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Sociedad

Prevención de discursos de odio: el impacto del atentado a Cristina

Desde la Defensoría del Público reflexionaron sobre el rol del Estado en la prevención de este tipo de violencia.

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El subdirector de Asuntos Jurídicos de la Defensoría del Público, Horacio Lutzky, y la Directora Nacional de Gestión de Fondos Documentales del Archivo Nacional de la Memoria, Andrea Copani, reflexionaron este martes sobre el rol del Estado en la prevención de los discursos de odio y coincidieron en que se trata de un debate que cobró especial relevancia luego del intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el pasado 1 de septiembre.

El encuentro comenzó a las 10:30 en el Salón Alfonsín de la Legislatura porteña en el marco del ciclo de jornadas de reflexión organizadas por la Defensoría del Público, la diputada por la Ciudad Victoria Montenegro y la Agencia de Noticias Télam.

«Los hechos del 1 de septiembre hicieron resurgir fuertemente una discusión sobre si es necesaria una nueva normativa en torno a los discursos de odio«, expresó Lutzky durante el tercer encuentro.

El periodista y abogado recordó que existe la ley 23.592 antidiscriminatoria, pero llamó a preguntarse «por qué si existen los instrumentos, se ha hecho en tan pocas ocasiones uso».

«Es una figura que no se ha aplicado en demasiadas ocasiones. En encuentros anteriores al atentado hablamos justamente de no descartar el discurso de odio por razones políticas», afirmó.

A la vez, tomó como ejemplo la investigación a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobre el grupo Revolución Federal, en la que «no se los investiga por participar en el atentado, sino por los discursos de odio» de esta organización que podría incluso derivar en prisión.

Además, detalló dos miradas que existen alrededor de la libertad de expresión: por un lado en un «sentido liberal» que llama a «no intervenir» y, por otro lado, la que toma en cuenta «la dimensión social» del concepto y promueve el «accionar proactivo» desde el Estado.

«Para la Defensoría, las normas existentes alcanzan para reprimir y accionar en los términos de la normativa internacional», aseguró.

Lutzky apuntó que tampoco «hay unanimidad en qué es la incitación al delito» y explicó que hay varios «ejemplos no punitivitas» que pueden ser interesantes en el combate de este tipo de discursos.

Por su parte, Copani coincidió en que la proliferación de los discursos de odio, especialmente después del atentado a la Vicepresidenta, ponen de manifiesto la «urgencia de reforzar estas instancias».

«Es una problemática que no tiene una sola respuesta y no involucra un solo actor. El Estado es central, pero no puede hacerlo solo. Es clave que haya diálogo con los actores de la sociedad civil porque son problemáticas que atraviesan a la sociedad en su conjunto», manifestó.

A su vez, la profesora y doctorada en Historia sostuvo que desde la Secretaria de Derechos Humanos «hay un fuerte eje vinculado a las políticas de Memoria Verdad y Justicia», donde se piensa en cómo abordar los discursos de odio en «las prácticas negacionistas».

La Secretaría mantiene líneas «naturales» de protección de derechos humanos como las querellas en juicios o las políticas reparatorias a las víctimas -entre otras iniciativas-, y la promoción de derechos humanos que buscan visibilizar, formar y capacitar sobre esta temática.

«Estás iniciativas constituyen la base de acción cuando se piensa en el combate al negacionismo, pero en este contexto son insuficientes y surge la necesidad de pensar políticas específicas y profundizarlas», advirtió.

En tanto, diferenció a los funcionarios públicos y periodistas que tienen «otro tipo de alcance» cuando reproducen discursos de odio que cuando lo hace una persona civil.

«El apoyo a candidatos como (el diputado Javier) Milei nos hizo de manera acelerada poner en primer plano está problemática. Los discursos específicamente en torno de las cifras lo hemos escuchado en boca de funcionarios y referentes políticos centrales, especialmente durante el gobierno del (expresidente Mauricio) Macri. Hay que identificar estas estrategias discursivas, quiénes las sostienen y cómo disputarlas», apuntó.

La propuesta de mantener encuentros quincenales de debate sobre «el rol de los medios de comunicación en la construcción de una sociedad democrática, plural y respetuosa de los derechos humanos» comenzó el pasado 4 de octubre con la apertura a cargo de la legisladora Montenegro; la presidenta de la agencia de noticias Télam, Bernarda Llorente; y la defensora del Público, Miriam Lewin.

El último encuentro de estas jornadas se realizará el próximo martes 15 de noviembre en la Legislatura porteña, donde el director del Laboratorio de estudios sobre Democracia y Autoritarismo (LEDA), Ezequiel Ipar, disertará con una figura invitada sobre el eje «Contrapunto: los discursos de odio en la actualidad».

Judiciales ⚖️

Propofest: Fini Lanusse rompe el silencio pero esquiva los detalles de la causa que involucra dos muertes

La médica procesada por el presunto desvío de propofol del Hospital Italiano publicó un breve mensaje en redes sociales en el que aseguró confiar en el proceso judicial. La declaración llega más de un mes después de que el juez Javier Sánchez Sarmiento formalizara los cargos y dispusiera el embargo de sus bienes.

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El Argentino Diario-Fini Lanusse-Propofest.

“Las cosas se van a aclarar”: el descargo de Fini Lanusse tras ser procesada en el Propofest

Delfina «Fini» Lanusse, exresidente de tercer año en el área de Anestesiología del Hospital Italiano de Buenos Aires y procesada en la denominada causa «Propofest», realizó este domingo un breve descargo público a través de un mensaje en redes sociales. Sin entrar en detalles sobre los cargos que pesan en su contra, Lanusse aseguró que «las cosas se van a aclarar» y expresó su confianza en el proceso judicial en curso.

«Por el momento no puedo hacer declaraciones profundas», explicó la profesional, quien agregó que la Justicia «se encuentra trabajando en el caso». El mensaje, escueto y cuidadosamente medido, representa la primera aparición pública de Lanusse desde que el juez Javier Sánchez Sarmiento formalizara su procesamiento junto al anestesista Hernán Boveri por el delito de administración fraudulenta.

El procesamiento y las medidas cautelares

El 10 de abril de 2026, el magistrado Sánchez Sarmiento dictó el procesamiento formal de Boveri y Lanusse por el presunto desvío de propofol, remifentanilo y otros fármacos de uso controlado del Hospital Italiano. Ambos profesionales tienen prohibida la salida del país. La Justicia dispuso además un embargo superior a los 30 millones de pesos sobre los bienes de Lanusse.

Según consta en el expediente judicial, Boveri ocupaba un cargo de jerarquía en el área de Anestesiología y habría aprovechado esa posición para vulnerar los controles de stock del hospital. En su declaración ante el juez, el anestesista reconoció haber administrado sustancias anestésicas a Lanusse en reiteradas oportunidades, con su consentimiento, y señaló que fue ella quien sustrajo los medicamentos. La defensa de ambos procesados busca revertir las medidas cautelares y sostiene que no existen pruebas suficientes para sostener la acusación.

El origen del caso: dos muertes y un sistema de control fallido

La investigación que derivó en el procesamiento comenzó el 20 de febrero de 2026, cuando efectivos policiales hallaron sin vida al anestesiólogo Alejandro Zalazar, de 29 años, en su departamento de Palermo. La autopsia reveló muerte por congestión, edema pulmonar y edema meningoencefálico, lesiones compatibles con sobredosis de propofol y remifentanilo. El análisis de trazabilidad del instrumental hallado en el domicilio de Zalazar determinó que una parte significativa del material pertenecía al Hospital Italiano, institución en la que Zalazar no tenía acceso laboral directo.

El 3 de abril, una segunda muerte complejizó aún más la causa. El enfermero Eduardo Bentancourt, de 44 años, fue encontrado sin vida en su departamento de la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2428, en Palermo. En el lugar se secuestraron tres ampollas de fentanilo del laboratorio HLB Pharma S.A., propiedad del empresario Ariel García Furfaro, procesado en una causa separada vinculada a 111 muertes por adulteración de sustancias medicinales. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°31, a cargo del fiscal Carlos Vasser, confirmó que las ampollas correspondían al certificado N° 53.100, inhabilitado por la ANMAT, con vencimiento en marzo de 2026, lo que refuerza la hipótesis de un desvío deliberado del stock que debía ser destruido tras la clausura del laboratorio.

Lo que declararon los jefes del área de Anestesiología

El jefe y el subjefe del área de Anestesiología del Hospital Italiano declararon ante el juez que Lanusse reconoció tener problemas de consumo de sustancias desde hacía dos años, un elemento que el Ministerio Público incorporó como contexto agravante en la formulación de cargos. El análisis forense de las filmaciones de vigilancia interna del hospital permitió reconstruir los momentos en que Boveri accedía a sectores restringidos y retiraba ampollas sin que los sistemas de registro lo detectaran a tiempo. El Hospital Italiano se presentó como querellante en la causa para resguardar su prestigio institucional y colabora activamente con la Justicia.

La causa avanza hacia el juicio oral

Con el procesamiento formalizado, la investigación se encamina hacia la etapa de preparación del juicio oral. El Ministerio Público deberá consolidar su acusación, mientras los defensores de Boveri y Lanusse ofrecerán sus descargos y pruebas ante el tribunal. Nuevas definiciones podrían conocerse en las próximas semanas.

Puntos clave:

  • Delfina Lanusse publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguró que «las cosas se van a aclarar» y expresó confianza en la Justicia.
  • El juez Javier Sánchez Sarmiento la procesó junto a Hernán Boveri por administración fraudulenta; ambos tienen prohibida la salida del país y enfrentan embargos millonarios.
  • La causa se vincula a dos muertes: el anestesiólogo Alejandro Zalazar y el enfermero Eduardo Bentancourt, hallados sin vida en Palermo.
  • En el domicilio de Bentancourt se encontraron ampollas de fentanilo del laboratorio clausurado HLB Pharma (certificado N° 53.100, inhabilitado por ANMAT), vinculado a 111 fallecidos.
  • El Hospital Italiano se constituyó como querellante; la investigación avanza hacia el juicio oral.
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