Seguridad 🚨
Más de quince heridos en represión por un corte de ruta contra la minería en Catamarca
El incidente ocurrió en Choya, departamento de Andalgalá, sobre el corte de ruta que manifestantes antiminería llevaban a cabo a la altura de Minas Capillitas en repudio al proyecto minero MARA (Minera Agua Rica Alumbrera), que se encuentra en etapa de exploración.
Un corte de ruta contra el proyecto minero de Agua Rica, en la localidad catamarqueña de Choya, concluyó con más de quince heridos luego de que fuera desalojado con balas de goma por la policía de la provincia, que además detuvo a una manifestante, dijeron hoy organizaciones ambientalistas.
Por su parte, las autoridades definieron a la protesta como una «emboscada» en la que los ambientalistas usaron «piedras, palos y barricadas» para impedir el paso de los efectivos, quienes tuvieron «que realizar un uso incrementado de la fuerza».
El incidente ocurrió en las últimas horas del martes, en Choya, departamento de Andalgalá, sobre el corte de ruta que los manifestantes antiminería llevaban a cabo a la altura de Minas Capillitas en repudio al proyecto minero MARA (Minera Agua Rica Alumbrera), que se encuentra en etapa de exploración.
En el desarrollo de ese emprendimiento, para extraer cobre, molibdeno, oro y plata, están asociadas la sociedad estatal Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (Camyen SE) y las empresas Yamana Gold (Canadá), Glencore (Suiza) y Newmont Corporation (EEUU).
«La jornada de ayer, martes 3 de mayo de 2022, nos lleva a un nuevo capítulo en la represión a nuestro pueblo que se opone al proyecto megaminero MARA Agua Rica» indicaron desde la Asamblea permanente El Algarrobo de Andalgalá a través de un comunicado.

Los ambientalistas responsabilizaron a la policía de Catamarca al manifestar que «los vecinos de Choya fueron violentados a más de 4000 metros de altura» por el operativo policial que arremetió contra ellos «para asegurar el paso de vehículos de la empresa».
Y en otro párrafo del documento aseguraron que la represión «con balas de goma y todo tipo de elementos» se produjo «bajando de la cuesta de Capillitas, una vez en Choya», donde los vecinos «se encontraban resistiendo por su agua».
Además, señalaron que durante el choque con los manifestantes la policía detuvo a la vecina y productora rural Karina Orquera, «quien, como bien ilustran los videos e imágenes que se encuentran en nuestras redes, no hacía más que gritar y defender el agua de su pueblo y el futuro de sus hijos».
Finalmente, desde la Asamblea El Algarrobo responsabilizaron al fiscal de Andalgalá, Martín Camps, por haber ordenado el accionar de la policía.
Desde la cúpula de la policía, el comisario Ángel Agüero, aseguró en diálogo con la prensa que en el desalojo del corte de ruta el personal policial fue emboscado con «piedras, palos y barricadas» para que impedirles el paso, por lo que la policía «tuvo que realizar un uso incrementado de la fuerza».
Según el comisario, sus subordinados llevaron a cabo «un procedimiento pacifico en la zona Minas Capillitas, garantizando que bajen 100 trabajadores mineros y vuelvan a su hogar, y cuando iba volviendo la comisión policial a Andalgalá fue emboscada».
En esa línea, el jefe policial atribuyó la organización de la protesta a personas no están radicadas en la localidad y que «son también extrañas al departamento».
«No es el pueblo en general de Andalgalá o de Choya. Hay personas que son también extrañas al departamento (de Choya) y que están con esta causa ideológica en contra de la minería», agregó.
Por su parte, el intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba (UCR-JxC), señaló hoy en diálogo con FM Valle Viejo que el episodio del martes por la noche fuer como «una lucha de pobres contra pobres, que se pretende solucionar afuera de nuestro pueblo y sobre el que muchas veces los funcionarios de la provincia han hecho silencio».
Judiciales ⚖️
Seis detenidos en Brasil por la muerte de la joven lanzada sin cuerdas en el Puente del Esqueleto
La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis.
La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis. El comisario Antonio Luis Tuckumantel confirmó que las detenciones apuntan a evitar la destrucción de pruebas sobre el negocio de la actividad de aventura en el denominado Puente del Esqueleto.
Más arrestos en una causa que suma imputados
La Policía Civil del estado de San Pablo detuvo este sábado a tres nuevas personas en el marco de la investigación por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, ocurrida el pasado 13 de junio en Limeira, cuando la joven fue lanzada desde el Puente del Esqueleto, una estructura ferroviaria inconclusa utilizada como escenario para actividades de deporte extremo, sin que la cuerda de seguridad estuviera correctamente ajustada a su arnés. Según confirmó la Policía, el total de personas detenidas por este hecho ascendió a seis.
El comisario Antonio Luis Tuckumantel indicó que no podía precisar públicamente el rol específico de cada uno de los nuevos arrestados dentro del entramado investigado, aunque señaló que las detenciones buscan preservar la integridad de la evidencia y evitar que los responsables interfieran con el curso de la investigación.
Los tres primeros detenidos siguen en prisión preventiva
Los tres instructores detenidos desde el mismo día del accidente permanecen en prisión preventiva: Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 32 años; Maicon Fernandes Cintra, de 42 años; y Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 años. Los tres fueron acusados de homicidio con dolo eventual y sus solicitudes de habeas corpus fueron rechazadas por la Justicia, que consideró que existía riesgo real de fuga e interferencia en la investigación.
Según la investigación, el trío integraba el grupo que organizaba los saltos desde el puente, donde se cobraban 180 reales (aproximadamente 35 dólares) por persona. El negocio funcionaba sin habilitación ni constitución formal como empresa, condición que la Justicia valoró al denegar las excarcelaciones.
La secuencia fatal: sin cuerdas y sin verificación
La investigación reconstruyó con precisión cómo se produjo la tragedia. De acuerdo con la Policía Civil, la cuerda que debía sujetar a María Eduarda no fue ajustada y permaneció enrollada sobre la plataforma desde donde se realizó el salto en el momento en que la joven fue empujada al vacío. Una grabación realizada por testigos presentes en el lugar mostró que los instructores llevaron a la víctima hasta el borde del puente y la empujaron sin haber completado la verificación del equipo de seguridad. Los propios testigos declararon ante la Justicia que los responsables omitieron la revisión final antes del salto.
María Eduarda, residente de la localidad de Jandira, cayó desde una altura aproximada de 40 metros y murió como consecuencia del impacto. La joven tenía 21 años.
Un negocio sin habilitación y sin controles
La investigación estableció además que la organización que promovía los saltos en el Puente del Esqueleto no operaba como una empresa formalmente constituida. La estructura, ubicada en las afueras de Limeira, se había convertido en un punto habitual para actividades de rope jump sin ningún tipo de control estatal, regulación ni fiscalización municipal o federal. Este dato no es menor: la cobertura previa de este medio señaló que la municipalidad de Limeira había alertado a las autoridades nacionales sobre la situación del puente desde principios de 2025, sin que se adoptaran medidas efectivas de control.
La muerte de María Eduarda reabre el debate sobre la ausencia de regulación en el sector de los deportes de aventura en Brasil, donde la actividad de rope jumping se ofrece de manera informal en múltiples puntos del país sin que exista un marco normativo que establezca estándares mínimos de seguridad, habilitaciones obligatorias ni protocolos de verificación previos al salto.
Puntos clave
- La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas, elevando a seis el total de detenidos por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas.
- Los tres instructores detenidos desde el 13 de junio, Egoroff, Cintra y Gonçalves, permanecen en prisión preventiva acusados de homicidio con dolo eventual.
- La cuerda de seguridad no estaba ajustada al arnés de la víctima cuando fue empujada al vacío desde 40 metros de altura.
- El grupo organizador de los saltos no operaba como empresa formalmente constituida y carecía de habilitaciones municipales o nacionales.
- La causa reaviva el debate sobre la falta de regulación de los deportes de aventura en Brasil y la responsabilidad del Estado en la fiscalización de estos espacios.
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