Por Demetrio Iramain

El autopercibido “alegato” del fiscal federal Diego Luciani contra Cristina, más que una acusación penal representa una abierta amenaza política. Sin dudas, el segundo movimiento del golpe blando del mercado en curso hace meses, es este pretendido sopapo judicial contra Cristina.

Para el Lawfare tardío que Luciani personifica, los 12 años y medio de ampliación de derechos, ley de medios, AUH, distribución progresiva del ingreso vía discusión salarial en paritarias, recuperación de los fondos jubilatorios cautivos en las cuentas de los bancos, desendeudamiento del Estado y, claro que sí, grandísimas obras en infraestructura que dieron vuelta al país y lo pusieron a andar, no constituyen una Década Ganada, sino una asociación ilícita.

Que los tres mejores gobiernos de la post dictadura (el último de los cuales obtuvo el 54% de los votos) fueron una estructura piramidal para cometer delitos, como si Néstor Kirchner y Cristina fueran Cositorto, es de una insolencia inusitada. Y de un agravio formidable a la voluntad popular.

Para el sistema de guerra jurídica implantado en la región, todos los adherentes al kirchnerismo quedaron, a partir de esta puesta en escena, en el opaco estado de sospecha permanente.

Es notable que en su impostada oratoria, el fiscal reconociera que carece de pruebas para la acusación, y que toda su presunción se funda en que la Jefa de Estado no podía desconocer lo que pasaba en instancias inferiores de su gobierno (no dijeron lo mismo otro fiscales sobre la responsabilidad de Macri en el espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan). A falta de evidencias Luciani recurre al tono enfático y la ficción de los mensajitos de texto de José López, el arrepentido guionado, que en ningún caso chatea con Cristina. 

Esa prótesis, no obstante, fue desactivada el domingo, con la revelación de las fotos que dan cuenta de la relación personal entre el fiscal acusador (Luciani); los jueces del tribunal que debe juzgar a Cristina (Rodrigo Giménez Uriburu); políticos de Juntos para el Cambio (Jaime Méndez, Intendente de San Miguel, que el sábado recorrió la localidad junto a Macri), y hasta un camarista federal que deberá revisar las apelaciones a la segura condena (Mariano Llorens), fotografiados compartiendo un equipo de futbol (La Liverpool Club Social y Deportivo), que suele disputar sus encuentros deportivos en el predio donde Macri tiene su casa de fin de semana, Los Abrojos.

Todo muy endogámico, promiscuo y, esencialmente, ilegal. Un juicio sin garantías de imparcialidad no es un juicio, es un fusilamiento. Algo huele demasiado mal en el Poder Judicial.