Judiciales ⚖️
Uno de los acusados del crimen de Tomás intento quitarse la vida
Gonzalo Brandon Canal (22) intentó colgarse con un trozo de tela de una prenda de vestir el jueves a la tarde en una celda de la Unidad Penitenciaria 6 de Dolores, aunque agentes penitenciarios advirtieron la maniobra y lo salvaron, por lo que se encuentra fuera de peligro y con asistencia psicológica.
Uno de los acusados del crimen de Tomás Tello, el joven de 18 años asesinado de una puñalada por una patota la mañana de Año Nuevo en la localidad balnearia de Santa Teresita, intentó ahorcarse en el penal bonaerense de Dolores, donde se encuentra detenido por el hecho, aunque fue salvado a tiempo por el personal penitenciario y trasladado al sector de Sanidad de la unidad, informaron este viernes fuentes vinculadas a la causa.
Los voceros dijeron que el acusado Gonzalo Brandon Canal (22) intentó colgarse con un trozo de tela de una prenda de vestir el jueves a la tarde en una celda de la Unidad Penitenciaria 6 de Dolores, aunque agentes penitenciarios advirtieron la maniobra y lo salvaron, por lo que se encuentra fuera de peligro y con asistencia psicológica.
Las mismas fuentes adelantaron que está previsto que en las próximas horas sea trasladado al Unidad 34 Melchor Romero, especializada en tratamiento en detenidos con problemas psiquiátricos.
Canal es uno de los ocho adultos detenidos y de los cuatro que están acusados de ser coautores del delito de «homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y alevosía», junto a Damián «El Kope» Kopelián -sindicado como el autor de la puñalada mortal que recibió Tello- Federico Brandon (22), Roberto de Jesús Ochoa (27) y Carlos Amestoy (29).
Además, en la causa están acusados de ser «partícipes necesarios» del hecho Avedis Kopelián y Aram Kopelián (27) -padre y hermano del principal acusado-, Darío Espinosa (33) y Diego Roberto Cejas.
En tanto el jueves la Justicia de Menores de Dolores dictó la prisión preventiva por 45 días para los dos adolescentes detenidos también por el crimen de Tomás.
Según indicaron las fuentes judiciales, uno de esos adolescentes optó por brindar su declaración tras ser notificado de la prisión preventiva y reconoció ante a la fiscal Mónica Ferre, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Dolores, al «El Kope» y a su padre como parte del grupo atacante que quedó filmado.
La prisión preventiva para ambos menores fue dictada por la titular del Juzgado de Garantías del Menor 1 de Dolores, María Fernanda Hachman, quien hizo lugar al pedido en ese sentido de la fiscal Ferre.
El crimen
De acuerdo a la investigación, Tello fue atacado a las 7.10 del 1 de enero en la zona de playas de Santa Teresita, en Costanera y calle 38, por «El Kope» y por al menos otros tres hombres, identificados como Federico Brandon (22), Roberto de Jesús Ochoa (27) y Carlos Amestoy (29), imputados como coautores.
Según la causa, los acusados actuaron luego de «urdir un plan de antemano con el fin de dar muerte» a la víctima, y contaron para ello «con la colaboración» de otros cuatro hombres.
Para la fiscalía, el ataque se originó por «una disputa previa ocurrida el día 23 de diciembre del 2023» y los acusados «increparon» a Tello en la playa mientras estaba con su novia y un amigo, con expresiones como «párense de mano, vamos a pelear hijos de puta, los vamos a cagar a trompadas, parate de mano» y «mirá cómo te regalás».
De acuerdo al expediente, al menos uno de los acusados exhibió «un arma blanca» y en ese momento la víctima trató de escapar, pero fue perseguido seis cuadras, hasta que fue acorralada y atacada nuevamente en el porche de ingreso de una vivienda sobre la calle 44 al 100.
«Acorralaron a la víctima en el pasillo de entrada de la vivienda sita en dicho numeral, y se turnaron para atacarlo a golpes de puntapiés, puños, piedras y botellazos, en la cabeza y en el cuerpo, mientras que a su vez impedían simultáneamente que sus amigos pudieran socorrerlo», describió el fiscal.
De acuerdo a esa secuencia, el principal acusado le provocó a Tello «una herida fatal corto punzante a la altura del esternón con un arma blanca».
Judiciales ⚖️
Otra denuncia por corrupción: licitación de $700 millones en la Quinta de Olivos
La diputada nacional Marcela Pagano denunció un presunto esquema irregular en una licitación millonaria destinada al mantenimiento de espacios verdes en la Quinta de Olivos. La presentación apunta a la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario.
Lo que tenés que saber
- Marcela Pagano denunció una licitación de $700 millones en Olivos.
- El contrato es para mantenimiento y jardinería de la residencia presidencial.
- La acusación apunta a Karina Milei como responsable del proceso.
- Se cuestiona que dos empresas oferentes pertenecerían al mismo empresario.
- Se investiga un posible vínculo familiar entre actores involucrados.
- Se pidió suspender la adjudicación y resguardar el expediente.
- También se mencionan posibles delitos contra la administración pública.
Denuncia por una licitación millonaria en la Quinta de Olivos
La diputada nacional Marcela Pagano denunció un presunto esquema irregular en una licitación pública por $700 millones destinada al mantenimiento y jardinería de la Quinta de Olivos y la Casa de Gobierno.
La presentación judicial apunta a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien responsabiliza por la adjudicación del proceso.
El contrato fue convocado para tareas de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de espacios verdes de la residencia presidencial.
Las irregularidades señaladas en la licitación
Según la denuncia, dos empresas que participaron de la compulsa —La Mantovana y Grub— pertenecerían al mismo empresario, lo que habría simulado una competencia inexistente.
La presentación sostiene que ambas firmas estarían vinculadas a un mismo grupo económico, lo que pondría en duda la transparencia del proceso licitatorio.
Además, se menciona la posible existencia de vínculos familiares entre el empresario adjudicado y una funcionaria cercana a la estructura de la Secretaría General.
Señalamientos sobre el rol de la administración
La denuncia afirma que la responsabilidad del control del proceso recae en la autoridad que impulsó la licitación, al exigir la verificación de la independencia de los oferentes.
En ese marco, el escrito plantea que la participación de empresas vinculadas entre sí podría configurar una simulación de competencia dentro del proceso estatal.
También se menciona la posibilidad de que el servicio ya se estuviera prestando previamente sin contrato formal, lo que habría derivado en la regularización mediante la licitación.
Pedido judicial y medidas solicitadas
La diputada solicitó al juzgado interviniente suspender la adjudicación del proceso y resguardar el expediente administrativo completo.
También pidió el secuestro de documentación vinculada a la licitación y la aplicación de medidas cautelares sobre los bienes de los eventuales responsables.
La presentación incluye referencias a posibles delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes de funcionario público.
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