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Jubilados sin medicamentos y hospitales saturados: el mapa de la crisis de la salud en la Argentina

Prepagas caras para ricos, recortes en el PAMI y hospitales colapsados: hasta dónde llega la fractura del sistema sanitario en el país. ¿Quién cuida la salud de los más vulnerables?

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El-Argentino-Imágen ilustrativa de paciente en el hospital, terapia intensiva
Imagen ilustrativa: la salud argentina en terapia intensiva.

La salud en Argentina enfrenta un colapso estructural. Con un 36% de la población dependiendo exclusivamente del hospital público, los recortes en el PAMI y la precarización de la atención para los jubilados y pensionados, el panorama se agrava. La migración hacia los hospitales públicos ha aumentado en más de 200 mil personas, debido a los ajustes que sufrieron las prepagas con incrementos del 115,7% en sus cuotas entre diciembre y marzo. La desigualdad en el acceso a la salud es una realidad que los sectores más vulnerables ya padecen.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) organizó un encuentro donde funcionarios, sindicalistas y empresarios reconocieron que el sistema sanitario está roto. «Hay una emergencia sanitaria declarada desde hace más de 20 años en Argentina”, afirmó Mario Russo, ministro de Salud, quien no esquivó la gravedad del diagnóstico. Sin embargo, las respuestas del Gobierno parecen ir en dirección opuesta a las necesidades de la población.

El recorte en el PAMI y la saturación de los hospitales públicos

El recorte en el PAMI, que afecta a millones de jubilados, eliminó la cobertura de 47 principios activos esenciales en los medicamentos, sumados a otros 11 retirados previamente. Estas sustancias, utilizadas en tratamientos para afecciones neurológicas, dolor crónico y antibióticos de primera línea, son fundamentales para la salud de los adultos mayores. La tijera pasó sin aviso, afectando directamente a los 7,5 millones de jubilados, en especial a los 5 millones que perciben el haber mínimo.

Este ajuste contrasta con la saturación del sistema público, que cubre a los sectores que no pueden costear una prepaga. Los hospitales públicos representan el único acceso a la salud para 16 millones de personas, cifra que sigue en aumento debido a la precarización laboral y el ajuste fiscal. La desigualdad en la cobertura también es geográfica: existen provincias con un número de centros de atención que cuadruplica al de las más desfavorecidas.

Obras sociales y prepagas: un subsistema en tensión

El 61% de la población está bajo el régimen de obras sociales, mientras que el 13,6% recurre a las prepagas. Sin embargo, la superposición de coberturas, el aumento de las cuotas y la baja en la calidad del servicio evidencian un sistema desequilibrado. El 63% de los establecimientos de salud son privados, y el 97% de ellos comerciales. Las grandes prepagas como OSDE, Swiss Medical y Galeno concentran el 80% del total de afiliados, mientras que las obras sociales más pequeñas apenas logran subsistir.

Las políticas de libre elección de obra social y la derivación de aportes al sector privado solo incrementaron la brecha en la calidad del servicio entre quienes pueden costearlo y quienes dependen del sistema sindical o público. Héctor Daer, secretario general de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad (Fatsa), instó a abrir una discusión política sobre el financiamiento del PAMI. Los recursos destinados a la atención de los adultos mayores son escasos y el recorte solo profundizó la crisis.

Un futuro incierto para la salud pública

La situación del sistema sanitario argentino requiere más que promesas de reorganización. Aunque el Gobierno plantea redefinir competencias entre Nación y provincias y redistribuir los centros de atención según su complejidad, los especialistas coinciden en que estas medidas no serán suficientes. El primer nivel de atención, esencial para la prevención y detección temprana, sigue desfinanciado. Mientras tanto, los grandes sanatorios y clínicas privadas continúan aumentando sus tarifas, sin ofrecer una mejora proporcional en los salarios de los trabajadores de la salud.

La crisis sanitaria argentina no es nueva, pero el ajuste fiscal y la falta de políticas inclusivas la llevaron al límite. Las consecuencias de estos recortes afectan a millones de ciudadanos que hoy enfrentan un sistema de salud colapsado y desfinanciado.

Puntos clave para entender la crisis de la salud en la Argentina:

El 36% de la población argentina depende exclusivamente de la salud pública.

Más de 200 mil personas migraron de las prepagas al sistema público debido al aumento en las cuotas.

El PAMI eliminó 47 principios activos esenciales de la cobertura de medicamentos.

Las prepagas incrementaron sus cuotas un 115,7% entre diciembre y marzo.

La desigualdad en la cobertura sanitaria varía ampliamente según la provincia.

OSDE, Swiss Medical y Galeno concentran el 80% de los afiliados a prepagas.

Investigación 🔎

ANDIS: una auditoría detectó un desfasaje de $158.717 millones bajo la gestión Spagnuolo

Un informe interno elaborado tras la salida de Diego Spagnuolo reveló diferencias de $158.717 millones entre los registros de deuda de dos áreas clave del organismo. Los prestadores de medicamentos e insumos recibieron $479.504 millones entre 2024 y agosto de 2025 mientras parte de los compromisos se abonó sin pasar por los controles administrativos obligatorios.

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El agujero negro de la Andis: más de $158.000 millones en diferencias contables y una causa por coimas del 20%.

Más de $158.000 millones en diferencias contables no justificadas, pagos millonarios sin respaldo documental y una causa judicial que investiga sobreprecios y posibles coimas de hasta el 20%: eso es lo que dejó al descubierto la auditoría realizada sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) después de la salida de su conductor.

La intervención del organismo elaboró el informe tras el desplazamiento de Diego Spagnuolo, quien estuvo al frente de la Andis hasta el 21 de agosto de 2025. El trabajo examinó la gestión hasta esa fecha y relevó pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipos electrónicos, contratos, nómina de empleados y declaraciones juradas.

$158.717 millones que nadie puede explicar

El eje del informe es contundente: «se constató una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los listados de la deuda exigible», según consigna el propio documento. La cifra surge de comparar la información entregada por dos áreas con responsabilidad directa sobre las finanzas del organismo: la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (Dnass), que implementaba programas como Incluir Salud.

Fue precisamente la Dnass la que informó el monto de deuda más elevado. Y fue también la Dnass la que, según el informe, presentó posibles imprecisiones en los datos entregados: desde esa dirección advirtieron que tanto los importes como su clasificación podían haber registrado variaciones por errores involuntarios en la carga realizada por prestadores. Una explicación que los auditores no consideraron suficiente para cerrar el caso.

Pagos sin control previo y la figura del «legítimo abono»

La auditoría también puso el foco en la utilización del mecanismo conocido como legítimo abono, una figura que permite pagar bienes o servicios ya entregados o cumplidos sin haber atravesado previamente los procedimientos ordinarios de contratación. En otras palabras: primero se entrega el servicio, después se busca la forma de pagarlo, saltando los controles que el Estado establece para garantizar transparencia y competencia en las compras.

El informe señaló que hasta la fecha de corte el organismo continuaba utilizando ese mecanismo y que solo se habían iniciado seis procedimientos de compras vinculados con esos servicios. Los auditores no identificaron en detalle cuáles fueron los pagos efectuados bajo esa figura, pero revelaron un dato que habla por sí solo: los prestadores de medicamentos e insumos recibieron $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025.

Una causa judicial que avanza sobre posibles coimas

La Dnass no solo está en el centro del desfasaje contable. También es objeto de una investigación judicial que conduce el fiscal Franco Picardi, quien analiza un presunto fraude con posibles coimas de hasta el 20% en los procesos de compra. Según la acusación fiscal, esos procesos habrían presentado sobreprecios y deficiencias graves en los procedimientos administrativos.

La causa judicial que involucra a Spagnuolo suma así una nueva dimensión: ya no se trata solo de irregularidades contables sino de una posible estructura de corrupción que habría operado durante su conducción del organismo. La justicia federal rechazó además el pedido de Spagnuolo para frenar la pericia de los audios incorporados al expediente, según trascendió de fuentes judiciales, lo que mantiene activa una de las líneas de investigación más sensibles del caso.

Lo que tenés que saber

  • La auditoría detectó un desfasaje de $158.717.131.557,63 entre los registros de deuda de la DPYC y la Dnass en la ex Andis.
  • Los prestadores de medicamentos e insumos cobraron $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025.
  • Parte de esos pagos se realizó bajo la figura de legítimo abono, sin los controles administrativos previos obligatorios.
  • El fiscal Franco Picardi investiga un presunto fraude con posibles coimas de hasta el 20% en los procesos de compra de la Dnass.
  • La justicia rechazó el pedido de Diego Spagnuolo para frenar la pericia de los audios incorporados al expediente.
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