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Covid-19: la letalidad ya es del 2% en la Argentina

En tanto, la ocupación de camas de cuidados intensivos, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 57,7%, mientras que en el AMBA llega al 68,2%.

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El Ministerio de Salud informó esta mañana 66 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que elevó a 6.114 la cifra de muertos desde marzo pasado, con una tasa de mortalidad de 133 personas cada millón de habitantes y un índice de letalidad de 2% sobre los casos confirmados.

En el reporte oficial se indicó, además, que fueron 6.840 los positivos de Covid-19 que se reportaron ayer en la Argentina y 305.966 el total de infectados hasta el momento, con una incidencia de 674 casos por cada 100.000.

El número de casos de coronavirus de la última semana arroja que hubo un promedio de 5.460 por jornada.

Al respecto, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, señaló que «el número (de contagios) aportado por provincias por fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sigue siendo importante» y «sostenida», y explicó que ayer Córdoba sumó 227 nuevos casos, mientras que Jujuy, 218; Santa Fe, 129; y Mendoza, 124.

Como contrapartida, se informó que Formosa y San Juan no reportan casos de coronavirus desde hace más de 14 días.

Un total de 1.799 personas cursan la enfermedad en unidades de terapia intensiva en todo el país, el 77,4% de ellos en establecimientos de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires.

A la fecha, el total de altas es de 228.725, lo que representa el 74,7% de los casos confirmados.

La ocupación de camas de cuidados intensivos, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 57,7%, mientras que en el AMBA llega al 68,2%.

Al respecto, Vizzotti estimó que la ocupación de estas plazas de atención crítica se debe comparar con la población del lugar y con la fortaleza del sistema de salud local.

La situación en Jujuy

La última información disponible señala que 86 pacientes se encuentran internados en terapia Intensiva por coronavirus en Córdoba, 68 en Mendoza, 44 en Santa Fe y 30 en Jujuy.

Esa provincia del noroeste genera «preocupación» por un «aumento muy importante de casos en corto tiempo» lo que deriva en «una tensión importante del sistema», según subrayó Vizzotti.

Se recomienda a la población «que minimice la circulación» y «extreme el cuidado» de las medidas de aislamiento.

Por ello, un equipo del Ministerio de Salud se encuentra asesorando a las autoridades locales, y se recomienda a la población «que minimice la circulación» y «extreme el cuidado» de las medidas de aislamiento.

Desde el último reporte emitido, se registró la muerte de 37 varones y 29 mujeres, 49 con residencia en la provincia de Buenos Aires, 11 de la Ciudad de Buenos Aires, 3 en Mendoza, 1 en Neuquén, 1 en Entre Ríos y 1 en Río Negro.

Del total de casos confirmados en la Argentina desde la llegada al país de la pandemia, 1.161 (0,4%) son importados, 77.895 (25,5%) son contactos estrechos de casos confirmados, 185.880 (60,8%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Ayer fueron realizadas 18.037 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 1.012.979 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 22.323,7 muestras por millón de habitantes.

El reporte del martes

Por la mañana del martes se registraron 63 nuevos fallecidos: 40 hombres, 29 residentes en PBA; 7 en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); uno en Chaco; dos en Jujuy y uno en Neuquén. Y 23 mujeres: 15 residentes en la provincia de Buenos Aires; cinco en CABA; una en Formosa, Salta y Jujuy.

Hasta el lunes habían sido realizadas 13.483 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 994.942 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. Hasta esta martes el total de altas era de 223.531 personas.

Diversos especialistas alertaron sobre la posibilidad de que la marcha haya sido un foco de contagio y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, le pidió “perdón” a los trabajadores de la salud por “no haber logrado evitar” la marcha.

La cartera sanitaria indicó que son 1.799 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 57,7% en el país y del 68,2% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

Precisamente, el presidente Alberto Fernández había anunciado a fines de la semana pasada la extensión del aislamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hasta el próximo 30 de agosto.

Esta nueva etapa de la lucha contra el coronavirus incluyó la vuelta a fase 1 en varias provincias del interior del país donde hubo un mayor crecimiento de casos, mientras que en la Ciudad y el Conurbano se está haciendo foco en seguir evitando las reuniones sociales y respetar el DISPO.

Legislativo

El costo de la ley de discapacidad es de solo el 0,07% del PIB

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el dictamen de mayoría sobre discapacidad insumiría hasta $1,2 billones en 2028. El oficialismo lo usa como argumento para bloquear el quórum y también hundir el debate sobre el DNU 70.

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El Argentino Diario-Organizaciones de personas con discapacidad.
Tienen la plata, pero no la voluntad: el Gobierno bloquea derechos de personas con discapacidad escudándose en un costo que ya está presupuestado.

Ciento ochenta y siete millones de pesos por hora. Ese es el equivalente aproximado del costo fiscal que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó para el proyecto de ley sobre discapacidad que cuenta con dictamen de mayoría: $1.209.567 millones para 2028, un 0,07% del PIB. Es el número que el Gobierno de Javier Milei agita ante sus aliados parlamentarios para persuadirlos de no aportar quórum a la sesión convocada para el 15 de octubre, donde también se buscará voltear el DNU 70.

El informe técnico de la OPC, organismo dependiente del Poder Legislativo, proyectó dos escenarios. Para 2027, el costo ascendería a $598.912 millones (0,04% del PIB), bajo un esquema de incorporación gradual de nuevos beneficiarios. Para 2028, con un año completo de aplicación, el monto trepería a $1.209.567 millones (0,07% del PIB). El documento aclara que esas cifras representan únicamente el gasto incremental y no incluyen lo que el Estado ya eroga por la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez laboral, que hoy tienen 1.141.486 personas.

Quiénes son los nuevos beneficiarios y cómo se determinan

El universo de potenciales incorporaciones surge de aplicar el tope de ingresos equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles sobre el total de personas de entre 18 y 64 años que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pero no perciben actualmente la pensión por invalidez laboral. La OPC subraya que el escenario de incorporación gradual para 2027 «representa un incremento del 6,1% respecto del gasto total en pensiones no contributivas incluido en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027».

En materia de cobertura médica, el informe estima que unos 76.000 nuevos titulares podrían requerir la cobertura del programa Incluir Salud, aunque no realiza una estimación monetaria dada la variabilidad en el uso de servicios y la superposición con el sistema público. La OPC advierte que su incorporación «implicaría fundamentalmente un reordenamiento de las fuentes de financiamiento, desplazando la carga erogativa desde los niveles subnacionales hacia el nivel nacional», lo que equivale a decir que el gasto ya existe; solo cambiaría quién lo paga.

La deuda con los prestadores: una obligación que ya existía

El dictamen también mantiene una manda preexistente: la compensación a prestadores de servicios de discapacidad por los desfasajes entre aranceles e inflación registrados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. La OPC precisa que «el dictamen no genera un gasto adicional respecto del marco vigente, sino que mantiene una obligación ya establecida y pendiente de ejecución», estimada en $278.323 millones según el Decreto 84/2026. En otras palabras, es una deuda que el Estado ya tiene y que la ley solo ordena honrar.

El superávit como escudo político

La operación política del oficialismo es transparente: presentar el costo fiscal de ampliar derechos como una amenaza al equilibrio macroeconómico y, desde ahí, presionar a los aliados parlamentarios para que no habiliten la sesión del 15 de octubre. La fecha no es casual: en esa misma jornada se prevé tratar también la impugnación al DNU 70, la norma de desregulación masiva que concentra buena parte de las reformas estructurales del gobierno libertario.

Sin embargo, los propios números de la OPC relativizan el argumento. El Proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $3.660.978 millones (0,26% del PIB) para atender mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones, de la cual el escenario de incorporación gradual del dictamen de discapacidad absorbería apenas el 16,4%. Además, el presupuesto prevé una reserva de $1.324.523 millones (0,09% del PIB) para transferencias del área de salud. Los fondos están previstos; la decisión es política, no presupuestaria.

Lo que tenés que saber:

  • La OPC estimó el costo del dictamen de mayoría sobre discapacidad en $598.912 millones en 2027 y $1.209.567 millones en 2028, equivalentes al 0,04% y 0,07% del PIB respectivamente.
  • El costo calculado es solo el gasto incremental: no incluye la PNC por invalidez laboral que ya cobran 1.141.486 personas.
  • El Presupuesto 2027 ya prevé reservas específicas que absorberían holgadamente ese costo adicional, según el mismo informe técnico.
  • Unos 76.000 nuevos titulares podrían ingresar al programa Incluir Salud, pero eso significaría una reasignación de gasto entre niveles del Estado, no gasto nuevo.
  • El oficialismo usa el informe para presionar a aliados y evitar el quórum del 15 de octubre, sesión donde también se debatiría el DNU 70.
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