El juicio al detenido falso abogado Marcelo D’Alessio comenzó hoy en los tribunales federales de Retiro por los delitos de extorsión, asociación ilícita y lavado de dinero ante el Tribunal Oral Federal 8, que lo juzga junto a otros ocho acusados en la causa que investigó pedidos de dinero a empresarios y otras víctimas para no involucrarlos en causas judiciales.

El debate se inició en la sala AMIA del edificio de Comodoro Py 2002 a las 10.50 con la lectura del requerimiento fiscal de elevación a juicio y en principio se desarrollará todos los martes, informaron fuentes judiciales.

D’Alessio fue trasladado a primera hora desde la cárcel de Ezeiza donde está detenido y aguardó en la Alcaidía de los tribunales hasta que fue ingresado a la sala de audiencias Con barbijo y custodiado por efectivos del Servicio Penitenciario Federal, se ubicó en la última fila junto a su defensa oficial.

El falso abogado está procesado por integrar una asociación ilícita que se dedicaba, entre otras cosas, a recabar información de modo ilegal para luego extorsionar a sus víctimas e interferir en expedientes judiciales.

El Tribunal está integrado por las juezas Gabriela López Iñiguez, Sabrina Namer y el juez Nicolás Toselli.

El debate debía iniciarse a las 930 pero se demoró por temas de organización y durante toda la mañana los magistrados escucharon la lectura de los hechos por los cuales juzgarán a los acusados.

Antes del inicio del debate y en declaraciones a la prensa uno de los abogados querellantes, José Manuel Ubeira, sostuvo que la candidata a la presidencia de la Nación por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, «es la única persona que falta en este juicio».

«El jefe de D Alessio es el jefe de la asociación ilícita y no está en este juicio. Toda la construcción que se hizo alrededor de D’Alessio tiene mucho que ver con (Patricia) Bullrich, para mí es la única persona que falta en este juicio», dijo Ubeira y se mostrò «muy esperanzado en que se desmonte una parte importante de lo que fue el macrismo como Gobierno».

A lo largo de la lectura del requerimiento de elevaciòn a juicio se recordó que D’Alessio se presentaba ante sus víctimas como «jefe regional de la DEA» y hacía mención a su vínculo con el fiscal federal Carlos Stornelli, quien no es juzgado en este debate.

Del juicio participan ocho querellas -una es la de la Unidad de Información Financiera (UIF)- e interviene como fiscal Marcelo Colombo.

Colombo había sido recusado por la defensa de D’Alessio pero fue confirmado por el TOF8 y la Cámara Federal de Casación Penal rechazó a última hora de ayer por inadmisible un recurso de su defensa para llegar a esta instancia con su planteo de apartar al fiscal.

EL TOF 8 admitió para este juicio unos 148 testigos y postergó para el debate la evaluación de admisibilidad de unos 70 más según surge del expediente judicial al que accedió esta agencia. Entre los testigos están el principal denunciante, el empresario Pedro Etchebest; el empresario Mario Montoto y Gabriel Bouzat, exsocio del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rozenkrantz.

El falso abogado llegó al juicio detenido, dado que se encuentra en prisión preventiva desde hace cuatro años y cuatro meses en la cárcel de Ezeiza

D’Alessio, además, fue condenado a cuatro años de prisión en otra causa en la que se lo juzgó, en 2021, por el intento de extorsión al empresario Daniel Traficante.

En este nuevo debate son juzgados también los excomisarios Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, el exespía Rolando Barreiro; Mariano Díaz, que actuaba de guardaespaldas de D’Alessio, y los empresarios Aldo Eduardo Sánchez, Pablo Leonardo Bloise y Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti, acusados por supuesto lavado de dinero.

También se sentará en el banquillo de los acusados el prefecto Franco Pini, desde cuyo usuario se revisaban las bases de Migraciones para obtener de modo ilegal información

Uno de los hechos imputados tiene que ver con delito de lavado de dinero a partir de la existencia de un grupo de WhatsApp llamado «Buenos Aires», por medio del cual varias personas coordinaban acciones para colocar fondos de origen ilícito en cuentas off-shore.

A los acusados de les achaca haber formado parte, desde 2016 hasta febrero de 2019, de una asociación ilícita que «planificó» y, en algunos casos, «ejecutó sin poseer facultades para ello, ni orden de autoridad competente, actividades de investigación, recolección, clasificación, ordenamiento, almacenamiento y análisis de información vinculada a personas, devenir de causas judiciales e integrantes de medios masivos de comunicación», según el requerimiento de elevación a juicio.

La investigación fue abierta en la Justicia Federal de la ciudad bonaerense de Dolores, a cargo del ahora juez de La Plata Alejo Ramos Padilla. Sin embargo, tras una orden de la Cámara Federal de Casación, el expediente pasó luego a los tribunales de Comodoro Py, donde recayó en manos del magistrado Julián Ercolini.

Este último fue quien envió la causa de manera parcial a juicio sobre la base de un pedido hecho por el fiscal de Dolores, Juan Pablo Curi.

La Cámara Federal de Casación rechazó la semana pasada la posibilidad de excarcelar a D’Alessio y encomendó al Tribunal llevar adelante el juicio con «celeridad».

El primer caso corresponde a los hechos denunciados por el empresario Pedro Etchebest, cuya presentación dio curso a la investigación y a quien se le habría exigido el pago de 300.000 dólares para no involucrarlo en el llamado «caso Cuadernos».

Otro hecho que se ventila en el juicio tiene como víctima a Gonzalo Brusa Dovat, exdirector de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) en la Argentina, «a quien, mediante acciones de coacción, que importaron tareas de recolección de información previa a su respecto, se lo obligó a prestar testimonio en diversas entrevistas periodísticas y declaración testimonial en la sede de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4, a cargo del fiscal federal Carlos Stornelli», en 2019.

Además se juzga el hecho que tuvo por víctima a Diego Vestillero, que fue blanco de «acciones intimidatorias y extorsivas» en julio de 2016, además de «exigencias de dinero y amenazas con publicaciones en medios de prensa», para obligarlo a » entregar documentación de contenedores relacionados con la firma Fox Cargo S.A.», de la cual era directivo.

Entre los querellantes también está el abogado Ubeira, contra quien D’Alessio, «en el marco de la asociación ilícita», habría planificado «una cámara oculta con el propósito de vincularlo, a través de algún tipo de ardid y una metodología similar a la del agente provocador, en una posible maniobra delictiva que pudiera ser encuadrada como «extorsión en grado de tentativa a un fiscal federal.