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Milei remata la participación del Estado en Transener: soberanía energética en peligro
La decisión forma parte de la estrategia del Gobierno de reducir su rol en el mercado y promover la inversión privada en sectores clave.
Lo que tenés que saber:
- El Estado iniciará el proceso de venta total de su participación en Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica de alta tensión del país.
- La venta será gestionada por Energía Argentina S.A. (ENARSA), a través de Citelec S.A., que posee actualmente el 51% de las acciones de la firma.
- La decisión forma parte de la estrategia del Gobierno de reducir su rol en el mercado y promover la inversión privada en sectores clave.
- El Gobierno activará un decreto de 2013 que otorgará beneficios a las empresas exportadoras de hidrocarburos, comenzando en 2025.
El Gobierno avanza en la venta de Transener
El Gobierno de Argentina anunció el inicio del proceso para desprenderse por completo de su participación en Transener S.A., la principal operadora de la red de transmisión de energía eléctrica de alta tensión en el país. Esta venta forma parte de la estrategia del Ejecutivo de reducir su rol en la gestión de empresas y fomentar la participación privada en sectores estratégicos de la economía.
Actualmente, la participación estatal en Transener está bajo el control de Citelec S.A., que posee el 51% de las acciones clase A de la compañía. La venta será gestionada por Energía Argentina S.A. (ENARSA), un paso más en el marco de la política de desinversión en activos de energía que busca impulsar el Gobierno.
Política de privatización en sectores clave
El Ejecutivo destacó que este proceso se alinea con la estrategia de avanzar hacia un modelo económico donde el Estado reduzca su intervención directa en la economía, permitiendo que el sector privado juegue un papel más preponderante. En este sentido, las autoridades explicaron que este tipo de medidas contribuyen a mejorar la eficiencia y aumentar la inversión en sectores clave como el energético.
Transener, con una red de transmisión que abarca más de 12.000 kilómetros de líneas de alta tensión, es uno de los activos más importantes en el sector eléctrico nacional. La empresa, que actualmente transporta alrededor del 90% de la electricidad del país, forma parte del sistema energético crítico, lo que hace que esta decisión de privatización genere expectativas sobre sus implicancias para el futuro de la red eléctrica nacional.
Beneficios para exportadores de hidrocarburos
En paralelo, el Gobierno también puso en marcha un conjunto de medidas orientadas a impulsar las exportaciones de hidrocarburos. A través del decreto 929/2013, se otorgan beneficios fiscales a aquellas empresas que logren exportar al menos un 20% de su producción de petróleo o gas. Dichas empresas podrán eximir de impuestos las ventas realizadas al exterior y mantener las divisas generadas en estas operaciones, siempre y cuando se comprometan a realizar inversiones superiores a 250 millones de dólares en un plazo de tres años.
Este decreto, aprobado en 2013 pero nunca completamente implementado, comenzará a aplicarse efectivamente a partir del año 2025. Según el Gobierno, esta medida busca cumplir con los compromisos adquiridos previamente y fomentar un aumento de la inversión en el sector hidrocarburífero, lo que, a su vez, podría generar un impulso significativo en las exportaciones y mejorar la balanza comercial del país.
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Sin margen de maniobra: por qué el shock energético global golpea más fuerte a la Argentina del ajuste libertario
Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe traza tres escenarios de impacto inflacionario derivados del encarecimiento energético global. En el peor de los casos, Argentina podría sumar 2,5 puntos porcentuales adicionales a su inflación anual de 2026, una presión que se monta sobre una economía que ya acumula años de ajuste y tarifazos.
El incremento de los precios energéticos a causa del conflicto bélico en Medio Oriente podría aportar entre 0,9 y 2,5 puntos porcentuales a la inflación anual de Argentina en 2026, según advirtió la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en un informe reciente. La advertencia sitúa al país en un escenario de presión adicional sobre los precios internos en un contexto ya de por sí crítico, marcado por el ajuste energético acumulado desde diciembre de 2023 y los compromisos fiscales con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Tres escenarios, un mismo problema
El reporte de la CEPAL construyó su análisis sobre una metodología del banco de inversión Goldman Sachs, que pondera la participación de los productos energéticos en las canastas de consumo de cada país y asume un traspaso del 60% de las variaciones de los precios internacionales de los combustibles a los precios finales al consumidor. En ese marco, el organismo trazó tres escenarios posibles para la región y cuantificó el impacto para Argentina en particular.
En el escenario 1, que contempla una suba del 25% interanual en el precio de la energía durante 2026, el impacto sobre la inflación argentina se estima en 0,9 puntos porcentuales. El escenario 2 proyecta un aumento del 38% en los combustibles, lo que elevaría el impacto a 1,4 puntos porcentuales. El más severo, el escenario 3, prevé un alza del 67% en el precio del barril, con un efecto inflacionario de 2,5 puntos porcentuales sobre la economía argentina.
Para el conjunto de la región, el rango de impacto estimado oscila entre 0,3 y 4,6 puntos porcentuales, con diferencias significativas según la estructura de cada canasta de consumo y el grado de regulación de los precios internos de los combustibles en cada país.
El impacto sobre Argentina: más allá del número
La CEPAL subrayó que «el impacto efectivo dependerá del grado de traspaso a los precios internos así como de las medidas de mitigación implementadas, por lo que podría ser menor en aquellos países que han activado mecanismos de amortiguación fiscal o cuyo traspaso sea menor al supuesto del 60%». Sin embargo, el margen de maniobra del gobierno de Javier Milei en ese sentido es acotado: la política de eliminación de subsidios energéticos, que acumuló subas superiores al 525% en servicios y transporte desde el inicio de la gestión, deja poco espacio para amortiguar nuevos shocks externos.
El organismo también advirtió que «en los próximos meses, el impacto del aumento del precio del petróleo en la inflación dependerá de la evolución de los precios internacionales, del grado en que sus variaciones se trasladen a los precios internos de los combustibles y de los efectos de segunda ronda en aquellos productos de los cuales los combustibles son un insumo relevante». A esto se suma otro canal de transmisión: el encarecimiento del petróleo «también podría tener un impacto en la inflación a través del aumento del costo de los productos importados y de los fletes internacionales», precisó la CEPAL.
Un piso alto: el contexto que agrava la presión
La advertencia de la CEPAL no llega en el vacío. Argentina arrastra una inflación interanual de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) superior al 32% según datos del INDEC de marzo de 2026, mientras que los combustibles registraron subas del 10,4% en abril último según estimaciones de consultoras privadas. El costo de la energía y el transporte, que lidera las subas acumuladas desde diciembre de 2023, configura una inercia inflacionaria que opera como piso difícil de perforar.
En ese escenario, cualquier shock externo, como el que proyecta la CEPAL en sus escenarios 2 y 3, podría neutralizar los avances registrados en la desaceleración del índice mensual y generar nuevas presiones sobre el poder adquisitivo de los sectores de ingresos fijos. El impacto sobre los salarios reales y el consumo popular sería directo e inmediato, especialmente en los rubros de transporte, calefacción y alimentos procesados, donde los combustibles funcionan como insumo transversal.
La variable geopolítica agrega una capa de incertidumbre adicional. La dinámica del conflicto en Medio Oriente, con su potencial de escalar o distenderse según la evolución de las negociaciones y los enfrentamientos militares, convierte cualquier proyección en un ejercicio de escenarios con márgenes de error considerables. Lo que la CEPAL deja en claro es que el canal de transmisión entre los precios internacionales del petróleo y la inflación doméstica argentina existe, opera y puede amplificarse según las decisiones de política interna que adopte el gobierno.
Puntos clave
- La CEPAL estima que la suba de precios energéticos por el conflicto en Medio Oriente podría agregar entre 0,9 y 2,5 puntos porcentuales a la inflación anual argentina de 2026.
- El organismo trazó tres escenarios basados en alzas del 25%, 38% y 67% en el precio de la energía, con impactos crecientes sobre los precios internos.
- La metodología asume un traspaso del 60% de las variaciones internacionales de combustibles a los precios al consumidor.
- El gobierno Milei eliminó los subsidios energéticos acumulando subas superiores al 525% en servicios y transporte, lo que reduce el margen de amortiguación frente a shocks externos.
- El impacto podría profundizarse a través de los fletes internacionales y el encarecimiento de productos importados, según advirtió la CEPAL.
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