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Milagro Sala denunció que se siente amenazada
“Tengo 19 causas, cada vez me hostigan más y a pesar de que estoy enferma supuestamente el jefe de los fiscales (Sergio) Lello Sánchez quiere retornarme a la cárcel”, denunció la dirigente de Tupac Amaru.
La dirigente social Milagro Sala denunció hoy que «hay un atropello a la democracia en Jujuy» y que se siente «amenazada y hostigada» por parte del gobierno de Gerardo Morales y la justicia penal, que buscan «llevarla a la cárcel» con el «armado de nuevas causas».
Al intervenir como oradora en la cuarta audiencia pública del año de la Defensoría del Público, que se realizó en Jujuy, Sala manifestó que las represiones policiales ocurridas en Purmamarca y en la Legislatura provincial el 17 y 20 de junio pasado, en el marco de protestas contra la reforma constitucional, le recordaron “la época de la dictadura militar que ya no pensábamos iba a volver”.
“Tengo 19 causas, cada vez me hostigan más y a pesar de que estoy enferma supuestamente el jefe de los fiscales (Sergio) Lello Sánchez quiere retornarme a la cárcel”, denunció la dirigente de Tupac Amaru en la audiencia que se llevó a cabo en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Jujuy, donde se realizó también una exposición sobre el funcionamiento de los medios audiovisuales en la Región NOA.
Desde su casa en el barrio Cuyaya y a través de una videoconferencia, reveló además que los médicos de la Fundación Favaloro que la atienden hicieron una presentación al juzgado de Jujuy, a cargo del juez Carlos Cattan para que la trasladen y le hagan las dos intervenciones, pero aseguró que «hasta el día de hoy no hay respuestas”.
«Pero sí hay respuestas para amenazarme y tener una nueva audiencia para poder llevarme de nuevo a la cárcel. Continuamente estoy siendo amenazada de que me van a llevar a la cárcel, eso es parte del hostigamiento psicológico, sufro violencia de género», reveló la líder de la organización barrial.
En su intervención, que duró aproximadamente 10 minutos, se refirió a la trombosis venosa profunda que padece y por la que fue internada en junio del año pasado.
«Mi salud está muy comprometida, corro el riesgo de perder una pierna”, afirmó Sala y recordó que «estas situaciones hemos denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Suprema de Justicia la Nación y tampoco estamos teniendo respuestas, están dejando poco a poco que me muera”.
Expresó también sus preocupaciones en torno a su esposo, que atraviesa un complicado estado de salud: «Quiero estar fuerte por él que me dio una felicidad muy grande en mi vida”.
Sala agradeció la posibilidad de poner en palabras la “realidad muy dura” que está atravesando ella, «así como muchos jujeños que han sido perseguidos, los que han perdido un ojo y que fueron más de tres personas porque cuando hubo represión en Purmamarca y en San Salvador de Jujuy en los hospitales no quisieron recibir a nadie”.
«Una mujer perdió una pierna porque el hospital no la quiso recibir al no tener una orden”, enfatizó.
Dirigiéndose a todos los presentes, pidió «en nombre de la democracia» que los ayuden a denunciar y cuidar a los jujeños «que han sido también psicológicamente dañados y necesitan acompañamiento”.
«Se llegó a una instancia donde pareciera que se estuviera en las peores épocas del 1976 con camionetas 4×4 prestadas por los empresarios de la construcción o de la minería para poder reprimir y secuestrar compañeros, torturarlos y llenarlos de causas”, denunció Sala, que fue acusada como instigadora «por donar 100 banderas» a las protestas del 20 de junio contra la reforma constitucional jujeña aprobada ese mismo día.
“Esto ya no es únicamente Milagro, esto es avanzar contra el pueblo jujeño. Sentimos que no hay democracia, hay un atropello en general de Morales, de los jueces y los fiscales de la mano con la policía», sostuvo.
Sala criticó al gobierno de Morales, precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, de atentar contra los sectores sociales, políticos, sindicales, y «también contra los pueblos originarios a los que les saca la tierra» y avanzar sobre «el litio, los minerales y con todos los recursos que nuestra provincia tiene».
“Si pudiésemos administrar bien esos recursos, hoy Jujuy hubiera sido una provincia donde se podrían pagar mayor sueldo a los trabajadores estatales, a los médicos, a los maestros y profesores, sin embargo, hoy es una provincia empobrecida”, aseveró.
De la audiencia de la Defensoría Pública desarrollada hoy participaron representantes de medios comunitarios, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy, de la Coordinación de la carrera de Comunicación Social de la facultad anfitriona y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, entre otros.
La presentación de la jornada estuvo a cargo de la Defensora del Público, Miriam Lewin; junto al Coordinador de las Audiencias Públicas, Gustavo Bulla; acompañados por el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, César Arrueta; y el presidente de la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales (Aruna), Claudio Añazgo.
Lewin resaltó la instancia participativa y democrática desarrollada en Jujuy, que estuvo «muy impregnada de la situación de gravedad institucional que está atravesando la provincia en las que se mencionaron persecuciones a periodistas, infiltraciones a medios comunitarios, incluso situaciones represivas que hacen recordar épocas donde no regía un sistema democrático en la Argentina”.
Además comentó que «varios de los participantes reclamaron por la libertad de Milagro Sala» y que “no fue casualidad que haya sido la primera oradora desde su casa”, donde “está atravesando una situación de acoso judicial».
DDHH
Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.
La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.
Un canal de búsqueda bloqueado
Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.
El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.
Impacto en el derecho a la identidad
La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.
Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.
Denuncias de desarticulación
Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.
Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..
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