El exadministrador de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Daniel Marchi, declaró hoy como testigo en la causa en la que se investiga el manejo de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN) y apuntó contra los jueces del máximo tribunal Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti como responsables de las supuestas «irregularidades» en la administración de esa entidad.

Bajo juramento de decir la verdad, el contador Marchi también afirmó que distintos empleados de la Corte Suprema fueron amenazados con ser desplazados de sus cargos si colaboran con el proceso de juicio político que se le sigue a los miembros de ese tribunal en el Congreso de la Nación.

El funcionario del máximo tribunal del país, trasladado la semana pasada a la Cámara de la Seguridad Social, vinculó su desplazamiento a los «informes (que produjo) sobre las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial», informaron fuentes judiciales al tanto de la declaración.

«Soy una víctima. Es raro que con 150 mil millones (de pesos) en reservas y 0 pesos de deuda y habiendo incorporado tecnología de punta a la Secretaría General de Administración, lo cual informé a los ministros unos días antes, se me haya trasladado sin haberme avisado nada», manifestó Marchi, según pudo reconstruir esta agencia.

«El solo hecho de que me trasladen inmediatamente después de mis informes sobre irregularidades en la Obra Social es una prueba clara de la conexión entre ambos hechos», enfatizó, según precisaron las fuentes.

Marchi declaró como testigo ante el juzgado federal 12, a cargo interinamente del juez Ariel Lijo, en el marco de una causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el manejo de la OSPJN desde el 2021 en adelante bajo la gestión de Mariano Althabe, aunque también refirió a supuestos desmanejos ocurridos en la gestión anterior, hechos que tramitan en otro expediente.

El exadministrador de la Corte sostuvo el juez Maqueda estuvo a cargo de la OSPJN hasta el 2021, cuando mandó un mail a sus colegas para correrse de ese lugar, y que luego lo sucedió en Rosatti en esa función, según trascendió de la declaración.

En ese sentido, Marchi señaló que Althabe fue nombrado a propuesta del presidente del máximo tribunal, Rosatti, y que antes, hasta el 2021, la OSPJN estaba encabezada por Aldo Tonon, propuesto por el magistrado Maqueda.

Para reforzar su explicación sobre el control que llegó a tener Maqueda sobre la Obra Social de los judiciales, el testigo afirmó que en 2013 propuso a su secretaria, a quien identificó como Marta Herrera, para integrar el directorio y que luego habría sido nombrada vicepresidenta de esa entidad.

Durante su declaración testimonial, Marchi señaló también que «la acordada 19/2021 dispuso que la Administración debía presentar informes mensuales al Tribunal» sobre la obra social, pero luego acotó que su primer informe «no gustó» y que «por eso Rosatti propuso que se modifique y no sea mensual, sino semestral», algo que referenció en la acordada 1/2022.

«Luego se ocultaron mis informes y finalmente me sancionaron. Las pruebas de que el control era de Maqueda y luego de Rosatti y Maqueda son contundentes. Es absurdo decir lo contrario, porque si la administración hubiera estado en control de la Obra Social, no me habría criticado a mi mismo», aseveró Marchi, según pudo reconstruir esta agencia de fuentes allegadas al caso.

Durante su declaración, Marchi se refirió además al contenido de los informes que produjo sobre la Obra Social del Poder Judicial y resumió cuales fueron las supuestas irregularidades detectadas.

La principal conclusión que expuso fue que la OSPJN no tiene contabilidad, presupuesto, manuales de procedimiento, expedientes ni dictámenes. Además refirió que existen diferencias de inventarios en los medicamentos de farmacia y que los medicamentos y prótesis se adquieren en forma directa, entre otras presuntas irregularidades.

Marchi fue convocado por Lijo, luego de presentar un escrito ante la fiscalía a cargo de Ramiro González, donde se había puesto a disposición para declarar como testigo para «ofrecer prueba» en el expediente «respecto a distintas situaciones que conciernen a la investigación», tras declarar ante el Congreso de la Nación.

La semana pasada Marchi declaró como testigo ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y denunció que recibió «seguimiento y amenazas».

«Yo he sufrido seguimientos y amenazas; también funcionarios que han colaborado conmigo en la auditoría que realizamos sobre la obra social. Esto, que excede el marco de un tema tan particular como la obra social, genera mucha presión en mí, pero no me impide contar la verdad», señaló.

Marchi denunció: «El informe número 4 de auditoría (que realizó sobre la obra social) se lo di a (Silvio) Robles y no se si llegó (a Horacio Rosatti)», y recordó que «en diciembre Robles (estrecho colaborador del presidente de la Corte) mandó un mail diciendo que se suprimía la casilla de Rosatti y que todas las comunicaciones se las debían realizar a la suya».

«El traslado (a otra dependencia judicial) que han hecho de mí luego de mostrarles como es la administración de la obra social, tiene que ver con esto. La informalidad llegó para quedarse en la Corte Suprema», advirtió.