Judiciales ⚖️
«Discriminaron y lo que quisieron ese día fue matar», dijo el fiscal del caso Lucas
«Esta gente actuó con el peor de los prejuicios, discriminó y llegó a conclusiones inexplicables», dijo el fiscal general.
El fiscal del juicio que culminó ayer con nueve efectivos de la Policía de la Ciudad condenados por el asesinato de Lucas González y su encubrimiento, ocurrido en 2021 en el barrio porteño de Barracas, destacó hoy que el agravante del «odio racial» se incluyó en la sentencia, porque los policías «discriminaron» a las víctimas por el color de piel o por usar «gorrita» y aseguró estar convencido de que ese día los tres efectivos condenados a prisión perpetua «quisieron matar».
Se trata de Guillermo Pérez de la Fuente, quien en diálogo con radio Urbana Play señaló esta mañana que «si no es la primera vez, debe ser una de las primeras veces» que un tribunal condena con el agravante del «odio racial» contemplado en uno de los supuestos del artículo 80 del Código Penal.
«Esta gente actuó con el peor de los prejuicios, discriminó y llegó a conclusiones inexplicables», dijo el fiscal general.
«Cómo salían de un barrio carenciado, como tenían la tez más o menos oscura, como usaban gorrita, como usaban un auto, los llevó a concluir en el peor prejuicio: que estaban armados, que eran peligrosos y que estaban en la comisión de algún delito», afirmó el representante del Ministerio Público.
Respecto a por qué Lucas y sus amigos intentaron escapar y terminaron siendo atacados a balazos, el fiscal aclaró: «Si uno circula por la calle tranquilo y de pronto ve que se le cruza un auto sin ningún tipo de identificación, sin chapa patente trasera, y del que bajan tres sujetos que no se identifican y de pronto los apuntan con armas de fuego, la pregunta es ¿qué hace uno? ¿Se queda quietito o trata de escapar?».
Pérez de la Fuente explicó que Julián, el amigo que manejaba, «intenta eludir ese bloqueo, se sube a un bulevar, golpea la puerta del auto de los policías, pisa el dedo gordo de uno de los policías y esa fue la excusa que necesitaba esa gente para disparar. Porque lo que quisieron, y de eso yo estoy seguro, ese día fue matar, sencillamente».
El fiscal contó que los tres amigos de Lucas salieron corriendo «pensando que iban a ser víctimas de un robo» y «los primeros policías que llegan en vez de ayudarlos los detienen».
Sobre el posterior encubrimiento, el fiscal recordó que, en su alegato, dijo que «uno lo que esperaba es que llegaran los policías buenos y llegaron policías tan malos como los otros. Lo único que les preocupó fue cómo se ocultaba este hecho».
«Y para colmo, deciden incorporar un arma de utilería y ¿dónde la van a buscar?, a la comisaría. Y además de todo esto, Lucas termina con una quemadura de cigarrillo en una mano», remarcó.
En relación al principal Héctor Cuevas, el policía sentenciado a cuatro años de prisión por encubrimiento que contó en el juicio la maniobra de cómo se plantó el arma de utilería en el auto de las víctimas, Pérez de la Fuente aclaró que si bien «rompió el pacto de silencio y fue el primero que se atrevió a decir lo que pasó realmente» terminó condenado con «una pena menor» porque «el hecho lo había cometido desde el primer momento» y solo se atrevió a hablar sobre el final del juicio.
«Fue el primero o el segundo policía en llegar al lugar y advirtió que el muerto estaba en un auto, que Lucas estaba con distintos orificios de bala, que el auto de los policías no tenía ningún impacto de bala y enseguida se dio cuenta», explicó el fiscal.
«Él lo cuenta al final del juicio. Dijo que tenía miedo por él y su familia, que el hecho era sumamente grave y dejó trascender que su familia corría peligro por lo que estaba contando», agregó el funcionario judicial, quien informó que, a raíz de lo que declaró, a Cuevas se lo cambió de penal y a su familia se le asignó custodia.
Un nuevo policía, Facundo Matías Torres (25), fue detenido a partir del relato de Cuevas, quien lo acusó de ser el conductor de la moto con la que el condenado Isassi fue a buscar a la comisaría el arma falsa plantada en la escena.
La Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó hoy el procesamiento y la prisión preventiva para Torres, lo que es el paso previo a que este expediente sea elevado a juicio oral y que por este caso haya en el futuro un segundo debate.
El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 condenó ayer a los policías Gabriel Alejandro Isassi (42), el oficial mayor Juan José López (48) y el oficial Fabián Andrés Nieva (38) -todos miembros de la División Brigadas y Sumarios 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad-, como coautores de «homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, alevosía, odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser integrantes de una fuerza de seguridad» en perjuicio de Lucas y de las «tentativas de homicidio» de los tres adolescentes sobrevivientes.
A los tres también los hallaron culpables de las «privaciones ilegítimas de la libertad» de los chicos y, en el caso de Isassi, por el delito de «falsedad ideológica».
En su fallo, los jueces dejaron asentado que tanto Lucas, como sus amigos Julián Salas (19), Joaquín Zúñiga (19) y Niven Huanca (19) -y los padres de todos ellos-, fueron víctimas de «violencia institucional».
Otro policía, Sebastián Jorge Baidón (28), fue condenado a 8 años de cárcel por las «torturas» contra los jóvenes, mientras que por el «encubrimiento agravado» del homicidio y la «privación ilegal de la libertad» de los sobrevivientes injustamente detenidos, se les impuso una pena de seis años de prisión al subcomisario Roberto Orlando Inca (47), el comisario Juan Romero (51) el comisario Rodolfo Ozán (54) y el comisario Fabián Du Santos (52), y de 4 años de cárcel al principal Héctor Cuevas (51).
Finalmente, los magistrados absolvieron a otros cinco policías que llegaron detenidos a juicio: el comisario inspector Daniel Santana, el subcomisario Ramón Chocobar y los oficiales Jonathan Martínez, Ángel Arévalos y Daniel Espinosa, y dispuso sus inmediatas liberaciones.
Lucas y sus amigos fueron atacados a balazos el 17 de noviembre de 2021 cuando salieron de entrenar del club Barracas Central y regresaban a sus casas a bordo de un Volkswagen Suran.
Los cuatro fueron interceptados por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comuna 4 a la altura del cruce de las avenidas Iriarte y Vélez Sarsfield.
Como no tenían identificación policial, los chicos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos les dispararon y dos balazos impactaron en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el hospital El Cruce de Florencio Varela.
Tras ello, en la escena se montó un operativo tendiente a encubrir lo sucedido y a hacer pasar el hecho como un tiroteo con delincuentes, para lo cual, incluso, plantaron una réplica de arma en el auto de los chicos.
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Energía
El regulador abre la puerta: ENReGE autoriza el traspaso de Transener a manos privadas
Con la Resolución 130/2026, el ente regulador dio luz verde para que ENARSA transfiera su participación en CITELEC al consorcio Edison-Genneia. El Estado completa así su salida definitiva de la columna vertebral del sistema eléctrico nacional.
El regulador energético del gobierno de Javier Milei le puso la firma final a la privatización de Transener. El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) publicó este lunes en el Boletín Oficial la Resolución 130/2026, mediante la cual autorizó formalmente a la empresa estatal Energía Argentina S.A. (ENARSA) a transferir la totalidad de su participación accionaria en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (CITELEC) al consorcio integrado por Edison Transmisión y Genneia. El monto acordado, de US$356.174.811, había superado el piso de referencia fijado por el Ejecutivo, que rondaba los US$206 millones.
El trámite regulatorio era la última condición suspensiva que restaba cumplir para el cierre definitivo de la operación. El contrato de compraventa había sido suscripto el 11 de junio por la firma Transmisión Eléctrica Sociedad Anónima (TESA), constituida específicamente para este proceso por ambas empresas en partes iguales, tras la adjudicación formal dispuesta mediante la Resolución 673/2026 del Ministerio de Economía, firmada por el ministro Luis Caputo a mediados de mayo.
Qué compra el consorcio y qué queda en manos del Estado
Lo que adquirieron Edison Transmisión y Genneia no son los activos físicos de la red: las líneas de alta tensión y las estaciones transformadoras pertenecen al Estado nacional y se mantendrán bajo la concesión que Transener S.A. opera hasta el año 2088. Lo que se transfiere es el 50% del capital social de CITELEC, la sociedad que ejerce el control de Transener y de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires (TRANSBA), que cubre otros 6.228 kilómetros de red en territorio bonaerense.
El consorcio se convierte así en accionista co-controlante de CITELEC junto a Pampa Energía, el holding de Marcelo Mindlin, que retiene el otro 50% y no participó de la licitación. En conjunto, las tres empresas, Edison, Genneia y Pampa Energía, controlarán la gestión de Transener, que administra aproximadamente el 85% de la red de alta tensión del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con más de 12.400 kilómetros de líneas de extra alta tensión.
El regulador despeja los reparos: integración vertical y poder de mercado
En el texto oficial, el ENReGE reconoció que los nuevos accionistas ya poseen activos en los segmentos de generación y distribución, lo que podría configurar una integración vertical vedada por la Ley 24.065, el marco regulatorio eléctrico vigente. Sin embargo, el organismo dictaminó que no existe transgresión legal, argumentando que la tenencia del 50%, compartida con Pampa Energía, no otorga a ninguno de ellos la condición de accionista mayoritario o controlante unilateral.
Para neutralizar los riesgos de abuso de posición dominante, el ENReGE destacó tres ejes regulatorios: el libre acceso al uso indiscriminado de la capacidad de transporte; las tarifas reguladas por el propio ente, que impiden cargos discriminatorios; y las ampliaciones controladas, ya que cualquier extensión de la red requiere audiencia pública y aprobación estatal, bajo el marco del Decreto 921/25.
Quiénes son los nuevos socios de la red eléctrica
Genneia es la principal generadora de energías renovables del país, con una capacidad instalada superior a los 1.580 MW distribuidos en ocho parques eólicos y seis solares. Su principal accionista es el banquero Jorge Brito, quien asumió la conducción de la empresa en enero de 2026. La familia Brito ocupa el puesto 13 entre las 50 mayores fortunas de Argentina, según estimaciones de Forbes. Edison Transmisión, por su parte, es el brazo especializado en transporte eléctrico de Edison Energía, empresa encabezada por los hermanos Juan y Patricio Neuss, quienes están vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo, según informó el portal El Litoral. Entre los socios del fondo Inverlat, que integra el grupo Edison, figuran Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai. Completan la estructura los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, del Grupo Newsan.
No es dato menor que Edison Energía ya operaba desde enero de 2026 las represas hidroeléctricas del Comahue, adjudicadas en una licitación previa que ingresó aproximadamente US$700 millones al Tesoro nacional. La adquisición de CITELEC representa su segunda apuesta en la infraestructura eléctrica del país en menos de un año.
Una red envejecida y sin obligación de inversión
El desafío que hereda el consorcio es de magnitud: Transener no incorporó obras de alcance nacional desde 2017 y el 35% de sus instalaciones se encuentra al final de su vida útil, según datos relevados por el portal especializado Shale24. La paradoja es que el nuevo accionista no tendrá obligación de expandir la red. Las ampliaciones responden al Decreto 921/25, que las licita como concesión de obra independiente, lo que supone que el crecimiento de la capacidad de transporte dependerá de decisiones futuras del Estado, no de los nuevos socios privados.
La insuficiencia de la red de alta tensión es hoy uno de los principales cuellos de botella para nuevas inversiones en generación, tanto en energías renovables como en la expansión vinculada a Vaca Muerta y a los proyectos mineros de cobre y litio. Buena parte de las futuras inversiones en generación dependerán de la capacidad de transportar esa energía hacia los centros de consumo, lo que convierte a Transener en un activo estratégico cuya gestión privada no elimina la necesidad de regulación estatal efectiva.
La Ley Bases como habilitante y el segundo paso de ENARSA
La venta se realizó bajo los lineamientos de la Ley Bases (27.742) y el Decreto 286/2025, que establecieron el marco legal para la desinversión de activos estatales. La participación en CITELEC era el segundo gran movimiento de este proceso para ENARSA, tras la privatización de las represas del Comahue. Con la autorización del ENReGE, se cumple la última condición suspensiva del contrato y queda habilitado el cierre formal de la transacción.
El origen de la participación estatal en CITELEC remite a la salida de Petrobras de sus activos energéticos en Argentina. Tras ese retiro, ENARSA ocupó esa posición y pasó a compartir el control de la sociedad con Pampa Energía, otorgando al Estado influencia sobre una de las empresas más importantes de la infraestructura energética nacional. La administración libertaria decidió desandar ese camino.
Puntos clave
- El ENReGE emitió la Resolución 130/2026 que autoriza la transferencia del 50% de CITELEC al consorcio Edison-Genneia por US$356.174.811.
- La operación convierte a Edison Transmisión y Genneia en accionistas co-controlantes de Transener junto a Pampa Energía, completando la salida del Estado de la red troncal de energía eléctrica.
- Genneia es controlada por el banquero Jorge Brito; Edison Transmisión está conducida por los hermanos Neuss, vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo.
- Transener opera el 85% de la red de alta tensión del SADI; el 35% de sus instalaciones se encuentra al final de su vida útil y el consorcio no tendrá obligación de expandir la red.
- La operación se encuadra en la Ley Bases (27.742) y es el segundo gran paso de la desinversión de ENARSA, tras la privatización de las represas del Comahue.
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