La abogada de la agrupación HIJOS Rosario, Nadia Schujman, solicitó al Tribunal Oral Federal 1, en el juicio por delitos de lesa humanidad del tramo IV de la causa «Guerrieri», una ampliación de la acusación para incorporar como delito el secuestro de niños y niñas que fueron reintegrados a sus familias.

En la última audiencia del proceso oral, que tiene a 17 imputados por delitos cometidos contra 116 víctimas del terrorismo de Estado, la abogada realizó el planteo ante el Tribunal, que aún no lo resolvió, informaron fuentes judiciales.

El fiscal del juicio, Adolfo Villate, adhirió al planteo de Schujman, representante de la querella, y amplió el pedido a la totalidad de casos que se ventilan en el juicio, añadieron las fuentes.

«Invoco argumentos que tienen que ver con el derecho a la verdad, a la reparación integral, a reconocer que estos niños y niñas fueron víctimas del terrorismo de Estado también», dijo la abogada de HIJOS.

Señaló que «así como el Poder Ejecutivo y el Legislativo los reconocieron a través de leyes reparatorias, como las indemnizaciones específicas, es tiempo de que los reconozca el Poder Judicial».

El planteo de Schujman al tribunal consistió en un pedido de ampliación de la acusación a los imputados durante el juicio, que en casos excepcionales está prevista por el Código Procesal Penal de la Nación.

Eso implica, en el caso de que el tribunal hiciera lugar al planteo, que las partes puedan ofrecer prueba durante el proceso oral, atento a que los casos no fueron investigados durante la etapa de instrucción.

La abogada explicó que «hay 15 casos» de secuestro de menores de edad «en este tramo de Guerrieri IV, pero hay muchos más» en los otros.

Schujman aclaró que su planteo involucra a las cuatro personas que representa como querellante en el juicio por delitos de lesa humanidad.

Sin embargo, el fiscal Villate adhirió a su planteo y lo amplió al resto de las víctimas, indicaron voceros judiciales.

La acusación es «por el delito de privación ilegítima de la libertad» que tuvo como víctimas a niños y niñas que fueron secuestrados junto a sus padres, o a uno de ellos, y luego de algunos días restituidos a sus familiares. Es decir que no se trata de casos de apropiación o supresión de identidad en la dictadura.

«Esto tiene que ver con lo que en los últimos tiempos se viene trabajando acerca de las infancias vulneradas», explicó Schujman.

La abogada recordó que «en las distintas etapa de este proceso se fue avanzando en diferentes cuestiones, primero fueron las desapariciones y homicidios, después se hizo lugar a las torturas, luego pudimos avanzar en los delitos sexuales y ahora queremos hacerlo con las infancias vulneradas».

Acerca de los hechos concretos, dijo que «la mayoría de los casos dan cuenta de que fueron devueltos a la familia en pésimo estado de salud, sucios, enfermos, con recuerdos terribles».

Schujman sostuvo también que si hubo condenas por delitos de lesa humanidad que tuvieron como víctima a «jóvenes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de 14 años, y nadie lo duda, ¿por qué alguien de 3 años no sería un sujeto de derecho?».

El cuarto tramo de la megacausa conocida como «Guerrieri», que investiga delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el Gran Rosario, tiene 17 militares, Personal Civil de Inteligencia (PCI) y policías federales como acusados y 116 casos de víctimas de la represión ilegal.

De los 116 casos, 54 ya formaron parte de los tramos anteriores de «Guerrieri» pero 62 de ellos nunca fueron juzgados.

Los imputados en el proceso son Pascual Oscar Guerrieri; Jorge Alberto Fariña; Juan Daniel Amelong; Marino González; Ariel López; Juan Andrés Cabrera; Rodolfo Isach y Walter Pagano.

También Eduardo Costanzo; Federico Almeder; Juan Carlos Faccendini; Juan Félix Retamozo; Enrique Andrés López; José Luis Troncoso; Osvaldo Tebez; Oscar Roberto Giai y Roberto Raúl Squiro.