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Judiciales ⚖️

Nueva pericia por el homicidio de Rafael Nahuel

Con una nueva inspección ocular se intentará determinar el sitio exacto de los disparos que efectuaron los uniformados.

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El-Argentino-Rafael Nahuel.

Por Santiago Rey

El Tribunal Oral Federal que lleva adelante el juicio por el homicidio del joven mapuche Rafael Nahuel, ocurrido en 2017 en Bariloche, resolvió este martes hacer una nueva inspección ocular en el lugar de los hechos con los cinco miembros de Prefectura acusados del hecho.

Con esta medida de prueba, solicitada por el Ministerio Público y que se concretará en noviembre, se intentará determinar el sitio exacto de los disparos que efectuaron los uniformados.

La nueva inspección ocular se realizará casi seis años después de la muerte del joven, según lo dispuesto por el TOF de General Roca a cargo de la instancia oral y pública del juicio que se sigue a cinco integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina.

El asesinato de Nahuel ocurrió el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi, en las inmediaciones de Bariloche, en tierras en las que se había instalado la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu.

El pedido para llevar a cabo una nueva inspección del territorio había sido presentado hace una semana por el fiscal Rafael Vehils Ruiz, quien consideró necesaria esa diligencia para «comprender detalles que surgieron de los testimonios» realizados por los testigos pertenecientes a diversas fuerzas de seguridad que estuvieron en el lugar y que no se encuentran imputados.

Vehils Ruiz pidió también que estén presentes los cinco procesados, «para que den detalles de dónde estaban en cada uno de los momentos» en los que transcurrió la agresión contra los integrantes de la comunidad mapuche.

Así, de acuerdo a lo que resolvió hoy el TOF, en la nueva inspección ocular a realizarse en noviembre podrían participar el miembro del grupo Albatros Sergio Cavia, procesado por «homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa», como también sus pares Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García, quienes fueron procesados como «partícipes necesarios» por los delitos mencionados.

También serían parte de la diligencia dos testigos claves, Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca, quienes estaban junto a Nahuel cuando recibió el disparo, por lo que improvisaron una camilla para descenderlo hasta la ruta en búsqueda de atención médica.

Las querellas que representan a la familia, a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Bariloche y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación acompañaron el pedido del fiscal y valoraron la posibilidad de volver a ubicar en el terreno junto a los protagonistas del hecho.

El representante de la Secretaría, Mariano Przybylski, dijo a Télam que por geo referenciación «ya están ubicados los puntos donde se realizaron los disparos por parte de los integrantes del grupo Albatros», y que le parece «necesario que el Tribunal observe las características del terreno».

Sobre la topografía del lugar, Przybylski sostuvo que la distancia de cien metros en la que aparecieron dispersas las vainas de los proyectiles debe ser entendida como una extensión mayor, en razón de los accidentes del terreno.

«Caminando son mucho más, ya que se trata de un sendero zigzagueante y con muchos obstáculos», puntualizó.

En cuanto al pedido de hacer una nueva inspección ocular, el abogado Marcelo Rocchetti, defensor de los prefectos Cavia, Pintos y Sosa, se opuso a la solicitud por considerarla «extemporánea e innecesaria».

Además, dijo que la inspección es «propia de la (etapa de) instrucción» y que el terreno en la que se realizará es «agreste, boscoso, salvaje que muta en forma permanente». «Estamos a cinco años de un hecho ocurrido en un lugar cuya vegetación no paró de crecer y esas acciones van a hacer que sea absolutamente distinto de aquel del que se sucedieron los hechos», objetó Rocchetti, y adelantó que sus defendidos no participarán de la diligencia.

En cualquier caso, la estrategia del abogado estará sujeta al resultado de las próximas declaraciones de los testigos.

La primera inspección ocular se realizó el 12 de diciembre de 2017 y arrojó como principal resultado la recolección de 32 vainas correspondientes a disparos efectuados con proyectiles 9 milímetros, todos ellos pertenecientes a las dos armas que portaban los efectivos del grupo Albatros: pistolas Beretta y subfusiles MP5.

También pudo determinarse que esos disparos con munición letal fueron realizados aproximadamente a partir de los mil metros de la ruta, donde se inició la inspección.

Los proyectiles fueron hallados, desperdigados, a lo largo de unos 100 metros de distancia, lo que para las querellas demuestra que existió una persecución por parte de los uniformados sobre los miembros de la comunidad mapuche.

Oportunamente, el perito Enrique Prueger, quien participó de la primera inspección, detalló que en el terreno y en los árboles no se encontraron rastros de otros disparos que no fueran los realizados por los prefectos.

El acta de la pericia del 12 de diciembre de 2017 correspondiente a la Policía Federal -a la que accedió Télam- determinó que el lugar no fue había sido preservado correctamente desde el momento del hecho -el 25 de noviembre de ese año-; también determinó con datos geo referenciales la ubicación precisa de las vainas encontradas.

Aquel acta de la pericia, por último, aclaró finalmente que por no contar con información complementaria no se podía establecer la distancia entre el disparo y la víctima, ni tampoco la dirección del proyectil mortal.

Esta mañana, en la novena audiencia del juicio, declararon además dos licenciados en criminalística que participaron como peritos en la tercera pericia balística, realizada en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) del Ministerio Público de Salta.

Martín Spotorno -perito de parte de la defensa y testigo solicitado por la defensa de García y Obregón- y Agustina Oberti -perito por la querella- defendieron el resultado de la tercera pericia balística, que arrojó como resultado que el proyectil 9 milímetros que mató a Nahuel salió de la pistola Pietro Beretta modelo 92, número de serie 05-P83332Z, que portaba el cabo 1º Cavia.

La pericia se puso en marcha en marzo de 2020 pero fue suspendida por la pandemia de Covid; finalizó recién el martes 19 de enero de 2021.

Su resultado contradijo las conclusiones de la primera pericia balística, que había determinado que la munición que mató al joven mapuche provino del subfusil MP5 identificado con el número de serie B 05-C335508 perteneciente al cabo 1º Pintos.

La abogada defensora de dos de los prefectos investigados, Anabella Schmidt, consultó al licenciado en criminalística Spotorno cuál podía ser la explicación para que dos pericias de ese tipo arrojaran resultados divergentes.

Spotorno defendió la actuación de los peritos de la tercera diligencia, aunque reconoció que la opinión sobre la coincidencia entre los proyectiles era de «carácter subjetiva».

Dijo, también, que en los estudios balísticos pesa la «experticia, capacitación, entrenamiento, formación, experiencia» de los peritos intervinientes, así como el equipo que utilizan para los análisis.

Finalmente, Spotorno manifestó que había encontrado «gran coincidencia» entre el proyectil extraído del cuerpo de Nahuel y la bala testigo obtenida de la pistola Beretta que portaba Cavia, aunque luego reconoció: «Al fin y al cabo uno se puede equivocar».

DDHH

Cristina lleva su condena al mundo: sumó al abogado de Lula y a ex juez de Tribunal Europeo

Cristina Fernández de Kirchner incorporó al jurista brasileño Rafael Valim, uno de los defensores de Lula da Silva durante el Lava Jato, y al español Javier Borrego, ex magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para cuestionar su condena ante organismos internacionales. La estrategia apunta a denunciar violaciones a garantías fundamentales en la causa Vialidad, cuya sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua quedó firme en junio de 2025.

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El Argentino Diario-Cristina Fernández de Kirchner.
CFK sumó al abogado de Lula y al ex juez del Tribunal Europeo para llevar la causa Vialidad a organismos internacionales.

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner formalizó la incorporación del abogado brasileño Rafael Valim a su equipo de defensa para la etapa internacional de la causa Vialidad, según confirmaron fuentes cercanas a la expresidenta consultadas por distintos medios. La información fue publicada originalmente por los medios brasileños Folha de São Paulo y CNN Brasil, y luego ratificada por fuentes del entorno de CFK. Valim trabajará junto al jurista español Javier Borrego, ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ex magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de España.

El propio Valim anticipó los lineamientos de la estrategia al medio brasileño Metrópoles: «En los próximos días, anunciaremos oficialmente en Buenos Aires la estrategia que adoptaremos en esta nueva fase internacional del caso de la expresidenta». El jurista sostuvo además que está «firmemente convencido de que sufrió graves violaciones de derechos humanos fundamentales y está sufriendo un castigo injusto» que intentarán «revertir en los tribunales».

Una estrategia construida desde antes de la condena firme

El recurso a las instancias internacionales no es una novedad en la hoja de ruta de la defensa de CFK: la estrategia viene siendo elaborada desde mucho antes de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena, en junio de 2025. Durante el juicio oral en la causa Vialidad, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy cuestionaron la falta de pruebas directas, la validez del informe técnico de Vialidad Nacional sobre el que se apoyó la acusación, y la aplicación de la figura de «asociación ilícita» al caso. La propia expresidenta calificó al tribunal como un «pelotón de fusilamiento» y acusó a los fiscales de prevaricato.

Ya en el recurso de queja presentado ante la Corte Suprema, antes de que la sentencia quedara firme, la defensa advirtió que si el máximo tribunal lo rechazaba recurriría a instancias internacionales, argumentando que durante la investigación, la elevación a juicio y el debate se habían producido graves violaciones a las garantías convencionales, lo que podría comprometer al Estado argentino en el plano externo. Tras la confirmación de la condena, el abogado Gregorio Dalbón denunció ante la Corte Penal Internacional una presunta persecución política, judicial y mediática, sosteniendo que existía una amenaza creíble e inminente de detención arbitraria. En paralelo, se activó una vía ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con un plazo de seis meses para presentar una petición formal.

Quién es Rafael Valim: el jurista que convirtió el lawfare en doctrina

Valim es doctor y magíster en Derecho Administrativo por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP), donde también ejerció como profesor. Fue docente visitante en la Universidad de Manchester (Reino Unido) y en la Université Le Havre Normandie (Francia). Su trayectoria incluye litigios de alta complejidad ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil y ante organismos internacionales de derechos humanos, tanto del sistema interamericano como del europeo.

En 2017, junto a Cristiano Zanin, actual magistrado de la Corte Suprema brasileña, y la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins, cofundó el Instituto Brasileño de Estudios sobre Lawfare, presentado oficialmente en la SOAS University of London. Los tres conformaron además la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva durante la causa Lava Jato, con presentaciones ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Juntos escribieron el libro «Lawfare: Waging War Through Law» (Routledge, 2021), una referencia académica de consulta frecuente en los debates sobre persecución judicial a dirigentes políticos en América Latina. Valim es también socio del estudio Warde Advogados y editor en jefe de la editorial Contracorrente.

Borrego: el hombre que conoce los códigos de la justicia europea

El jurista español Javier Borrego completa un equipo de defensa internacional de peso inusual. Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y desarrolló una carrera ligada a los organismos europeos de protección de derechos. Fue agente del Reino de España ante tribunales internacionales, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo de España. Su incorporación al equipo de CFK amplía el alcance geográfico y jurídico de la estrategia, proyectándola también hacia el sistema europeo de derechos humanos.

La situación procesal: cuatro frentes y una condena firme

La expresidenta enfrenta actualmente uno de los momentos procesales más complejos de su historia judicial. La causa más avanzada es Vialidad, por la que el Tribunal Oral Federal 2 la condenó en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La Corte Suprema confirmó esa sentencia en junio de 2025, lo que la dejó firme. En las últimas semanas, el máximo tribunal también ratificó la actualización del decomiso ordenado sobre bienes de los condenados, que pasó de 85.000 a 685.000 millones de pesos, alcanzando a 111 propiedades, un monto que la defensa cuestionó judicialmente sin éxito. Por esta causa, Fernández de Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria con tobillera electrónica en su domicilio del barrio porteño de Constitución.

A ese expediente se suman otros tres frentes elevados a juicio oral: la causa Hotesur-Los Sauces, que investiga un presunto lavado de dinero a través del alquiler de propiedades de la familia Kirchner a empresarios contratistas del Estado; la causa por el Memorándum de entendimiento con Irán, que indaga si el acuerdo firmado durante su gobierno buscó garantizar impunidad a ciudadanos iraníes con pedido de captura de Interpol por el atentado a la AMIA; y la causa Cuadernos, que investiga un presunto esquema de recaudación ilegal de sobornos vinculado a la obra pública.

El precedente Lula: cuando la justicia internacional torció el rumbo

La elección de Rafael Valim no es casual ni caprichosa. El mismo equipo que conformó junto a Zanin y Teixeira Zanin Martins logró que el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitiera una resolución señalando violaciones al debido proceso en el caso Lula, lo que contribuyó al proceso que derivó en la anulación de las condenas contra el dirigente brasileño y en su posterior restitución de derechos políticos. Esa hoja de ruta, aplicada con éxito en Brasil, es ahora el modelo que la defensa de CFK busca replicar en el sistema internacional, denunciando lo que considera el lawfare más feroz de la historia judicial argentina.

Puntos clave

  • Cristina Fernández de Kirchner incorporó al jurista brasileño Rafael Valim y al español Javier Borrego para llevar la causa Vialidad a organismos internacionales de derechos humanos.
  • Valim integró la defensa de Lula da Silva durante el Lava Jato y es coautor del libro académico «Lawfare: Waging War Through Law» (Routledge, 2021).
  • Borrego fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado del Tribunal Supremo de España.
  • La condena de CFK a seis años de prisión e inhabilitación perpetua quedó firme en junio de 2025 por la Corte Suprema; la expresidenta cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
  • El equipo internacional anunció que en los próximos días presentará oficialmente en Buenos Aires la estrategia para la nueva fase judicial.
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