El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirmó hoy que el protocolo antipiquetes anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, busca «impedir con represión la protesta social» y alertó que se «criminaliza a quienes se manifiestan» y se persigue» a las organizaciones porque «cortar las calles no es delito».

«Ahora, más que una limitación del uso de la fuerza policial hay una habilitación para ejercer violencia contra los manifestantes», destacó el CELS, y consideró que las medidas «atacan el derecho a la protesta, criminalizan a quienes se manifiestan y persiguen a la organización social y política».

Además, «pretenden saltarse la intervención judicial, lo que limita derechos y garantías, y en medio de un brutal ajuste con graves consecuencias sociales y bajo la promesa de orden busca suprimir las manifestaciones públicas contra los efectos de las medidas oficiales», añadió la organización.

La coordinadora de Seguridad democrática y violencia institucional del CELS, Victoria Darraidou, en diálogo con Télam estimó «alarmantes y preocupantes» los anuncios porque se «plantea una falsa idea de orden para abordar la conflictividad a través de la represión de la protesta social como ésta fuera un delito».

Remarcó que «el derecho a la protesta está en la Constitución y en los estándares internacionales de protección de los Derechos Humanos y hoy la ministra de Seguridad los señaló como prohibiciones».

Asimismo, explicó que en el criterio oficial «hay una grave ponderación que entiende que el derecho a circular anula el derecho a usar el espacio publico para manifestarse».

Sobre la presencia de niños y adolescentes en las manifestaciones, Darraidou consideró «gravísimo no solo la persecución de las personas que deciden manifestarse con su familia sino la criminalización de las organizaciones políticas y sociales que termina por desalentar a la vida política» en referencia a lo que Bullrich anunció como un «registro de organizaciones».

También cuestionó la posibilidad de impedir la llegada de manifestantes mediante controles en estaciones de trenes, porque «sería simplemente una persona que se está trasladando en tren a una protesta y no habría flagrancia».

Sobre posibles enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, Darraidou puntualizó que «las armas que el gobierno de Bullrich llama ‘no letales’ y que nosotros llamamos ‘menos’ letales, (como las balas de goma o las pistolas Taser) pueden generar graves daños e incluso hay registros de muertes en contextos de protestas sociales recientes».

El CELS alertó en un comunicado que «es muy riesgoso enviar un mensaje político como este hacia las fuerzas policiales».

«Cuando el poder político habilitó la represión de las manifestaciones, el resultado fue una enorme crisis política y terminó con muertes en las calles», recordó. Y advirtió que «ahora, más que una limitación del uso de la fuerza policial hay una habilitación para ejercer violencia contra los manifestantes».