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Mazzina valoró su gestión y pidió por la continuidad de las y los trabajadores del Ministerio

La ministra también pidió al próximo gobierno la continuidad del Programa Acompañar, que «logró la independencia económica de más de 350 mil mujeres» sobrevivientes de violencias, y de la línea 144 que asesoró a más de un 1 millón de personas y lleva 10 años funcionando, el programa registradas y todas las políticas de estos últimos años.

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Foto: Camila Godoy

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, pidió al próximo gobierno que garantice la continuidad del Programa Acompañar, que “logró la independencia económica de más de 350 mil mujeres” sobrevivientes de violencias, y de la línea 144, que asesoró a más de 1 millón de personas y lleva 10 años de funcionamiento, al tiempo que consideró que el cierre del Ministerio es una “decisión ideológica y no fiscal”.

“Ante la ausencia de la gestión entrante quiero dar la certeza de que hemos hecho absolutamente todo para poder brindar una transición ordenada, para poder dar cuenta de las políticas públicas de los programas de impacto federal que ha tenido este Ministerio”, afirmó la ministra al comienzo de una conferencia de prensa brindada este mediodía.

Foto Camila Godoy
Foto Camila Godoy 

A continuación, Mazzina remarcó que “nadie se ha acercado” de la gestión entrante, y consideró “correcto” dar cuenta de los logros alcanzados por la cartera de Mujeres, balance que deja de manera “física” impresa en cuatro tomos, uno por año de gestión.

La ministra hizo énfasis en que el presupuesto de la cartera de mujeres “representa el 0,2% del presupuesto anual” y que la planta de trabajadores y trabajadoras que lo integran es de las más bajas del Estado.

“Esto también hay que decirlo para poner un poquito de números y también para que sientan orgullo de que hicimos las cosas bien”, aseguró Mazzina y afirmó “de cada 100 pesos que gasta el Estado, sólo 20 centavos van al presupuesto total del Ministerio y 8 de cada 10 pesos que se invirtieron fueron directo a mujeres en situación de violencia por razones de género”.

La rueda de prensa

Durante la rueda de prensa liderada por la ministra, la jefa de gabinete de asesores y asesoras del ministerio, Erica Laporte; la presidenta del Consejo Asesor Ad Honorem, Dora Barrancos; y la secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, Josefina Kelly Neila, repudiaron los hostigamientos, la violencia mediática y digital y las amenazas que sufrieron los trabajadores y trabajadoras de esa repartición.

Mazzina pidió al próximo gobierno que garantice la continuidad laboral de los 1263 trabajadores y trabajadoras de la cartera cuyos contratos de renovación dejó “firmados” y a los que agradeció “de corazón, el compromiso el esfuerzo el profesionalismo de estos cuatro años”.

La línea 144

Durante la rueda de prensa en la que estuvieron presentes familiares de víctimas de violencia por motivos de género, representantes de organizaciones de la sociedad civil, de las universidades, y referentes gremiales, la ministra destacó el trabajo que se llevó a cabo con la línea 144, “que funciona hace más de 10 años”.

“La línea de atención gratuita para mujeres en situación de violencia que hemos fortalecido y mejorado hoy funciona, además de en castellano, en cinco lenguas indígenas, cinco idiomas extranjeros y es el primer servicio de atención a personas sordas hipoacúsicas del mundo”, apuntó Mazzina.

La funcionaria le pidió al próximo gobierno “que sostenga la estructura de una línea que tiene alcance federal y que, en este tiempo, llegó a más de 1 millón 200 mil personas que necesitaban a través de un teléfono pedir ayuda” y recordó que la línea 144 “tiene más de 10 años, ya pasó por dos transiciones políticas y por dos gobiernos”.

Asimismo, destacó los alcances del Programa Acompañar, que “nació en el momento más duro del país, con una pandemia, donde las desigualdades de género recrudecieron” y por el cual “más de 350.000 mujeres y diversidades lograron salir de una situación de violencia, fortalecer su independencia económica y transformar su vida”.

Se trata de “una política federal que habla de un acompañamiento del Estado, del abordaje de las violencias de manera integral y de lo difícil que es salir de esos círculos de la violencia, cuando las pibas quedan con sus hijos, con sus hijas y tienen que salir a buscar un alquiler o no tienen plata para comer”, agregó la ministra.

Durante la conferencia, se destacó la creación de 59 equipos interdisciplinarios en todo el país en el marco del Programa Acercar Derechos para brindar apoyo psicosocial jurídico a personas en situación de violencia y se informó que se proyectó la construcción de 30 centros territoriales de Políticas de Género y Diversidad en todo el país, de los cuales se inauguraron 4 ubicados en La Pampa, Tierra del Fuego, Quilmes y Morón, apuntó Mazzina.

Por su parte, Dora Barrancos, en su condición de presidenta del Consejo Asesor Ad honorem del ministerio, estuvo a cargo de la lectura del documento elaborado por las representantes de los 24 distritos del país, titulado: «Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada».

«Las políticas de Género deben ser cumplidas, por mandato constitucional y por una serie de leyes que hemos conseguido, además de por las convenciones que la Argentina ha firmado», sostuvo Barrancos, quien concluyó su mensaje, afirmando que «las feministas nunca nos despedimos»

Más de 34.000 mujeres formalizaron su trabajo con el programa Registradas, iniciativa “donde el principal sector son trabajadoras de casas particulares; asistimos a más de 19 mil personas a través de la Red de Asistencia Integral Contra las Violencias con el programa Igualar, lanzamos el Sello Igualar para empresas para centros de formación profesional y para el sector de turismo”, continuó la ministra.

Mazzina remarcó que además de los volúmenes impresos se pueden consultar estos datos en las redes y web del Ministerio y remarcó: “No somos un gasto. Hemos invertido en la vida de cada una de las compañeras y compañeros de la sociedad argentina y ojalá se tenga en cuenta que estos lugares de institucionalidad son necesarios para seguir por el camino que venimos luchando hace tiempo: una sociedad con menos violencia”.

Análisis

La culpa es nuestra: cómo la ciencia y los medios siguen apuntando a las madres cuando se habla de autismo

Cómo se envidencia en la nota de análisis de Clarin, rara vez se pregunta «¿qué hizo el padre?».

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Machismo en la ciencia: el cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia

Un estudio publicado en el British Medical Journal sobre exposición laboral tóxica y autismo fue reencuadrado mediáticamente en clave de culpa materna. Una tradición que la ciencia superó, pero el machismo resiste.

Un estudio reciente de investigadores de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins y de la Universidad de Harvard, publicado en el British Medical Journal (The BMJ), analizó 1.702 casos de niños diagnosticados con trastorno del espectro autista (TEA) en Dinamarca entre 1973 y 2012.

Sus conclusiones son técnicas, acotadas y explícitas: las madres que trabajan en entornos con exposición frecuente a sustancias tóxicas (plomo, solventes, gases de escape, derivados de combustibles) o con niveles elevados de estrés laboral crónico tienen mayor probabilidad de tener hijos con TEA. Las profesiones identificadas incluyen transporte terrestre, defensa militar y administración pública.

Lo que el estudio dice, con precisión, es que ciertas condiciones laborales tóxicas afectan el neurodesarrollo fetal. Lo que ciertos medios transmitieron, en cambio, fue otra cosa: que el problema son las profesiones de las madres. Que el problema, una vez más, son ellas.

El regreso de la «madre culpable»: una historia que no termina

La narrativa que conecta al autismo con la conducta materna tiene una historia larga y vergonzosa. A mediados del siglo XX, el psiquiatra Bruno Bettelheim popularizó el concepto de la «madre nevera» (refrigerator mother), según el cual la frialdad emocional de las madres era la causa del autismo en sus hijos. La teoría fue desacreditada décadas después por la propia comunidad científica, pero el daño en miles de familias, y especialmente en miles de mujeres que cargaron durante años con una culpa que no les correspondía, fue irreparable.

Hoy, la ciencia acumulada es contundente en la dirección opuesta. Un estudio financiado por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de los Estados Unidos (NICHD), que involucró a casi 2 millones de participantes, determinó que los factores genéticos hereditarios representan aproximadamente el 80,8% del riesgo de TEA, mientras que los llamados «efectos parentales maternos» representan entre el 0,4% y el 1,6% del riesgo, una cifra considerada estadísticamente insignificante por los propios autores. Ese mismo estudio advirtió, además, que no analizó los factores paternos, como la edad del padre, que la literatura científica también asocia con el riesgo de autismo.

La entidad Autismo España, en su portal institucional, señala que la investigación apunta a una «tasa aproximada de recurrencia del 20% en las familias» con un componente genético complejo y aún no completamente dilucidado. La organización también documenta que en los últimos años creció el diagnóstico de padres y madres después de que sus hijos fueran diagnosticados, lo que refuerza el peso de la herencia biológica compartida.

Lo que el estudio realmente dice (y lo que el titular omitió)

La investigación publicada en The BMJ no estudia si las madres trabajan o no. Estudia la exposición a agentes tóxicos y el estrés como factores de riesgo ambientales en el desarrollo fetal. La diferencia no es semántica: es política.

Afirmar que «las profesiones de las madres» tienen un «patrón común» en casos de autismo, sin contextualizar que lo que se mide es la exposición a plomo, solventes industriales, gases de escape y estrés crónico, es construir un titular que, deliberada o negligentemente, pone el foco en quién trabaja y no en qué condiciones laborales son toleradas por el Estado y los empleadores. Es trasladar la responsabilidad de una falla sistémica (la falta de regulación de ambientes laborales tóxicos) a las mujeres que los habitan.

Los propios investigadores del estudio son explícitos: el hallazgo requiere «investigar más en profundidad sobre las exposiciones laborales» y su relación con el neurodesarrollo, «usando metodologías que aborden estas exposiciones de manera específica y temporal». Es decir, la conclusión científica apunta a la regulación laboral y a la salud ocupacional, no a la maternidad como variable de riesgo en sí misma.

El doble estándar: padres invisibles, madres sospechosas

El sesgo de género en la investigación científica sobre autismo no es nuevo. La pregunta «¿qué hizo la madre?» estructura buena parte del campo desde sus orígenes, mientras que la pregunta «¿qué hizo el padre?» rara vez se formula con igual insistencia.

Sin embargo, la evidencia científica disponible indica que la edad paterna avanzada es también un factor de riesgo documentado para el TEA, asociado a mutaciones de novo en el esperma. Investigaciones publicadas en la revista Science, con datos de 2.600 familias, identificaron variantes genéticas raras heredadas paternamente como factores relevantes en el espectro autista.

El estudio de The BMJ, significativamente, no analizó las ocupaciones paternas. Esta asimetría metodológica no es neutral: refleja un sesgo histórico en la construcción de las preguntas científicas, que tiende a ver al cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia y al cuerpo paterno como un dato secundario.

Discapacidad en la Era Milei: un gobierno que recorta, criminaliza y señala

La circulación de este tipo de narrativas no ocurre en el vacío. En la Argentina de Javier Milei, el Estado retrocedió de manera sistemática sobre las políticas de discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), creada para centralizar y garantizar derechos, fue disuelta en diciembre de 2025 mediante el Decreto 942/2025 y reconvertida en una Secretaría de menor rango bajo la órbita del Ministerio de Salud, movimiento que más de 400 organizaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos calificaron como un «retroceso al modelo médico-rehabilitador» y un abandono del modelo social de la discapacidad.

El ajuste fue contundente: los $30 mil millones de presupuesto que tenía la ANDIS fueron redirigidos al Tesoro al momento de la disolución, según denunció la diputada peronista Roxana Monzón en la Cámara de Diputados de la Nación. La Justicia federal declaró inconstitucional parte de la reestructuración, pero el Gobierno apeló y, a mayo de 2026, solo reglamentó ocho artículos de la ley de emergencia en discapacidad, dejando diecisiete sin aplicar.

En ese marco, el gobierno impulsó además una nueva normativa presentada bajo el título «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez», que restringe los criterios de acceso a las pensiones y habilita suspensiones preventivas ante cualquier inconsistencia detectada.

Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) documentaron que el relato oficial sobre el crecimiento «injustificado» de las pensiones por discapacidad utilizó datos manipulados para justificar el recorte, según publicó la propia ACIJ en su portal institucional.

Es en este contexto donde adquiere una dimensión adicional la circulación de estudios presentados de forma sesgada: cuando el Estado abandona a las familias que conviven con el autismo y recorta los apoyos que necesitan, resulta funcional instalar la idea de que el problema tiene nombre de mujer y que la solución está en las decisiones individuales de las madres, no en las políticas públicas ausentes.

Machismo de guardapolvo blanco

Culpar a las mujeres que trabajan por la condición neurológica de sus hijos no es ciencia: es ideología con bata blanca. Es el mismo mecanismo que durante décadas señaló a las madres que trabajaban fuera del hogar como responsables de los problemas emocionales de sus hijos, que culpó a las mujeres que no amamantaron, que patologizó a las que estudian, a las que tienen proyectos propios, a las que no se «sacrifican» en silencio.

La ciencia del neurodesarrollo lleva décadas construyendo una imagen cada vez más compleja del autismo: multicausal, con fuerte base genética, mediada por factores ambientales que incluyen desde la edad paterna hasta la exposición a pesticidas, desde infecciones durante el embarazo hasta complicaciones perinatales. En ese cuadro multifactorial, la ocupación laboral de la madre es, según el propio consenso científico, un factor menor y circunscripto a condiciones de exposición tóxica específicas, no al hecho de trabajar.

Presentarlo de otro modo no es divulgación científica. Es misoginia con estadísticas.

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