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Presidencia

El Gobierno de Milei redujo la edad para portar armas a 18 años por decreto

Los requisitos incluyen acreditar identidad, medios de vida lícitos y no tener antecedentes penales. La decisión desató debate y críticas de especialistas en seguridad y apoyo de sectores libertarios.

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El Argentino Diario-Joven con arma de fuego.

El gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su alineamiento con el modelo estadounidense promovido por Donald Trump y sectores conservadores. Este martes, mediante el Decreto 1081/2024, el mandatario libertario redujo la edad mínima para ser legítimo usuario de armas de fuego en Argentina a 18 años. La medida se oficializó con la publicación del decreto en el Boletín Oficial, firmado también por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La decisión modifica la Ley Nacional de Armas y Explosivos (20.429), que hasta ahora establecía en 21 años la edad mínima para portar armas. El Gobierno justificó la medida argumentando que el Código Civil y Comercial de la Nación, reformado en 2014, define la mayoría de edad a partir de los 18 años.

Argumentos oficiales: «Armonizar la legislación vigente»

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo expresó que “corresponde modificar el artículo 55 de la Reglamentación de la Ley 20.429 aprobada por el Decreto 395/75 y sus modificatorios, a efectos de armonizar la legislación vigente, reconociendo la capacidad de los ciudadanos para ser legítimos usuarios de armas a partir de los 18 años”.

La medida representa una vía alternativa para avanzar hacia la libre portación de armas, una promesa de campaña de Milei que no logró consenso en el Congreso. Durante la campaña presidencial, Milei defendió abiertamente la posibilidad de portar armas como un derecho individual, pese a los alarmantes índices de violencia vinculados al acceso a armas de fuego en Estados Unidos.

Requisitos para ser legítimo usuario

El Decreto 1081/2024 establece que, además de la nueva edad mínima, quienes deseen ser legítimos usuarios de armas deberán cumplir los siguientes requisitos:

  • Ser mayor de 18 años.
  • No presentar anormalidades psíquicas o físicas que incapaciten al solicitante para la tenencia de armas de fuego. En caso de dudas fundadas, se podrá exigir un certificado médico.
  • Acreditar identidad, domicilio real y medios de vida lícitos ante la dependencia policial correspondiente.
  • También deberán obtener certificación de la ausencia de antecedentes policiales o penales. La policía imprimirá fichas dactiloscópicas para remitir al Registro Nacional de Armas (RENAR).

Una medida polémica

La baja de la edad mínima para portar armas reavivó el debate en torno a las políticas de seguridad del gobierno de Javier Milei. Organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad cuestionaron la decisión, señalando que puede incrementar los riesgos de violencia y accidentes en una población joven más expuesta a la inseguridad social y económica.

En contraste, sectores libertarios y alineados con el oficialismo respaldaron la medida, calificándola como un avance en la «defensa de las libertades individuales».

Puntos clave del decreto:

  • El gobierno de Javier Milei redujo la edad mínima para portar armas de fuego a 18 años mediante el Decreto 1081/2024.
  • La medida modifica la Ley Nacional de Armas y Explosivos (20.429) y argumenta una «armonización legislativa» con el Código Civil.
  • Los requisitos incluyen acreditar identidad, medios de vida lícitos y no tener antecedentes penales.
  • La decisión desató un intenso debate, con críticas de especialistas en seguridad y apoyo de sectores libertarios.

DDHH

Ravier no pudo explicar los “30 mil terroristas” que Milei dijo haber expulsado

El vocero admitió que la cifra presidencial surge de 20.630 extranjeros, en su mayoría rechazados en la frontera, sin poder precisar cuántos tenían vínculos con el terrorismo. En la misma conferencia, anticipó que el Gobierno podría pedir un waiver al FMI.

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Terroristas imaginarios, migrantes reales: el relato de Milei se desarma en su propia vocería.

Los “30 mil terroristas” que Javier Milei aseguró haber expulsado del país se redujeron, en boca de su propio vocero, a una categoría tan difusa como reveladora: “posibles terroristas”. Bajo esa etiqueta, el Gobierno agrupó a más de 20.000 extranjeros que, en su gran mayoría, fueron rechazados en la frontera por no cumplir los requisitos de ingreso. La épica presidencial contra el terrorismo terminó convertida en una estadística de controles migratorios.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, dio esa explicación este martes en su conferencia de prensa en Casa Rosada, ante una consulta del periodista Pablo Varela. La pregunta apuntaba a las declaraciones que Milei formuló el domingo por la noche en una entrevista televisiva, en la que sostuvo que su gestión debió resistir siete intentos de golpe de Estado y que expulsó a 10.000 terroristas en 2025 y a otros 20.000 en lo que va de 2026. “Son gente que se infiltra de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino”, había dicho el mandatario.

Un informe que no habla de terrorismo

Para sostener los dichos presidenciales, Ravier citó un informe del Ministerio de Seguridad, que conduce Alejandra Monteoliva, según el cual se registraron 20.630 casos entre el 1 de diciembre de 2025 y el 13 de septiembre de 2026 de personas extranjeras rechazadas en su intento de ingresar al país. Al describirlas, habló de individuos “con perfiles de riesgo, condenados, personas con penas detectadas o personas que no cumplen con los requisitos para ingresar”.

Ante la repregunta, el portavoz esquivó cualquier precisión: “Son posibles terroristas o personas que pueden amenazar la seguridad nacional de alguna manera o personas que por alguna razón no ingresan”. En ningún momento precisó cuántas de esas personas tenían causas o condenas vinculadas con organizaciones terroristas.

La Ley de Migraciones contempla la participación en actos terroristas entre las causales que impiden el ingreso o la permanencia de extranjeros en el país, pero esa figura no permite equiparar automáticamente cualquier rechazo migratorio con una deportación por terrorismo. Llamar “terrorista” a quien no reunió los requisitos exigidos en un paso fronterizo no es una política de seguridad, es estigmatización.

Los propios registros oficiales, difundidos por un medio local, contradicen la cifra del Presidente: entre diciembre de 2025 y agosto de 2026 se contabilizaron 18.947 “incidentes de entrada” y apenas 744 expulsiones. La inmensa mayoría de los casos que Milei presentó como terroristas echados del país son, en rigor, rechazos en la frontera.

El discurso del “colador” y la agenda del enemigo interno

Lejos de rectificar al mandatario, Ravier vinculó los números con la reforma de la política migratoria impulsada por el Gobierno y afirmó que hasta diciembre de 2023 “la Argentina en sus fronteras nacionales era un colador”. También sostuvo que no se trató de simples irregularidades burocráticas, sino de operativos preventivos: “Es una política de Estado darle a los argentinos seguridad, algo que no pasaba antes y que hoy se está tomando muy en serio”.

En la misma línea, el vocero aclaró que los cambios en el esquema de seguridad de la Quinta de Olivos responden a “amenazas a funcionarios de primer nivel” y a los preparativos por la visita del papa León XIV prevista para noviembre, aunque evitó relacionar esas modificaciones con los casos migratorios mencionados por Milei. La secuencia de golpes de Estado imaginarios, infiltrados y terroristas sin nombre alimenta un relato de amenaza permanente que el Gobierno no logra respaldar con datos.

FMI: confianza oficial y un waiver bajo la manga

Mientras una delegación del Fondo Monetario Internacional permanece en el país para realizar la tercera auditoría del programa en curso, Ravier se mostró confiado en la aprobación de la revisión, aunque admitió que podría solicitarse una dispensa por algún desvío. “La Argentina sobre cumplió muchas de esas metas. Lo más importante es como acumulamos reservas. En el caso de algún incumplimiento se pide un waiver y no vamos a tener problemas con eso”, afirmó.

El antecedente no es menor. El acuerdo de Servicio Ampliado firmado en abril de 2025 por 20.000 millones de dólares ya atravesó una segunda revisión, en abril de este año, que habilitó un desembolso adicional de 1.000 millones pese a los incumplimientos previos en la meta de reservas. El perdón por no cumplir parece haberse convertido en una pieza más del programa.

El vocero sostuvo además que “la recaudación impositiva en IVA y Ganancias está mejorando”, un dato con el que el oficialismo busca descartar nuevos recortes para cumplir con los gastos previstos. Consultado por la prensa acreditada sobre las demoras en los pagos a prestadores de PAMI y de Discapacidad, respondió que “se están realizando” y que el Ministerio de Economía trabaja para cumplir con todas las obligaciones. Mientras las metas con el Fondo aparecen como prioridad, los prestadores de salud y discapacidad siguen esperando.

En materia de precios, Ravier insistió en que “más allá de los altibajos” el “proceso de baja de la inflación continuará”, y atribuyó las tensiones a dos factores externos: el conflicto en Medio Oriente y la suba de las tasas de interés internacionales. También descartó modificar en el corto plazo la metodología con la que se mide la inflación.

Matriz exportadora y El Niño

El portavoz se refirió también a lo que definió como un cambio estructural de la matriz exportadora: según explicó, la Argentina avanza hacia un modelo en el que el ingreso de divisas ya no depende exclusivamente de la cosecha agrícola entre marzo y julio, sino de un esquema que incluye a la economía petrolera. La pregunta que el oficialismo no responde es quién se queda con la renta de esos recursos estratégicos.

Por último, Ravier anticipó que se espera un episodio de El Niño de alta intensidad, con lluvias superiores a lo habitual durante los últimos meses de 2026 y el primer semestre de 2027, principalmente en la Cuenca del Plata y en Cuyo. Entre las medidas preventivas mencionó un tablero técnico de la Agencia Federal de Emergencias y el sistema de alertas del Servicio Meteorológico Nacional, que permitirá anticiparse hasta tres días a eventos severos. La prevención llega después de un ajuste que, según el Foro Economía y Trabajo, redujo en términos reales un 86% el gasto de capital y un 66% las transferencias a las provincias desde 2023.

Lo que tenés que saber:

  • Milei dijo en una entrevista televisiva que su gobierno expulsó a 30.000 terroristas: 10.000 en 2025 y 20.000 en 2026.
  • Ravier citó un informe del Ministerio de Seguridad con 20.630 casos de extranjeros rechazados entre el 1 de diciembre de 2025 y el 13 de septiembre de 2026, y los definió como “posibles terroristas”.
  • El vocero no precisó cuántas de esas personas tenían causas o condenas por terrorismo.
  • Registros oficiales contabilizan 18.947 incidentes de entrada y 744 expulsiones entre diciembre de 2025 y agosto de 2026.
  • El Gobierno confía en aprobar la tercera revisión del FMI, pero no descarta pedir un waiver por incumplimientos.
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