A un año de la represión que dejó gravemente herido al fotógrafo Pablo Grillo frente al Congreso, la causa judicial tuvo en los últimos días un avance importante: la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el procesamiento del gendarme acusado de haber disparado el proyectil que impactó en su cabeza. Sin embargo, para la familia del fotorreportero la investigación sigue incompleta. El reclamo apunta ahora a que la Justicia avance sobre la cadena de mandos del operativo y sobre las responsabilidades políticas.

El fallo confirmó el procesamiento del cabo primero de Gendarmería Nacional Argentina, Héctor Jesús Guerrero, acusado de disparar una granada de gas lacrimógeno durante la movilización en defensa de los jubilados realizada el 12 de marzo de 2025 frente al Congreso.

El proyectil impactó en la cabeza de Grillo y le provocó hematomas subdurales, fractura expuesta de cráneo y una grave herida en el rostro. Las lesiones pusieron en riesgo su vida y demandaron meses de internación, cirugías y rehabilitación.

Disparos prohibidos por protocolo

La investigación determinó que Guerrero efectuó al menos seis disparos con una pistola lanzagases de forma horizontal, apuntando directamente hacia los manifestantes. Ese tipo de disparo está expresamente prohibido por los protocolos de uso de ese armamento.

Uno de esos proyectiles fue el que golpeó al fotógrafo.

El gendarme quedó procesado por lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función, una imputación que ahora quedó firme y acerca el expediente a la instancia de juicio oral.

El reclamo por la cadena de mandos

La querella impulsada por la familia de Grillo sostiene que el caso no puede limitarse al autor material del disparo. En el expediente se pidió avanzar también sobre otros integrantes del operativo.

Entre ellos aparecen los gendarmes Hernán Ariel Kozak y Jorge Luis Reyes, quienes se encontraban cerca de Guerrero durante la represión. En imágenes registradas ese día se observa que Kozak incluso le señala hacia dónde apuntar antes del disparo.

La querella también pidió investigar al comisario inspector de la Policía Federal Argentina Gerardo Ariel Perillo Scampini, al jefe del Destacamento Móvil 6 de Gendarmería Néstor Germán López y al alférez Gonzalo Gabriel Goulart, encargado de impartir órdenes durante el operativo.

La responsabilidad política

El planteo judicial también apunta al entonces director nacional de Gendarmería, Claudio Brilloni, quien estuvo presente en la zona tras la llegada del SAME. Según la querella, pese a conocer la gravedad de lo ocurrido no dispuso frenar el operativo.

En el plano político, la familia reclama que la investigación alcance a la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien señalan como responsable del dispositivo represivo y de haber ordenado cerrar la investigación administrativa interna contra el gendarme.

“El que está procesado es una mano ejecutora, pero los responsables políticos deben dar cuenta ante la justicia”, sostuvo el padre del fotógrafo, Fabián Grillo.

Recuperación y memoria

Fabián Grillo explicó que la recuperación de su hijo está cerca de completarse tras un largo proceso de rehabilitación. “La salud de Pablo mejora mucho. En pocos días termina su tratamiento y esperamos que pueda volver a su departamento”, contó.

Para la familia, el objetivo de la causa va más allá de la reparación individual. “La justicia no va a mejorar la salud de Pablo, pero sí puede evitar que algo así vuelva a ocurrir”, afirmó.

Actividades a un año del ataque

A un año del hecho se realizarán distintas actividades para reclamar justicia. Por la mañana se inaugurará una muestra con fotografías de Pablo Grillo en el Hospital Evita de Lanús, con imágenes de su trabajo durante la pandemia y charlas sobre represión estatal y memoria.

Más tarde, desde las 17, se llevará a cabo un festival en la Plaza del Congreso con la participación de artistas como Bersuit Vergarabat, Ariel Prat y Peteco Carabajal.

El encuentro buscará mantener visible una causa que, a un año del disparo, sigue planteando la misma pregunta: hasta dónde está dispuesta a llegar la Justicia para investigar la responsabilidad política detrás de la represión.