Judiciales ⚖️
«El barrio es mío, ahora estoy yo», las escuchas a la nueva y desafiante generación de «Los Monos»
«Guille no corta ni pincha conmigo y el barrio es mío, quédense tranquilos que el barrio es mío, ahora estoy yo, yo soy el barrio ese sabés», se escuchó decir a «Lucho» Cantero, el joven de 19 años que desde enero pasado está detenido en el penal federal bonaerense de Marcos Paz.
Las escuchas surgidas de la investigación judicial que derivó en la imputación como presunto jefe de una asociación ilícita de Uriel Luciano Cantero, hijo del asesinado jefe de la violenta narcobanda rosarina «Los Monos», revelan la división de la «marca» criminal en subgrupos autónomos del clan familiar y el desafío del joven a su tío Ariel, alias «Guille» Cantero, en medio de una disputa por una vivienda.
«Guille no corta ni pincha conmigo y el barrio es mío, quédense tranquilos que el barrio es mío, ahora estoy yo, yo soy el barrio ese sabés», se escuchó decir a «Lucho» Cantero, el joven de 19 años que desde enero pasado está detenido en el penal federal bonaerense de Marcos Paz.
Uriel Luciano Cantero es hijo del Claudio, el «Pájaro», quien comandaba el clan familiar «Los Monos» hasta su asesinato en la entrada de un boliche bailable, la madrugada del 26 de mayo de 2013, cuando tenía 27 años.
Desde entonces, su hermano Ariel Máximo, conocido como «Guille» o «Tarta», tomó las riendas de la banda que a principios de este siglo constituyó el padre de ambos, Ariel «Viejo» Cantero.
«Guille» está detenido desde que en 2013 se entregó a la policía de Rosario mientras tenía un pedido de captura por su participación en un asesinato en venganza de la muerte de su hermano «Pájaro».
Desde entonces acumuló ocho condenas por distintos delitos –tráfico de drogas, homicidio, balaceras, secuestro extorsivo- por más de 80 años de pena.
Según diversas investigaciones judiciales en la que está implicado, desde la cárcel de Ezeiza maneja «células» ilícitas que operan en Rosario y la región y que le tributan.
Su padre, el «Viejo» Cantero, fue detenido en abril pasado en una vivienda de la zona sudoeste de Rosario, en cuyo territorio desarrollaba acciones ilegales que los fiscales, cuando lo imputaron en mayo, describieron como asociación ilícita, extorsiones y tentativas de homicidio.
En su domicilio la Policía secuestró cajas de ayuda social que distribuye la Municipalidad de Rosario, y que en apariencia «manejaba» el «Viejo» para repartirla en el barrio.
La tercera generación de los Cantero tiene en «Lucho», su madre Lorena Verdún y su pareja, Érica Bullón, otra pata de lo que fuera la banda de «Los Monos».
Por su parte, la fiscal Marisol Fabbro, que los imputó esta semana junto a otras 25 personas, en una causa que tiene al menos diez prófugos, afirmó que la organización «procuró ocupar y dominar sectores y barrios de la ciudad de Rosario y excluir de allí a bandas antagónicas con el fin de obtener beneficios económicos producto de diversas actividades ilícitas, como su expansión territorial».
«Para llevar a cabo ese objetivo, los integrantes de la asociación cometieron diversos delitos» como homicidios, lesiones, encubrimientos, amenazas, extorsiones, abuso de armas, portación y tenencia ilegal de armas de fuego y venta ilegal de estupefacientes», enumeró la fiscal.
De acuerdo a la acusación, ese grupo liderado por Uriel Cantero operó al menos desde junio de 2021 hasta la actualidad y logró «mucha influencia» en los barrios La Granada, Las Flores, Las Delicias y Plata, la zona de la que son oriundos los Cantero.
Una escucha telefónica que forma parte de la pesquisa, reveló la división en grupos de lo que fueran «Los Monos» y el desafío de Lucho a su tío, «Guille».
Dylan Tomás Baldón, sindicado como organizador de la asociación ilícita y quien recibía las órdenes que «Lucho» daba desde la cárcel para ser ejecutadas extramuros, le cuenta a su jefe que lo llamó «Guille» Cantero.
«Me manda audio Guille, chau hasta la pi..», dijo el joven.
De la conversación también participó Érica Bullón, la pareja de «Lucho», quien aseguró que «es por una casa (…) por unos pasillos del 17 (barrio 17 de Agosto), algo así».
Baldón, alias «Capocha», contó que Vanesa Barrios lo llamó por videollamada y le dijo «qué pasa que se meten el rancho mío, que me robaron todas las cosas, ese rancho es mío, yo lo tengo hace como cuatro años, ¿quien se piensan que son ustedes? No sé, me empezó a batir cualquiera», dijo, según quedó registrado en un escucha.
Finalmente, Barrios habló con su sobrino preso.
«Yo soy una mujer grande y no estoy para puterío barato, no se tienen por qué meter a mi casa, nada más o sea no te estoy diciendo que vos me vas a sacar la casa ni nada, que no tienen por qué agarrar de juntadero mi casa, eso fue lo único que dije y ahí Samuel no tiene ninguna casa, porque vos sabes muy bien que la casas que eran de ellos, nos la quedamos tu tío («Guille» Cantero) y yo», dijo la mujer.
Mientras que el joven Cantero respondió: «yo tampoco me engancho en los puteríos baratos, pero se ve que a vos te llegan con puterío y vos te los crees».
Entonces se mostró desafiante con la figura de su tío.
«Quédate tranquila que en la casa esa no se metió nadie, si ustedes cierran mal la casa es problema de ustedes y acá a Guille no lo metas, porque Guille no corta ni pincha conmigo y el barrio es mío», dijo.
Y agregó: «Quédense tranquilos que el barrio es mío, ahora estoy yo, yo soy el barrio ese sabés, el barrio si quiero me lo dejo todo para mí, decile vos y a quien vos quieras, corta».
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ARCA sumo nueva denuncia contra la AFA, mientras el titular del organismo es investigado por lavado y evasión
La agencia fiscal presentó una segunda causa penal que recae sobre Tapia, Toviggino y otros dirigentes de la institución. El fiscal Claudio Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal. En simultáneo, el propio titular de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades millonarias no declaradas en Miami.
La ARCA sumó una nueva denuncia contra la AFA mientras el titular del organismo también es investigado por evasión
★ La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia penal contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): el presidente Claudio «Chiqui» Tapia y el tesorero Pablo Toviggino volvieron a quedar en el centro de una causa por delitos tributarios. Esta vez, el organismo recaudador denunció el uso de facturas apócrifas por un monto superior a los $916 millones correspondientes a servicios que, según el fisco, nunca se prestaron.
La nueva causa y el fiscal que la lleva
El fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial resolvió abrir una investigación a partir de la ampliación de denuncia que ARCA presentó ante la Justicia. Según fuentes judiciales, el fiscal ya solicitó al juez Diego Amarante las primeras medidas de prueba. La pesquisa apunta a los delitos de evasión agravada mediante la utilización de facturas ideológica o materialmente falsas, y asociación ilícita fiscal.
En el dictamen que fundamentó la apertura de la causa, Navas Rial señaló que «las actuaciones administrativas darían cuenta de un accionar presuntamente ilícito, en el marco de la actividad habitual de la contribuyente Asociación del Fútbol Argentino, en atención a haberse detectado erogaciones, salidas de dinero cuyo respaldo documental es inconsistente, presumiéndose, de los elementos aportados en el marco de las tareas de fiscalización propias del organismo de control, su apocrificidad». El fiscal también resaltó que se trataría de conductas «considerables en su volumen, y reiteradas y sostenidas por un lapso ininterrumpido de tiempo».
Las cifras bajo la lupa fiscal
Según la denuncia de ARCA, la AFA habría registrado entre enero de 2023 y marzo de 2025 facturación por $916.527.614,05 sin abonar el impuesto a las Ganancias en concepto de salidas no documentadas. La evasión estimada asciende a $320.784.664,61, que con intereses escala a los $341 millones, a lo que se suma una multa de $125.792.579,86. El organismo también advirtió que la AFA emitió facturas a empresas con diversas irregularidades que hacen sospechar que se trata de gastos simulados.
Una segunda causa que se monta sobre la primera
Esta nueva presentación no surge del vacío. Se suma a una causa anterior impulsada también por ARCA, en la que el juez Diego Amarante citó a indagatoria en marzo pasado a Tapia y Toviggino por presunta retención indebida de aportes y tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según fuentes judiciales, en ese expediente los mismos dirigentes ya están procesados por haber apropiado de manera ilícita unos $19.300 millones.
Además de Tapia y Toviggino, el fiscal Navas Rial extendió la investigación al gerente general Gustavo Lorenzo y a los secretarios generales, actual y ex, Cristian Malaspina y Víctor Blanco, respectivamente. Todos ellos estaban a cargo de la administración de la institución durante el período en que se habrían producido los hechos investigados.
La paradoja: el jefe del fisco también bajo investigación
El escenario adquiere un carácter paradójico que no puede soslayarse. En simultáneo con la ofensiva judicial que ARCA ejerce sobre la AFA, su propio director ejecutivo, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) detectó que Vázquez habría adquirido tres propiedades en Miami por un total de 2,1 millones de dólares a través de sociedades offshore panameñas, sin declarar esos bienes ante el fisco ni ante la Oficina Anticorrupción. Las propiedades identificadas son una unidad en el Icon Brickell (USD 710.000), un departamento en la avenida Brickell 1060 (USD 400.000) y una suite en el Chateau Beach Residences de Sunny Isles (USD 980.000). La inconsistencia resulta llamativa: al momento de realizar esas compras, Vázquez declaraba ante la entonces AFIP activos líquidos de apenas 44.000 dólares.
El fiscal titular de la PIA, Sergio Rodríguez, solicitó su indagatoria ante el juez Martínez de Giorgi, quien habilitó una batería de medidas de prueba. También intervienen en la causa el fiscal federal Guillermo Marijuán y la PROCELAC, a cargo del fiscal Diego Velasco. El Gobierno, en la voz del asesor presidencial Santiago Caputo, intentó cerrar el debate argumentando sobreseimientos previos, pero los nuevos hallazgos de la PIA reabrieron la línea de investigación. El propio presidente Javier Milei defendió a Vázquez señalando que «es la persona que más sabe de la estructura impositiva en la Argentina», justificando así su permanencia en el cargo pese a las causas abiertas.
Doble estándar en la cima del fisco
La combinación de estos elementos configura un cuadro institucional de difícil sostenimiento: el organismo que persigue la evasión de la AFA está conducido por un funcionario al que la Justicia investiga por los mismos tipos de delitos que le imputa a los dirigentes del fútbol. En ese contexto, la credibilidad y la consistencia de la acción fiscal quedan expuestas a una contradicción que el Gobierno no parece dispuesto a resolver.
Puntos clave:
– ARCA presentó una nueva denuncia contra la AFA por facturas apócrifas por más de $916 millones correspondientes a servicios que no habrían existido.
– El fiscal Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal contra Tapia, Toviggino, Lorenzo, Malaspina y Blanco.
– La causa anterior, por retención indebida de $19.300 millones, ya tiene a Tapia y Toviggino con citación a indagatoria.
– El director ejecutivo de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades no declaradas en Miami valuadas en USD 2,1 millones.
– El Gobierno mantiene a Vázquez al frente de ARCA pese a las investigaciones por enriquecimiento ilícito, lavado y evasión.
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