Macarena Ortíz, condenada a prisión perpetua por asesinar a su hijo Tahiel Moussou en mayo de 2022, murió este miércoles tras ser internada de urgencia por una crisis respiratoria. Tenía 28 años y cumplía su condena en la Unidad Penal N.º 6 “Concepción Arenal” de Paraná, Entre Ríos.

Según confirmaron fuentes del Servicio Penitenciario Provincial, Ortíz fue trasladada al Hospital San Martín, donde falleció luego de varios días de internación. Las autoridades descartaron signos de violencia externa y atribuyeron la muerte a complicaciones respiratorias severas, aunque se aguarda una autopsia clínica para determinar la causa exacta.

Ortíz había sido sentenciada a la pena máxima en noviembre de 2023, por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía, luego de que un tribunal determinara que fue la autora del asesinato de su hijo, Tahiel, de 2 años y 11 meses.

Tahiel, una víctima de la violencia y el abandono

El 2 de mayo de 2022, Macarena Ortíz ingresó al Hospital Centenario de Gualeguaychú con su hijo envuelto en una frazada. El niño ya no tenía signos vitales. Pese a los esfuerzos del personal médico, solo pudieron constatar su muerte. La autopsia posterior fue lapidaria.

Según el informe forense, el pequeño presentaba un traumatismo encefalocraneano severo, además de hematomas múltiples, escoriaciones, y señales de maltrato físico crónico. También se constató que Tahiel había estado internado en otras oportunidades por quemaduras e infecciones ligadas a un contexto de abandono y descuido extremo.

El caso conmocionó a la ciudad y derivó en la detención inmediata de Ortíz, quien no logró justificar el estado del menor ni los antecedentes médicos. Durante el juicio, los peritos reconstruyeron un escenario de violencia sistemática en el hogar, donde el niño era víctima de golpes, privaciones y maltrato constante.

Un entorno violento y un cómplice ausente

La situación de Tahiel no solo reveló el accionar directo de su madre, sino también la existencia de un entorno familiar violento. Alfredo Sebastián Ferreyra, pareja de Ortíz y padrastro del niño, fue arrestado pocos días después por violencia intrafamiliar. Sin embargo, el hombre se suicidó en una celda de la Jefatura Departamental de Entre Ríos, antes de poder ser juzgado.

A lo largo del juicio, testigos y vecinos relataron episodios reiterados de gritos, agresiones y signos visibles de golpes en el cuerpo del niño. Pese a las señales, ninguna denuncia previa prosperó en el sistema de protección de la infancia, un vacío que terminó con el peor desenlace.

Críticas al sistema de protección infantil

El crimen de Tahiel puso en tela de juicio la eficacia de los dispositivos estatales de protección de la niñez en Entre Ríos. Aunque el menor había sido atendido en más de una ocasión por lesiones sospechosas, no se activaron protocolos de intervención adecuados por parte de los organismos responsables.

Organizaciones como Infancia Compartida y Red por la Niñez Entrerriana reclamaron entonces una auditoría sobre los equipos interdisciplinarios que actuaron en los meses previos al crimen. Sin embargo, al día de hoy no se informó si hubo sanciones o revisiones institucionales.