancias prohibidas.
«Extrema gravedad institucional»
El procurador general Pedro García Castiella cerró los alegatos del Ministerio Público Fiscal subrayando la dimensión del caso. En su intervención, destacó que «las conductas imputadas constituyen, no solo delitos contra la administración pública y delitos económicos, sino que también implican una sistemática y reiterada vulneración de derechos humanos, atentando contra la dignidad de las personas privadas de libertad».
García Castiella definió el caso como de «extrema gravedad institucional» por la sistemática violación de derechos humanos dentro del sistema penitenciario provincial.
Las penas solicitadas
La Fiscalía pidió las siguientes condenas para cada uno de los acusados:
12 años de prisión efectiva: Francisco Arturo Bisceglia
11 años y 8 meses: Sergio Faustino Moya
9 años y 6 meses: Manuel Méndez y Héctor Gustavo Banega
9 años: Marcos Matías Bucotich García, José Luis Alarcón y María Inés Méndez
8 años y 6 meses: Raúl Antonio Arjona y Luis Roberto Castaño
7 años y 6 meses: María Cristina Galindo
7 años: Ivana Marcela Gutiérrez
6 años: Marcelo Olguín Magno, Nicole Judith Ana Luna y Patricia Daiana del Rosario Flores
5 años: Rubén Antonio Guaymás
2 años: Baldomero Darío Córdoba
1 año: Andrea Abigail Alba
La Fiscalía retiró la acusación contra Josué Joel Valencia y Silvana Valeria Avendaño.
El caso pone en evidencia las graves falencias del sistema penitenciario salteño y plantea interrogantes sobre los mecanismos de control interno en las cárceles provinciales. La causa continuará con los alegatos de las defensas antes de que el tribunal dicte sentencia.
Puntos clave:
- La Fiscalía de Salta pidió penas de entre 6 y 12 años para 16 acusados de integrar una red narcocriminal en la Unidad Carcelaria 1
- Los imputados incluyen funcionarios penitenciarios, presos y familiares de internos
- La acusación sostiene que convirtieron la cárcel en un «kiosco» de drogas con estructura jerárquica definida
- El procurador calificó el caso como de «extrema gravedad institucional» por violación sistemática de derechos humanos
- La pena más alta solicitada es de 12 años para Francisco Arturo Bisceglia
Judiciales ⚖️
El juez Mahiques denuncia “persecución mediática” y amenaza con querellar a periodistas críticos
El padre del ministro de Justicia denunció «acoso y persecución mediática» ante el tribunal de Diego Barroetaveña. Pero el historial del magistrado habla por sí solo: un vuelo privado con directivos del Grupo Clarín a la mansión de Joe Lewis, un operativo de encubrimiento con facturas apócrifas, una cumpleaños en la quinta del tesorero de la AFA mientras tramitaba su causa, y un hijo ministro que le extendió el mandato por cinco años más. El «Partido Judicial» en su versión más cruda.
Del avión de Clarín a la quinta de Toviggino: el historial del juez que ahora denuncia “persecución mediática”
★ El juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques, presentó esta semana ante el tribunal presidido por Diego Barroetaveña un escrito en el que denuncia haber sufrido «acoso y persecución mediática» por parte de colegas del Poder Judicial y de periodistas que trabajan con fuentes reservadas. Calificó ese vínculo como «promiscuidad informativa», lo definió como una práctica «oportunista y mercenaria» y advirtió que podría iniciar acciones penales contra comunicadores que difundan información que considera falsa. La presentación es llamativa en sus términos. Pero lo que resulta verdaderamente revelador es el contexto que la rodea: el magistrado tiene un prontuario de episodios que ninguna denuncia formal puede borrar.
El vuelo del «lawfare»: Bariloche, Joe Lewis y los directivos de Clarín
El capítulo más documentado del historial de Mahiques es el que hoy los involucrados prefieren no mencionar. El 13 de octubre de 2022, un vuelo privado operado por la empresa Flyzar partió desde el aeropuerto de San Fernando con rumbo a Bariloche. A bordo viajaban, según consta en los registros oficiales incorporados al expediente judicial, el propio Carlos Mahiques, su hijo Juan Bautista Mahiques (entonces Fiscal General de la Ciudad), los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials, el ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, el exdirector de asuntos jurídicos de la ex SIDE Leonardo Bergroth y el consultor en campañas digitales Tomás Reinke. El destino final era la mansión del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido, un enclave patagónico cuyo acceso al agua pública lleva años siendo disputado por comunidades locales y organismos estatales.
En el aeropuerto de Bariloche, la comitiva fue recibida por Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín, y Pablo Casey, sobrino del fundador Héctor Magnetto y director de Asuntos Legales e Institucionales del grupo mediático. Ambos directivos no habrían viajado en el mismo vuelo, pero las imágenes captadas por las cámaras del aeropuerto los muestran subiendo juntos a los vehículos con el resto del grupo, según describió la fiscal federal María Cándida Etchepare en su requerimiento de instrucción. La financiación del vuelo nunca fue aclarada: los pagos figuraron como efectuados en efectivo y el mismo día del traslado, según el mismo documento judicial.
Chats filtrados y el plan para encubrir la causa
Lo que siguió al viaje fue tan grave como el viaje mismo. Cuando el 17 de octubre de 2022 la prensa reveló el episodio, los participantes crearon grupos de Telegram para coordinar una respuesta. Según informó el sitio Litigio, fue Juan Bautista Mahiques quien ocupó un rol central en el armado de una cobertura documental falsa: los participantes acordaron juntar dinero para respaldar facturas apócrifas preparadas con fecha anterior, que la empresa que los trasladó emitiría comprobantes retroactivos y que el administrador de la estancia, Nicolás Van Ditmar, representante de Joe Lewis, haría una declaración por videoconferencia confirmando los detalles ficticios. La causa, que se había abierto y avanzado en el juzgado federal de Bariloche ante la jueza Silvina Domínguez, fue derivada exactamente a donde el grupo había discutido que convenía: Comodoro Py. Allí fue declarada nula y todos los imputados quedaron sobreseídos.
Mientras tanto, la presidencia de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó por escrito a la magistrada de Bariloche que Carlos Mahiques no había informado el viaje, no había pedido autorización, no estaba de licencia los días 13, 14 y 15 de octubre y no había justificado su inasistencia. Ese mismo día, según estableció El Destape, el magistrado firmó 13 resoluciones desde tribunales, lo que generó además una denuncia penal por presunto falseamiento de documento público presentada por una familiar de las víctimas del ARA San Juan.
Macri lo puso «a dedo»: la génesis del problema
El origen del poder institucional de Carlos Mahiques tiene una fecha precisa. En 2018, el entonces presidente Mauricio Macri lo trasladó a la Cámara Federal de Casación Penal mediante un mecanismo que el bloque kirchnerista calificó siempre de inconstitucional: sin concurso específico para ese cargo y por decisión directa del Ejecutivo. El senador Martín Soria lo definió en la audiencia de abril de 2026 como parte de «un grupo selecto que fue trasladado sin concursar a la máxima instancia jurisdiccional en materia penal federal», en referencia al conjunto de magistrados que el macrismo posicionó estratégicamente en el fuero que concentra las causas de mayor impacto político del país. La expresión que circula en los pasillos judiciales, «Comodoro Pro», sintetiza ese proceso de colonización sistemática del poder judicial por parte del espacio político que hoy se llama PRO.
El cumpleaños en la quinta de Toviggino y los lazos con la AFA
El segundo frente de exposición de Mahiques es más reciente. En febrero de 2026, la prensa reveló que el magistrado celebró su cumpleaños en una quinta vinculada a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en medio del proceso judicial que avanza sobre las finanzas y la gestión de la entidad. El dato es jurídicamente crítico: un juez con competencia sobre una causa no puede mantener vínculos sociales con personas investigadas o su entorno inmediato sin comprometer la imparcialidad del proceso. Tras la difusión de esas publicaciones, Mahiques renunció a la subrogancia que ejercía en la Sala I de Casación, el mismo tribunal que tiene pendiente pronunciarse en causas vinculadas a la propiedad de Toviggino, según publicó el portal Política y Medios.
Este diario documentó oportunamente que los lazos de la familia Mahiques con la cúpula de la AFA no se limitan al magistrado. Juan Bautista Mahiques, actual ministro de Justicia de la Nación, figura en documentación oficial como vicerrector de la UNAFA (Universidad de Fútbol Argentino), aunque según informó elDiarioAR desistió del cargo. Su hermano Esteban integra el Tribunal de Disciplina de la AFA. El entramado familiar configura una red de conflictos cruzados que ninguno de los tres ha explicado con claridad.
El hijo ministro y la prórroga del mandato paterno
El episodio más reciente y quizás el más ilustrativo de la cultura institucional del clan Mahiques es la extensión del mandato judicial. Carlos Mahiques cumple 75 años el 1° de noviembre próximo, la edad límite para ejercer la magistratura sin renovación expresa. Fue su hijo, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, quien impulsó el pliego para extender ese mandato por cinco años adicionales. El Senado aprobó la prórroga el 14 de mayo de 2026 por 58 votos a favor y 11 en contra, con el apoyo del oficialismo, la UCR, el PRO y sectores del peronismo aliado al Gobierno. El kirchnerismo votó en contra y rechazó el pliego por carecer, según sus propias palabras, de «las condiciones éticas, constitucionales y jurídicas para ocupar una magistratura».
Según publicó la revista Acción, fuentes del Consejo de la Magistratura advirtieron que la suma de la prórroga paterna y el control de 144 vacantes judiciales en manos del ministro podría abrir una nueva «hegemonía» del clan Mahiques sobre los tribunales clave del país, incluyendo la Cámara Federal de Casación Penal y la Cámara Federal revisora de Comodoro Py.
La denuncia como operación de presión
Leída en ese contexto, la presentación de Mahiques ante Barroetaveña no puede evaluarse exclusivamente como un reclamo ante el hostigamiento mediático. Sus cuestionamientos a periodistas que trabajan con fuentes reservadas, su propuesta de sancionar ese tipo de relación entre Justicia y prensa, y su amenaza de querellas penales contra comunicadores críticos configuran, en los hechos, una operación de intimidación sobre la cobertura de sus propios conflictos de interés.
La paradoja es transparente y no requiere mayor elaboración: el juez que denuncia «promiscuidad informativa» entre el Poder Judicial y los medios de comunicación es el mismo magistrado que voló en el avión privado de Clarín a la mansión de Joe Lewis, que coordinó con directivos del grupo la estrategia de encubrimiento posterior y que llegó a su cargo gracias a un traslado «a dedo» dispuesto por Mauricio Macri. El «Partido Judicial» no es una metáfora: tiene nombres, vuelos, chats y decretos.
Puntos clave
- El 13 de octubre de 2022, Carlos Mahiques viajó en un vuelo privado junto a su hijo, otros jueces, funcionarios del macrismo y directivos del Grupo Clarín a la mansión del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido, sin informar ni pedir licencia a su tribunal.
- Chats filtrados revelaron que Juan Bautista Mahiques coordinó una cobertura documental falsa para encubrir el viaje; la causa fue derivada a Comodoro Py, donde fue anulada y todos los imputados sobreseídos.
- Carlos Mahiques llegó a la Cámara Federal de Casación Penal en 2018 mediante un traslado «a dedo» dispuesto por Mauricio Macri, sin concurso específico para el cargo.
- En febrero de 2026 se reveló que el magistrado festejó su cumpleaños en una quinta vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, en medio de la investigación judicial sobre la entidad.
- Su hijo, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, impulsó la prórroga del mandato paterno por cinco años, aprobada por el Senado el 14 de mayo de 2026 con 58 votos a favor.
-
Educación3 díasBecas Progresar congeladas: el Gobierno Milei excluye a los estudiantes de los aumentos de ANSES
-
AMBA6 díasChau niebla: así estará el clima en Buenos Aires este viernes
-
Economía 💲5 díasRetroceso histórico: el salario mínimo bajo Milei vale menos que antes de la crisis de 2001
-
Femicidio3 díasCaso Agostina Vega: imputaron a Barrelier por femicidio tras detectar en la autopsia asfixia mecánica
-
Actualidad5 díasBronca y movilización en Córdoba por el femicidio Agostina Vega
-
Televisión5 díasCharlotte Caniggia al límite: advertida por Gran Hermano y al borde de abandonar la casa
-
Política 📢7 díasCon la nuestra: el Gobierno le pagó USD 148.000 a empresa del presidente de River por hacer “prensa turística”
-
Goles! ⚽4 díasLa Selección argentina viaja a Kansas City en el vuelo AR1978 para defender la bandera en el Mundial 2026
