Por Santiago Rey

El Tribunal Oral Federal que lleva adelante el juicio por el homicidio del joven mapuche Rafael Nahuel, ocurrido en 2017 en Bariloche, resolvió este martes hacer una nueva inspección ocular en el lugar de los hechos con los cinco miembros de Prefectura acusados del hecho.

Con esta medida de prueba, solicitada por el Ministerio Público y que se concretará en noviembre, se intentará determinar el sitio exacto de los disparos que efectuaron los uniformados.

La nueva inspección ocular se realizará casi seis años después de la muerte del joven, según lo dispuesto por el TOF de General Roca a cargo de la instancia oral y pública del juicio que se sigue a cinco integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina.

El asesinato de Nahuel ocurrió el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi, en las inmediaciones de Bariloche, en tierras en las que se había instalado la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu.

El pedido para llevar a cabo una nueva inspección del territorio había sido presentado hace una semana por el fiscal Rafael Vehils Ruiz, quien consideró necesaria esa diligencia para «comprender detalles que surgieron de los testimonios» realizados por los testigos pertenecientes a diversas fuerzas de seguridad que estuvieron en el lugar y que no se encuentran imputados.

Vehils Ruiz pidió también que estén presentes los cinco procesados, «para que den detalles de dónde estaban en cada uno de los momentos» en los que transcurrió la agresión contra los integrantes de la comunidad mapuche.

Así, de acuerdo a lo que resolvió hoy el TOF, en la nueva inspección ocular a realizarse en noviembre podrían participar el miembro del grupo Albatros Sergio Cavia, procesado por «homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa», como también sus pares Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García, quienes fueron procesados como «partícipes necesarios» por los delitos mencionados.

También serían parte de la diligencia dos testigos claves, Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca, quienes estaban junto a Nahuel cuando recibió el disparo, por lo que improvisaron una camilla para descenderlo hasta la ruta en búsqueda de atención médica.

Las querellas que representan a la familia, a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Bariloche y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación acompañaron el pedido del fiscal y valoraron la posibilidad de volver a ubicar en el terreno junto a los protagonistas del hecho.

El representante de la Secretaría, Mariano Przybylski, dijo a Télam que por geo referenciación «ya están ubicados los puntos donde se realizaron los disparos por parte de los integrantes del grupo Albatros», y que le parece «necesario que el Tribunal observe las características del terreno».

Sobre la topografía del lugar, Przybylski sostuvo que la distancia de cien metros en la que aparecieron dispersas las vainas de los proyectiles debe ser entendida como una extensión mayor, en razón de los accidentes del terreno.

«Caminando son mucho más, ya que se trata de un sendero zigzagueante y con muchos obstáculos», puntualizó.

En cuanto al pedido de hacer una nueva inspección ocular, el abogado Marcelo Rocchetti, defensor de los prefectos Cavia, Pintos y Sosa, se opuso a la solicitud por considerarla «extemporánea e innecesaria».

Además, dijo que la inspección es «propia de la (etapa de) instrucción» y que el terreno en la que se realizará es «agreste, boscoso, salvaje que muta en forma permanente». «Estamos a cinco años de un hecho ocurrido en un lugar cuya vegetación no paró de crecer y esas acciones van a hacer que sea absolutamente distinto de aquel del que se sucedieron los hechos», objetó Rocchetti, y adelantó que sus defendidos no participarán de la diligencia.

En cualquier caso, la estrategia del abogado estará sujeta al resultado de las próximas declaraciones de los testigos.

La primera inspección ocular se realizó el 12 de diciembre de 2017 y arrojó como principal resultado la recolección de 32 vainas correspondientes a disparos efectuados con proyectiles 9 milímetros, todos ellos pertenecientes a las dos armas que portaban los efectivos del grupo Albatros: pistolas Beretta y subfusiles MP5.

También pudo determinarse que esos disparos con munición letal fueron realizados aproximadamente a partir de los mil metros de la ruta, donde se inició la inspección.

Los proyectiles fueron hallados, desperdigados, a lo largo de unos 100 metros de distancia, lo que para las querellas demuestra que existió una persecución por parte de los uniformados sobre los miembros de la comunidad mapuche.

Oportunamente, el perito Enrique Prueger, quien participó de la primera inspección, detalló que en el terreno y en los árboles no se encontraron rastros de otros disparos que no fueran los realizados por los prefectos.

El acta de la pericia del 12 de diciembre de 2017 correspondiente a la Policía Federal -a la que accedió Télam- determinó que el lugar no fue había sido preservado correctamente desde el momento del hecho -el 25 de noviembre de ese año-; también determinó con datos geo referenciales la ubicación precisa de las vainas encontradas.

Aquel acta de la pericia, por último, aclaró finalmente que por no contar con información complementaria no se podía establecer la distancia entre el disparo y la víctima, ni tampoco la dirección del proyectil mortal.

Esta mañana, en la novena audiencia del juicio, declararon además dos licenciados en criminalística que participaron como peritos en la tercera pericia balística, realizada en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) del Ministerio Público de Salta.

Martín Spotorno -perito de parte de la defensa y testigo solicitado por la defensa de García y Obregón- y Agustina Oberti -perito por la querella- defendieron el resultado de la tercera pericia balística, que arrojó como resultado que el proyectil 9 milímetros que mató a Nahuel salió de la pistola Pietro Beretta modelo 92, número de serie 05-P83332Z, que portaba el cabo 1º Cavia.

La pericia se puso en marcha en marzo de 2020 pero fue suspendida por la pandemia de Covid; finalizó recién el martes 19 de enero de 2021.

Su resultado contradijo las conclusiones de la primera pericia balística, que había determinado que la munición que mató al joven mapuche provino del subfusil MP5 identificado con el número de serie B 05-C335508 perteneciente al cabo 1º Pintos.

La abogada defensora de dos de los prefectos investigados, Anabella Schmidt, consultó al licenciado en criminalística Spotorno cuál podía ser la explicación para que dos pericias de ese tipo arrojaran resultados divergentes.

Spotorno defendió la actuación de los peritos de la tercera diligencia, aunque reconoció que la opinión sobre la coincidencia entre los proyectiles era de «carácter subjetiva».

Dijo, también, que en los estudios balísticos pesa la «experticia, capacitación, entrenamiento, formación, experiencia» de los peritos intervinientes, así como el equipo que utilizan para los análisis.

Finalmente, Spotorno manifestó que había encontrado «gran coincidencia» entre el proyectil extraído del cuerpo de Nahuel y la bala testigo obtenida de la pistola Beretta que portaba Cavia, aunque luego reconoció: «Al fin y al cabo uno se puede equivocar».