Las fuerzas de seguridad de todo el país acumulan más de medio millón de chalecos antibalas obsoletos, mientras parte de ese material fuera de servicio apareció en circuitos ilegales y en manos de organizaciones delictivas. El dato surge de una auditoría interna del Ministerio de Seguridad de la Nación y de estimaciones de la propia industria del sector.

Los chalecos antibalas tienen una vida útil certificada de cinco años, un plazo fijado por el RENAR y garantizado por los fabricantes. Vencido ese período, el material debe descartarse porque ya no puede asegurarse su nivel de protección balística. Sin embargo, la baja efectiva de esos equipos no se concretó en la mayoría de las fuerzas del país.

El diagnóstico de la auditoría de 2024

La auditoría interna del Ministerio de Seguridad de la Nación realizada en 2024 relevó los inventarios de Gendarmería, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal. El resultado fue categórico: sobre un total de 76.812 chalecos, 49.159 estaban vencidos, el 64 por ciento del total. A ese número se suman los inventarios provinciales y municipales; según estimaciones de la industria, las unidades obsoletas acumuladas en el país superan el medio millón.

El entonces vocero presidencial Manuel Adorni reconoció en septiembre de 2024 que, hasta el 10 de diciembre de 2023, «los policías usaban chalecos vencidos», al anunciar la incorporación de 19.700 unidades nuevas para las fuerzas federales. La declaración confirmó lo que las auditorías internas ya documentaban: el Estado administró durante años un parque de equipos de protección caducos para su personal de seguridad.

El problema se replica en las provincias

La situación no es exclusiva del ámbito federal. La Policía de la Ciudad retiró 6.147 chalecos vencidos o deteriorados; la provincia de Córdoba incorporó 17.000 unidades nuevas ante un faltante operativo crítico; y Entre Ríos repuso 1.300 equipos después de admitir que la mayoría de los existentes estaban fuera de término. La multiplicación del fenómeno a escala nacional configura un problema sistémico que involucra a prácticamente todas las jurisdicciones del país.

Material del Estado en manos del crimen

La acumulación de material obsoleto sin destruir tiene consecuencias que van más allá del riesgo para los propios agentes. Los paneles balísticos de chalecos vencidos conservan parte de sus propiedades protectoras y, si no son destruidos correctamente, pueden reutilizarse para fabricar de manera clandestina nuevos paneles, blindajes, escudos o chalecos. Especialistas del sector advierten que ese circuito ya opera en la práctica.

En febrero de 2026, el armero de una banda de sicarios conocido como «El Negro Juan» fue detenido en Córdoba con un chaleco antibalas de la Policía provincial, una ametralladora de fabricación israelí y otras armas. El hallazgo ilustra en términos concretos el riesgo que implica la acumulación de material sin disposición final adecuada.

La normativa existe, pero no se cumple

La ANMaC reguló la destrucción de chalecos mediante la normativa de Materiales de Usos Especiales (MUEs) y habilitó a empresas privadas para realizar el procedimiento. El organismo ordenó en 2021 destruir 3.446 chalecos defectuosos fabricados por Fabricaciones Militares y entregados a la Policía bonaerense; en 2022 dispuso una medida similar sobre otro lote de la Policía de la Ciudad. Las órdenes no se concretaron por falta de capacidad tecnológica.

Actualmente funcionan en el país dos máquinas habilitadas bajo la normativa de la ANMaC para destruir materiales balísticos, propiedad de Tecnología Antibalas S.A. (Tecant). El proceso fragmenta paneles, etiquetas y fundas para impedir su reutilización y concluye con un certificado de destrucción que garantiza la trazabilidad del material dado de baja.

Según fuentes de la industria, la Argentina dispone hoy de la capacidad técnica, la normativa y las empresas necesarias para resolver la acumulación de equipos obsoletos. Lo que falta es la decisión política de los gobiernos nacional, provinciales y municipales para implementar un plan de destrucción sistemática del material fuera de servicio.

Un Estado que no protege ni controla

El cuadro de situación revela una doble falla estatal. Por un lado, las fuerzas de seguridad operaron durante años con equipos de protección individual vencidos, exponiendo a sus agentes a riesgos innecesarios en el ejercicio de funciones que el propio Estado les asigna. Por el otro, la acumulación de material sin destruir abrió una brecha en el control de armamento y equipamiento táctico que organizaciones criminales ya están aprovechando.

La crisis de los chalecos antibalas condensa, en un solo problema, dos dimensiones del mismo fracaso: el abandono de las condiciones laborales del personal de seguridad y la incapacidad institucional para gestionar el ciclo de vida del equipamiento público. Medio millón de chalecos vencidos no son solo un número; son la evidencia material de un Estado que no cuida a quienes cuida a los demás, y que tampoco controla lo que desecha.