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Judiciales ⚖️

Casación rechazó la apelación de familiares de víctimas del ARA San Juan por presunto espionaje ilegal

El fallo beneficia al ex presidente Mauricio Macri y a los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

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La Cámara Federal de Casación rechazó el recurso de familiares de víctimas del ARA San Juan para que la Corte revisara los sobreseimientos de todos los acusados por espionaje ilegal cuando reclamaban justicia por los 44 marineros muertos.

Por mayoría, los jueces Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky argumentaron que las querellas “no han cumplido con los recaudos para la interposición del recurso extraordinario federal establecidos por la Corte Suprema”, es decir una cuestión formal por la que resolvieron “declarar inadmisibles los remedios intentados”.

A fines de noviembre de 2023, el tribunal había confirmado el sobreseimiento de todos los imputados, entre ellos el ex presidente Mauricio Macri y los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Todos estaban acusados por tareas de seguimiento e infiltración entre los familiares que reclamaban respuestas por la tragedia que causó la muerte de 44 marineros.

Macri había sido procesado en primera instancia por el juez federal subrogante de Dolores Martín Bava, pero la causa luego pasó a Comodoro Py y allí la Cámara Federal consideró que no había tareas de espionaje sino de seguridad para el entonces presidente en sus viajes y desplazamientos.

“Queda descartado cualquier tipo de ‘secretismo’ entre los familiares respecto de esos datos y su obtención exclusivamente a través de medios considerados ilegales”, dijeron entonces los jueces Yacobucci y Borinsky.

Las querellas, a cargo de los abogados Valeria Carreras y Luis Tagliapietra (este último padre de uno de los marinos muertos) presentaron un recurso para llegar a la Corte.

En el caso de Tagliapietra, el tribunal desestimó el planteo por haberlo presentado fuera de los plazos legales; en el de la otra querella –en la que también intervino el ex juez Mariano Bergés- sostuvieron que “no lograron caracterizar la arbitrariedad invocada, ni la existencia de cuestión federal suficiente que autorice la habilitación de la vía extraordinaria”.

“Sus argumentaciones sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta “, añadieron.

La misma suerte corrió el planteo formulado por la organización defensora de los derechos humanos Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que había pedido la reapertura de la causa en su calidad de “amicus curiae” (amigo del tribunal).

La tercera jueza del tribunal, Ángela Ledesma, se había inclinado por conceder el recurso para que la causa llegar a la Corte.

En la anterior oportunidad, también en soledad, la jueza Ledesma se había inclinado por continuar con la investigación sobre el presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas cuando reclamaban justicia.

Para los jueces que votaron en mayoría, “la información recogida (por los agentes de inteligencia) se desenvolvió en el marco que admiten las expectativas de privacidad e intimidad en las circunstancias en que se desarrollaron”.

 “El hecho de que desde la agencia se haya realizado durante un cierto y limitado período de tiempo un relevamiento superficial de información respecto de aquellas personas afectadas por la incertidumbre y la carencia de las respuestas que esperaban, no permite seguir de ello que se haya ingresado, de manera ilegítima e inconstitucional, en el ámbito de autodeterminación o reserva”, añadieron.

Policiales 🚨

Terror en La Matanza: encontraron una granada activa y desbarataron una banda narco que usurpaba casas

Cinco procedimientos simultáneos permitieron secuestrar miles de dosis de estupefacientes, un importante arsenal y dinero en efectivo. La investigación apunta a un hombre alojado en una unidad penitenciaria, acusado de coordinar los movimientos de sus colaboradores desde su celda.

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Un importante despliegue policial permitió desarticular una organización dedicada al narcotráfico y a la ocupación violenta de propiedades en el partido bonaerense de La Matanza. Durante los procedimientos, los efectivos encontraron miles de dosis de drogas, armas de fuego, chalecos antibalas y un explosivo que requirió la intervención de especialistas.

La investigación también puso el foco sobre un hombre detenido en la Unidad Penitenciaria N° 2 de Sierra Chica, señalado como el presunto responsable de coordinar las actividades del grupo desde su lugar de alojamiento.

Cinco allanamientos y un operativo dentro de la cárcel de Sierra Chica

El procedimiento incluyó cinco allanamientos simultáneos. Cuatro se realizaron en diferentes domicilios de La Matanza y el restante tuvo lugar en la unidad penitenciaria donde permanece alojado Claudio Nahuel Ledesma Blanco, conocido como «El Gendarme».

De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría mantenido comunicación con sus colaboradores mediante teléfonos celulares y les habría transmitido instrucciones para llevar adelante las actividades de la organización.

Durante la requisa de su celda, los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares con líneas activas y conexión de datos.

Como resultado de los operativos, dos personas fueron aprehendidas: un hombre de 39 años y una mujer de 22. Por su parte, el interno quedó notificado en carácter de detenido e imputado en la causa.

Usurpaban viviendas por la fuerza para convertirlas en puntos de venta de droga

Uno de los principales aspectos de la investigación apunta al mecanismo utilizado por la organización para apropiarse de diferentes propiedades.

Según las fuentes policiales, los integrantes del grupo ocupaban viviendas mediante amenazas y el uso de armas de fuego. Los inmuebles eran utilizados posteriormente para almacenar, distribuir y comercializar estupefacientes, además de funcionar como centros operativos.

Uno de los lugares identificados estaba ubicado en Ciudad Evita y era conocido como «La Ventanita».

El nombre respondía a la modalidad de comercialización: los compradores recibían las sustancias a través de una abertura de la vivienda, frente a la cual se formaban largas filas.

Enfrente funcionaba otro inmueble que también habría sido ocupado por la fuerza. Ese domicilio era utilizado como centro operativo y espacio de custodia de la organización.

Más de 3.000 dosis de droga, cinco millones de pesos y un arsenal

Los allanamientos permitieron secuestrar una importante cantidad de estupefacientes, dinero y elementos vinculados con la actividad investigada.

Entre los principales elementos incautados aparecen:

  • 2.526 dosis de pasta base.
  • 515 dosis de cocaína.
  • Cinco millones de pesos en efectivo.
  • Una escopeta calibre 12 cargada.
  • Una pistola ametralladora con numeración suprimida.
  • Tres pistolas marca Bersa: una calibre .22 y dos de 9 milímetros.
  • Municiones de diferentes calibres.
  • Cuatro equipos de comunicación tipo handy.
  • Elementos para el corte y fraccionamiento de drogas.
  • Anotaciones vinculadas con la investigación.

Las dos pistolas 9 milímetros presentaban identificaciones adulteradas o carecían de numeración, mientras que parte del armamento secuestrado quedó incorporado a las actuaciones judiciales.

También encontraron dos chalecos antibalas que registraban pedidos de secuestro vigentes por hurto y robo, respectivamente, además de una pechera con la inscripción «POLICÍA».

El hallazgo de una granada activa obligó a convocar a Explosivos

Uno de los momentos más delicados del operativo ocurrió dentro de la vivienda utilizada como centro operativo de la organización.

Allí, los investigadores encontraron una granada activa junto con el resto del armamento.

Ante el peligro que representaba el artefacto, los efectivos interrumpieron su manipulación y solicitaron la presencia de la Dirección de Explosivos de la Policía bonaerense.

Los especialistas aseguraron el sector y realizaron el procedimiento correspondiente para desactivar el explosivo.

El hallazgo quedó incorporado al conjunto de elementos secuestrados durante los allanamientos.

Quién es el presunto líder que coordinaba las operaciones desde prisión

La investigación identificó como presunto jefe de la organización a Claudio Nahuel Ledesma Blanco, alias «El Gendarme», de aproximadamente 30 años y oriundo del barrio Areco de Virrey del Pino.

Según la información policial, el hombre registraba antecedentes por delitos contra las personas y hechos de violencia con armas.

En 2016 fue detenido en el marco de una causa por homicidio criminis causa en concurso real con homicidio agravado en grado de tentativa. Además, era investigado por su posible vinculación con otros asesinatos.

Entre esos hechos figuraba el crimen de un efectivo de la Comisaría de Virrey del Pino, ocurrido en 2015.

Los investigadores sostienen que, pese a permanecer alojado en Sierra Chica, habría conservado contacto con integrantes de la organización y transmitido instrucciones para desalojar violentamente a ocupantes de distintas propiedades.

En anteriores requisas realizadas en su celda también le habrían secuestrado teléfonos celulares.

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