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Lesa humanidad: perpetua a 6 imputados en la causa destacamento 144

Se analizaron crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar en perjuicio de 107 víctimas, 61 de las cuales permanecen como desaparecidas.

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El Tribunal Oral Criminal Federal 1 de Mendoza condenó hoy a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad a seis de los 18 imputados en el juicio oral y público de la causa denominada «Destacamento 144» y aplicó penas que van desde los 7 hasta los 14 años para el resto de los acusados.

La última jornada de este proceso oral y público comenzó cerca de las 10 y luego de escuchar las palabras finales de los imputados, el Tribunal compuesto por los jueces Alberto Carelli, Héctor Cortez y Alejandro Piña pasó a un cuarto intermedio.

Cerca de las 14, lo magistrados dieron a conocer las sentencias de este proceso oral y público que se inició en marzo de 2019, y en el que se analizaron crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar en perjuicio de 107 víctimas, 61 de las cuales permanecen como desaparecidas.

El tribunal dictó prisión perpetua para el excomodoro de la Fuerza Aérea Juan Carlos Santamaría; el encargado del Destacamento 144, Hugo Zalazar; el exoficial inspector del servicio D2, Armando Fernández; el excabo de la policía Marcelo Moroy; el exagente de Inteligencia, José Esteban Roccato y el excabo Ramón Dagoberto Álvarez.

En tanto, el resto de los imputados recibieron las siguientes penas: 14 años de prisión para el exjefe de Compañía de la Policía Militar de la IV Brigada Aérea, Alberto Raganato; diez años y seis meses de prisión para el exjefe del Escuadrón Tropa, Juan Carlos Cuadrado; y nueve años y seis meses de prisión para el exintegrante del Personal Civil de Inteligencia (PCI), Oscar Simone.

Por su parte, el exjefe de la Segunda Sección de Ejecución, Vicente Omar Navarro Moyano, recibió la pena de 10 años de prisión; ocho años y seis meses para el exdirector de la Banda de Música, de la IV Brigada Aérea, José Santos Chiófalo; 8 años y seis meses también para el ex sargento primero, Anacleto Calderón; y la misma condena para el exsargento Ayudante, Juan Carlos Luis.

Asimismo, fueron condenados a ocho años y seis meses de prisión el exjefe de la Regional Oeste de Inteligencia, Emilio García Ponce; misma condena para el exjefe División de Contrainteligencia, Julio Agüero; y se condenó a 8 años de prisión al ex subinstructor de la IV Brigada, Néstor Carmona; 8 años de prisión también para el exoficial Inspector de la Comisaria 16, Manuel Martínez y por último se condenó a 7 años y seis meses de prisión al excabo Primero Guillermo Campanille.

Al comienzo del debate se le dio las últimas palabras a los imputados quienes manifestaron su inocencia por los delitos que fueron imputados, uno de ellos fue el excomodoro Juan Carlos Santamaría quien manifestó: «Quiero reafirmar mi total y absoluta inocencia de los hechos que se me imputan, nunca recibí ordenes relacionadas con la privación ilegítima de la libertad, secuestros, torturas, desapariciones, nunca recibí y emití ordenes ilegales».

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En la sala de debate ubicado en el primero piso del Tribunal se ubicaron familiares de desaparecidos, quienes sostenían carteles con fotos de las víctimas.

Una vez comunicada la condena, la sala de audiencia rompió el silencio recordando a las víctimas acompañado por algunas lágrimas de familiares luego de que si bien fueron todos condenados, solo seis imputados recibieron la pena de prisión perpetua.

En este contexto, el fiscal Daniel Rodríguez Infante dijo a Télam que «el veredicto tiene algunas cuestiones que acuerdan con lo que nosotros habíamos postulado».

«Sin embargo, hay algunas otras cuestiones que nosotros no estamos de acuerdo, de las 18 personas que fueron sentenciadas hoy nosotros habíamos pedido en 16 casos prisión perpetua porque tenían atribuidos una gran cantidad de delitos», acotó.

La querella, a cargo del abogado Fernando Peñaloza, en representación de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, hizo un análisis en general «positivo» en el sentido de que «todos los acusados que llegaron al juicio fueron condenados, no hay una absolución».

Este debate comenzó en abril de 2019 y concluyó este viernes en que se juzgó al papel de exmiembros del Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército, de la Fuerza Aérea, y policías del Departamento de Informaciones (D2) y personal de las Comisarías 7° y 16°, de Mendoza.

Uno de los aspectos centrales del proceso oral y público es que fueron juzgados a excuadros jerárquicos y miembros del Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército que tenía a su cargo la recolección y procesamiento de la información y la coordinación de operativos con otras fuerzas militares y de seguridad y de la Fuerza Área.

La acusación alcanzó no sólo a quienes se desempeñaban en actividades de Inteligencia sino a aquellos que formaban parte de las áreas operativas.

Durante el desarrollo del debate se ventilaron los operativos conjuntos coordinados y ejecutados por las fuerzas militares y de seguridad durante la represión que dejó 107 víctimas, en su mayoría militantes políticos que fueron secuestrados y trasladados a distintos Centros Clandestino de Detención.

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Palantir, el gran hermano de Trump: la empresa que rastrea migrantes enfrenta una rebelión interna

Empleados de la compañía tecnológica cuestionaron públicamente, en canales internos, los contratos con el ICE y el rol de la firma en operaciones militares. La dirección respondió borrando mensajes y exigiendo acuerdos de confidencialidad.

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Palantir: la empresa de vigilancia masiva que enfrenta una rebelión ética interna

★ La empresa de análisis de datos e inteligencia artificial Palantir Technologies atraviesa una profunda crisis interna. Empleados actuales y exfuncionarios cuestionaron el rumbo ético de la compañía tras conocerse su participación activa en la política migratoria de la administración Donald Trump y su posible involucramiento en operaciones militares con víctimas civiles, según informó la revista especializada Wired.

Desde el inicio del segundo mandato de Trump, Palantir se convirtió en una pieza clave del aparato represivo del gobierno estadounidense. La empresa firmó contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y su tecnología, en particular la aplicación denominada ELITE, se usa para identificar, rastrear y deportar a inmigrantes en situación irregular, según reveló en febrero el portal especializado Hipertextual en base a material interno del ICE.

La chispa que encendió el debate

Las tensiones escalaron en enero de 2026, tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero abatido por agentes federales durante una protesta contra el ICE en Minneapolis, según reportó DiarioBitcoin en base a fuentes internas de la empresa. A partir de ese hecho, trabajadores de distintos equipos empezaron a exigir explicaciones a la dirección sobre el alcance real del vínculo de Palantir con esa agencia.

En un canal interno de Slack, un empleado escribió que la relación con el ICE había sido ocultada durante la era de «Trump2» y reclamó transparencia sobre el uso del software en tareas de identificación y apoyo a deportaciones. Otro trabajador fue más directo: «En mi opinión, ICE son los malos. No me enorgullece que la empresa para la que tanto disfruto trabajando forme parte de esto», declaró según reprodujo Wired.

La respuesta de la empresa fue reveladora: Palantir eliminó los mensajes varios días después, bajo el argumento de evitar filtraciones. Luego organizó sesiones de preguntas y respuestas, pero condicionó el acceso a información sensible a la firma de contratos de confidencialidad. Según los propios empleados consultados por Wired, la medida fue percibida como un intento de silenciar las críticas, no de afrontarlas.

De socialista a ideólogo del autoritarismo

El giro de la empresa es inseparable del giro ideológico de su CEO. Alex Karp, cofundador de Palantir, se definía hasta hace pocos años como socialista y apoyó candidatos demócratas como Joe Biden. Sin embargo, desde 2024 se convirtió en un aliado estratégico de Trump y comenzó a defender públicamente políticas de corte autoritario y militarista.

En los últimos días, Karp publicó un manifiesto de 22 puntos en X (ex Twitter) desde la cuenta oficial de la empresa, con un fuerte contenido nacionalista y militarizado, que volvió a generar malestar interno. Varios empleados expresaron vergüenza en canales de Slack y relataron que conocidos les preguntaban al respecto, según Wired.

Un historial que no engaña

La crítica interna llegó tarde, aunque no deja de ser significativa. Palantir fue fundada en 2003, en el contexto posterior a los atentados del 11 de septiembre, bajo la narrativa del antiterrorismo. Desde entonces acumuló denuncias por violaciones a los derechos humanos.

Ya en 2020, Amnistía Internacional alertó sobre las prácticas de la empresa. La consultora MSCI le otorgó una puntuación de 2 sobre 10 en libertades civiles. Y su fundador, Peter Thiel, declaró abiertamente que no cree que «la libertad y la democracia sean compatibles», según reportó El País.

La tecnología de Palantir también fue señalada como parte de operaciones militares en las que murieron civiles. La firma tuvo participación en acciones bélicas con víctimas mortales, entre ellas niños.

La pregunta que no debería sorprender

Que los empleados de Palantir se pregunten hoy si son «los malos de la película» revela, antes que una crisis de conciencia colectiva, la profundidad del autoengaño que sostiene a ciertas corporaciones tecnológicas. La empresa eligió su nombre, palantir, de las piedras videntes que en El Señor de los Anillos usa el villano Saruman para comunicarse con Sauron. Esa elección, lejos de ser inocente, fue siempre una declaración de intenciones.

La pregunta relevante no es si son los malos. La pregunta es cuánto tiempo más podrán seguir haciéndose esa pregunta sin responderla con hechos.

Puntos clave

  • Palantir firmó contratos con el ICE y su tecnología se usa activamente para rastrear y deportar migrantes en Estados Unidos.
  • Empleados cuestionaron internamente la relación de la empresa con el ICE; la dirección eliminó los mensajes y exigió acuerdos de confidencialidad.
  • El CEO Alex Karp publicó un manifiesto de 22 puntos con contenido nacionalista y militarista desde la cuenta oficial de Palantir.
  • Amnistía Internacional ya alertó en 2020 sobre las prácticas de la empresa; la consultora MSCI le dio 2 sobre 10 en libertades civiles.
  • El fundador Peter Thiel declaró que no cree que «la libertad y la democracia sean compatibles».

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