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Lesa humanidad: perpetua a 6 imputados en la causa destacamento 144

Se analizaron crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar en perjuicio de 107 víctimas, 61 de las cuales permanecen como desaparecidas.

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El Tribunal Oral Criminal Federal 1 de Mendoza condenó hoy a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad a seis de los 18 imputados en el juicio oral y público de la causa denominada «Destacamento 144» y aplicó penas que van desde los 7 hasta los 14 años para el resto de los acusados.

La última jornada de este proceso oral y público comenzó cerca de las 10 y luego de escuchar las palabras finales de los imputados, el Tribunal compuesto por los jueces Alberto Carelli, Héctor Cortez y Alejandro Piña pasó a un cuarto intermedio.

Cerca de las 14, lo magistrados dieron a conocer las sentencias de este proceso oral y público que se inició en marzo de 2019, y en el que se analizaron crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar en perjuicio de 107 víctimas, 61 de las cuales permanecen como desaparecidas.

El tribunal dictó prisión perpetua para el excomodoro de la Fuerza Aérea Juan Carlos Santamaría; el encargado del Destacamento 144, Hugo Zalazar; el exoficial inspector del servicio D2, Armando Fernández; el excabo de la policía Marcelo Moroy; el exagente de Inteligencia, José Esteban Roccato y el excabo Ramón Dagoberto Álvarez.

En tanto, el resto de los imputados recibieron las siguientes penas: 14 años de prisión para el exjefe de Compañía de la Policía Militar de la IV Brigada Aérea, Alberto Raganato; diez años y seis meses de prisión para el exjefe del Escuadrón Tropa, Juan Carlos Cuadrado; y nueve años y seis meses de prisión para el exintegrante del Personal Civil de Inteligencia (PCI), Oscar Simone.

Por su parte, el exjefe de la Segunda Sección de Ejecución, Vicente Omar Navarro Moyano, recibió la pena de 10 años de prisión; ocho años y seis meses para el exdirector de la Banda de Música, de la IV Brigada Aérea, José Santos Chiófalo; 8 años y seis meses también para el ex sargento primero, Anacleto Calderón; y la misma condena para el exsargento Ayudante, Juan Carlos Luis.

Asimismo, fueron condenados a ocho años y seis meses de prisión el exjefe de la Regional Oeste de Inteligencia, Emilio García Ponce; misma condena para el exjefe División de Contrainteligencia, Julio Agüero; y se condenó a 8 años de prisión al ex subinstructor de la IV Brigada, Néstor Carmona; 8 años de prisión también para el exoficial Inspector de la Comisaria 16, Manuel Martínez y por último se condenó a 7 años y seis meses de prisión al excabo Primero Guillermo Campanille.

Al comienzo del debate se le dio las últimas palabras a los imputados quienes manifestaron su inocencia por los delitos que fueron imputados, uno de ellos fue el excomodoro Juan Carlos Santamaría quien manifestó: «Quiero reafirmar mi total y absoluta inocencia de los hechos que se me imputan, nunca recibí ordenes relacionadas con la privación ilegítima de la libertad, secuestros, torturas, desapariciones, nunca recibí y emití ordenes ilegales».

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En la sala de debate ubicado en el primero piso del Tribunal se ubicaron familiares de desaparecidos, quienes sostenían carteles con fotos de las víctimas.

Una vez comunicada la condena, la sala de audiencia rompió el silencio recordando a las víctimas acompañado por algunas lágrimas de familiares luego de que si bien fueron todos condenados, solo seis imputados recibieron la pena de prisión perpetua.

En este contexto, el fiscal Daniel Rodríguez Infante dijo a Télam que «el veredicto tiene algunas cuestiones que acuerdan con lo que nosotros habíamos postulado».

«Sin embargo, hay algunas otras cuestiones que nosotros no estamos de acuerdo, de las 18 personas que fueron sentenciadas hoy nosotros habíamos pedido en 16 casos prisión perpetua porque tenían atribuidos una gran cantidad de delitos», acotó.

La querella, a cargo del abogado Fernando Peñaloza, en representación de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, hizo un análisis en general «positivo» en el sentido de que «todos los acusados que llegaron al juicio fueron condenados, no hay una absolución».

Este debate comenzó en abril de 2019 y concluyó este viernes en que se juzgó al papel de exmiembros del Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército, de la Fuerza Aérea, y policías del Departamento de Informaciones (D2) y personal de las Comisarías 7° y 16°, de Mendoza.

Uno de los aspectos centrales del proceso oral y público es que fueron juzgados a excuadros jerárquicos y miembros del Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército que tenía a su cargo la recolección y procesamiento de la información y la coordinación de operativos con otras fuerzas militares y de seguridad y de la Fuerza Área.

La acusación alcanzó no sólo a quienes se desempeñaban en actividades de Inteligencia sino a aquellos que formaban parte de las áreas operativas.

Durante el desarrollo del debate se ventilaron los operativos conjuntos coordinados y ejecutados por las fuerzas militares y de seguridad durante la represión que dejó 107 víctimas, en su mayoría militantes políticos que fueron secuestrados y trasladados a distintos Centros Clandestino de Detención.

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Rivaldi gaseó a una nena de 10 años en una marcha de jubilados y este miércoles se conoce su veredicto

El policía federal Cristian Rivaldi será juzgado este miércoles por rociar con gas pimienta a Fabrizia Pegoraro, de 10 años, y a su madre durante una marcha de jubilados. El fiscal Eduardo Taiano sostiene que ambas estaban sentadas, sin agredir ni resistir, y que el uso de la fuerza fue desmedido y desproporcionado.

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Dos años y dos meses después del ataque con gas pimienta a una nena sentada en el suelo durante una marcha de jubilados, la Justicia federal resolverá en una sola audiencia si el policía que la roció debe ser condenado.

El Argentino Diario-Niña gaseada por la policía en represión en el Congreso.
El Argentino Diario-Niña gaseada por la policía en represión en el Congreso.

El juicio contra el efectivo de la Policía Federal Cristian Miguel Rivaldi comenzará este miércoles ante el juez federal Daniel Rafecas, por el hecho ocurrido el 11 de septiembre de 2024 en las inmediaciones del Congreso. Las víctimas son Fabrizia Pegoraro, que tenía 10 años, y su madre, Carla Pegoraro. La audiencia se desarrollará en una sola jornada: tras escuchar a los testigos de la defensa y analizar las pericias incorporadas al expediente, se conocerá el veredicto. El abogado Gregorio Dalbón representará a la niña y a su madre como querellantes y pedirá condena e inhabilitación.

Un ataque registrado en video

El hecho ocurrió durante una manifestación en defensa de los derechos de los jubilados. Según la acusación, Rivaldi utilizó el disuasivo presurizado que tenía asignado y roció con gas pimienta a Fabrizia y a su madre cuando ambas estaban sentadas en el suelo.

El fiscal federal Eduardo Taiano, al requerir la elevación de la causa a juicio en un dictamen del 21 de octubre de 2025, sostuvo que el efectivo actuó de manera deliberada y a corta distancia. Según el fiscal, las víctimas estaban sentadas en la vía pública sin agredir a la autoridad ni ofrecer resistencia alguna.

La acusación se apoya en los registros audiovisuales de aquella jornada, que permitieron identificar al policía y reconstruir el momento en que accionó el aerosol. “Las imágenes son elocuentes”, afirmó Taiano. El fiscal describió que Rivaldi no solo apuntó hacia un hombre que tenía un bastón, sino también hacia la madre y su hija, y que después de recibir el gas en el rostro la nena se cubrió de manera instintiva. También señaló que se observa una mancha en la parte trasera de la campera azul que llevaba la madre.

Taiano remarcó además que Rivaldi tenía parcialmente levantado el visor de plástico de su casco, lo que le daba mayor visibilidad del entorno y de las personas. Por eso concluyó que el policía apuntó y accionó el dispositivo con pleno conocimiento e intención de lo que hacía.

La defensa dice que no la vio

Al declarar en la etapa de instrucción, Rivaldi negó haber gaseado a una menor. Explicó que ese día recibió la orden de avanzar, dispersar a los manifestantes y liberar la calzada, y que los efectivos debieron usar elementos disuasivos ante situaciones de violencia y forcejeos. Aseguró que advirtió la presencia de gas en el aire y que una persona no identificada arrojó gas pimienta contra un jefe policial.

Sobre Fabrizia, sostuvo que no observó a ninguna menor y que, de haberla visto entre los manifestantes, la habría sacado del lugar para evitar que resultara lesionada. Según trascendió, el efectivo también planteó que los deberes de protección y cuidado de la niña le incumbían a su madre. Tras el episodio, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich cuestionó a la madre por haber llevado a la niña a la manifestación.

Taiano consideró que la explicación del policía no tiene respaldo en las pruebas. Descartó que un tercero hubiera arrojado el gas, porque esa situación no aparece en los registros audiovisuales y la persona señalada por la defensa tenía una cámara fotográfica en la mano, no un aerosol.

Conjuntivitis química y un procesamiento confirmado

La acusación cuenta con documentación médica. Según la historia clínica remitida por el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Fabrizia fue atendida el 13 de septiembre de 2024 y recibió un diagnóstico de conjuntivitis química. En la epicrisis quedó asentada la frase “me tiraron gas pimienta”.

Carla Pegoraro declaró que ambas estaban tranquilas y que las rociaron mientras permanecían sentadas en el suelo. Contó que personas que estaban en el lugar les colocaron leche para aliviar la irritación y que los síntomas persistieron durante varios días. Declaró que “tanto mi hija como yo fuimos gaseadas” y describió irritación en los ojos, dolor de cabeza, dolor en el cuero cabelludo y dolor en todo el cuerpo.

La Cámara Federal ya había confirmado el procesamiento de Rivaldi, sin prisión preventiva y con un embargo de 500.000 pesos, por abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves.

El reglamento y la mínima fuerza necesaria

Taiano consideró que el policía se apartó de las normas que regulan el uso de armamento no letal por parte de las fuerzas federales. Recordó que el reglamento establece que estos dispositivos deben utilizarse para inmovilizar o incapacitar agresores, y que su empleo requiere determinadas condiciones de riesgo o amenaza. También citó el protocolo para el mantenimiento del orden público, que exige emplear la mínima fuerza necesaria y suficiente, con especial atención ante la presencia de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

Para el fiscal, ninguna de esas condiciones se verificaba: Fabrizia y su madre estaban sentadas en el suelo y no representaban una amenaza para los efectivos. Concluyó que el uso de la fuerza por parte de Rivaldi fue desmedido y desproporcionado, y la Fiscalía pidió que responda como autor de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves.

Qué se juzga y qué queda afuera

El juicio de este miércoles define la responsabilidad individual de un efectivo, pero el caso expone una discusión más amplia sobre cómo se controlan las protestas frente al Congreso. Rivaldi sostuvo que cumplía la orden de avanzar y dispersar, y la madre de la niña había pedido en la causa que se citara a indagatoria a la entonces ministra Bullrich, entre otros funcionarios y jefes policiales. La pregunta que deja el expediente es hasta dónde llega la responsabilidad de quien ejecuta una orden y de quienes la imparten.

Con la audiencia de este miércoles, el juez Daniel Rafecas deberá definir si el uso de gas pimienta contra una nena de 10 años, sentada y sin resistir, constituyó el delito que sostiene la acusación.

Lo que tenés que saber

  • El juicio a Cristian Rivaldi comenzará este miércoles ante el juez federal Daniel Rafecas y el veredicto se conocerá en una sola jornada.
  • Se lo acusa de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves por rociar con gas pimienta a Fabrizia Pegoraro, de 10 años, y a su madre el 11 de septiembre de 2024.
  • El fiscal Eduardo Taiano sostiene que ambas estaban sentadas, sin agredir ni ofrecer resistencia, y que el uso de la fuerza fue desmedido y desproporcionado.
  • La niña fue diagnosticada con conjuntivitis química en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía el 13 de septiembre de 2024.
  • La Cámara Federal confirmó su procesamiento, sin prisión preventiva y con un embargo de 500.000 pesos.
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