⬛ La justicia solicitó condenas de entre 6 y 12 años para funcionarios y familiares acusados de convertir la Unidad Carcelaria 1 en un «kiosco» de drogas. El caso expone una sistemática violación de derechos humanos dentro del sistema penitenciario provincial.

La Fiscalía de Salta concluyó sus alegatos pidiendo penas de prisión de entre 6 y 12 años para los imputados en el juicio por la red narcocriminal que operaba dentro de la Unidad Carcelaria 1. En el banquillo de los acusados se encuentran funcionarios del servicio penitenciario, presos y familiares de internos, todos señalados por integrar una asociación ilícita destinada a comercializar estupefacientes dentro del penal.

La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio fue contundente durante la segunda jornada de alegatos del Ministerio Público Fiscal: «Cada testimonio y cada prueba presentada durante el juicio conducen a una conclusión inequívoca: en la Unidad Carcelaria 1 existió una asociación ilícita destinada a comercializar estupefacientes dentro del penal y a cometer exacciones ilegales».

Un sistema criminal con jerarquías definidas

Según la acusación fiscal, los imputados no actuaron de manera aislada sino que conformaron una estructura organizativa con distribución de tareas y jerarquías claramente establecidas. La investigación reveló que el grupo tenía dos objetivos centrales: la venta de drogas dentro del penal y la obtención de beneficios económicos a través de exacciones ilegales.

«La conducta de los acusados no responde a hechos aislados ni eventuales, sino que forma parte de un entramado organizado y sostenido en el tiempo», sostuvo la fiscalía durante sus alegatos, basándose en testimonios y prueba documental recolectada durante la investigación.

Los fiscales remarcaron que los funcionarios penitenciarios «se apartaron deliberadamente de toda la normativa que rige la función y misión del Servicio Penitenciario», transformando la cárcel en lo que calificaron como un «kiosco» donde se comercializaban sustancias prohibidas.

«Extrema gravedad institucional»

El procurador general Pedro García Castiella cerró los alegatos del Ministerio Público Fiscal subrayando la dimensión del caso. En su intervención, destacó que «las conductas imputadas constituyen, no solo delitos contra la administración pública y delitos económicos, sino que también implican una sistemática y reiterada vulneración de derechos humanos, atentando contra la dignidad de las personas privadas de libertad».

García Castiella definió el caso como de «extrema gravedad institucional» por la sistemática violación de derechos humanos dentro del sistema penitenciario provincial.

Las penas solicitadas

La Fiscalía pidió las siguientes condenas para cada uno de los acusados:

12 años de prisión efectiva: Francisco Arturo Bisceglia

11 años y 8 meses: Sergio Faustino Moya

9 años y 6 meses: Manuel Méndez y Héctor Gustavo Banega

9 años: Marcos Matías Bucotich García, José Luis Alarcón y María Inés Méndez

8 años y 6 meses: Raúl Antonio Arjona y Luis Roberto Castaño

7 años y 6 meses: María Cristina Galindo

7 años: Ivana Marcela Gutiérrez

6 años: Marcelo Olguín Magno, Nicole Judith Ana Luna y Patricia Daiana del Rosario Flores

5 años: Rubén Antonio Guaymás

2 años: Baldomero Darío Córdoba

1 año: Andrea Abigail Alba

La Fiscalía retiró la acusación contra Josué Joel Valencia y Silvana Valeria Avendaño.

El caso pone en evidencia las graves falencias del sistema penitenciario salteño y plantea interrogantes sobre los mecanismos de control interno en las cárceles provinciales. La causa continuará con los alegatos de las defensas antes de que el tribunal dicte sentencia.

Puntos clave:

• La Fiscalía de Salta pidió penas de entre 6 y 12 años para 16 acusados de integrar una red narcocriminal en la Unidad Carcelaria 1
• Los imputados incluyen funcionarios penitenciarios, presos y familiares de internos
• La acusación sostiene que convirtieron la cárcel en un «kiosco» de drogas con estructura jerárquica definida
• El procurador calificó el caso como de «extrema gravedad institucional» por violación sistemática de derechos humanos
• La pena más alta solicitada es de 12 años para Francisco Arturo Bisceglia