Sociedad
Prevención de discursos de odio: el impacto del atentado a Cristina
Desde la Defensoría del Público reflexionaron sobre el rol del Estado en la prevención de este tipo de violencia.
El subdirector de Asuntos Jurídicos de la Defensoría del Público, Horacio Lutzky, y la Directora Nacional de Gestión de Fondos Documentales del Archivo Nacional de la Memoria, Andrea Copani, reflexionaron este martes sobre el rol del Estado en la prevención de los discursos de odio y coincidieron en que se trata de un debate que cobró especial relevancia luego del intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el pasado 1 de septiembre.
El encuentro comenzó a las 10:30 en el Salón Alfonsín de la Legislatura porteña en el marco del ciclo de jornadas de reflexión organizadas por la Defensoría del Público, la diputada por la Ciudad Victoria Montenegro y la Agencia de Noticias Télam.
«Los hechos del 1 de septiembre hicieron resurgir fuertemente una discusión sobre si es necesaria una nueva normativa en torno a los discursos de odio«, expresó Lutzky durante el tercer encuentro.
El periodista y abogado recordó que existe la ley 23.592 antidiscriminatoria, pero llamó a preguntarse «por qué si existen los instrumentos, se ha hecho en tan pocas ocasiones uso».
«Es una figura que no se ha aplicado en demasiadas ocasiones. En encuentros anteriores al atentado hablamos justamente de no descartar el discurso de odio por razones políticas», afirmó.
A la vez, tomó como ejemplo la investigación a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobre el grupo Revolución Federal, en la que «no se los investiga por participar en el atentado, sino por los discursos de odio» de esta organización que podría incluso derivar en prisión.
Además, detalló dos miradas que existen alrededor de la libertad de expresión: por un lado en un «sentido liberal» que llama a «no intervenir» y, por otro lado, la que toma en cuenta «la dimensión social» del concepto y promueve el «accionar proactivo» desde el Estado.
«Para la Defensoría, las normas existentes alcanzan para reprimir y accionar en los términos de la normativa internacional», aseguró.
Lutzky apuntó que tampoco «hay unanimidad en qué es la incitación al delito» y explicó que hay varios «ejemplos no punitivitas» que pueden ser interesantes en el combate de este tipo de discursos.
Por su parte, Copani coincidió en que la proliferación de los discursos de odio, especialmente después del atentado a la Vicepresidenta, ponen de manifiesto la «urgencia de reforzar estas instancias».
«Es una problemática que no tiene una sola respuesta y no involucra un solo actor. El Estado es central, pero no puede hacerlo solo. Es clave que haya diálogo con los actores de la sociedad civil porque son problemáticas que atraviesan a la sociedad en su conjunto», manifestó.
A su vez, la profesora y doctorada en Historia sostuvo que desde la Secretaria de Derechos Humanos «hay un fuerte eje vinculado a las políticas de Memoria Verdad y Justicia», donde se piensa en cómo abordar los discursos de odio en «las prácticas negacionistas».
La Secretaría mantiene líneas «naturales» de protección de derechos humanos como las querellas en juicios o las políticas reparatorias a las víctimas -entre otras iniciativas-, y la promoción de derechos humanos que buscan visibilizar, formar y capacitar sobre esta temática.
«Estás iniciativas constituyen la base de acción cuando se piensa en el combate al negacionismo, pero en este contexto son insuficientes y surge la necesidad de pensar políticas específicas y profundizarlas», advirtió.
En tanto, diferenció a los funcionarios públicos y periodistas que tienen «otro tipo de alcance» cuando reproducen discursos de odio que cuando lo hace una persona civil.
«El apoyo a candidatos como (el diputado Javier) Milei nos hizo de manera acelerada poner en primer plano está problemática. Los discursos específicamente en torno de las cifras lo hemos escuchado en boca de funcionarios y referentes políticos centrales, especialmente durante el gobierno del (expresidente Mauricio) Macri. Hay que identificar estas estrategias discursivas, quiénes las sostienen y cómo disputarlas», apuntó.
La propuesta de mantener encuentros quincenales de debate sobre «el rol de los medios de comunicación en la construcción de una sociedad democrática, plural y respetuosa de los derechos humanos» comenzó el pasado 4 de octubre con la apertura a cargo de la legisladora Montenegro; la presidenta de la agencia de noticias Télam, Bernarda Llorente; y la defensora del Público, Miriam Lewin.
El último encuentro de estas jornadas se realizará el próximo martes 15 de noviembre en la Legislatura porteña, donde el director del Laboratorio de estudios sobre Democracia y Autoritarismo (LEDA), Ezequiel Ipar, disertará con una figura invitada sobre el eje «Contrapunto: los discursos de odio en la actualidad».
Judiciales ⚖️
Mar del Plata: topadoras y desalojo en la histórica “Saladita de la Bristol”
En un megaoperativo federal que incluyó a más de 100 efectivos y maquinaria pesada, la Municipalidad demolió los puestos de la emblemática feria costera. Tras 25 años de informalidad, la Justicia Federal ordenó el desmantelamiento por infracciones a la Ley de Marcas, desatando la resistencia de los feriantes.
La emblemática postal de la «Saladita de la Bristol» en Mar del Plata desapareció este jueves bajo la acción de topadoras y palas mecánicas municipales. Tras un megaoperativo iniciado por la Prefectura Naval y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Justicia Federal ordenó la demolición total de los puestos que, desde hacía más de 25 años, ocupaban el espacio público entre la vereda y la arena en pleno centro de la ciudad.
El despliegue comenzó el miércoles con más de 100 efectivos federales allanando la feria en el marco de una investigación por presuntas infracciones a la Ley de Marcas. Durante el procedimiento, se secuestraron bolsones de mercadería y se labraron actas en al menos 70 puestos. La situación escaló durante la madrugada de hoy, cuando la maquinaria pesada del gobierno de Guillermo Montenegro avanzó sobre las estructuras de material y chapa, a pesar de los intentos de resistencia de los vendedores que permanecían en el lugar.
Conflicto social y denuncias de alquileres ilegales
Desde el Sindicato de Vendedores Ambulantes (SIVARA) repudiaron el accionar municipal, calificándolo como un golpe a «familias que construyen su sustento con esfuerzo». Sin embargo, el operativo también sacó a la luz una oscura trama de informalidad: algunos feriantes denunciaron que pagaban hasta 3 millones de pesos mensuales en concepto de «alquiler» por los puestos durante la temporada de verano, pagos que se realizaban sin recibo oficial ni respaldo legal.
El intendente Montenegro se adjudicó la autoría del desmantelamiento, argumentando la necesidad de recuperar el espacio público y combatir la comercialización de productos de origen dudoso. Mientras tanto, la imagen actual de la Rambla Bristol muestra solo escombros y materiales retorcidos sobre la playa, mientras los puesteros organizan una manifestación frente al Palacio Municipal para exigir una reubicación o soluciones laborales tras la pérdida definitiva de sus lugares de venta.
Puntos clave:
- * La «Saladita de la Bristol» fue demolida totalmente tras un operativo de la Prefectura y la Municipalidad de Mar del Plata.
- * La Justicia Federal ordenó el allanamiento y desmantelamiento por infracciones a la Ley de Marcas.
- * Los puestos tenían más de 25 años de antigüedad en la zona costera entre la Peatonal San Martín y Rivadavia.
- * Puesteros denunciaron el pago de alquileres ilegales de hasta 3 millones de pesos a organizaciones informales.
- * El gremio SIVARA anunció protestas frente a la Municipalidad en rechazo al desalojo de unas 200 familias.
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