Salud 🩺
Salió en el Boletín Oficial la nueva reglamentación para facilitar el acceso al cannabis medicinal
La norma otorga al médico «un rol fundamental» en el acompañamiento de los pacientes. Establece que obras sociales y prepagas garanticen el acceso y contempla la provisión «en forma gratuita por parte del Estado» de derivados de la planta a quienes tengan indicación médica.
La norma otorga al médico «un rol fundamental» en el acompañamiento de los pacientes. Establece que obras sociales y prepagas garanticen el acceso y contempla la provisión «en forma gratuita por parte del Estado» de derivados de la planta a quienes tengan indicación médica.
El Gobierno reglamentó la ley de uso medicinal de cannabis, que «facilita e impulsa la investigación científica orientada a los posibles usos terapéuticos» y busca asegurar «el acceso a las terapias de forma segura e informada para todos los usuarios y usuarias», incluso a través del «autocultivo o el cultivo solidario».
La norma establece que las obras sociales, el Estado y las prepagas «garanticen» el acceso. Otorga al médico «un rol fundamental en el acompañamiento de los pacientes» y contempla la provisión «en forma gratuita por parte del Estado» de derivados de la planta a quienes tengan «indicación médica».
Fuentes oficiales indicaron que el decreto 883/2020, publicado este jueves en el Boletín Oficial, deroga y reemplaza la reglamentación dispuesta en 2017 y crea el «Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus Derivados y Tratamientos No Convencionales», en el marco del Ministerio de Salud.
El nuevo decreto reglamentario «facilita e impulsa la investigación científica orientada a los posibles usos terapéuticos y avanza en garantizar el acceso a las terapias de forma segura e informada para todos los usuarios y usuarias, otorgándole al médico un rol fundamental en el acompañamiento de los pacientes», indicaron los portavoces.
Entre los objetivos figuran «la promoción dirigida a equipos de salud y organizaciones de la sociedad civil y la implementación de acciones de concientización sobre el uso del cannabis y sus derivados».
También, apunta al «desarrollo de guías de asistencia, tratamiento y accesibilidad; la provisión en forma gratuita por parte del Estado de derivados de la planta para pacientes que cuenten con indicación médica y con cobertura pública exclusiva, y el impulso de investigaciones relacionadas con los fines terapéuticos y científicos de la planta de cannabis y sus derivados».
Asimismo, «se autoriza, previa inscripción en el nuevo Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) el acceso al aceite de cannabis a través del autocultivo, el cultivo solidario o bien a través de la utilización de especialidades medicinales, en los casos en que exista indicación médica».
«El acceso al cannabis y sus derivados deberá ser garantizado por las obras sociales y empresas de medicina prepaga o por el Estado para quienes no posean cobertura de salud», señala la reglamentación oficial.
También el Estado «brindará colaboración técnica para impulsar la producción pública de cannabis en todas sus variedades y su eventual industrialización para su uso medicinal, terapéutico y de investigación en los laboratorios de producción pública de medicamentos nucleados en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos».
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Conicet podrán cultivar cannabis y el Instituto Nacional de Semillas (INASE) será el encargado de regular «las condiciones de producción, difusión, manejo y acondicionamiento de los órganos de propagación de esta especie que permitan la trazabilidad de los productos vegetales», establece la medida.
Los portavoces destacaron que «la nueva reglamentación surge de un proceso de diálogo entre el Ministerio de Salud con organizaciones no gubernamentales, sociedades científicas y organismos públicos involucrados».
Tras conocerse la publicación en el Boletín Oficial, organizaciones y dirigentes celebraron el texto nuevo en las redes sociales.
«La nueva reglamentación es un avance que nos compromete a seguir trabajando por ampliar derechos. La libertad de la planta es la libertad de todes», escribió en Twitter Mama Cultiva, una de las agrupaciones que motivó el debate y la sanción de la ley.
EL TEXTO COMPLETO DE LA PUBLICACIÓN





CABA
Siete muertes y más de 150 trabajadores afectados por asbesto: paro de subtes
La AGTSyP frenará desde las 21 las seis líneas y el Premetro tras la muerte de un exoperario que el gremio vincula con el asbesto, la séptima que contabiliza. Denuncia más de 150 trabajadores con afecciones y responsabiliza a Emova, Grupo Roggio, Metrovías y los gobiernos.
Más de 150 trabajadores del subte fueron diagnosticados con afecciones de salud por la exposición al asbesto, según denunció el gremio, y la muerte de otro exoperario que pasó más de 32 años en un taller de la red derivó en un paro total este jueves, desde las 21 hasta la finalización del servicio.
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) convocó a la medida mediante un comunicado en el que informó el fallecimiento de un trabajador que, según indicó, estuvo expuesto al material cancerígeno durante más de tres décadas. La concesionaria Emova lamentó la muerte de Oscar Pauer, quien fue operario en el taller Rancagua de la Línea B hasta su jubilación, en agosto de 2024.
La medida de fuerza alcanza a las líneas A, B, C, D, E y H y al Premetro. Se espera que crezca la demanda de colectivos y la circulación de vehículos particulares durante la noche.
Siete muertes según el gremio y una «crisis sanitaria bajo tierra»
Con este caso, la AGTSyP contabiliza siete trabajadores fallecidos por la exposición al asbesto. En agosto de 2025, cuando informó la muerte de un trabajador de la Línea D, la cifra era de cinco. En noviembre de 2024 había denunciado la muerte de Jorge Navarro, del taller Constitución, quien padecía cáncer de pulmón y cuyo vínculo con el material, según el sindicato, había sido reconocido en 2020 por una auditoría médica.
El gremio sostiene que el asbesto sigue presente en todas las líneas, a pesar de que está prohibido en la Argentina desde 2003. En su comunicado, la AGTSyP habló de una «crisis sanitaria bajo tierra» y responsabilizó a Emova, al Grupo Roggio, a Metrovías y a los gobiernos por la continuidad del problema.
Qué reclaman los trabajadores
El sindicato exige que se retire el asbesto de toda la red y que se incluya en el Relevamiento de Agentes de Riesgo (RAR) a la totalidad de los trabajadores, activos y jubilados. El pliego completo incluye:
- El retiro del asbesto de la red de subterráneos.
- El cambio de las flotas contaminadas.
- La inclusión de todos los trabajadores, activos y jubilados, en el RAR.
- La reducción de la jornada laboral para minimizar la exposición al mineral.
Fuentes de la AGTSyP advirtieron que persisten otros reclamos de arrastre, como los descuentos ilegales y las sanciones, pero remarcaron que la salud es lo más grave «porque se nos mueren los compañeros».
La respuesta de Emova y del Gobierno porteño
Emova sostuvo que continúa con el plan integral de desasbestizado en toda la red, a través de una mesa interdisciplinaria en la que participan los gremios y que funciona en la Dirección de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad. La empresa informó además que realizó más de 5.000 mediciones de calidad del aire, a cargo de laboratorios validados por la Agencia de Protección Ambiental porteña, con resultados «adecuados para la salud».
El Gobierno de la Ciudad informó que existe un plan de desasbestizado desde que se detectó el material en 2018, con análisis de formaciones e instalaciones, retiro de componentes contaminados y controles del aire en los espacios de trabajo.
La distancia entre ambas versiones es total: la empresa exhibe más de 5.000 mediciones de aire y el sindicato exhibe una lista de muertos y más de 150 diagnosticados. Hay además un dato que complica el argumento de las mediciones: el trabajador fallecido estaba jubilado desde agosto de 2024, y enfermedades asociadas al asbesto, como el cáncer de pulmón y el mesotelioma, pueden manifestarse muchos años después de la exposición.
Un conflicto que se arrastra desde 2018
El problema se hizo público en febrero de 2018, cuando los trabajadores supieron que formaciones CAF 5000 que habían circulado en el Metro de Madrid contenían asbesto y que esos mismos trenes habían operado en la Línea B porteña. La AGTSyP reclamó explicaciones a Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), empresa estatal propietaria de la red, y a la concesionaria; en 2019 presentó un amparo ambiental y los relevamientos posteriores confirmaron la presencia del material en distintas flotas e instalaciones.
El 1 de junio, el gremio ya había frenado la Línea C por la presencia de asbesto en formaciones Nagoya 5000, tras denunciar el incumplimiento de un acuerdo del 31 de mayo de 2024 que exigía retirarlas del servicio. El último paro total había sido el 20 de octubre, cuando los metrodelegados paralizaron toda la red por la detención de dos representantes gremiales durante una protesta, un arresto que el sindicato calificó de arbitrario y que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó públicamente.
Lo que tenés que saber
- La AGTSyP para las seis líneas y el Premetro este jueves, desde las 21 hasta el final del servicio.
- La medida responde a la muerte de un exoperario que trabajó más de 32 años en un taller de la red, la séptima que el gremio vincula con el asbesto.
- El sindicato denuncia más de 150 trabajadores con afecciones de salud y reclama el retiro del material de toda la red.
- Emova y el Gobierno porteño afirman que hay un plan de desasbestizado y que las mediciones del aire son adecuadas.
- El asbesto está prohibido en la Argentina desde 2003 y el conflicto es público desde 2018.
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