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Cuál es el costo humano de las barreras al aborto legal en Argentina

«Se debe asegurar que el aborto sea tratado como un servicio médico esencial y urgente mientras se prolongue la pandemia y garantizar la prestación de los servicios, bienes e información sobre salud sexual y reproductiva de manera oportuna, incluyendo en las provincias y los municipios», aseveró en su informe Human Rigths Watch.

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La vida y la salud de las mujeres, niñas y personas gestantes en Argentina «estarán en riesgo» mientras sigan existiendo «graves» restricciones al acceso al aborto legal, advirtió hoy Human Rights Watch (HRW) en un informe donde instó al presidente Alberto Fernández a presentar el proyecto de legalización y pidió que el Congreso lo apruebe.

«Es hora de saldar una deuda: El costo humano de las barreras al aborto legal en Argentina» es el título del documento de 86 página que elaboró la organización internacional en base a 30 testimonios de mujeres y niñas que intentaron acceder al aborto en los sistemas de salud público y privado, y a profesionales de la salud, abogadas y activistas de la ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Salta, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

Desde el rechazo a la ley en la Cámara alta, «miles de mujeres y niñas se han visto forzadas a elegir entre tener que superar obstáculos abrumadores para acceder a un aborto legal o recurrir a abortos clandestinos.

El objetivo del trabajo fue analizar las consecuencias del rechazo del Senado al proyecto de ley de 2018 que habría despenalizado completamente el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo, explicaron referentes de HRW en una conferencia virtual desde Washington.

La pandemia por coronavirus y el aislamiento «han exacerbado las restricciones al acceso a los servicios de salud reproductiva y ante este escenario, legalizar el aborto es más urgente que nunca».

Desde ese rechazo en la Cámara alta, «miles de mujeres y niñas se han visto forzadas a elegir entre tener que superar obstáculos abrumadores para acceder a un aborto legal o recurrir a abortos clandestinos, muchos de los cuales se practican de manera insegura y ponen en riesgo su salud y sus vidas», expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

Y resaltó que la pandemia por coronavirus y el aislamiento «han exacerbado las restricciones al acceso a los servicios de salud reproductiva», al tiempo que subrayó que «ante este escenario, legalizar el aborto es más urgente que nunca».

En el informe se recordó que en mayo último, Argentina se sumó a decenas de otros gobiernos del mundo que firmaron una declaración orientada a proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos y promover una respuesta con perspectiva de género ante la pandemia de Covid-19.

En el informe realizaron recomendaciones a los gobiernos nacional, de las provincias, al Congreso y a las legislaturas de las 24 jurisdicciones del país. Por ejemplo, solicitan a las autoridades de San Luis y Mendoza que deroguen las normas que prohíben la venta de misoprostol en farmacias, el medicamento aprobado por la Organización Mundial de la Salud para acceder al aborto seguro.

«Se debe asegurar que el aborto sea tratado como un servicio médico esencial y urgente mientras se prolongue la pandemia y garantizar la prestación de los servicios, bienes e información sobre salud sexual y reproductiva de manera oportuna, incluyendo en las provincias y los municipios», aseveró la ONG.

Por su parte, Tamara Taraciuk Broner, subdirectora para las Américas de HRW, dijo que «basándose en argumentos de derecho internacional de los derechos humanos, el informe insta al presidente Alberto Fernández a que presente el proyecto de ley para legalizar el aborto que prometió enviar al Congreso».

La directiva enumeró los principales obstáculos que documentaron, entre ellos la falta de información pública sobre las circunstancias en que el aborto está permitido «particularmente en casos» en que corre peligro la salud.

También, barreras «ilegales impuestas» por los centros de salud, como requerir que los padres, parejas o autoridades judiciales o de protección infantil lo autoricen, o solicitar informes policiales o una orden judicial para proceder a la práctica cuando la mujer fue violada, o períodos de espera «arbitrarios impuestos por los centros de salud».

En Argentina se aplica desde hace casi un siglo un modelo de causales establecido en el artículo 86 del Código Penal de 1921, que criminaliza el aborto en casi todos los supuestos, salvo en casos de violación o cuando la vida o la salud de la mujer está en riesgo. En todos los demás casos el aborto es ilegal y punible con hasta 15 años de cárcel.

La pena para quienes tengan abortos autoinducidos o den su consentimiento a esta práctica es de hasta cuatro años de prisión.

Quienes fueron entrevistadas para el informe señalaron que «la estigmatización y el temor» a las consecuencias legales, incluyendo posibles acciones penales, «disuaden a personas gestantes de intentar obtener abortos legales, y a los profesionales de la salud de brindarlos, incluso cuando se reúnen los requisitos previstos en el artículo 86 del Código Penal».

La criminalización del aborto no impide la interrupción de embarazos no deseados.

Mujeres que intentaron acceder al derecho contaron sobre «actos crueles y humillantes» por parte de profesionales de la salud, así como situaciones en que les negaron el acceso a servicios de salud después de un aborto o violaron la confidencialidad médica en centros de salud.

Sus testimonios están en primera persona en el documento, que además identificó cómo varía la posibilidad de acceder al derecho según el lugar del país donde se viva y la situación económica.

«La criminalización del aborto no impide la interrupción de embarazos no deseados. En cambio, obliga a las personas gestantes a intentar obtener abortos por fuera del ámbito de la regulación estatal, muchos de los cuales se practican de manera insegura», concluyó HRW.

Y resaltó que «muchas personas gestantes, sobre todo aquellas que viven en situación de pobreza o en zonas rurales, recurren al aborto autoinducido o solicitan la asistencia de profesionales de la salud que no están capacitados para proveerlo. Los abortos inseguros pueden causar problemas de salud a corto y largo plazo, e incluso la muerte».

Según datos de 2018 del Ministerio de Salud de la Nación, hubo 35 muertes causadas por aborto en el país. Las estadísticas oficiales completas más recientes, de 2016, incluyeron a 39.025 mujeres y niñas que ingresaron en hospitales por complicaciones de salud relacionadas con abortos, y el 16 % tenían entre 10 y 19 años.

Al inaugurar el período de sesiones en el Congreso, el Presidente anunció que enviaría un proyecto para legalizar el aborto y en sucesivas declaraciones a la prensa aclaró que esa decisión está demorada por la pandemia.

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Estela de Carlotto repudió el cierre del Banco Nacional de Datos Genéticos y la Conadi

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó que ambos organismos son auténticos logros de la democracia”, al exponer en el plenario de comisiones que debate la Ley Bases en el Senado.

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Carlotto concurrió a la Cámara alta acompañada del nieto recuperado Guillermo Pérez Roisinblit, y afirmó durante su intervención que la disolución de ambos organismos representaría “un retroceso en materia de derechos adquiridos”, que son “fundamentales para garantizar el bienestar de toda la sociedad”.

La presencia de la presidenta de la histórica y emblemática entidad defensora de los derechos humanos en la Cámara alta en el debate de la Ley Bases tiene que ver con que en la media sanción que tuvo el proyecto en Diputados, no se aseguró la continuidad de estas dos instituciones, que podrían ser eventualmente disueltas por el Poder Ejecutivo, si hubiera una intencionalidad política que fuera en ese sentido. 

“Venimos a pedirles a ustedes, las y los representantes del pueblo, que honren los cargos para los que fueron electos, como lo hicieron tantos a lo largo de nuestra historia. En este recinto se conquistaron derechos consagrados en la Constitución Nacional y, en particular, se consolidó el proceso de Memoria Verdad y Justicia, que tan alto nos ha colocado en el mundo, convirtiéndonos en los mayores referentes internacionales en materia de Derechos Humanos”, recordó la dirigente de Abuelas en el inicio de su discurso.

Estela repasó la historia reciente de Argentina al recordar que el 21 de agosto de 2003, el Senado de la Nación anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Esa sanción junto con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que también las declaró inconstitucionales, permitió la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad.

Nos preocupa el alcance que tiene el proyecto de ley, entre otros artículos, sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos y la CoNaDI”

“Este mismo Congreso fue el que puso un freno al intento de favorecer a los genocidas con el beneficio del 2×1.  En tiempo récord, y con apoyo de todos los bloques políticos, promulgó una ley para evitar reducciones de penas que resultarían una ofensa para la democracia”, remarcó Carlotto.

Además, recordó que “Las Abuelas de Plaza de Mayo llevamos 47 años de lucha y ante la desaparición forzada de nuestras hijas y nueras embarazadas comenzamos su búsqueda, así como también la de nuestros hijos, yernos y otros familiares que corrieron el mismo destino”.

“En plena dictadura la búsqueda era compleja, y representaba mayor dificultad frente a los bebés que nacían en cautiverio, a quienes no podíamos reconocer. Entonces, nos preguntamos si nuestra sangre podía ser útil para identificarlos.

Recorrimos el mundo, hasta dar con el genetista Víctor Penchaszadeh (aquí presente), quien nos contactó con la científica Mary-Claire King, y junto con un grupo de profesionales desarrollaron el ‘índice de Abuelidad’”, repasó sobre los orígenes de la lucha que libraron las Abuelas por la recuperación de la identidad de los niños nacidos en cautiverio durante la última dictadura militar.

Recordó que con la ayuda del presidente Raúl Alfonsín, se logró poner en marcha un Banco Nacional de Datos Genéticos, que se encargaría de la identificación de esos niños que “seguían creciendo en la mentira”.

Contó además que “el servicio de inmunología del Hospital Durand empezó a recibir muestras, y el ministerio de Acción Social de la Nación se encargó de proveer los insumos”.

“Toda una operatoria difícil para el funcionamiento y sostenimiento diario. Por eso, el poder legislativo también se comprometió con la búsqueda de niños desaparecidos por el terrorismo de Estado y, en 1987, el Congreso Nacional sancionó la ley de creación del Banco Nacional de Datos Genéticos”, sostuvo.

La CoNaDI ha brindado respuesta en más de dos mil casos en los que pudo establecer el origen biológico de personas, reunir hermanos y muchas madres que buscaban a sus hijos”

Luego vino un período de retroceso en materia de políticas de Memoria, Verdad y Justicia con la sanción de las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y los indultos del presidente Carlos Saúl Menem a los genocidas de la última dictadura.

Sin embargo, en 1990, “con la sanción de la ley que incorporó al derecho interno argentino la Convención Internacional sobre los derechos del Niño, empezamos a solicitar la conformación de una comisión técnica especializada”.

“El objetivo era velar por el cumplimiento de los artículos de la Convención vinculados al derecho a la identidad (7, 8, 11), y simultáneamente impulsar la búsqueda y localización de las niñas y niños desaparecidos durante la última dictadura cívico militar”, reseñó.

Hubo un período de retroceso en materia de políticas de Memoria, Verdad y Justicia con la sanción de las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y los indultos del presidente Carlos Saúl Menem a los genocidas de la última dictadura.”

Carlotto recordó que fue Menem quien ordenó la creación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), un organismo que se encarga de pedir documentación a los lugares que intervinieron en la inscripción de niños nacidos entre 1975 y 1983.

Cuando una persona manifiesta dudas sobre su identidad, esa Comisión faculta al Banco Nacional de Datos Genéticos para ordenar un análisis.

“La CoNaDI ha brindado respuesta en más de dos mil casos en los que pudo establecer el origen biológico de personas, reunir hermanos y muchas madres que buscaban a sus hijos”, agregó.

Néstor Kirchner: promulgó en 2003 la de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Foto concejoriocuarto.gob.ar

Además, recordó que, en 2012, la entonces presidenta  Cristina Fernández de Kirchner impulsó la creación de la Unidad Fiscal Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el terrorismo de Estado (UFICANTE), que investiga y asiste en la búsqueda de hijos e hijas de personas desaparecidas durante el terrorismo de Estado.

Carlotto reconoció que Abuelas tiene preocupación por los artículos 3 y 6 de la denominada Ley de Bases, que otorgan facultades delegadas al Poder Ejecutivo para “la disolución, modificación e intervención de organismos centralizados y descentralizados del Estado, creados o no por Ley”.

“A 40 años de democracia, les pedimos que defiendan los instrumentos que nos hemos dado en estas cuatro décadas de diálogo, trabajo y construcción de consensos”

“Nos preocupa el alcance que tiene el proyecto de ley, entre otros artículos, sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos y la CoNaDI, herramientas construidas por el Estado democrático para resolver los crímenes del terrorismo de Estado, entre los que se encuentran delitos de los que son víctimas casi trescientas personas que aún viven bajo una identidad falsificada”, expresó.

Por último, Estela apeló a la “memoria de los senadores para honrar los compromisos que asumieron como funcionarios y funcionarias electas por el pueblo, para defender nuestros derechos y levantar la voz de quienes son sistemáticamente silenciados”.

“A 40 años de democracia, les pedimos que defiendan los instrumentos que nos hemos dado en estas cuatro décadas de diálogo, trabajo y construcción de consensos. Les pedimos que estén a la altura de sus roles, e intervengan en defensa de lo que aún estamos a tiempo de salvar. Nosotras llevamos 47 años luchando, lo seguiremos haciendo, por nuestros hijos e hijas, los 30.000 y, sobre todo, por el futuro de nuestra patria”, puntualizó.

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