Referentes de organizaciones de la sociedad civil destacaron la importancia de defender y seguir avanzando en materia de derechos sexuales y reproductivos en Argentina frente al avance de «grupos que se manifiestan en contra», durante un encuentro organizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa Argentina) al cumplirse una década el Consenso de Montevideo, un hito considerado “histórico” para garantizarlos en la región.

Adoptado en 2013 durante la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, el Consenso de Montevideo consolidó el compromiso de los 38 países de la región que lo firmaron para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos relacionados con salud sexual y reproductiva, envejecimiento, migración, pueblos indígenas, población afrodescendiente, niñez y adolescencia».

«El Consenso fue en su momento, hace 10 años, un gran avance en todos los temas que aborda, en una agenda que busca ser integral», aseguró Mariana Isasi, jefa de Oficina de Unfpa Argentina.

Asimismo, consideró que el Consenso de Montevideo supone «un texto revolucionario» para el momento en que se firmó y que Argentina tuvo entonces «un rol muy importante».

«El objetivo (del encuentro de hoy) es retomar, en este difícil contexto, el espíritu de ir por más en materia de derechos», expresó Isasi durante la reunión, donde se abordaron los avances y desafíos de las políticas públicas sobre salud sexual y reproductiva en Argentina, con énfasis en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

Con la participación de referentes de más de 10 organizaciones se debatió sobre la importancia de defender y continuar avanzando «frente al avance a nivel mundial y también local de grupos manifiestamente en contra» de los derechos humanos, entre los que se encuentran los sexuales y reproductivos, con foco en colectivos que «han sido siempre descuidados y discriminados en el ámbito de la salud».

Respecto al acceso a la IVE, las representantas de ONGs enfatizaron en la necesidad de avanzar «hacia su efectiva implementación, una mayor difusión y comunicación de este derecho a nivel federal y mayor capacitación para enfrentar la aún persistente estigmatización».

El Consenso de Montevideo se logró hace 10 años tras un extenso proceso de consulta con organizaciones de la sociedad civil y, desde su adopción, esta iniciativa incidió en el diseño, implementación y monitoreo de las políticas públicas de los países de la región.

En particular, en Argentina se avanzó tras su firma con la implementación del Plan para la Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan Enia) desde el 2018 y, en diciembre de 2020, con la sanción de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, luego de una extensa movilización de la sociedad civil.

El marco normativo local ya había dados pasos significativos previos al Consenso, como la sanción de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva (2002); la de Anticoncepción Quirúrgica (2006), y la de Educación Sexual Integral (2006).

Entre las organizaciones que participaron de la reunión de este miércoles estuvieron FOS Feminista, Católicas por el Derecho a Decidir, Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Asociación por los Derechos de las Mujeres (ADEM), Sordas Sin Violencia, Red de Editoras de Género, Asociación Civil Enlaces Territoriales para la Equidad de Género, Centro de Estudio de Estado y Sociedad (Cedes), Amnistía Internacional y Casa FUSA.

El encuentro se dio en las vísperas de la Quinta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe que se desarrollará en la sede de la Cepal en Santiago de Chile el 14 y 15 de noviembre.