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Los Certificados Únicos de Discapacidad ya no tienen vencimiento

La iniciativa surgió de «la escucha y el compromiso con todo el colectivo de discapacidad en todo el país».

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Los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) no tendrán plazo de vencimiento a partir de este lunes y prevén instancias de «acompañamiento y actualización» con una periodicidad entre los 5 y 15 años, según una resolución adoptada por el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), publicada este lunes en el Boletín Oficial.

En la actualidad, «un millón y medio de personas tienen CUD, una ‘herramienta voluntaria’, de tramitación gratuita, que es la puerta de acceso para muchos de los derechos de las personas con discapacidad», informó a Télam el director ejecutivo de la Andis, Fernando Galarraga.

«La idea es que esto nos permita avanzar hacia ampliar los niveles de la población certificada. En Argentina, hay cerca de cinco millones de personas con discapacidad», completó.

Con la medida, publicada en la Resolución 322/2023, apuntan a una «nueva dinámica de vinculación» de las personas con discapacidad con los procesos de certificación «desburocratizada y con mayor presencia del Estado en el acompañamiento permanente de las personas con discapacidad y sus familias», precisaron desde el organismo estatal.

En la primera etapa, de implementación inmediata, los CUD se emitirán sin plazo de vencimiento, tanto en su versión física como digital, y prevén un período en el que el Estado tomará contacto con la persona con discapacidad para acompañarla y mantener sus datos actualizados, detallaron.

Las instancias de acompañamiento y actualización se efectivizarán «con una periodicidad entre los 5 y 15 años -en todos los casos-, contados desde la certificación inicial o de la instancia de actualización correspondiente».

«Cuando el CUD se vencía y las personas no tenían la posibilidad de renovar porque el sistema de salud estaba explotado, no podían acceder a los turnos, e iban a una Junta Certificadora y les daban el turno para la renovación para tres o seis meses después, las personas quedaban fuera del sistema de prestaciones. La fecha de vencimiento -del CUD- estaba operando como una interrupción total de todas las prestaciones. Esto no va a ocurrir más. Esta actualización nos permite contar con una herramienta menos burocrática, más moderna y más sencilla», explicó el directivo.

La iniciativa surgió de «la escucha y el compromiso con todo el colectivo de discapacidad en todo el país».

Entre las dificultades que los solicitantes del CUD estaban atravesando, según Galarraga, estuvieron las de que las Juntas de certificación le quedaran lejos del domicilio, la reducida cantidad de Juntas en el país para la cantidad de población, que el trámite de renovación del CUD implicara llevar «de cero» todos los estudios, entre otros.

«Es ilógico volver a pedir estudios cuando la condición, que ya se comprobó y presentó en un estudio anterior, es irreversible. Esto va a desaparecer con el concepto de actualización, y cuando la Junta Certificadora los convoque dentro de cinco o diez años van a preguntarles de todo esto que vos ya me informaste, ¿cuál es tu situación actual?», explicó el funcionario.

En ese sentido, Galarraga anunció que desde el organismo están iniciando el desarrollo de operativos territoriales para que que las Juntas certificadoras recorran el país y lleguen así a las personas con discapacidad, algo que hoy «es muy reducido».

«A partir de mayo dotaremos a las 24 jurisdicciones de un transporte accesible para que desplacen a sus profesionales de Junta», adelantó a Télam.

La implementación será «progresiva, gradual y en etapas», en el marco del Plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la Certificación de la Discapacidad instituido por la Andis, agregaron.

Para las personas que ya tienen CUD por vencer, «la fecha que tienen de vencimiento operará como fecha de actualización», explicó Galarraga.

Entre las novedades, también planificaron la innovación tecnológica para la agilización de los trámites vinculados con la certificación.

El directivo agregó que, a partir de junio, la Andis reemplazará el papel moneda del CUD por un papel común con un código QR de verificación que significará «facilitar la logística y disminuir los costos de toda la tramitación, que asume el Estado» y, a partir de octubre, «estará implementada la plataforma de gestión de el certificado a nivel federal.

Por último, en la plataforma Mi Argentina seguirá estando disponible el CUD en formato digital con la misma validez que el formato en papel.

Gremiales

PAMI en crisis: médicos paran 72 horas y denuncian más recortes

La medida fue impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Integral y Afines (APPAMIA), que nuclea a los médicos del primer nivel de atención. Se garantizan urgencias.

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El Argentino Diario-Médicos-Residencias médicas-Hospital público-Salud Pública.

El sistema de salud de los jubilados entró en zona de conflicto abierto. Los médicos de cabecera del PAMI iniciaron un paro nacional de 72 horas en rechazo a una resolución oficial que, según denuncian, recorta sus ingresos y deteriora las condiciones de atención. Mientras tanto, la cadena de pagos también cruje: farmacéuticos advierten por deudas millonarias que arrastran desde comienzos de año.

La medida fue impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Integral y Afines (APPAMIA), que nuclea a los médicos del primer nivel de atención. Aunque se garantizan las urgencias, el conflicto deja expuesta una tensión de fondo: la sostenibilidad del modelo prestacional en un contexto de ajuste.

Un recorte que impacta en el bolsillo y en el sistema

El eje del reclamo es la resolución RESOL-2026-1107 del PAMI, que modifica el nomenclador y unifica criterios de pago. En los hechos, los profesionales aseguran que implica una baja significativa en sus ingresos.

  • Pago propuesto: $2.100 por paciente por mes
  • Ingresos mensuales que caen de $2.100.000 a $1.400.000
  • Jornadas completas con alta carga administrativa

Desde APPAMIA sostienen que esos montos no alcanzan para cubrir costos básicos de funcionamiento, como alquiler de consultorio, personal administrativo o servicios. “Es inviable sostener la práctica médica en estas condiciones”, advierten.

Sobrecarga y precarización

El conflicto no se limita a los ingresos. Los médicos describen un esquema de trabajo cada vez más exigente, con consultas cada 20 minutos y un sistema de validación que, según denuncian, suele fallar.

Ese cuello de botella obliga a muchos profesionales a completar tareas fuera del horario laboral, incluso por la noche, para evitar descuentos. La combinación de menor ingreso y mayor carga de trabajo alimenta el malestar.

Riesgo de éxodo y deterioro de la atención

El dato que más preocupa es el posible impacto en los afiliados. Desde la organización gremial advierten que podría producirse un “éxodo masivo” de médicos, lo que afectaría el funcionamiento del primer nivel de atención, clave en el seguimiento de enfermedades crónicas y la coordinación de tratamientos.

El médico de cabecera es, en la práctica, la puerta de entrada al sistema: prescribe medicamentos, ordena estudios y gestiona derivaciones. Su debilitamiento repercute de manera directa en la calidad de atención.

Deudas y falta dde medicamentos

A la par del paro, farmacéuticos denuncian atrasos en los pagos que, según estimaciones del sector, podrían superar los $500.000 millones. La deuda complica la provisión de medicamentos y suma presión sobre un sistema que ya muestra signos de fragilidad.

En ese escenario, el conflicto en PAMI deja de ser sectorial para convertirse en un problema estructural. Lo que está en juego no es solo una discusión salarial, sino el funcionamiento de una de las principales redes de atención sanitaria del país. Y los perjudicados por el gobierno libertario son, una vez más, los jubilados.

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