Judiciales ⚖️
Juristas advierten que el fallo de la Corte daña el sistema democrático
Gil Domínguez resaltó lo irregular de la medida a tan sólo 5 días de la fecha prevista para los comicios.
Especialistas jurídicos advierten que suspender elecciones provinciales daña al sistema democráticoLos especialistas jurídicos Graciana Peñafort y Andrés Gil Domínguez señalaron este martes que las cautelares de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que suspendieron las elecciones en San Juan y Tucumán «ponen en peligro el Estado de derecho» y «genera un daño gravísimo al sistema democrático».
«Las instituciones están funcionando mal y lo que estamos viendo son precisamente las consecuencias de ese mal funcionamiento, que pone en peligro el Estado de derecho», señaló la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort.
La especialista indicó que la ley 48, que determina las jurisdicciones y competencia de los tribunales nacionales, «dice que la única manera que puede intervenir la Corte en este tipo de casos es cuando hay sentencia firme de los tribunales de provincias».Y ratificó: «No es una decisión de la Corte».
«En el caso de San Juan no hay sentencia firme del tribunal de provincia. Y en el caso de Tucumán hay una sentencia del tribunal de provincia pero no fue impugnada por la vía que corresponde, que es un recurso extraordinario», detalló.
Tanto Manzur como Uñac obtuvieron el aval judicial en las provincias para sus postulaciones, que habían sido cuestionadas por las fuerzas de la oposición.
Además, Peñafort destacó que «los miembros de la Corte tienen claramente una especial animadversión con uno de los afectados, como es el caso de (el candidato a gobernador de Tucumán, Osvaldo) Jaldo, que ni siquiera puede ser impugnado».
La Corte Suprema suspendió hoy las elecciones previstas para este domingo en San Juan y Tucumán, con sendas cautelares a recursos presentados por fuerzas de la oposición en ambas provincias, que señalaron que existe la posibilidad de que las candidaturas del exjefe de Gabinete nacional Juan Manzur a vicegobernador de Tucumán y del actual mandatario Sergio Uñac a la reelección en San Juan no respeten la alternancia reglamentada en las Constituciones provinciales.
Los planteos opositores apuntan a impedir la posibilidad de que Uñac obtenga un cuarto mandato consecutivo -uno como vicegobernador y tres como gobernador- y que Manzur integre por quinta vez la máxima jerarquía del Ejecutivo provincial, lo cual, a juicio de los de demandantes, choca contra los principios de la alternancia.
En tanto, el abogado Andrés Gil Domínguez publicó en su cuenta de Twitter «algunas breves reflexiones constitucionales» en torno a la medida cautelar dictada por la mayoría de la Corte Suprema de Justicia.»Desde el punto de vista constitucional, la CSJ está habilitada para dictar estas medidas cautelares aunque tengan una argumentación escuálida en relación a lo que resuelven. El problema es el manejo político que hace el tribunal de un instrumento jurídico válido», indicó Gil Domínguez.
Y aseveró que «suspender preventivamente una elección de autoridades provinciales a 5 días de su realización, cuando sobró tiempo para resolver el fondo de la cuestión, genera un daño gravísimo al sistema democrático argentino y pone en crisis la argumentación jurídica utilizada».
La Corte citó los casos de Gerardo Zamora en Santiago del Estero en 2013 y de Alberto Weretilneck en Río Negro en 2019, quienes debieron resignar sus postulaciones, aún cuando la controversia se zanjó mucho antes de los comicios y no involucró ninguna suspensión.
Al respecto, Gil Domínguez señaló que «la jurisprudencia de la CSJ habilita la instancia originaria cuando está en juego el principio republicano de gobierno respecto de la interpretación y aplicación de normas constitucionales locales -casos Santiago del Estero (2013), La Rioja (2019), Río Negro (2019).
Judiciales ⚖️
Reforma laboral: el Gobierno acudió a la Corte con un “per saltum” para destrabar la ley
A través de la Procuración del Tesoro, el Ejecutivo busca que el máximo tribunal revierta la suspensión de más de 80 artículos de la nueva norma. Con el argumento de la ‘gravedad institucional’, la administración libertaria intenta saltear las instancias inferiores tras el freno judicial obtenido por la CGT.
El Gobierno nacional presentó este viernes un recurso extraordinario de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de que el máximo tribunal intervenga de manera urgente en el conflicto por la reforma laboral. La movida judicial, impulsada por la Procuración del Tesoro que encabeza Rodolfo Barra, busca dejar sin efecto la medida cautelar que mantiene suspendidos más de 80 artículos clave de la Ley 27.802, tras un fallo del fuero laboral que hizo lugar a una demanda presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT).
La estrategia oficial consiste en saltear las instancias judiciales intermedias para evitar el paso por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, tribunal al que el Ejecutivo cuestiona por su supuesta falta de competencia para decidir sobre una ley de alcance nacional. Según la presentación, la vigencia de la cautelar dictada a fines de marzo genera una situación de «gravedad institucional» y una incertidumbre jurídica que afecta la aplicación de una reforma considerada central por la administración de Javier Milei para la reactivación económica.
El choque de poderes en la Justicia
El recurso apunta a que la Corte Suprema declare la plena validez de la norma y unifique criterios ante la dispersión de fallos en distintos juzgados federales. Desde la Secretaría de Trabajo sostienen que la ley fue aprobada democráticamente por el Congreso el pasado 27 de febrero y que el fuero laboral no puede erigirse como un bloqueador de políticas públicas nacionales. Los artículos en disputa afectan desde los períodos de prueba y los cálculos de antigüedad hasta las limitaciones al derecho de huelga y el sistema de aportes sindicales, puntos que la CGT denunció como violatorios de la libertad gremial y de los derechos constitucionales del trabajador.
Con esta jugada, el Gobierno busca acelerar los tiempos en un escenario de creciente presión sindical y conflictividad social. La Corte, que ahora tiene la última palabra, deberá definir si habilita el mecanismo excepcional del per saltum para tratar el fondo de la cuestión o si devuelve el expediente a las instancias previas, lo que prolongaría el freno a una de las reformas más ambiciosas y controvertidas del ciclo libertario.
Puntos clave:
- * El Ejecutivo presentó un «per saltum» ante la Corte Suprema para validar la reforma laboral.
- * La Procuración del Tesoro busca revertir la cautelar que suspendió más de 80 artículos de la ley.
- * El Gobierno argumenta «gravedad institucional» ante el freno judicial obtenido por la CGT.
- * El recurso intenta saltear la Cámara del Trabajo para obtener una resolución inmediata del máximo tribunal.
- * La disputa se centra en cambios sobre indemnizaciones, períodos de prueba y derechos sindicales.
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