El Gobierno de Javier Milei avanza con un polémico plan de privatización que abarca más de 9.000 kilómetros de rutas y autopistas nacionales. Este proyecto, que busca atraer inversiones privadas, enfrenta fuertes críticas por sus posibles consecuencias en la infraestructura vial y en los usuarios, quienes podrían cargar con el peso de mayores costos en peajes.

La privatización en marcha

En los próximos días, el Ejecutivo publicará un decreto que dará inicio al proceso de licitación de las rutas nacionales 12 y 14, conocidas como «Corredor 18». Este tramo abarca 677 kilómetros y conecta las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, siendo un eje clave para el comercio regional entre Argentina, Brasil y Uruguay. Actualmente, estas rutas están en manos de Caminos del Río Uruguay (CRUSA), una concesionaria que gestiona los tramos desde hace más de 30 años y cuyo contrato vence el próximo 9 de abril. La empresa mantiene un litigio con el Estado nacional desde 2022, exigiendo una compensación de 300 millones de dólares por supuestos incumplimientos contractuales y atrasos en los ajustes tarifarios, que alcanzan un 200%.

El proyecto oficial prevé dividir la licitación en dos etapas: la primera, centrada en el Corredor 18, y la segunda, que abarcará más de 8.470 kilómetros de rutas y autopistas, hoy gestionados por Corredores Viales, una empresa estatal incluida en el esquema de privatizaciones estipulado en la Ley de Bases. También se sumarán tramos actualmente no concesionados, como la Ruta Nacional 33 en Santa Fe y la Ruta Nacional 18 en Entre Ríos.

¿Un negocio atractivo o un impacto social?

De los 40.000 kilómetros de rutas nacionales, las constructoras consideran que apenas 1.000 kilómetros, como los accesos a Buenos Aires y Córdoba, son realmente rentables para instalar peajes. Sin embargo, el plan contempla licitar 9.145 kilómetros, representando el 20% de la red nacional pero concentrando el 80% del tránsito. Este esquema podría ser atractivo para empresas interesadas en la gestión vial, aunque para sectores como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Federación Económica de Corrientes (FEC), las prioridades pasan por garantizar reparaciones urgentes en las rutas.

El panorama también genera preocupación entre especialistas que advierten que el modelo de privatización podría trasladar el peso de la inversión a los usuarios mediante peajes más elevados.

Un modelo cuestionado

En el ámbito internacional, la inversión privada en infraestructura vial representa apenas el 15% del total en países desarrollados. A nivel local, los expertos señalan que la obra pública debería requerir unos 15.000 millones de dólares anuales para cubrir las necesidades de mantenimiento y expansión de las rutas, una cifra difícil de sostener con el esquema propuesto por el oficialismo. El plan del Gobierno Milei no solo implica una transformación en la gestión vial, sino también en el acceso y los costos para los ciudadanos. Con un cronograma de licitaciones que se extenderá hasta julio de 2025, el debate sobre las privatizaciones promete intensificarse en los próximos meses.