El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata dará a conocer mañana el veredicto en el juicio conocido como «Hogar de Belén», en el que un exministro bonaerense durante la dictadura militar, una ex secretaria judicial y 6 expolicías están acusados de crímenes y apropiación de dos niños y una niña, hijos de una de esas víctimas, a quienes alojaron en un hogar de menores de Banfield donde sufrieron golpes y abusos sexuales.

El veredicto, que esos niños ya adultos esperan con expectativa que sea condenatorio, podría marcar un precedente si convalida varias medidas novedosas solicitadas por la Unidad Fiscal que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad en La Plata.

La Unidad Fiscal pidió que se emita una declaración de verdad para los hermanos Carlos, Alejandro y María Ester Ramírez, que los diarios corrijan la información brindada sobre los operativos donde murieron las seis personas y que el Hogar donde fueron alojados los niños y que aún está en funcionamiento, se convierta en espacio de memoria.

Se trata del juicio conocido como «Hogar de Belén», por el nombre de la institución de minoridad ubicada en Banfield donde fueron alojados los tres hijos de Vicenta Orrego Meza, tras ser acribillada a balazos en uno de los dos operativos represivos que juzga el TOF 1 de La Plata, desde el 4 de marzo de 2022.

Durante ese operativo, Vicenta logró que los policías le permitieran sacar a sus tres hijos de la casa que era atacada a balazos y, tras ser asesinada la mujer, los niños, que habían quedado abandonados en un baldío lindante, fueron retirados por Raúl Vitasse, un vecino que los tuvo unos días en su casa y luego los llevó a la comisaría para que la policía localice a sus familiares; pero eso no fue posible.

Los tres hermanos Ramírez, entonces, fueron derivados por orden de la justicia de menores de Lomas de Zamora al Hogar Belén, donde su personal no se ocupó de localizar a ningún familiar, sufriendo allí malos tratos y abuso sexuales durante 7 años.

Por las golpizas, abusos sexuales y violaciones que sufrieron en ese hogar los dos niños y la niña, de 5, 3 y 2 años, en ese momento, es juzgada la ex secretaria del Tribunal de Menores de Lomas de Zamora, Nora Susana Pellicer, acusada por la sustracción, retención y ocultamiento de los niños y la niña.

Los acusados por los dos operativos perpetrados en marzo de 1977, en uno de los cuales fue asesinada Vicenta Orrego Meza, son el exministro de Gobierno bonaerense Jaime Smart, el excomisario y jefe del Pozo de Banfield, Juan Miguel Wolk y los expolicías bonaerenses que revistaban en la Brigada de Investigaciones de Lanús Roberto Guillermo Catinari, Héctor Raúl Francescangeli, Armando Antonio Calabró, Rubén Carlos Chávez y José Augusto López, expolicía de la misma brigada.

El represor Miguel Etchecolatz estaba imputado pero quedó impune de estos hechos al fallecer en prisión el 2 de julio pasado, a los 93 años.

Según se informó está previsto que por la mañana los imputados hagan uso de las últimas palabras y tras un cuarto intermedio se dará a conocer el veredicto.

El auxiliar fiscal Nogueira explicó que «hace cinco años que la Fiscalía tomó el caso y ya haber llegado al juicio es muy importante. Esperamos ansiosos el veredicto y esperamos que el Tribunal resuelva favorablemente la declaración de verdad y las medidas reparatorias que solicitamos y que van en sintonía con la reparación para los hermanos Ramírez».

«Sobre la responsabilidad judicial se ha argumentado y fundado sobradamente. El proceso judicial mismo (que los internó en el Hogar de Belén) fue factótum de toda la serie de ilícitos que se cometieron en relación a los hermanos Ramírez», contó el fiscal y dijo que «establecimos una serie de funcionalidades que hubo para que eso suceda y la única acusada que llegó a juicio es Nora Pellicer».

Nogueira remarcó que «más allá de las cuestiones punitivas, el tema de la responsabilidad judicial es muy importante, ellos en esos 7 años que padecieron tortura y ostracismo en el Hogar de Belén fue fruto del accionar de la justicia» y manifestó que «la justicia los condenó a esos años e impidió la revinculación con su padre todo el tiempo».

«Estos hechos dañaron lo que denominamos el derecho a tener un proyecto de vida de los hermanos Ramírez. Se dañó su derecho a tener un proyecto de vida que era con su mamá, su papá y de golpe esto se ve clausurado por un sistema intolerablemente injusto y terminan su historia en un lugar tan lejano como Suecia, rehaciendo su vida ahí, lejos de sus orígenes», destacó.

Nogueira explicó que una de las medidas reparatorias solicitadas por la fiscalía tiene que ver también con «sus raíces y por eso se pidió la traducción de la sentencia en lengua guaraní, que son las raíces de su padre».

Carla Ocampo Pilla, abogada de los hermanos Ramírez, contó a esta agencia que «con la familia Ramírez tenemos comunicaciones diarias, prácticamente, no solo por cuestiones de la causa y del debate sino también desde el acompañamiento a ellos, como contención. Esa tarea además fue sostenida por las profesionales del Codesedh de manera sumamente destacable».

«Para la familia, el juicio, pero sobre todo la declaración que cada uno brindó, tuvo un significado reparador y también fue un modo de cerrar una etapa que les llevó tantos años de recuerdos del horror, de tanto dolor», expresó.

Detalló que Carlos, María Esther y Alejandro «esperan la sentencia con mucha expectativa, independiente del resultado, más allá que lógicamente esperan que se condene a todos los responsables, porque haber llegado hasta aquí, tener un cierre para ellos significa vivir más libres. No implica olvidar».

«Esa expectativa también está depositada en que la Casa de Belén sea declarado un espacio de memoria en el que desean participar como familia», remarcó la abogada.

La Unidad Fiscal que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad en La Plata pidió la pena de prisión perpetua para Smart, el excomisario Wolk y los expolicías bonaerenses Catinari, Francescangeli, Calabró y Chávez por los homicidios triplemente calificados perpetrados contra María Florencia Ruival, Vicenta Orrego Meza -madre de los hermanos- y José Luis Alvarenga el 15 de marzo de 1977 en una vivienda de Adrogué.

También los acusaron por los homicidios de Pedro Juan Berger, Narcisa Adelaida Encinas y Andrés Steketee, al día siguiente, en una casa de Llavallol.

En el caso de Pellicer, la fiscalía pidió por las tres apropiaciones de los hermanos la pena de 21 años de prisión.