Movimientos Sociales
Más protestas contra el ajuste: preparan masiva marcha en San Cayetano
La UTEP y más de 70 gremios se preparan para una gran jornada nacional con reclamos frente al aumento del desempleo y la crisis económica.
Lo que tenés que saber
- La procesión por San Cayetano se realizará el 7 de agosto con fuerte convocatoria sindical y social
- UTEP articula acciones con gremios como Camioneros, CATT y más de 70 sindicatos
- La desocupación alcanzó el 7,9% en el primer trimestre, con 1,5 millones de personas sin empleo
- El 9 de julio se realizaron más de 30 ollas populares en todo el país como antesala de la marcha
- La CGT definirá el lunes si se suma formalmente a la jornada nacional del 7 de agosto
La UTEP prepara una jornada nacional para el 7 de agosto por San Cayetano
Con el foco puesto en el desempleo y las consecuencias del ajuste, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) impulsa junto a Camioneros, la CATT y otros 70 sindicatos una gran movilización para el 7 de agosto, Día de San Cayetano, bajo el lema «Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo».
Ollas populares y protestas, la antesala de la movilización
La jornada del 9 de julio marcó el inicio del plan de acción con más de 30 ollas populares desplegadas en distintos puntos del país. Fue una muestra del trabajo coordinado de los sectores que rechazan «las políticas de ajuste y saqueo del gobierno de Javier Milei». Entre los presentes estuvieron Hugo y Pablo Moyano, en medio de tensiones internas dentro de la dirigencia sindical.

Caravana desde Liniers y bendición de herramientas
El 7 de agosto, la jornada comenzará con una bendición de herramientas en Liniers y seguirá con una caravana por avenida Rivadavia. Aún se debate si el acto central será en Plaza de Mayo o en el Congreso, con el objetivo de unificar «los reclamos de los trabajadores y los jubilados».
Aunque la tradicional marcha de jubilados se realiza los miércoles, la UTEP y algunos sindicatos vienen apoyando esas convocatorias con presencia activa en las calles.
Indicadores laborales preocupantes
El contexto económico refuerza la convocatoria. La desocupación aumentó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, un salto de 1,5 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior. La cifra representa 1,5 millones de personas sin empleo, unas 100.000 más que en el período anterior, según datos oficiales del INDEC.

Coordinación con la CGT y nuevos sectores
Este lunes 21 de julio se reunirá la mesa chica de la CGT para definir si la Central Obrera se sumará a la marcha. Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, adelantó: «Vamos avanzar conversaciones con el conjunto de la CGT para tener un protagonismo importante en el acompañamiento y construir en conjunto el 7 de agosto».
La convocatoria incluirá al movimiento obrero, estudiantil, de jubilados, feminista, de derechos humanos, pymes, agrupaciones agrarias y movimientos populares. En palabras de Gramajo: «Desde la UTEP vamos a seguir profundizando la articulación con todos los sectores afectados por las políticas económicas del Gobierno que lo único que están generando es miseria, hambre, endeudamiento, saqueo».
Comunidad 👥
Milei cede en discapacidad: una nueva derrota política del ajuste
El oficialismo presentó un proyecto que adopta casi todas las demandas de la oposición sobre el sistema de protección social de la discapacidad, abandonando el esquema de desmantelamiento que insinuó en el Presupuesto 2027. La maniobra evita una nueva derrota legislativa, pero la oposición advierte que no hay garantías reales de financiamiento.
Más de 840.000 personas con discapacidad en Argentina estuvieron al borde de perder las garantías básicas de sus prestaciones. El Gobierno de Javier Milei había insinuado en el envío del Presupuesto 2027 el desmantelamiento del sistema de protección social del sector; ahora, ante la inminencia de una nueva derrota parlamentaria, retrocede de manera categórica y ofrece un proyecto propio que toma en cuenta la mayoría de las pautas que la oposición buscaba prorrogar.
El bloque de La Libertad Avanza presentó formalmente el texto a los jefes de los bloques aliados y dialoguistas en una reunión realizada en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara de Diputados. El dictamen, de una veintena de artículos, estará disponible para su firma este miércoles desde las 12 horas en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda.
Qué garantiza el proyecto oficialista
El texto presentado por el oficialismo mantiene el principio de nomenclador único y ratifica la indexación automática mensual de los aranceles de las prestaciones. También asegura la compatibilidad entre el goce de la pensión no contributiva por discapacidad y tener un empleo con ingresos de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles, y garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para los beneficiarios.
En materia presupuestaria, el proyecto establece que los gastos «deberán garantizar un crédito presupuestario suficiente que asegure la sostenibilidad real y permanente del sistema, no pudiendo ser inferiores en términos reales al del ejercicio inmediato anterior». Además, el Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete, deberá realizar las asignaciones y readecuaciones presupuestarias necesarias «para garantizar la continuidad inmediata de todas las prestaciones y beneficios». El texto también crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de bases de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo, e incorpora una cláusula transitoria para el cumplimiento del cronograma de pagos de compensaciones a prestadores.
La diferencia de fondo: el nombre cambia, el debate continúa
El punto central de la disputa no es solo el contenido sino la forma jurídica. El oficialismo sostiene que su dictamen es «superador» porque elimina el carácter de «emergencia», convirtiendo el régimen en una política permanente sin fecha de caducidad. La oposición, sin embargo, desconfía. Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda insistirán con la prórroga de la ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que expira el 31 de diciembre próximo.
«Tienen una crisis interna y de credibilidad. La Libertad Avanza propone sostener la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero le cambia el nombre para no perder la batalla cultural. ¿Por qué creerles después del Presupuesto 2027 que enviaron? La emergencia debe ser prorrogada», advirtió el diputado nacional Pablo Juliano, de Provincias Unidas.
Un diputado de Unión por la Patria fue todavía más directo: confiar en el Gobierno sobre el financiamiento real es «un acto de fe», sostuvo, y señaló que las partidas no están garantizadas en el Presupuesto. «Hacen esto para que no haya posibilidad de más judicializaciones después del 31 de diciembre, porque ya no habrá emergencia», conjeturó el legislador.
Una derrota política disfrazada de iniciativa
La maniobra del oficialismo es, antes que nada, un ejercicio de control de daños. Durante 2024, el Gobierno acumuló seis derrotas legislativas consecutivas en materia de discapacidad. La presentación de este proyecto propio permite a La Libertad Avanza recuperar la iniciativa parlamentaria y evitar una nueva derogación o prórroga impuesta por la oposición, pero al precio de asumir como propio el núcleo de aquello que resistió durante meses.
Lo que quedaría fuera del dictamen oficialista es el análisis de costos de las prestaciones y la definición de discapacidad atada a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dos puntos que la oposición y las organizaciones del sector consideran fundamentales.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, llegó a la reunión cuando ya estaba avanzada y avaló el curso de las negociaciones. Firmará el dictamen oficialista una amplia coalición de bloques: La Libertad Avanza, Adelante Buenos Aires, MID, PRO, UCR, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo, Argentina Federal, La Neuquinidad, Independencia y Por Santa Cruz, lo que alcanzaría holgadamente para constituirlo en dictamen de mayoría.
Lo que tenés que saber
- El oficialismo presentó un proyecto propio sobre discapacidad que adopta los ejes centrales reclamados por la oposición, retrocediendo del esquema de ajuste anunciado en el Presupuesto 2027.
- El texto mantiene el nomenclador único, la indexación automática de aranceles, la compatibilidad entre pensión y empleo, y la cobertura del Plan Federal Incluir Salud.
- La diferencia clave: el oficialismo elimina el carácter de «emergencia» para convertir el sistema en política permanente; la oposición desconfía de las garantías reales de financiamiento.
- Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda insisten en prorrogar la ley 27.793, que vence el 31 de diciembre.
- El Gobierno llega a esta negociación tras acumular seis derrotas legislativas en discapacidad durante 2024.
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