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DDHH

Sostener y potenciar derechos sexuales y reproductivos, el objetivo de un encuentro de ONGs

«El Consenso fue en su momento, hace 10 años, un gran avance en todos los temas que aborda, en una agenda que busca ser integral», aseguró Mariana Isasi, jefa de Oficina de Unfpa Argentina.

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Referentes de organizaciones de la sociedad civil destacaron la importancia de defender y seguir avanzando en materia de derechos sexuales y reproductivos en Argentina frente al avance de «grupos que se manifiestan en contra», durante un encuentro organizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa Argentina) al cumplirse una década el Consenso de Montevideo, un hito considerado “histórico” para garantizarlos en la región.

Adoptado en 2013 durante la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, el Consenso de Montevideo consolidó el compromiso de los 38 países de la región que lo firmaron para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos relacionados con salud sexual y reproductiva, envejecimiento, migración, pueblos indígenas, población afrodescendiente, niñez y adolescencia».

«El Consenso fue en su momento, hace 10 años, un gran avance en todos los temas que aborda, en una agenda que busca ser integral», aseguró Mariana Isasi, jefa de Oficina de Unfpa Argentina.

Asimismo, consideró que el Consenso de Montevideo supone «un texto revolucionario» para el momento en que se firmó y que Argentina tuvo entonces «un rol muy importante».

«El objetivo (del encuentro de hoy) es retomar, en este difícil contexto, el espíritu de ir por más en materia de derechos», expresó Isasi durante la reunión, donde se abordaron los avances y desafíos de las políticas públicas sobre salud sexual y reproductiva en Argentina, con énfasis en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

Con la participación de referentes de más de 10 organizaciones se debatió sobre la importancia de defender y continuar avanzando «frente al avance a nivel mundial y también local de grupos manifiestamente en contra» de los derechos humanos, entre los que se encuentran los sexuales y reproductivos, con foco en colectivos que «han sido siempre descuidados y discriminados en el ámbito de la salud».

Respecto al acceso a la IVE, las representantas de ONGs enfatizaron en la necesidad de avanzar «hacia su efectiva implementación, una mayor difusión y comunicación de este derecho a nivel federal y mayor capacitación para enfrentar la aún persistente estigmatización».

El Consenso de Montevideo se logró hace 10 años tras un extenso proceso de consulta con organizaciones de la sociedad civil y, desde su adopción, esta iniciativa incidió en el diseño, implementación y monitoreo de las políticas públicas de los países de la región.

En particular, en Argentina se avanzó tras su firma con la implementación del Plan para la Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan Enia) desde el 2018 y, en diciembre de 2020, con la sanción de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, luego de una extensa movilización de la sociedad civil.

El marco normativo local ya había dados pasos significativos previos al Consenso, como la sanción de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva (2002); la de Anticoncepción Quirúrgica (2006), y la de Educación Sexual Integral (2006).

Entre las organizaciones que participaron de la reunión de este miércoles estuvieron FOS Feminista, Católicas por el Derecho a Decidir, Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Asociación por los Derechos de las Mujeres (ADEM), Sordas Sin Violencia, Red de Editoras de Género, Asociación Civil Enlaces Territoriales para la Equidad de Género, Centro de Estudio de Estado y Sociedad (Cedes), Amnistía Internacional y Casa FUSA.

El encuentro se dio en las vísperas de la Quinta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe que se desarrollará en la sede de la Cepal en Santiago de Chile el 14 y 15 de noviembre.

Buenos Aires

A 20 años de la desaparición de López, la recompensa sube pero la impunidad sigue intacta

El Gobierno bonaerense duplicó a $10 millones la recompensa por información sobre el paradero de Jorge Julio López, sobreviviente del «circuito Camps» que desapareció el 18 de septiembre de 2006, el mismo día en que se condenó a prisión perpetua a su torturador, Miguel Etchecolatz. Dos décadas después, la causa permanece sin resolución y sin responsables identificados.

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El Argentino Diario-Jorge Julio López.
El Ministerio de Seguridad bonaerense duplicó la recompensa por información sobre el paradero de López: pasó de $5 millones a $10 millones.

Dos décadas sin respuestas, sin culpables y sin el cuerpo de un sobreviviente que se atrevió a dar testimonio. A 20 años exactos de su segunda desaparición, Jorge Julio López sigue siendo la herida abierta más incómoda de la democracia argentina: un hombre que sobrevivió la dictadura para ser borrado en plena institucionalidad, el mismo día en que la Justicia condenaba a su torturador.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dispuso este viernes elevar de $5 millones a $10 millones la recompensa destinada a quien aporte datos fehacientes que contribuyan a determinar el paradero de López. El hombre, albañil y militante platense, fue visto por última vez el 18 de septiembre de 2006 cuando salía de su vivienda en Los Hornos, en las afueras de La Plata. Hoy tendría 96 años. La causa tramita en la Unidad Fiscal Federal de La Plata bajo el expediente FLP N° 509/2008, caratulado como «López, Jorge Julio s/ desaparición forzada de personas».

El testigo que incomodaba al poder

La historia de López es la de una doble persecución. El 27 de octubre de 1976, en plena dictadura cívico-militar, fue secuestrado y sometido a un periplo de terror por varios centros clandestinos de detención del denominado «circuito Camps», el entramado represivo montado en la provincia de Buenos Aires bajo el mando del general Ramón Camps. Permaneció detenido y fue sometido a torturas sistemáticas hasta su liberación en 1979, sin que mediara explicación alguna ni proceso judicial.

Décadas después, cuando la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad puso en el banquillo a los represores, López se convirtió en un testigo clave. Su testimonio fue determinante para que el ex comisario Miguel Etchecolatz fuera identificado como uno de sus torturadores y condenado como responsable de delitos de lesa humanidad. Etchecolatz fue jefe de la Dirección General de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la dictadura y una de las figuras más siniestras del aparato represivo de la provincia.

La desaparición en democracia

El 18 de septiembre de 2006 es una fecha que resume toda la brutalidad del caso. Ese mismo día, el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata leía los alegatos y el veredicto que condenaba a Etchecolatz a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio. López había prestado declaración en ese juicio. Pero no llegó a escuchar la condena: desapareció antes de que terminara la jornada.

Lo que ocurrió ese día no fue solo una desaparición: fue una señal de advertencia dirigida a quienes se atrevieran a testimoniar contra los perpetradores del terrorismo de Estado. La democracia argentina no pudo, o no quiso, proteger al hombre que más la había necesitado. Desde entonces, ningún gobierno logró esclarecer qué pasó con López ni identificar a los responsables de su segunda desaparición.

Veinte años, cero respuestas

La causa acumula dos décadas de investigación sin resultados concretos. El incremento de la recompensa anunciado este viernes por el Gobierno provincial es un gesto simbólico que, al mismo tiempo, deja en evidencia la magnitud del fracaso institucional: si después de 20 años el único recurso disponible es duplicar el monto de una recompensa, el Estado reconoce implícitamente que no tiene respuestas propias.

Las organizaciones de derechos humanos llevan dos décadas sosteniendo que la desaparición de López en democracia no fue un hecho aislado sino parte de una lógica de amedrentamiento a testigos que nunca fue desarticulada del todo. La impunidad en este caso es, también, un mensaje: los engranajes que hicieron posible la represión durante la dictadura no fueron completamente desmantelados.

Lo que tenés que saber

  • El Ministerio de Seguridad bonaerense duplicó la recompensa por información sobre el paradero de López: pasó de $5 millones a $10 millones.
  • Jorge Julio López desapareció el 18 de septiembre de 2006, el mismo día en que se condenó a prisión perpetua al ex comisario Miguel Etchecolatz, a quien López había señalado como su torturador.
  • Sobreviviente del «circuito Camps», López fue secuestrado el 27 de octubre de 1976 y estuvo detenido en centros clandestinos de La Plata hasta 1979.
  • La causa tramita como «desaparición forzada de personas» en la Unidad Fiscal Federal de La Plata (FLP N° 509/2008).
  • A 20 años de su desaparición en democracia, la causa no tiene responsables identificados ni se logró determinar su paradero.
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