Judiciales ⚖️
Juicio a Alperovich: dos testigos corroboraron que la denunciante fue abusada cuando trabajaba bajo sus órdenes
Un tío y una ginecóloga recordaron que ella les dijo que había sido víctima de abuso sexual del exgobernador de Tucumán.
Un tío de la víctima y su ginecóloga recordaron hoy cuando les contó en distintos momentos que ella les confesó que José Alperovich, familiar suyo y entonces candidato a gobernador en Tucumán, había abusado sexualmente de ella.
Al reanudarse el juicio declaró por primera vez José Alberto León, tío de la víctima y primo de Alperovich, incluso dijo que el entonces senador lo había promovido cuando fue gobernador al cargo de miembro del Tribunal Fiscal, el cual aún mantiene.
El testigo le dijo al juez Juan Carlos Ramos Padilla que tuvo un primer encuentro con su sobrina antes de tomar el trabajo para Alperovich y que él le aconsejó que era un trabajo muy intenso por la dinámica de la campaña para gobernador que aquel estaba encargando para 2019.
El hombre dijo que luego tuvo otra reunión ya cuando ella había renunciado donde la vio “muy mal” porque “temblaba como una hoja”, y le sugirió que había sido abusada.
El funcionario aclaró incluso que luego se reunió con Alperovich y que éste le pidió que intervenga para que su entonces asesora y sobrina, la misma que lo denunciaría más adelante por abuso sexual, para que no “cometa una locura” y lo atribuía a que ella se “dejaba llenar la cabeza” por la pareja de ese momento, David Mizrahi.
Según contó, fue en dos ocasiones, primero cuando Alperovich lo llamó y él estaba en el exterior y luego personalmente en la casa del entonces senador en un encuentro a solas: “¿Cuánto me va a costar todo esto?”, dijo que le preguntó.
Este último era un aliado político de Alperovich que luego se pasó a la oposición y ahí es donde apunta la defensa para asegurar que existió un complot en la denuncia por abuso en su contra debido a esa razón.
Luego León recuerda ya que vio a su sobrina cuando ésta formalizó la denuncia: “leo la denuncia y no lo podía creer, fui hasta la esquina, vomité y volví. Le pregunté si era consciente de lo que estaba haciendo y ella me dijo que quería sacarse el monstruo que tenía adentro”.
Ante ello, el fiscal Sandro Abraldes le preguntó si le creía a su sobrina: “sí”, fue su respuesta.
Por momentos, el abogado fue arrinconado a preguntas por el juez Ramos Padilla a raíz de la influencia que tenía en la provincia Alperovich y sobre el hecho de aquel haberle recomendado a la víctima buscarse el apoyo de algún organismo en defensa de la mujer.
Luego declaró una ginecóloga que tenía a la víctima como habitual paciente y que aseguró haberla atendido en 2019.
La testigo dijo que fue por un “control” y la vio “muy desmejorada y angustiada” y durante la consulta “rompió en llanto al relatar una situación de abuso y de violencia en el contexto laboral”.
También declaró una fonoaudiologa quien dijo tuvo cinco sesiones con la denunciante que acudió para poder “comunicarse” mejor ante lo que estaba atravesando.
Según recordó la profesional, el relato de la joven era “cortado” y “nervioso” y ante preguntas de la acusación recordó que la joven le contó que había sufrido “una suerte de acoso en su ámbito laboral y que había sufrido abuso de poder en su relación”.
“Ella me dijo que se había podido finalmente librar”, recordó la profesional al último contacto que tuvo posar parte de la víctima, y fue cuando ella ya había renunciado a su trabajo como asesora de Alperovich.
Judiciales ⚖️
Otra denuncia por corrupción: licitación de $700 millones en la Quinta de Olivos
La diputada nacional Marcela Pagano denunció un presunto esquema irregular en una licitación millonaria destinada al mantenimiento de espacios verdes en la Quinta de Olivos. La presentación apunta a la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario.
Lo que tenés que saber
- Marcela Pagano denunció una licitación de $700 millones en Olivos.
- El contrato es para mantenimiento y jardinería de la residencia presidencial.
- La acusación apunta a Karina Milei como responsable del proceso.
- Se cuestiona que dos empresas oferentes pertenecerían al mismo empresario.
- Se investiga un posible vínculo familiar entre actores involucrados.
- Se pidió suspender la adjudicación y resguardar el expediente.
- También se mencionan posibles delitos contra la administración pública.
Denuncia por una licitación millonaria en la Quinta de Olivos
La diputada nacional Marcela Pagano denunció un presunto esquema irregular en una licitación pública por $700 millones destinada al mantenimiento y jardinería de la Quinta de Olivos y la Casa de Gobierno.
La presentación judicial apunta a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien responsabiliza por la adjudicación del proceso.
El contrato fue convocado para tareas de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de espacios verdes de la residencia presidencial.
Las irregularidades señaladas en la licitación
Según la denuncia, dos empresas que participaron de la compulsa —La Mantovana y Grub— pertenecerían al mismo empresario, lo que habría simulado una competencia inexistente.
La presentación sostiene que ambas firmas estarían vinculadas a un mismo grupo económico, lo que pondría en duda la transparencia del proceso licitatorio.
Además, se menciona la posible existencia de vínculos familiares entre el empresario adjudicado y una funcionaria cercana a la estructura de la Secretaría General.
Señalamientos sobre el rol de la administración
La denuncia afirma que la responsabilidad del control del proceso recae en la autoridad que impulsó la licitación, al exigir la verificación de la independencia de los oferentes.
En ese marco, el escrito plantea que la participación de empresas vinculadas entre sí podría configurar una simulación de competencia dentro del proceso estatal.
También se menciona la posibilidad de que el servicio ya se estuviera prestando previamente sin contrato formal, lo que habría derivado en la regularización mediante la licitación.
Pedido judicial y medidas solicitadas
La diputada solicitó al juzgado interviniente suspender la adjudicación del proceso y resguardar el expediente administrativo completo.
También pidió el secuestro de documentación vinculada a la licitación y la aplicación de medidas cautelares sobre los bienes de los eventuales responsables.
La presentación incluye referencias a posibles delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes de funcionario público.
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