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Gremiales

Milei destruyó el salario universitario y cae a mínimos históricos: 7 sueldos menos

El recorte equivale a siete sueldos desde fines de 2023

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Lo que tenés que saber

  • En 2025 se registró una pérdida acumulada del poder adquisitivo del 40,5%
  • El recorte equivale a siete sueldos desde fines de 2023
  • Un docente con dedicación simple perdió más de $1,6 millones
  • La Ley de Financiamiento Universitario recibió un veto presidencial
  • Los salarios quedaron muy por debajo de la inflación

Derrumbe del poder adquisitivo docente

El ajuste sobre los salarios de los docentes universitarios se profundizó durante el gobierno de Javier Milei, con pérdidas de hasta 40,5% del poder adquisitivo desde 2023. Los datos surgen de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y de estimaciones de la Federación de Docentes de Universidades Nacionales (FEDUN).

La quita acumulada representa el equivalente a siete sueldos desde la asunción del mandatario libertario, según los registros gremiales y los cálculos basados en recibos de sueldo testigo.

Cuánto se perdió en términos concretos

El impacto del deterioro salarial se refleja en cifras acumuladas. Un docente con dedicación simple, con una carga de diez horas semanales, perdió $1.622.047 pesos desde fines de 2023. En el caso de un titular de cátedra, la merma llegó a $2.898.168 pesos en el mismo período.

Este retroceso se explicó por negociaciones salariales demoradas, propuestas por debajo de la inflación y la falta de recomposición frente al aumento sostenido del costo de vida.

El veto a la Ley de Financiamiento Universitario

El incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario profundizó el escenario. La norma, aprobada por el Congreso en septiembre de 2024, contemplaba una actualización bimestral de gastos y una recomposición salarial retroactiva para compensar la pérdida acumulada.

El presidente Javier Milei vetó la ley en su totalidad, bajo el argumento de que atentaba contra el objetivo de alcanzar el “déficit cero”. Ese veto dejó sin respuesta el reclamo gremial y agravó el desfinanciamiento de las universidades nacionales.

Educación como eje de conflicto

La crisis salarial docente se consolidó como uno de los principales focos de tensión en el sistema educativo. En un contexto de ajuste fiscal, los ingresos quedaron muy por detrás de la inflación y afectaron el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio.

Según un informe del IARAF, en 2025 los salarios perdieron 12,7% frente a la inflación, una caída que se sumó al retroceso del 9,9% registrado en 2024. La tendencia marcó un deterioro continuo durante los dos primeros años de la actual gestión.

Las estimaciones gremiales

Dentro del empleo estatal, los docentes universitarios figuran entre los sectores con mayor pérdida de poder adquisitivo. Los gremios estiman un recorte cercano al 33% en 25 meses, equivalente a siete sueldos completos.

Conadu, Conadu Histórica y Fedun calcularon una pérdida real de entre 35% y 40% desde el inicio del actual Gobierno. Estas cifras coinciden con los estudios independientes y dimensionan la magnitud del ajuste.

En términos prácticos, los ingresos docentes solo hubieran permitido sostener el nivel de vida previo hasta mayo de 2025. Para recuperar el poder adquisitivo vigente a fines de 2023, los gremios estiman necesaria una suba salarial de entre 50% y 58%.

Cuánto cobran hoy los docentes universitarios

Tras las paritarias de finales de 2025, un docente con dedicación simple percibe un sueldo bruto que oscila entre $231.721 para un ayudante y $414.024 para un titular, según datos de septiembre de ese año. Los montos varían según antigüedad, posgrados y universidad.

En valores netos, un adjunto con dedicación simple ronda los $267.661, mientras que un titular alcanza aproximadamente $343.117. Los docentes con título de doctor reciben un adicional del 18% sobre el básico.

La dedicación simple concentra cerca del 80% de la planta docente de las universidades nacionales. En muchos casos, hasta 65% del personal complementa sus ingresos con otros trabajos debido a la baja carga horaria y salarial, según informes de la Universidad Torcuato Di Tella.

Gremiales

La motosierra libertaria llega a los bosques: retiros voluntarios en Parques Nacionales

El Gobierno oficializó mediante la Resolución 191/2026 un programa de desvinculación para el personal de planta permanente de la APN. Cada puesto vacante será eliminado de manera definitiva, en línea con la política de achicamiento del Estado que impulsa la gestión Milei.

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La motosierra avanza sobre los bosques: cómo el ajuste vacía la Administración de Parques Nacionales.

El Gobierno oficializó mediante la Resolución 191/2026 un programa de desvinculación para el personal de planta permanente de la Administración de Parques Nacionales (APN). Cada puesto vacante será eliminado de manera definitiva, en línea con la política de achicamiento del Estado que impulsa la gestión Milei. Los trabajadores que adhieran deberán renunciar a futuros reclamos y no podrán reincorporarse al sector público por cinco años.

La gestión de Javier Milei extendió su programa de reducción del empleo estatal a la Administración de Parques Nacionales (APN), organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros que conduce Manuel Adorni. A través de la Resolución 191/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo abrió un régimen de retiro voluntario para los agentes de planta permanente amparados por el artículo 8° de la Ley N° 25.164 (Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional).

La medida se enmarca en la política oficial de «centralizar, agilizar y achicar la dimensión del aparato administrativo del Estado», según la propia letra de la resolución. En términos concretos, implica que cada puesto que quede vacante por adhesión al retiro será eliminado de forma definitiva: los cargos no se cubrirán.

Quiénes pueden adherir y quiénes quedan afuera

Para acceder al programa, los trabajadores deben contar con al menos dos años de antigüedad en el organismo. Sin embargo, la resolución establece un amplio listado de exclusiones: quedan fuera quienes tengan sumarios administrativos en curso con riesgo de cesantía o exoneración, procesos penales vinculados a delitos contra la administración pública, litigios laborales activos contra el Estado, beneficios previsionales ya acordados o renuncias pendientes de aceptación.

La norma también excluye expresamente al Cuerpo de Guardaparques Nacionales, lo que sugiere que el objetivo del ajuste apunta al personal técnico-administrativo que sostiene el funcionamiento cotidiano del organismo, más que al personal de campo que realiza tareas de conservación y control en terreno.

Topes por edad y condiciones de egreso

La resolución fijó límites precisos para los trabajadores de mayor edad: quienes tengan entre 61 y 63 años recibirán una compensación con un tope de 24 salarios brutos, mientras que para los de 64 años o más el máximo se reduce a 12 haberes. Los montos correspondientes a vacaciones no gozadas y aguinaldo proporcional se liquidarán por separado.

Uno de los aspectos más significativos del esquema es la renuncia que se exige como condición de ingreso: quienes adhieran deberán resignar expresamente todo reclamo administrativo o judicial vinculado a su relación laboral con el Estado. Además, quedarán inhabilitados para reincorporarse al sector público nacional durante cinco años, bajo cualquier modalidad de contratación. La única excepción contemplada son los cargos docentes en universidades nacionales.

Un organismo que custodia el patrimonio natural del país

La Administración de Parques Nacionales es un ente autárquico creado por la Ley N° 22.351, cuya misión es proteger y conservar los parques nacionales, monumentos naturales y reservas del país. Administra más de cuarenta áreas protegidas que abarcan ecosistemas de valor estratégico, desde la Puna hasta la Patagonia y la Antártida. El ajuste de su planta genera preocupación entre organizaciones ambientales y sindicales, que advierten sobre el posible desmantelamiento de la estructura técnica que sostiene ese trabajo.

La implementación operativa del programa quedó a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos de la APN, que deberá gestionar los formularios de adhesión, verificar los requisitos y elevar los expedientes para su aprobación definitiva. Toda acta de desvinculación deberá ser comunicada de inmediato a la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público (dependiente de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública) y a la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía.

Un patrón que se repite en el Estado

El retiro voluntario en Parques Nacionales no es un hecho aislado. La gestión Milei aplicó mecanismos similares en otros organismos estatales a lo largo de 2025 y 2026, incluyendo la Agencia Nacional de Seguridad Social (ANSES) y diversas dependencias del extinto Ministerio de Capital Humano, en el marco del proceso de reducción de la planta del Estado que acompaña el ajuste fiscal comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según datos del propio Gobierno, el gasto primario total acumuló una caída real del 31% desde diciembre de 2023.

Puntos clave

  • La Resolución 191/2026, publicada en el Boletín Oficial, habilita retiros voluntarios para el personal de planta permanente de la APN con al menos dos años de antigüedad.
  • Cada puesto que quede vacante por adhesión será eliminado de forma definitiva, sin reemplazo.
  • Los trabajadores que adhieran deberán renunciar a todo reclamo laboral y no podrán volver al sector público por cinco años.
  • Quedan excluidos del programa los Guardaparques Nacionales y quienes tengan procesos disciplinarios o judiciales en curso.
  • La medida forma parte de la política de reducción del Estado que impulsa la gestión Milei en el marco de las metas acordadas con el FMI.

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