A tres años de la sanción de la ley de interrupción legal (ILE) y voluntaria (IVE) del embarazo en Argentina, el Proyecto Mirar, que monitorea la aplicación de ambos derechos, destacó que el aborto «es mucho más que un acto individual» ya que «transformó la vida social, política y sanitaria del país impactando en la vida de mujeres, adolescentes y niñas que pueden elegir con libertad».

«El aborto es no sólo una prestación más que brindan los equipos de salud en sus tres subsectores, sino también un hito para la sociedad que participó en uno de los debates más democráticos de la historia argentina», resaltó en su último reporte el Proyecto Mirar, una iniciativa del Centro de Estudios de Sociedad y Estado (Cedes) en alianza con Ibis Reproductive Health, que monitorea la implementación de la Ley 27.610 (ILE/IVE) en el país.

La norma se votó el 30 de diciembre de 2020 y se promulgó el 14 de enero de 2021.

«El aborto es una práctica de salud y un derecho reconocido a partir de uno de los debates más participativos de la historia nacional. Sanitaristas, profesionales de la salud y del derecho, activistas, ciudadanas de todas las edades incluyendo adolescentes, políticos y políticas, y periodistas de diferentes lugares del país expresaron sus argumentos y aportaron datos durante el debate», enfatizó Mariana Romero, médica, directora ejecutiva del Cedes, del Conicet e integrante de Proyecto Mirar.

Del debate participaron más de 700 personas que se manifestaron a favor y en contra del derecho y más de 4,5 millones de personas vieron la transmisión en vivo, solo en los canales oficiales del Congreso de la Nación.

Desde el 2020, el aborto «se incorporó como una práctica en centros de atención primaria de la salud y en hospitales en todas las provincias, y se duplicó la cantidad de servicios públicos que realizan interrupciones voluntarias y legales del embarazo», resaltó el informe.

En ese sentido detalló que 245.015 personas accedieron a interrupciones seguras y legales en instituciones públicas de salud y que hasta junio de 2023 la línea de atención telefónica gratuita 0800-222-3444 sobre salud sexual atendió 40.563 consultas, 92% de las cuales fueron sobre aborto.

«Los datos son claros para mostrar el desempeño de la política pública nacional y provincial, aún cuando las desigualdades territoriales para acceder al derecho persisten y deben ser corregidas», aportó el documento.

Para Agustina Ramón Michel, abogada, investigadora asociada del Cedes e integrante de Mirar, la Ley IVE «fue un antes y un después en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos en la región latinoamericana y Estados Unidos», ya que el proceso legislativo y el texto de la ley «fueron de inspiración para los sistemas democráticos de la región al plasmar la regulación de la objeción de conciencia y el acceso dentro de un sistema de salud desigual y fragmentado».

Y además la movilización social que concluyó en la norma aprobada «también despertó admiración en otros países, tanto que el pañuelo verde se convirtió globalmente en el símbolo de la lucha por el derecho a decidir», enfatizó.

La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Atención Posaborto (tal el nombre completo de la norma) garantiza de forma integral acciones preventivas, estándares de calidad y de atención antes, durante y después del aborto.

«Es mucho más que una experiencia personal, es también una política pública en todo el país que cuenta con protocolos de atención actualizados según las recomendaciones de la OMS. En ese marco, entre 2021 y el primer semestre de 2023 se distribuyeron 240.540 insumos para la interrupción del embarazo», subrayó el informe.

En Argentina hay producción pública de medicamentos para abortar, lo que «contribuye a una mejor disponibilidad de las drogas y mayor accesibilidad económica», analizaron las especialistas

Los laboratorios públicos de las provincias de Santa Fe, San Luis y Río Negro producen misoprostol y el santafecino además, mifepristona.

«Cuando nos referimos al aborto hablamos de una prestación más dentro de un sistema de salud que aspira a garantizar el acceso universal a prácticas seguras en todas las provincias y en los tres subsectores de salud: público, privado y de obras sociales. Y también hablamos de equipos de salud de todo el país que incorporaron la práctica tanto en centros de atención primaria de la salud como en hospitales», subrayó Mercedes Krause, socióloga, investigadora del Cedes y la UBA e integrante del proyecto mirar.

No obstante, el relevamiento identificó que «todavía se observa una brecha territorial en el acceso al derecho: las 1982 instituciones públicas que dan acceso están distribuidas desigualmente. Si se miden los servicios en instituciones públicas disponibles por mujer, hay 3 a 4 cada 100.000 mujeres en Chaco, Santiago del Estero y Tucumán, mientras que hay 48 servicios cada 100.000 mujeres en La Pampa».

Otro eje que destacó el documento es que la ley de aborto «reconoce el derecho a la libertad, la autonomía y al goce de la salud sexual, reproductiva y no reproductiva. y también a niñas, niños, niñes y adolescentes y a quienes conviven con discapacidad como personas con agencia moral para tomar decisiones sobre sus vidas», recalcó Silvina Ramos, socióloga, investigadora titular del Cedes y del monitoreo.

Esa realidad puede leerse en los datos recolectados por el proyecto mirar: se produjo un descenso progresivo de las niñas que llevan embarazos a término (desde 2.350 en 2018 a 1.394 en 2021), lo que implicó una disminución de la tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años del 43% entre 2018 y 2021, de acuerdo a datos oficiales.

«Esto se debe en gran medida a la Educación Sexual Integral (ESI) y al Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan Enia). Por eso, el acceso al derecho a decidir es también una oportunidad para que niñas, niñes, niños y adolescentes hablen del abuso, de maternidades forzadas y de sus necesidades de cuidados», resaltó el documento.

Solo entre 2020 y 2021 las muertes maternas por aborto se redujeron de 23 a 13, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud.

El informe de mirar concluye que ‘es mucho más que un aborto, son mujeres, adolescentes y otras personas gestantes con ciudadanía plena, que no mueren y pueden elegir acerca de sus vidas en libertad e igualdad. Por esa razón, el aborto protege la vida. No hay marcha atrás posible».