Libertad de prensa
Milei derogó el Estatuto del Periodista y ahora el Senado debatirá su rescate
La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión se reunirá este martes para iniciar el debate del proyecto impulsado por la senadora Carolina Moisés, con el aval de los sindicatos de prensa. El telón de fondo es devastador: siete de cada diez periodistas se endeudan para cubrir necesidades básicas y el 65% cobra por debajo de la línea de pobreza.
Sin estatuto y con salarios de pobreza: el periodismo argentino pelea por sus derechos en el Senado
La Cámara de Senadores iniciará este martes 9 de junio el debate para la elaboración de un nuevo Estatuto del Periodista Profesional, meses después de que la Ley de Modernización Laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei derogara la normativa histórica del sector. La reunión se realizará a las 15 horas en el Salón Arturo Illia de la Cámara alta, con la presencia de representantes sindicales de prensa de todo el país.
La convocatoria llegó apenas dos días después del Día del Periodista, en un contexto en que el propio gremio expuso con números contundentes la gravedad de su situación: el 65,6% de los trabajadores de prensa cobra por debajo de la línea de pobreza, según la Encuesta Integral 2026 del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), elaborada sobre la base de 1.014 respuestas de periodistas del Área Metropolitana de Buenos Aires.
La derogación y la ventana que se cierra
El Estatuto del Periodista Profesional, reglamentado en la Ley 12.908 y promulgado en 1946 por el primer gobierno de Juan Domingo Perón, fue derogado en el Título XXVI de la Ley de Modernización Laboral, publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026. La norma liquidó de un plumazo ocho décadas de regulación laboral específica para el sector.
Sin embargo, la presión sindical obligó a una negociación parcial: se acordó mantener la vigencia del estatuto hasta el 31 de diciembre de este año, lo que dejó abierta una ventana para que el Parlamento apruebe una norma de reemplazo antes de que los derechos de los trabajadores de prensa queden al desamparo de la ley general de contrato de trabajo.
«Este año, Milei avanzó con la reforma laboral y sancionó la derogación del Estatuto del Periodista desde el 1 de enero de 2027, que garantizaba un piso de derechos y mayor estabilidad laboral. Además, continuó con el ajuste en los medios públicos», señaló la secretaria general de FATPREN, Carla Gaudensi, una de las expositoras invitadas a la sesión de este martes.
El proyecto de Moisés y el apoyo sindical
El proyecto de ley para crear el nuevo estatuto será presentado por la titular de la comisión, la senadora Carolina Moisés (Convicción Federal, Jujuy), con el acompañamiento de sus colegas de bancada, el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza. Se trata de una iniciativa que, según informó el equipo de prensa de la legisladora, va bastante más allá de una simple actualización de la norma anterior.
«Además de preservar la libertad de expresión, la iniciativa regula los nuevos derechos asociados al uso de plataformas, el teletrabajo, el rol de la inteligencia artificial, los derechos de cuidado y de secreto profesional, y protege la tarea en las coberturas periodísticas, entre otros aspectos», precisó el comunicado oficial.
La propuesta articula dos frentes: el legislativo, encabezado por Moisés, y el sindical, donde SiPreBA y FATPREN llevan meses empujando la iniciativa junto a organizaciones gremiales de todo el interior del país. La lista de expositores convocados para el debate de este martes refleja esa federalización del reclamo: además de Gaudensi, participarán María Ana Mandakovick, del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN); Diego Miner, de la Asociación de Periodistas de Corrientes; Pablo Jiménez, de la Asociación de Prensa de Santa Fe; y representantes de SiPreBA.
La fotografía del sector: pobreza, deuda y pluriempleo
La encuesta del SiPreBA presentada en el marco del Día del Periodista del 7 de junio desnudó una situación que contrasta con la narrativa de «normalización» que pregona el oficialismo. El 65,6% de los periodistas del AMBA cobra por debajo de la Canasta Básica Total del INDEC, que en abril de 2026 se ubicó en 1.469.768 pesos. El salario neto mediano en el principal empleo en prensa fue de 1.200.000 pesos, un 18,4% por debajo de esa línea.
El endeudamiento se consolidó como la estrategia de supervivencia del sector: el 67,8% de los encuestados recurrió durante el último mes a créditos, tarjetas o préstamos para cubrir necesidades básicas como alimentos, servicios o alquiler. Y entre quienes tienen deudas, el 77,7% destina al menos el 30% de sus ingresos a pagarlas, umbral considerado internacionalmente como sobreendeudamiento. El 39,5% reconoció que directamente no llega a fin de mes.
Para compensar la caída salarial, el 54,4% de los periodistas mantiene dos o más empleos remunerados, y el 86,4% de ese grupo afirma que lo hace porque el salario no alcanza. La situación se extiende incluso a los jubilados del gremio: el 68,8% de quienes están en edad de retiro sigue trabajando, y casi el 40% tiene más de un empleo.
Sobre la libertad de expresión, el informe también es categórico: el 86,8% de los encuestados consideró que este indicador empeoró bajo la gestión libertaria. Y el 91,6% se manifestó en contra de la derogación del Estatuto del Periodista.
«No podemos quedarnos en la resignación: necesitamos organizarnos y pelear de conjunto para lograr una actualización del Estatuto, mejorar los salarios y conseguir nuevas conquistas», sostuvo Gaudensi.
Derechos en suspenso hasta fin de año
La urgencia del debate legislativo no es retórica. El plazo de cobertura acordado durante la negociación de la Ley de Modernización Laboral vence el 31 de diciembre de 2026. Si el Congreso no aprueba un nuevo estatuto antes de esa fecha, los periodistas quedarán comprendidos únicamente en el régimen general del contrato de trabajo, con la pérdida de las protecciones específicas que la norma de 1946 consagró durante décadas, entre ellas la estabilidad laboral reforzada, la cláusula de conciencia y el secreto de la fuente como derecho laboral explícito.
El debate que arranca este martes en el Senado es, en ese sentido, una carrera contra el reloj que enfrenta la lógica del desguace laboral con la resistencia organizada de quienes hacen las noticias desde abajo.
Puntos clave
- El Senado inicia este martes 9 de junio el debate del nuevo Estatuto del Periodista Profesional, con presencia de sindicatos de prensa de todo el país.
- El estatuto histórico (Ley 12.908, 1946) fue derogado en marzo de 2026 por la Ley de Modernización Laboral del Gobierno de Milei, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
- El proyecto legislativo es impulsado por la senadora Carolina Moisés (Convicción Federal) e incorpora regulación sobre IA, teletrabajo, plataformas y coberturas periodísticas.
- Según la Encuesta Integral 2026 del SiPreBA, el 65,6% de los periodistas del AMBA cobra por debajo de la línea de pobreza y el 67,8% se endeudó para cubrir necesidades básicas.
- El 86,8% de los periodistas encuestados evaluó que la libertad de expresión empeoró bajo la gestión de Javier Milei.
Libertad de prensa
Milei llamó “mierda humana” a Novaresio y ADEPA le recordó el límite
La entidad de editores rechazó una nueva serie de agravios presidenciales en X contra nueve periodistas de La Nación, Clarín, Infobae, TN, A24 y C5N. Recordó que quien gobierna puede replicar, incluso con dureza, pero no insultar.
“Alguien debería explicarle a la MIERDA HUMANA de MIERDANECIO que un RT no te hace autor del tweet”. Así, en mayúsculas y desde su cuenta de X, el Presidente de la Nación se dirigió a un periodista. La respuesta institucional llegó un día después: para la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, quien gobierna tiene derecho a responder a la crítica, pero el insulto erosiona el debate democrático.
ADEPA difundió este martes un comunicado en el que lamentó y rechazó «una nueva serie de agravios proferidos por el presidente Javier Milei contra periodistas, columnistas y directivos de medios de comunicación a través de publicaciones en la red social X». El caso más resonante fue el de Luis Novaresio, conductor del canal A24, pero la entidad registró ataques contra otros ocho profesionales de la prensa en los últimos días.
Cómo empezó el cruce
El episodio arrancó el lunes, cuando Novaresio analizó en su programa de A24 unas declaraciones del canciller Pablo Quirno sobre el resultado de la primera vuelta en Brasil, en la que se impuso Flávio Bolsonaro, el candidato que respalda Milei. Mientras un columnista repasaba los dichos en los que el canciller celebró los triunfos de la derecha en la región, el conductor lanzó: «¿Tanto le piden Dr. Quirno? ¿Tanta obsecuencia le piden Dr. Quirno?».
Quirno le contestó en X: «No soy Doctor. No se peleen con los datos. Abrazo». Ya en el cierre del programa, Novaresio invitó al canciller a su espacio y aludió a los insultos de un posteo que el funcionario había compartido. Con ironía, sostuvo que «cuando uno retuitea hace propio lo que retuitea».
Ahí entró en escena el Presidente. «Alguien debería explicarle a la MIERDA HUMANA de MIERDANECIO que un RT no te hace autor del tweet. El imbécil se supone que es abogado y debería saber que el RT trabaja como cita. Si de lo que estudió el idiota no sabe, qué se puede esperar del resto de los temas», publicó. En otro mensaje, al citar el posteo de Quirno, escribió: «ATENDIENDO A LA MIERDA HUMANA DE MANDRILESIO Y SU DESPRECIO POR LA REALIDAD. PRIMERO LOS DATOS, ESTÚPIDO. CIAO!». El asesor presidencial Santiago Caputo también se sumó a los cuestionamientos contra el conductor.
Lo que dijo ADEPA
«ADEPA lamenta tener que volver a destacar algo que ha sostenido desde siempre. Quien gobierna, y es objeto de crítica, o considera que la información de un acto de gobierno es errónea, incorrecta o incluso pueda evaluarla como sesgada, tiene el mismo derecho que cualquier ciudadano de nuestra república: ejercer su crítica, aclaración o desmentida, incluso en tono enérgico y vehemente», señaló la entidad.
Y marcó la diferencia: «Lo que erosiona el debate público y el diálogo democrático son el insulto y el agravio, que afectan no sólo al destinatario identificado, sino al conjunto del cuerpo social». Para cerrar, recordó que «la libertad de expresión protege especialmente la circulación de opiniones sobre quienes ejercen el poder» y que «la réplica ha sido concebida para responder pero no para avalar los ataques personales».
El comunicado enumeró a los destinatarios de los agravios presidenciales de los últimos días: Fernán Saguier, Carlos Pagni, Jorge Liotti y Joaquín Morales Solá, de La Nación; María Eugenia Duffard, de Infobae; Jesica Bossi, de TN y Clarín; Luis Novaresio, de A24; Eduardo van der Kooy, de Clarín; y Gustavo Sylvestre, de C5N. Son nueve periodistas de seis medios distintos, con líneas editoriales muy diferentes entre sí: el blanco no es un medio, es la prensa que no aplaude.
Novaresio eligió no contestar
El conductor evitó responder en los mismos términos. En su columna del programa De boca en boca, por Radio 2 de Rosario, reflexionó: «La escasez de ideas para una pelea y la falta de respeto es terrible. No me quiero hacer el interesante y todo esto, pero no tengo ningún comentario para hacer». Y explicó su criterio: «Yo habitualmente he tomado una posición que es que cuando hay algo muy personal o algo que se dice exclusivamente a mí, no me gusta refutar».
Un patrón, no un exabrupto
No es la primera vez que Novaresio queda en la mira presidencial. En febrero de este año, Milei ya lo había atacado en X con el apodo «Ensobraresio» y lo acusó de mentir. Y hace pocos días, el mandatario trató de «zurda inmunda» y «basura corrupta» a María Eugenia Duffard tras una entrevista que la periodista le hizo a Máximo Kirchner, lo que llevó a la exdiputada Elisa Carrió a denunciarlo penalmente por abuso de autoridad y a pedir la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).
En septiembre, durante su 64ª Asamblea General en San Miguel de Tucumán, ADEPA presentó su Informe de Libertad de Prensa, que documentó entre otros episodios una exposición de Milei ante alumnos de la Escuela ORT en la que el Presidente alentó un abucheo colectivo contra los periodistas presentes. «El jefe del Estado no se limitó a cuestionar una cobertura o a discutir una información: incentivó a menores de edad a manifestar hostilidad hacia una actividad indispensable para la democracia», señaló entonces la entidad.
El contexto suma otra señal de alarma. El proyecto oficial de «Defensa de la Soberanía Nacional», que se debate en Diputados, propone penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, por cuenta o con financiamiento extranjero, busquen «manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva». El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) advirtió que esa figura «presenta un riesgo cierto para el ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión». Un gobierno que insulta a los periodistas desde la cuenta presidencial impulsa al mismo tiempo penas de prisión por campañas de desinformación, con una figura que las entidades del periodismo consideran ambigua.
Lo que tenés que saber:
- Milei insultó en X a Luis Novaresio, conductor de A24, tras sus críticas al canciller Pablo Quirno.
- ADEPA rechazó una nueva serie de agravios presidenciales contra nueve periodistas de La Nación, Infobae, TN, Clarín, A24 y C5N.
- La entidad sostuvo que quien gobierna puede criticar, aclarar o desmentir, pero que el insulto y el agravio erosionan el debate democrático.
- Novaresio evitó responder: «No tengo ningún comentario para hacer», dijo en Radio 2.
- Hace pocos días, Elisa Carrió denunció penalmente a Milei por sus insultos a la periodista María Eugenia Duffard.
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