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Represión

A un año del ataque a Pablo Grillo: la responsabilidad política detrás de la represión

Exigen investigar a Bullrich y los responsables políticos. Desde las 17, se llevará a cabo un festival en la Plaza del Congreso con la participación de artistas como Bersuit Vergarabat, Ariel Prat y Peteco Carabajal.

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A un año de la represión que dejó gravemente herido al fotógrafo Pablo Grillo frente al Congreso, la causa judicial tuvo en los últimos días un avance importante: la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el procesamiento del gendarme acusado de haber disparado el proyectil que impactó en su cabeza. Sin embargo, para la familia del fotorreportero la investigación sigue incompleta. El reclamo apunta ahora a que la Justicia avance sobre la cadena de mandos del operativo y sobre las responsabilidades políticas.

El fallo confirmó el procesamiento del cabo primero de Gendarmería Nacional Argentina, Héctor Jesús Guerrero, acusado de disparar una granada de gas lacrimógeno durante la movilización en defensa de los jubilados realizada el 12 de marzo de 2025 frente al Congreso.

El proyectil impactó en la cabeza de Grillo y le provocó hematomas subdurales, fractura expuesta de cráneo y una grave herida en el rostro. Las lesiones pusieron en riesgo su vida y demandaron meses de internación, cirugías y rehabilitación.

Disparos prohibidos por protocolo

La investigación determinó que Guerrero efectuó al menos seis disparos con una pistola lanzagases de forma horizontal, apuntando directamente hacia los manifestantes. Ese tipo de disparo está expresamente prohibido por los protocolos de uso de ese armamento.

Uno de esos proyectiles fue el que golpeó al fotógrafo.

El gendarme quedó procesado por lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función, una imputación que ahora quedó firme y acerca el expediente a la instancia de juicio oral.

El reclamo por la cadena de mandos

La querella impulsada por la familia de Grillo sostiene que el caso no puede limitarse al autor material del disparo. En el expediente se pidió avanzar también sobre otros integrantes del operativo.

Entre ellos aparecen los gendarmes Hernán Ariel Kozak y Jorge Luis Reyes, quienes se encontraban cerca de Guerrero durante la represión. En imágenes registradas ese día se observa que Kozak incluso le señala hacia dónde apuntar antes del disparo.

La querella también pidió investigar al comisario inspector de la Policía Federal Argentina Gerardo Ariel Perillo Scampini, al jefe del Destacamento Móvil 6 de Gendarmería Néstor Germán López y al alférez Gonzalo Gabriel Goulart, encargado de impartir órdenes durante el operativo.

La responsabilidad política

El planteo judicial también apunta al entonces director nacional de Gendarmería, Claudio Brilloni, quien estuvo presente en la zona tras la llegada del SAME. Según la querella, pese a conocer la gravedad de lo ocurrido no dispuso frenar el operativo.

En el plano político, la familia reclama que la investigación alcance a la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien señalan como responsable del dispositivo represivo y de haber ordenado cerrar la investigación administrativa interna contra el gendarme.

“El que está procesado es una mano ejecutora, pero los responsables políticos deben dar cuenta ante la justicia”, sostuvo el padre del fotógrafo, Fabián Grillo.

Recuperación y memoria

Fabián Grillo explicó que la recuperación de su hijo está cerca de completarse tras un largo proceso de rehabilitación. “La salud de Pablo mejora mucho. En pocos días termina su tratamiento y esperamos que pueda volver a su departamento”, contó.

Para la familia, el objetivo de la causa va más allá de la reparación individual. “La justicia no va a mejorar la salud de Pablo, pero sí puede evitar que algo así vuelva a ocurrir”, afirmó.

Actividades a un año del ataque

A un año del hecho se realizarán distintas actividades para reclamar justicia. Por la mañana se inaugurará una muestra con fotografías de Pablo Grillo en el Hospital Evita de Lanús, con imágenes de su trabajo durante la pandemia y charlas sobre represión estatal y memoria.

Más tarde, desde las 17, se llevará a cabo un festival en la Plaza del Congreso con la participación de artistas como Bersuit Vergarabat, Ariel Prat y Peteco Carabajal.

El encuentro buscará mantener visible una causa que, a un año del disparo, sigue planteando la misma pregunta: hasta dónde está dispuesta a llegar la Justicia para investigar la responsabilidad política detrás de la represión.

Legislativo

Glaciares en llamas: LLA intenta entregarle la cordillera a las mineras en medio de protestas y represión

Sesión caliente en el recinto y represión policial afuera del Congreso, con una oposición que intentó, sin éxito, abordar la interpelación de Manuel Adorni, quien está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y maniobras de corrupción.

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Votan por las mineras, reprimen al pueblo: la sesión de los glaciares en Diputados

★ La Cámara de Diputados sesionó este miércoles para tratar la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno de Javier Milei, en una jornada que combinó debate encendido en el recinto, represión policial afuera del Congreso y una oposición que intentó, sin éxito, forzar la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salpicado por múltiples escándalos de corrupción.

Qué está en juego: el agua como recurso estratégico

La reforma a la Ley 26.639, vigente desde 2010, busca habilitar la actividad minera en áreas periglaciares bajo criterios que el oficialismo define como «técnicos». El punto central es que la protección dejaría de abarcar a todo el ambiente periglacial y pasaría a concentrarse en los cuerpos de hielo o geoformas con función hídrica efectiva y relevante, acotando la tutela ambiental.

Bajo el nuevo esquema, la protección de un área periglacial dejará de ser absoluta para depender de su función técnica: si no se demuestra científicamente que el área aporta agua, podría quedar habilitada para su explotación. Además, la iniciativa le transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central.

Lo que también está en juego es el Inventario Nacional de Glaciares. Mientras los gobernadores lo critican por considerarlo desactualizado, los sectores ambientalistas y técnicos sostienen que el registro ha sufrido por falta de financiamiento crónico, pero sigue siendo la base científica esencial para proteger las 39 cuencas hidrográficas que alimentan los glaciares argentinos.

El lobby minero: inversiones, RIGI y gobernadores aliados

El proyecto no llegó solo al recinto. Impulsado por el Gobierno Nacional y un bloque de gobernadores aliados, pretende captar inversiones millonarias bajo el marco del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). La reforma cuenta con el respaldo explícito de los mandatarios de Catamarca (Raúl Jalil), San Juan (Marcelo Orrego), Salta (Gustavo Sáenz) y Mendoza (Alfredo Cornejo).

El Gobierno nacional y las provincias mineras esperan que, una vez aprobada esta reforma, se destraben alrededor de 20.000 millones de dólares en inversiones. Entre los proyectos beneficiados figura el yacimiento Taca-Taca, un proyecto de cobre de la canadiense First Quantum Minerals considerado entre los diez más grandes del mundo sin explotar, con una inversión inicial estimada en 4.200 millones de dólares, según reveló la propia empresa y la Corporación Financiera Internacional (IFC).

El secretario de Minería, Luis Lucero, fue el principal vocero oficial en las comisiones. Fue interpelado por haber ejercido como abogado de una larga lista de empresas mineras, ante lo cual se defendió valorando su experiencia y negando conflicto de intereses.

La ciencia dice que no

La comunidad científica argentina se pronunció masivamente en contra. La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales publicó un comunicado alertando sobre las consecuencias en el acceso al agua. En la misma línea, el Consejo Directivo de la Facultad de Agronomía de la UBA y distintas redes científicas pidieron a los diputados que no aprueben la ley.

El propio IANIGLA indicó que los glaciares de escombro pueden contener entre un 35% y un 70% de hielo en su interior y, en los Andes Áridos, aportar entre el 25% y el 50% del caudal de los ríos en años de sequía, cuando la demanda es más alta y las precipitaciones no alcanzan.

Varios especialistas señalaron que un debate que debería tener la evidencia científica como columna vertebral descansó, en cambio, sobre un conjunto de argumentos productivos y políticos. Un grupo de expertos en geología, ambiente y clima denunció además que fue desplazado antes de poder exponer en la audiencia pública.

Las audiencias públicas solo permitieron exponer a unos 200 oradores presenciales y 200 virtuales de los 100.000 inscriptos, lo que generó el repudio de organizaciones ambientalistas y bloques opositores.

La oposición en el recinto: voces contra la entrega

La diputada kirchnerista Sabrina Selva abrió el debate con dardos directos: «El debate propuesto por el gobierno de Milei respecto de la reforma de la Ley de Glaciares es tan deshonesto como su gobierno, tan mentiroso como su relato, tan injustificado como las propiedades de Adorni».

La diputada rionegrina Adriana Serquis fue aún más contundente: «Van a terminar votando a favor de 6 mineras y en contra de todo un pueblo». Y denunció que, según el dictamen de mayoría, más del 99% de los inscriptos no pudo exponer y más del 95% de los expositores rechazó firmemente el proyecto.

El ex ministro de Educación Nicolás Trotta anticipó su voto negativo: «Yo estoy a favor de una minería sostenible, que no implique un retroceso de una ley que surgió a partir del consenso de toda la sociedad. No se van a generar más inversiones poniendo en riesgo nuestro ambiente».

Represión afuera: un detenido en Av. de Mayo y 9 de Julio

Mientras se debatía en el recinto, la protesta popular fue respondida con represión en las calles. Una persona fue detenida en medio de los incidentes registrados esta tarde entre militantes y la Policía en las inmediaciones del Congreso. El hecho se registró en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde efectivos de la Policía de la Ciudad intentaban dispersar a los manifestantes para que permanecieran en los alrededores del Congreso.

El episodio Adorni: la oposición intentó la interpelación y el oficialismo la bloqueó

En el arranque de la sesión, la oposición intentó instalar otro tema que sacude al Gobierno. A través de una moción de apartamiento de reglamento, la diputada de Unión por la Patria Paula Penacca planteó la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado en la Justicia por posible enriquecimiento ilícito y defraudación al Estado. La iniciativa recibió más votos positivos que negativos (124 a 118), pero la oposición necesitaba las tres cuartas partes de los presentes para incluirla en el temario.

Penacca apuntó al «misterio de la calle Miró»: el departamento de lujo que Adorni compró en Caballito por 230.000 dólares, a partir de un supuesto préstamo de 200.000 dólares de dos jubiladas que, según la escritura, fueron las vendedoras. «Una de ellas dijo no conocerlo a Adorni pero parece que es muy solidaria e igual le prestó 200 mil dólares», ironizó la legisladora.

El diputado radical bonaerense Pablo Juliano agregó que «el 90% de los argentinos no se come el caramelito» de las explicaciones del funcionario, y advirtió que el Congreso no puede convertirse en cómplice de una situación que «no tiene explicación porque no la hay».

Contexto: una ley con historia

La Ley de Glaciares tiene una historia de resistencia política. La discusión no pasa solo por minería contra ambiente: lo que está en juego es quién define qué áreas deben quedar bajo resguardo, con qué criterios técnicos y hasta dónde pueden intervenir las provincias en una ley de presupuestos mínimos que hoy protege glaciares y ambiente periglacial en todo el territorio argentino.

Con la media sanción del Senado ya obtenida el 26 de febrero, La Libertad Avanza contaba con 94 votos propios y el respaldo de 11 diputados de Innovación Federal, 2 de Producción y Trabajo, unos 21 de Fuerzas del Cambio y al menos entre 2 y 4 de Provincias Unidas. Los números, al momento del cierre de esta edición, favorecían al oficialismo.

Puntos clave:

  • El oficialismo impulsó en Diputados la reforma de la Ley de Glaciares para habilitar la minería en zonas periglaciares que no demuestren función hídrica comprobable.
  • La Academia Nacional de Ciencias, la UBA y el IANIGLA se pronunciaron en contra, alertando sobre el riesgo hídrico para 39 cuencas.
  • Se esperan inversiones por 20.000 millones de dólares si la reforma se aprueba, en el marco del RIGI.
  • Una persona fue detenida en los incidentes entre manifestantes y la Policía de la Ciudad frente al Congreso.
  • La oposición intentó interpelar a Adorni por corrupción: obtuvo más votos a favor que en contra (124 a 118), pero no alcanzó la mayoría calificada necesaria.

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