Un corte de ruta contra el proyecto minero de Agua Rica, en la localidad catamarqueña de Choya, concluyó con más de quince heridos luego de que fuera desalojado con balas de goma por la policía de la provincia, que además detuvo a una manifestante, dijeron hoy organizaciones ambientalistas.

Por su parte, las autoridades definieron a la protesta como una «emboscada» en la que los ambientalistas usaron «piedras, palos y barricadas» para impedir el paso de los efectivos, quienes tuvieron «que realizar un uso incrementado de la fuerza».

El incidente ocurrió en las últimas horas del martes, en Choya, departamento de Andalgalá, sobre el corte de ruta que los manifestantes antiminería llevaban a cabo a la altura de Minas Capillitas en repudio al proyecto minero MARA (Minera Agua Rica Alumbrera), que se encuentra en etapa de exploración.

En el desarrollo de ese emprendimiento, para extraer cobre, molibdeno, oro y plata, están asociadas la sociedad estatal Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (Camyen SE) y las empresas Yamana Gold (Canadá), Glencore (Suiza) y Newmont Corporation (EEUU).

«La jornada de ayer, martes 3 de mayo de 2022, nos lleva a un nuevo capítulo en la represión a nuestro pueblo que se opone al proyecto megaminero MARA Agua Rica» indicaron desde la Asamblea permanente El Algarrobo de Andalgalá a través de un comunicado.

Los ambientalistas responsabilizaron a la policía de Catamarca al manifestar que «los vecinos de Choya fueron violentados a más de 4000 metros de altura» por el operativo policial que arremetió contra ellos «para asegurar el paso de vehículos de la empresa».

Y en otro párrafo del documento aseguraron que la represión «con balas de goma y todo tipo de elementos» se produjo «bajando de la cuesta de Capillitas, una vez en Choya», donde los vecinos «se encontraban resistiendo por su agua».

Además, señalaron que durante el choque con los manifestantes la policía detuvo a la vecina y productora rural Karina Orquera, «quien, como bien ilustran los videos e imágenes que se encuentran en nuestras redes, no hacía más que gritar y defender el agua de su pueblo y el futuro de sus hijos».

Finalmente, desde la Asamblea El Algarrobo responsabilizaron al fiscal de Andalgalá, Martín Camps, por haber ordenado el accionar de la policía.

Desde la cúpula de la policía, el comisario Ángel Agüero, aseguró en diálogo con la prensa que en el desalojo del corte de ruta el personal policial fue emboscado con «piedras, palos y barricadas» para que impedirles el paso, por lo que la policía «tuvo que realizar un uso incrementado de la fuerza».

Según el comisario, sus subordinados llevaron a cabo «un procedimiento pacifico en la zona Minas Capillitas, garantizando que bajen 100 trabajadores mineros y vuelvan a su hogar, y cuando iba volviendo la comisión policial a Andalgalá fue emboscada».

En esa línea, el jefe policial atribuyó la organización de la protesta a personas no están radicadas en la localidad y que «son también extrañas al departamento».

«No es el pueblo en general de Andalgalá o de Choya. Hay personas que son también extrañas al departamento (de Choya) y que están con esta causa ideológica en contra de la minería», agregó.

Por su parte, el intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba (UCR-JxC), señaló hoy en diálogo con FM Valle Viejo que el episodio del martes por la noche fuer como «una lucha de pobres contra pobres, que se pretende solucionar afuera de nuestro pueblo y sobre el que muchas veces los funcionarios de la provincia han hecho silencio».