DDHH
Milagro Sala denunció que se siente amenazada
“Tengo 19 causas, cada vez me hostigan más y a pesar de que estoy enferma supuestamente el jefe de los fiscales (Sergio) Lello Sánchez quiere retornarme a la cárcel”, denunció la dirigente de Tupac Amaru.
La dirigente social Milagro Sala denunció hoy que «hay un atropello a la democracia en Jujuy» y que se siente «amenazada y hostigada» por parte del gobierno de Gerardo Morales y la justicia penal, que buscan «llevarla a la cárcel» con el «armado de nuevas causas».
Al intervenir como oradora en la cuarta audiencia pública del año de la Defensoría del Público, que se realizó en Jujuy, Sala manifestó que las represiones policiales ocurridas en Purmamarca y en la Legislatura provincial el 17 y 20 de junio pasado, en el marco de protestas contra la reforma constitucional, le recordaron “la época de la dictadura militar que ya no pensábamos iba a volver”.
“Tengo 19 causas, cada vez me hostigan más y a pesar de que estoy enferma supuestamente el jefe de los fiscales (Sergio) Lello Sánchez quiere retornarme a la cárcel”, denunció la dirigente de Tupac Amaru en la audiencia que se llevó a cabo en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Jujuy, donde se realizó también una exposición sobre el funcionamiento de los medios audiovisuales en la Región NOA.
Desde su casa en el barrio Cuyaya y a través de una videoconferencia, reveló además que los médicos de la Fundación Favaloro que la atienden hicieron una presentación al juzgado de Jujuy, a cargo del juez Carlos Cattan para que la trasladen y le hagan las dos intervenciones, pero aseguró que «hasta el día de hoy no hay respuestas”.
«Pero sí hay respuestas para amenazarme y tener una nueva audiencia para poder llevarme de nuevo a la cárcel. Continuamente estoy siendo amenazada de que me van a llevar a la cárcel, eso es parte del hostigamiento psicológico, sufro violencia de género», reveló la líder de la organización barrial.
En su intervención, que duró aproximadamente 10 minutos, se refirió a la trombosis venosa profunda que padece y por la que fue internada en junio del año pasado.
«Mi salud está muy comprometida, corro el riesgo de perder una pierna”, afirmó Sala y recordó que «estas situaciones hemos denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Suprema de Justicia la Nación y tampoco estamos teniendo respuestas, están dejando poco a poco que me muera”.
Expresó también sus preocupaciones en torno a su esposo, que atraviesa un complicado estado de salud: «Quiero estar fuerte por él que me dio una felicidad muy grande en mi vida”.
Sala agradeció la posibilidad de poner en palabras la “realidad muy dura” que está atravesando ella, «así como muchos jujeños que han sido perseguidos, los que han perdido un ojo y que fueron más de tres personas porque cuando hubo represión en Purmamarca y en San Salvador de Jujuy en los hospitales no quisieron recibir a nadie”.
«Una mujer perdió una pierna porque el hospital no la quiso recibir al no tener una orden”, enfatizó.
Dirigiéndose a todos los presentes, pidió «en nombre de la democracia» que los ayuden a denunciar y cuidar a los jujeños «que han sido también psicológicamente dañados y necesitan acompañamiento”.
«Se llegó a una instancia donde pareciera que se estuviera en las peores épocas del 1976 con camionetas 4×4 prestadas por los empresarios de la construcción o de la minería para poder reprimir y secuestrar compañeros, torturarlos y llenarlos de causas”, denunció Sala, que fue acusada como instigadora «por donar 100 banderas» a las protestas del 20 de junio contra la reforma constitucional jujeña aprobada ese mismo día.
“Esto ya no es únicamente Milagro, esto es avanzar contra el pueblo jujeño. Sentimos que no hay democracia, hay un atropello en general de Morales, de los jueces y los fiscales de la mano con la policía», sostuvo.
Sala criticó al gobierno de Morales, precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, de atentar contra los sectores sociales, políticos, sindicales, y «también contra los pueblos originarios a los que les saca la tierra» y avanzar sobre «el litio, los minerales y con todos los recursos que nuestra provincia tiene».
“Si pudiésemos administrar bien esos recursos, hoy Jujuy hubiera sido una provincia donde se podrían pagar mayor sueldo a los trabajadores estatales, a los médicos, a los maestros y profesores, sin embargo, hoy es una provincia empobrecida”, aseveró.
De la audiencia de la Defensoría Pública desarrollada hoy participaron representantes de medios comunitarios, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy, de la Coordinación de la carrera de Comunicación Social de la facultad anfitriona y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, entre otros.
La presentación de la jornada estuvo a cargo de la Defensora del Público, Miriam Lewin; junto al Coordinador de las Audiencias Públicas, Gustavo Bulla; acompañados por el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, César Arrueta; y el presidente de la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales (Aruna), Claudio Añazgo.
Lewin resaltó la instancia participativa y democrática desarrollada en Jujuy, que estuvo «muy impregnada de la situación de gravedad institucional que está atravesando la provincia en las que se mencionaron persecuciones a periodistas, infiltraciones a medios comunitarios, incluso situaciones represivas que hacen recordar épocas donde no regía un sistema democrático en la Argentina”.
Además comentó que «varios de los participantes reclamaron por la libertad de Milagro Sala» y que “no fue casualidad que haya sido la primera oradora desde su casa”, donde “está atravesando una situación de acoso judicial».
DDHH
«Fallido experimento de sufrimiento humano»: cierra la cárcel migrante de Trump
Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Litigios judiciales, denuncias de tratos inhumanos y un gasto superior a los mil millones de dólares forzaron el cierre del experimento más emblemático de la política migratoria trumpista.
Cierra «Alligator Alcatraz»: el fracaso del campo de detención migrante de Trump
El gobierno del estado de Florida confirmó esta semana el cierre del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», emplazado en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, en plena zona de los Everglades. El desmantelamiento se producirá a principios de junio, según la notificación oficial cursada a las empresas operadoras. En la actualidad, el predio alberga a casi 1.400 personas que serán reubicadas progresivamente en otras dependencias gubernamentales.
El símbolo de la política antimigrante que no pudo sostenerse
Inaugurado el 3 de julio de 2025 bajo el impulso directo de Donald Trump, «Alligator Alcatraz» se convirtió rápidamente en el emblema de la política migratoria más agresiva del gobierno republicano. El nombre, una combinación del reptil que habita los Everglades y la célebre prisión de la Bahía de San Francisco, condensaba la lógica punitiva del proyecto: aislar, humillar y disuadir a quienes intentaran ingresar o permanecer en el territorio estadounidense sin documentación.
La decisión de cerrarlo no respondió a un cambio de criterio político, sino a la acumulación de tres factores que terminaron siendo insostenibles: los litigios judiciales impulsados por organizaciones de derechos civiles, la escalada de costos operativos que superaron los mil millones de dólares, y las sistemáticas denuncias por condiciones inhumanas que se multiplicaron desde el primer día de funcionamiento.
El gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, admitió el cierre en conferencia de prensa con una frase que resume la lógica del proyecto más que cualquier crítica opositora: «Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito».
Un legislador demócrata: «Fallido experimento de sufrimiento humano»
El legislador demócrata Alexander Frost fue uno de los más duros en su evaluación. Cuestionó el impacto ambiental del centro, su emplazamiento en una zona ecológicamente sensible y el dispendio de recursos públicos que implicó. «Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas», afirmó Frost.
La definición no fue retórica. Las organizaciones de derechos civiles que litigaron contra el centro documentaron desde sus primeros meses de funcionamiento condiciones que incluyeron temperaturas extremas, falta de acceso a sueño y alimentación adecuada, y tratos degradantes en la rutina cotidiana de los detenidos.
El caso argentino que expuso la crisis humanitaria
Entre los miles de casos que transitaron por «Alligator Alcatraz», el del argentino Fernando Artese tuvo especial repercusión. Detenido por su estatus migratorio vencido, Artese fue derivado al centro de los Everglades, y su esposa denunció públicamente las condiciones a las que fue sometido: frío extremo, duchas forzadas de madrugada y privación de sueño por falta de alimento.
La pareja expuso además el régimen de seguridad interna del predio. «Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor», declaró.
El caso de Artese no fue una excepción: fue la cara visible de un sistema diseñado para castigar la condición migratoria con métodos propios de los regímenes penitenciarios de alta seguridad, aplicados en su mayoría a personas sin antecedentes penales.
La lógica del miedo y sus límites
El cierre de «Alligator Alcatraz» no implica un abandono de la política migratoria represiva de la administración Trump. Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Sin embargo, la clausura del centro más emblemático del proyecto expone sus límites concretos: inviabilidad económica, vulnerabilidad judicial y costo humanitario insostenible.
Lo que quedó en evidencia es que la lógica del miedo tiene un precio que, en este caso, los propios impulsores del proyecto no estuvieron dispuestos a seguir pagando.
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