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Causa por un aborto: sancionan a dos jueces negacionistas de la ILE

La Corte confirmó una sanción para dos jueces por su rechazo al tratamiento con perspectiva de género de una causa por un aborto

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La sanción económica que implica un descuento del 50% del salario de un mes para dos jueces ha sido confirmada por la Corte Suprema. Los jueces en cuestión son Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi, quienes fueron penalizados por el Consejo de la Magistratura debido a una sentencia en la que desacreditaron a los médicos que realizaron un aborto.

Anzoátegui y Rizzi fueron sancionados por “actos ofensivos al decoro de la función judicial, el respeto de las instituciones democráticas y los derechos humanos o que comprometen la dignidad del cargo”. En una sentencia emitida el 24 de septiembre de 2020, el tribunal había sentenciado a un acusado de homicidio y abuso sexual agravado por acceso carnal contra su hermanastra cuando era niña, a 35 años de prisión.

Como resultado de las violaciones, la niña quedó embarazada y decidió someterse a un aborto cuando ya estaba en vigor la ley de la Interrupción Legal (ILE). Los jueces describieron el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” del Ministerio de Salud como un “manual de salvajadas inhumanas”. Los médicos que realizaron el aborto fueron calificados como “sicarios” y “asesinos a sueldo”.

Los jueces Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti confirmaron en una extensa sentencia el criterio establecido desde la creación del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento sobre la inapelabilidad de las sanciones emitidas por estos organismos.

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Fractura de nariz y celular confiscado: denuncian a futbolista de Independiente por violencia de género

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 83 de Buenos Aires ordenó medidas de protección urgentes para J.S., una joven platense de 21 años que acusó a Nicolás Tomás Garrido Aparicio de agredirla durante más de dos horas en su departamento porteño. La OVD calificó la situación como de «riesgo alto».

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El nombre de Nicolás Tomás Garrido Aparicio, defensor central de 20 años que integra la Reserva del Club Atlético Independiente, quedó al centro de una causa judicial de violencia de género tras la denuncia presentada ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por una joven de 21 años, identificada en el expediente como J.S., estudiante universitaria platense que cursa en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

Los equipos interdisciplinarios de la OVD evaluaron la situación como de «riesgo alto». La causa fue remitida al Juzgado Nacional en lo Civil Nº 83 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que actuó con celeridad y resolvió dictar medidas cautelares urgentes y provisorias en el marco de las leyes de Violencia Familiar y de Protección Integral de las Mujeres (Ley 26.485).

Una madrugada de celos y violencia

Según el relato aportado por la denunciante al expediente judicial, los hechos se desencadenaron durante la madrugada del sábado, luego de que ambos coincidieran en un local bailable. La joven se retiró antes y se dirigió al departamento del jugador, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, mientras él permanecía en el boliche.

En ese lapso, de acuerdo con su testimonio, Garrido Aparicio comenzó a enviarle mensajes acusándola de supuestas infidelidades y de haberse dirigido a una fiesta posterior, algo que la joven negó. Una vez que el jugador regresó al departamento, se desató la agresión. El expediente judicial consigna que uno de los episodios violentos estuvo vinculado a los celos y a lo que el informe calificó como un «arranque irascible» del denunciado.

La joven declaró haber sido sometida a una golpiza que se extendió por más de dos horas, que le provocó una fractura de tabique nasal. Según surge de la denuncia, el acusado le sustrajo el teléfono celular para impedirle solicitar ayuda. Luego del episodio, la víctima informó a su familia, radicó la denuncia correspondiente y quedó bajo protección judicial.

La respuesta judicial: seis meses de restricción

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 83 consideró acreditados, de manera preliminar, los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, y resolvió dictar de inmediato medidas de protección provisorias. Las disposiciones incluyen una prohibición de acercamiento de 200 metros por seis meses, que alcanza el domicilio de la víctima en La Plata, la sede de la UADE donde cursa estudios y cualquier otro lugar donde J.S. se encuentre.

El juez prohibió además todo contacto por teléfono, mensajes de texto, redes sociales o cualquier otro medio electrónico, y ordenó la continuidad del botón antipánico que ya había sido entregado a la joven durante el fin de semana. Según surge del expediente Garrido Aparicio juega en la reserva del club de Avellaneda pero ya firmó contrato con el primer equipo, con vínculo vigente hasta diciembre de 2028.

Independiente, otra vez

El caso se suma a un contexto de preocupación creciente en torno a la conducta de jugadores del club fuera de la cancha. La denuncia se conoce semanas después de que el propio Club Atlético Independiente debiera presentarse ante la Fiscalía Nº 2 de Avellaneda para formalizar una denuncia por casos de grooming en sus divisiones inferiores, en mayo de 2026, tras una alerta generada por el padre de uno de los futbolistas menores.

La acumulación de situaciones graves en el entorno institucional del club reaviva el debate sobre los protocolos de conducta y los mecanismos de contención y formación de valores en el fútbol profesional argentino, en un país donde la violencia de género sigue siendo una crisis estructural sin resolver.

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