Judiciales ⚖️
Detuvieron al socio del exrugbier Longhi por el crimen y buscan un prófugo
El detenido Pablo Javier Achard es el principal sospechoso del asesinato de Marcelo Longhi y también se busca al casero Ramón Flores
El socio del exrugbier y presidente del Club Municipal de Vicente López (Vilo), Marcelo Longhi, asesinado el 13 de enero último en la ciudad de Luján, fue detenido hoy como sospechoso del crimen, en tanto se busca al casero del campo de la víctima, quien se encuentra prófugo, informaron fuentes judiciales.
El detenido fue identificado por los voceros como Pablo Javier Achard, mientras que el prófugo es el casero Ramón Flores, quien se sospecha huyó hacia la provincia de Chaco, donde es buscado. El giro en la investigación surgió de un informe «clave» médico legista que determinó que la víctima no pudo haber salido con vida de su campo de Tomas Yofré ese mediodía, como se creyó en un primer momento, añadieron los informantes.
A pedido de la fiscal 9 de Luján, Mariana Suárez, y por orden del Juzgado de Garantías 1 de Mercedes, esta mañana fue detenido Achard, socio de Longhi, al tiempo que se allanó su domicilio en el partido bonaerense de Vicente López, donde se secuestró una pistola calibre 9 milímetros con la documentación vencida y el teléfono celular del imputado.También se allanó una oficina donde Achard tiene su empresa de seguridad, ubicada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dijeron las fuentes.
En tanto, también por orden judicial, se allanó el campo de la víctima con el fin de apresar al casero Flores, aunque se constató que éste no se encontraba en el lugar y que presuntamente se fue a la provincia de Chaco, donde es ahora buscado y donde tiene una causa por tentativa de homicidio con arma de fuego, añadieron los voceros.
Es el campo los pesquisas secuestraron tres escopetas. A Achard y Flores se les imputa ahora el delito de homicidio simple, por el que el primero será indagado mañana. Una de las sospechas de los investigadores es la de un crimen por motivos económicos.
De la pesquisa participaron junto a la fiscal efectivos de la DDI Mercedes con sede en Luján, personal de seguridad local de esa ciudad y detectives del Departamento de Homicidios de la provincia de Buenos Aires, quienes obtuvieron diversos elementos que vinculan a los dos imputados con el homicidio de Longhi.
La víctima fue hallada asesinada a golpes y con el cuello quebrado el 13 de enero pasado en la caja de su camioneta Ford Ranger detenida entre unos pastizales, a unos 15 metros de un camino rural que se cruza con la ruta provincial 47, en el acceso al paraje La Choza, en el límite entre Luján y General Las Heras, en el noroeste del Gran Buenos Aires.
Los investigadores inicialmente creyeron que había salido a las 13.35 de ese día de su campo ubicado en la localidad de Tomas Jofré rumbo a Navarro con 180.000 pesos con los que tenía previsto comprar dos novillos, aunque una prueba «objetiva» derribó esa pista, según los informantes.
Buenos Aires
Provincia rechazó la desregulación de la VTV: “El Estado nacional pone en juego la seguridad de millones”
El gobierno de Axel Kicillof marcó distancia de la reglamentación nacional que habilita a talleres privados a realizar la Verificación Técnica Vehicular y libera los precios del servicio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió que la provincia sostendrá los estándares vigentes y cuestionó la coherencia de desregular controles vehiculares mientras las rutas nacionales se deterioran.
Rutas rotas y controles sueltos: la peligrosa coherencia del modelo Milei en seguridad vial.
★ El mismo día en que el Gobierno nacional reglamentó los cambios en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la administración bonaerense salió a marcar diferencias con claridad. A través del ministro de Transporte, Martín Marinucci, la provincia de Buenos Aires anticipó que no seguirá el criterio nacional y que mantendrá los estándares de control vigentes en su territorio para garantizar la seguridad vial.
La medida impulsada por la gestión de Javier Milei establece que los talleres particulares que cumplan condiciones técnicas podrán inscribirse para prestar el servicio de VTV, en una apertura que el Gobierno enmarcó en su política de desregulación y eliminación de «monopolios». La nueva normativa incluye además la liberación de precios del servicio, hasta ahora regulados.
«Una herramienta de prevención que evita tragedias»
El funcionario bonaerense salió a cuestionar el fondo y la forma de la medida. Marinucci subrayó que el debate público giró en torno a quién presta el servicio, pero omitió la pregunta central: cómo se garantiza que los controles mantengan rigor y confiabilidad.
«La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos», sostuvo Marinucci.
La postura de la Provincia no es nueva ni improvisada. Desde el inicio de la gestión libertaria, el kirchnerismo bonaerense viene resistiendo el avance desregulatorio en materia de servicios públicos, en particular cuando la apertura al sector privado se produce sin mecanismos claros de fiscalización posterior.
La contradicción vial: rutas abandonadas y controles flexibilizados
Marinucci apuntó además a una contradicción que, en términos políticos, resulta difícil de sostener: el mismo gobierno que paralizó obras de infraestructura vial y abandonó el mantenimiento de rutas nacionales pretende al mismo tiempo relajar los controles sobre el estado de los vehículos que circulan por esas vías.
«No deja de llamar la atención que quienes abandonaron la obra pública, paralizaron el mantenimiento de las rutas nacionales y hoy tienen miles de kilómetros deteriorándose, pretendan al mismo tiempo flexibilizar los controles sobre los vehículos. Menos inversión en infraestructura y menos controles nunca puede ser una buena fórmula para la seguridad vial», afirmó.
El señalamiento tiene respaldo en datos concretos. Según el análisis del Foro Economía y Trabajo, el gasto de capital acumuló una caída real del 86% desde diciembre de 2023, y las transferencias destinadas a obra pública registraron un derrumbe histórico bajo la gestión libertaria. En ese marco, extender los plazos de verificación técnica y privatizar el control vehicular aparece como una combinación de alto riesgo para la seguridad de los usuarios de la red vial.
El ministro fue explícito al respecto: «Desde hace más de dos años vemos rutas con baches, banquinas deterioradas, falta de mantenimiento y obras paralizadas. Los conductores saben perfectamente lo que significa circular por gran parte de la red vial nacional. Cuando las rutas están abandonadas, los vehículos sufren mucho más desgaste. En ese contexto, extender los plazos de las verificaciones técnicas parece ir exactamente en sentido contrario a lo que debería hacerse».
Más de 1.000 sitios fraudulentos dados de baja
Más allá del rechazo a la política nacional, Marinucci aprovechó para destacar la acción provincial en materia de fiscalización. A través de un trabajo articulado con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) correspondiente, la provincia de Buenos Aires logró dar de baja más de 1.000 páginas web y perfiles que ofrecían de manera fraudulenta la obtención de obleas y certificados de VTV sin realizar los controles obligatorios.
La mención no es menor: si en el contexto actual, con controles centralizados, proliferó de esa manera la oferta ilegal, la pregunta sobre qué ocurrirá cuando el servicio se fragmente entre cientos de talleres privados con fiscalización incierta resulta pertinente y urgente.
«Mientras algunos quieren flexibilizar los controles, nosotros trabajamos para erradicar las estafas y garantizar que cada verificación se realice de manera transparente y bajo los estándares de seguridad que corresponden», remarcó Marinucci.
El cierre: una mención que excede lo técnico
El ministro bonaerense eligió cerrar su declaración con una frase que trasciende la discusión técnica sobre la VTV y que apunta directamente al modelo de gestión libertario. «La verdadera discusión no es quién hace la revisión. La verdadera discusión es quién se hace responsable cuando un vehículo en malas condiciones provoca una tragedia en una ruta argentina», expresó.
Y remató con una ironía que no pasó desapercibida: «Está bien que hablen de controles. Los controles son importantes. De hecho, tan importantes que los argentinos todavía estamos esperando algunas explicaciones sobre patrimonios y declaraciones juradas que no terminan de cerrar. La transparencia, como la VTV, debería ser obligatoria para todos».
La referencia a los patrimonios no declarados y las declaraciones juradas con inconsistencias alude directamente al contexto político en el que se inscribe la medida: el mismo Gobierno que desregula los controles vehiculares enfrenta investigaciones judiciales por enriquecimiento ilícito de sus propios funcionarios, entre ellos el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, cuyo patrimonio bajo sospecha ya supera los 840.000 dólares según la causa que tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.
Puntos clave
- La provincia de Buenos Aires rechazó la reglamentación nacional que habilita talleres privados para realizar la VTV y libera precios del servicio.
- El ministro Marinucci anunció que la Provincia mantendrá sus estándares de control vehicular, amparada en una ley provincial vigente.
- El funcionario cuestionó la contradicción de flexibilizar controles sobre vehículos mientras las rutas nacionales acumulan más de dos años de abandono y deterioro.
- El gasto de capital cayó un 86% en términos reales desde diciembre de 2023, según datos del Foro Economía y Trabajo.
- La provincia dio de baja más de 1.000 sitios fraudulentos que ofrecían certificaciones de VTV falsas.
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