Judiciales ⚖️
La defensa de Cristina reclama a la Corte el sobreseimiento en causas Hotesur y Memorándum
Esto en virtud de que dos tribunales orales que preparaban esos juicios cerraron las causas con sobreseimientos a todos los acusados por inexistencia de delito y luego Casación las reabrió, sin que se someta a revisión por parte de otro Tribunal esta última decisión.
La defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dicte su sobreseimiento en las causas Los Sauces-Hotesur y Memorándum con Irán y revoque los fallos que dispusieron ir a juicio oral en ambas investigaciones.
En dos recursos de queja presentados ante el máximo tribunal del país, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy pidieron dejar sin efecto los fallos al respecto firmados por la sala I de la Cámara Federal de Casación, según escritos.
«Cabe enfatizar que esta arbitraria decisión irroga perjuicios que no se limitan a la faz procesal, sino además se proyectan en otros ámbitos, con motivo de la indebida utilización de estas actuaciones por parte de terceros para alimentar una campaña de persecución en contra de nuestra representada», advirtió su defensa.
En ambos casos, los letrados remarcaron que las sentencias de Casación se dictaron con el voto de dos magistrados, luego de la decisión de la Corte de hacer cesar en sus funciones a la tercera integrante de la sala I Ana María Figueroa.
La Corte declaró que la magistrada «cesó en sus funciones» el 9 de agosto pasado, tras cumplir 75 años sin haber logrado el acuerdo del Senado para prorrogar su permanencia en el cargo, algo que ocurrió después y, ahora, Figueroa reclamó al Consejo de la Magistratura que la restituya en Casación.
De esta forma, los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña firmaron las sentencias «sin siquiera haberse expuesto las razones por las cuales no se convocó a un tercer juez para deliberar», sostuvieron los abogados al recordar que según trascendidos periodísticos Figueroa se iba a pronunciar por confirmar los sobreseimientos.
«No se nos escapa que el artículo 30 bis del código de rito hablita a la Cámara Federal de Casación Penal a dictar sus pronunciamientos con el voto concurrente de dos de sus jueces; empero, dicha norma -por cierto de dudosa constitucionalidad- no les acuerda a los magistrados una prerrogativa discrecional para acotar el marco de deliberación y así excluir del debate a un tercer juez que, según la ley y los reglamentos», agregaron.
Los abogados remarcaron que, en ambas causas penales, los argumentos de la defensa conducen «inexorablemente al dictado del sobreseimiento» de la Vicepresidenta.»
La decisión manifiestamente arbitraria adoptada por los jueces Barroetaveña y Petrone vulnera el derecho que le asiste a nuestra defendida de obtener, en un plazo razonable, una decisión jurisdiccional que de una vez por todas ponga fin al estado de incertidumbre y de restricción de derechos que supone el seguir afectada a estas actuaciones», agregaron.
En el caso puntual de Hotesur-Los Sauces, la queja directa ante el máximo tribunal por recurso extraordinario denegado en Casación, se presentó también por el hijo de la ex Presidenta, Máximo Kirchner, y otros dos imputados junto con ellos en la investigación.La defensa aludió a un «caso grave de privación y denegación de justicia» y argumentó que las sentencias de Casación están descalificadas como «acto jurisdiccional válido» y además deben ser revisadas por la Corte en virtud del derecho al «doble conforme».
Esto en virtud de que dos tribunales orales que preparaban esos juicios cerraron las causas con sobreseimientos a todos los acusados por inexistencia de delito y luego Casación las reabrió, sin que se someta a revisión por parte de otro Tribunal esta última decisión.
También se mencionó la «enorme arbitrariedad» cometida y la «gravedad institucional» de los casos bajo análisis.»Existen razones fácticas y jurídicas suficientes que ratifican, fuera de toda posible discusión y sin necesidad de transitar un debate oral, la procedencia del sobreseimiento» para evitar «la dilación» en los procesos, se argumentó en ambas presentaciones.En lo referido a la causa por la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA, la defensa recordó que denunció «indebidas interferencias por parte del poder político en el trámite de estas actuaciones y, a su vez, corroboraron el temor objetivo de parcialidad» que «recae sobre la actuación» de los camaristas que ordenaron reabrir la pesquisa en 2021, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.
La semana pasada se sortearon jueces para integrar el Tribunal Federal 8, a cargo de la causa Memorándum, y el 5, por los Sauces Hotesur.
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Mendoza: detienen a la madre que mandó a su hijo al colegio con una réplica de arma
La mujer, que ya había sido imputada sin arresto el viernes 17 de abril por instigación a la intimidación pública, vio agravada su situación procesal tras un nuevo pedido fiscal que amplió el encuadre legal al artículo 211 del Código Penal.
Mendoza: detienen a la madre que mandó a su hijo al colegio con una réplica de arma
★ La Justicia de Mendoza ordenó la detención preventiva de la madre de un adolescente de 17 años que ingresó a una escuela del Gran Mendoza con una réplica de arma de fuego. La mujer, que ya había sido imputada sin arresto el viernes 17 de abril por instigación a la intimidación pública, vio agravada su situación procesal tras un nuevo pedido fiscal que amplió el encuadre legal al artículo 211 del Código Penal, agravado por la participación de un menor según el artículo 41 quater del mismo cuerpo normativo. La pena prevista oscila entre tres y ocho años de prisión.
El argumento que la llevó presa
Según el escrito del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, la mujer reconoció haberle recomendado a su hijo que llevara la réplica «para amedrentar a los compañeros en caso que alguno se vea loco», de acuerdo a fuentes judiciales. El fiscal a cargo de la investigación, Juan Manuel Sánchez, ordenó la detención preventiva y el traslado de la imputada a la Penitenciaría Provincial.
El escrito fiscal subrayó que al momento del hecho «ya era de público y notorio conocimiento, no solo en las comunidades educativas sino también en la sociedad en general, el temor y el alerta que se venía generando», en referencia a la ola de amenazas de tiroteos que sacude al sistema educativo argentino desde el crimen de Ian Cabrera en la Escuela Nº40 Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, ocurrido el 30 de marzo de 2026, caso que este medio cubrió desde su inicio.
Para los fiscales, la condición de progenitora agrava la responsabilidad: instó directamente a un menor bajo su cuidado a cometer un hecho intimidatorio en el marco de un contexto de pánico social que ella misma contribuyó a alimentar. Ese razonamiento fue determinante para elevar la calificación del delito y fundamentar el encierro preventivo.
50 denuncias en días en Mendoza
El caso de esta madre y su hijo no es un hecho aislado dentro de la provincia. El Ministerio Público Fiscal de Mendoza informó que, entre el miércoles 16 y el viernes 18 de abril, se recepcionaron más de 50 denuncias vinculadas a amenazas de tiroteos en distintos establecimientos educativos mendocinos. Las intimidaciones se manifestaron a través de carteles pegados en los baños, inscripciones sobre las paredes y publicaciones en redes sociales que anunciaban fechas específicas para supuestos ataques.
El mismo viernes en que se ordenó la detención de la madre, el fiscal de la Fiscalía Penal Juvenil, Gustavo Farmache, ya había imputado a un adolescente de 16 años por publicar en redes sociales la fotografía de una réplica de arma acompañada de un mensaje intimidante. Otros tres menores no imputables, todos menores de 16 años, prestaron declaración informativa, y un adolescente de 15 años fue notificado por portar un objeto similar en su escuela. Vale destacar que la Ley 27.801, que baja la edad de imputabilidad a 14 años, aún no está en vigencia (su artículo 52 establece un período de implementación de 180 días desde su promulgación), por lo que los menores de 16 años continúan siendo inimputables.
Un fenómeno que se expande por el país
La ola de amenazas no se circunscribe a Mendoza. Como informó este medio en su cobertura del 18 de abril, el fenómeno se extendió a al menos cinco provincias en el marco de lo que las autoridades educativas sospechan que comenzó como un reto viral en plataformas digitales.
En Córdoba, la Fiscalía Penal Juvenil acumula ocho adolescentes imputados por «amenaza agravada por anonimato» e investiga más de 100 episodios en la capital provincial, con actuaciones adicionales en La Falda, Cosquín, Capilla del Monte, Cruz del Eje y Jesús María.
En Santa Fe, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un adolescente de 16 años en el departamento Rosario tras una serie de amenazas, con allanamiento y secuestro de elementos incluidos.
En Santiago del Estero, una pintada en la Escuela Normal Manuel Belgrano amenazó: «20/04 tiroteo, nadie se salva. Van a morir todos».
En Buenos Aires, un adolescente de 16 años fue identificado en San Miguel tras publicar en redes un mensaje donde anunciaba una «masacre» en su colegio.
Ante la proliferación de casos, la secretaria de Gestión Institucional de Santa Fe, Virginia Coudannes, fue tajante: realizar este tipo de amenazas «no es una broma, es un delito de intimidación que tiene consecuencias», según declaró a medios provinciales.
El Estado ausente, otra vez
Lo que estos hechos vuelven a exponer es la ausencia de una respuesta estructural del Estado nacional ante una crisis que desbordó a las jurisdicciones provinciales. El gobierno de Javier Milei no articuló hasta el momento ninguna política educativa de emergencia frente a la proliferación de amenazas que mantiene en vilo a miles de familias. La respuesta se limitó a reuniones interministeriales y declaraciones aisladas, mientras los fiscales provinciales debían procesar una avalancha de denuncias sin recursos adicionales.
La imputación y detención de una madre que mandó a su hijo al colegio con un arma de réplica por miedo a que le pasara algo es, también, el síntoma de un sistema educativo y de contención social que no está dando respuestas. El pánico que la llevó a tomar esa decisión equivocada fue, en parte, el mismo pánico que el Estado no supo desactivar.
Puntos clave:
- La madre de un adolescente de 17 años fue detenida preventivamente y trasladada a la Penitenciaría Provincial de Mendoza por orden del fiscal Juan Manuel Sánchez
- La imputación se encuadra en el artículo 211 del Código Penal (intimidación pública) agravado por participación de menor (artículo 41 quater), con una escala penal de tres a ocho años
- La mujer había recomendado a su hijo llevar una réplica de arma al colegio «para amedrentar a los compañeros» en el contexto de la ola de amenazas de tiroteos
- El Ministerio Público Fiscal de Mendoza registró más de 50 denuncias por amenazas escolares entre el miércoles y el viernes de la semana pasada
- El fenómeno se extendió a Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y Buenos Aires, con imputados y detenidos en múltiples jurisdicciones
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