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Imputan a «Fran» Riquelme por balacera a una seccional de Rosario y lo ligan a amenazas a Pullaro

Riquelme fue imputado ayer por el fiscal Franco Carbone como presunto instigador de la balacera ocurrida el 27 de diciembre último a la seccional 19 de Rosario, ubicada en bulevar Seguí al 5300.

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Un preso llamado Francisco «Fran» Riquelme, vinculado al capo narco de Rosario también detenido Esteban Alvarado, fue imputado por instigar desde una cárcel federal la balacera a la seccional 19 de la ciudad santafesina el 27 de diciembre, y el fiscal del caso no descarta que esté relacionado con algunas de las amenazas que recibió en los últimos días el gobernador Maximiliano Pullaro, informaron hoy fuentes judiciales.

Se trata de Francisco Ezequiel Riquelme, alias «Fran», sindicado como jefe de una banda narcocriminal que opera en tres barrios del noroeste de Rosario, supuestamente apadrinado por Alvarado, el líder narco condenado a prisión perpetua y enfrentado al otro grupo fuerte de la ciudad, «Los Monos».

Riquelme fue imputado ayer por el fiscal Franco Carbone como presunto instigador de la balacera ocurrida el 27 de diciembre último a la seccional 19 de Rosario, ubicada en bulevar Seguí al 5300.

Durante la audiencia, el fiscal le atribuyó al preso, que en ese momento estaba alojado en el penal federal de Ezeiza, haber «planificado, coordinado y congregado desde su lugar de alojamiento» los medios «elementos y personas necesarias para balear la fachada de la comisaría rosarina».

La fachada del edificio policial recibió seis impactos de bala y un automóvil estacionado en la vereda, que había sido secuestrado en un procedimiento, fue destinatario de otro disparo.

Para el fiscal, el ataque fue organizado por Riquelme y estuvo motivado en un incidente que protagonizó cinco días antes en el penal de Ezeiza, cuando personal del Servicio Penitenciario impidió el ingreso de una mujer que fue a visitarlo.

Según Carbone, el preso comenzó a tirar sillas y les advirtió a los guardias: «Prendan la tele esta noche. Voy a cargar a tiros una comisaría de Rosario».

El ataque ocurrió cinco días después y los autores materiales aún no fueron individualizados, explicaron fuentes judiciales.

Tras ese incidente, «Fran» Riquelme fue trasladado al penal federal de Marcos Paz, desde donde ayer siguió la audiencia en forma remota.

«Con su accionar, tanto Francisco Riquelme como las personas de las que éste se valió para la comisión del hecho, tuvieron la clara finalidad de infundir temor y conmoción pública, lo que se evidencia en la selección de un edificio policial como blanco del ataque», sostuvo la Fiscalía.

En esa balacera, los autores dejaron una nota dirigida a un presunto preso: «Mario Pino dejá de batir la cana, plántate gil».

Riquelme también fue imputado por un ataque similar, pero contra un particular a quien, según el fiscal, le reclamaba un arma que le habría prestado a un hermano del habitante de la vivienda baleada.

La jueza de la audiencia, Hebe Marcogliese, aceptó ambas acusaciones y dictó la prisión preventiva de «Fran», a la vez que estableció una serie de restricciones en las comunicaciones y visitas del preso, solicitadas por la Fiscalía, indicaron los informantes.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo hoy que el preso fue «aislado» en el penal en el que se encuentra actualmente alojado.

«Se llama Riquelme de apellido. Es de una de las bandas pesadas y no tiene ninguna comunicación», afirmó en declaraciones a la señal de cable Todo Noticias.

Bullrich agregó que «en pocos días se va a anunciar un protocolo antipresos de alto riesgo, casi todos narcocriminales o de delito complejo».

En la misma línea, la titular de la cartera de Seguridad precisó que dispuso «personal especial» cuya identidad no se dará a conocer para cuidar a los presos calificados de alto perfil.

A la vez, el fiscal Carbone sugirió durante la audiencia que Riquelme estaría detrás de algunas de las amenazas contra el gobernador Pullaro, quien reveló que tuvo que sacar a su familia de Rosario para garantizar su seguridad.

El fiscal hizo referencia a conversaciones que el preso mantenía desde un teléfono celular terminado en 081 con un joven de 18 años llamado Carlos Román Moreno.

«A partir de los jóvenes detenidos, le sumamos al análisis de teléfonos celulares y pudimos determinar que Riquelme estuvo detrás de la balacera a la seccional 19 y la tentativa a una escuela, con amenazas al gobernador», dijo hoy el fiscal en rueda de prensa.

«Riquelme le dictó la amenaza», afirmó el representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y detalló que ofreció $300.000 por la balacera a una escuela, que fue frustrada por la policía.

Moreno fue detenido la tarde del mismo 27 de diciembre, horas después de la balacera a la seccional, tras tirotearse con la policía en un control rutinario.

El joven de 18 años estaba acompañado por un menor de 16 y ambos fueron detenidos.

Moreno había descartado el arma con la que se tiroteó con la policía, que le secuestró una nota con amenazas a Pullaro que decía: «Gobernador Pullaro dejá de arreglar con el narco Beto Godoy que está en Piñero porque sabemos todo y te vamos a matar a toda tu familia».

Para los investigadores, los dos jóvenes tenían como objetivo balear una escuela cercana al lugar donde fueron arrestados y dejar la nota intimidante, con el fin de causar conmoción pública.

El fiscal relacionó ese hecho al vínculo telefónico que el joven de 18 años mantenía con Riquelme, quien le «bajaba» órdenes desde Ezeiza para ejecutarlas extramuros.

El propio acusado se defendió de la imputación por el ataque a la seccional, al asegurar durante la audiencia: «Me imputan balaceras en una comisaría sin tener ninguna prueba. Cada vez que balean una comisaría fue Fran Riquelme».

«¿Con qué necesidad voy a mandar a balear una comisaría que está a 150 cuadras de mi barrio teniendo un montón de comisarías en mi barrio?», agregó luego.

Para su abogado defensor, Juan Pablo Audisio, no existen evidencias de que el preso haya dado en forma directa o indirecta la orden de tirotear el edificio policial.

Riquelme está detenido desde abril de 2020, cuando fue acusado por la balacera a Mariana Ortigala, una mujer cercana a Alvarado que en ese momento se había distanciado del capo narco y declaró en su contra en el juicio en el que fue condenado a prisión perpetua.

Ortigala se relacionó más tarde con «Los Monos», y hace pocos días fue acusada de integrar una asociación ilícita junto a su jefe, Ariel «Guille» Cantero, de quien se sospecha que se convirtió en testaferro, recordaron voceros judiciales.

Riquelme también fue formalmente acusado de instigar tiroteos a otra seccional y a una escuela de Rosario, y conduce desde la cárcel un grupo criminal enfrentado por el control territorial ilícito de los barrios Ludueña, Empalme Graneros e Industrial, con una banda liderada por Mauro Javier Gerez y Andy Fabián Benítez, ligados a «Los Monos».

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Cuadernos: Casación frenó el atajo de la reparación integral y sigue el juicio

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos de las defensas de Cristóbal López, Ángel Calcaterra, Aldo Roggio y otros imputados que buscaban extinguir la acción penal con ofrecimientos de dinero. El debate oral ante el TOF N° 7 sigue, y el único matiz lo puso el juez Slokar, que consideró que correspondía oír a las partes.

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Fachada del edificio de los tribunales federales de Comodoro Py, en Retiro

Cincuenta imputados de la causa Cuadernos ofrecieron dinero para que la Justicia extinguiera la acción penal en su contra, y la Cámara Federal de Casación Penal les cerró ese camino: la continuidad del debate oral quedó firme y el juicio sigue en pie.

La Sala I, integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar, declaró inadmisibles los recursos de las defensas contra resoluciones del Tribunal Oral Federal N° 7 que habían rechazado planteos de nulidad y pedidos de reparación integral del perjuicio. La decisión se conoció este jueves.

Quiénes recurrieron

Los recursos fueron presentados y acompañados por defensas de imputados entre los que figuran Cristóbal López, Carlos De Sousa, Ángel Calcaterra, Aldo Roggio, Armando Loson, Juan Carlos de Goycoechea, Mario Rovella, Héctor Sánchez Caballero, Juan Manuel Abal Medina, Roberto Orazi, Miguel Marconi y Juan José Luciano, entre otros empresarios y exfuncionarios.

Los pedidos de reparación integral

En la etapa de juicio, el TOF N° 7 había rechazado los planteos de cincuenta imputados que pretendían extinguir la acción penal mediante ofrecimientos de reparación integral del perjuicio, una figura prevista en el artículo 59, inciso 6°, del Código Penal. Esos ofrecimientos se basaban en la actualización de embargos cautelares por sumas que iban de $300.000 a más de $1.800 millones. Los pedidos fueron rechazados con la oposición de la fiscal general Fabiana León y de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La causa Cuadernos se inició en 2018 a partir de los registros del chofer Oscar Centeno, quien documentó supuestos traslados de dinero desde empresas contratistas del Estado hacia funcionarios del Ministerio de Planificación Federal. Se trata de una megacausa con más de un centenar de acusados, entre ellos la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El voto de Petrone

En su voto, Petrone sostuvo que las decisiones impugnadas no constituyen sentencia definitiva ni resultan equiparables a ella por sus efectos, y que tampoco encuadran entre los autos previstos por el artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación para habilitar la instancia de casación.

El magistrado recordó además la doctrina de la Corte Suprema según la cual los pronunciamientos que obligan al imputado a seguir sometido a proceso no ponen fin al pleito ni generan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior.

Sobre el rechazo de la reparación integral, Petrone remarcó que la complejidad de la causa, con multiplicidad de hechos e imputados, requiere que el debate oral avance para precisar los extremos fácticos de la imputación y las responsabilidades de cada interviniente.

La adhesión de Barroetaveña y el matiz de Slokar

Barroetaveña adhirió en lo sustancial al voto de su colega. Slokar, en cambio, consideró que correspondía oír a las partes, aunque aclaró que esa postura no implicaba adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión.

Lo que tenés que saber:

  • La Sala I de Casación declaró inadmisibles los recursos de las defensas y dejó firme la continuidad del debate oral ante el TOF N° 7.
  • La Sala está integrada por Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar.
  • El TOF N° 7 había rechazado los planteos de cincuenta imputados que buscaban extinguir la acción penal por reparación integral (artículo 59, inciso 6°, del Código Penal).
  • Los embargos actualizados iban de $300.000 a más de $1.800 millones, y la fiscal general Fabiana León y la UIF se opusieron.
  • Petrone consideró que las resoluciones no son sentencia definitiva; Barroetaveña adhirió y Slokar opinó que correspondía oír a las partes.
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